La extorsión…
La Procuraduría contra la violencia institucional
dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de
su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad
por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno
nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida
para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la
extorsión. También apuntan contra Cristina.
© Escrito por
Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos,
el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y
defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas
mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en
evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a
los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados
encuentros con el gobernador Gerardo Morales.
El ministro de Justicia Germán
Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario
de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado
emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una
propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización
barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que
Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una
implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las
decisiones de la justicia jujeña.
La ofensiva oficial también se cierne sobre
CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz
dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el
juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía
Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli.
La
intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación
dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al
Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala
ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva
administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer
su propio Nunca Más.
La peor violencia
El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia
por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur
y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su
titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad
hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia:
la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que
puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los
fiscales.
Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce
violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el
proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la
ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas
inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución,
ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si
fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena
de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en
este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su
elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima.
Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién
entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el
procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente
ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada
por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que
ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un
delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es
la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad
jurídica”.
Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser
denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas
constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los
jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial
Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública
por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos
269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde
impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de
los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal
Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención
presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen
de la PROCUVIN.
Las ilegalidades
La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial
indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que
constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis
Paz:
- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria
debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es
legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro
Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin
embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y
recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de
los allanamientos.
- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada
al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y
sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a
identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al
reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno
provincial.
- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención
de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte
de la noche del viernes 15 de enero.
- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la
madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de
Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado
Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.
- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo
gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del
tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex
diputada de la UCR.
- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir
a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo
eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue
porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.
- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones
del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de
Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la
Mujer.
- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking
Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el
rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es
decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó
a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir
una nueva causa contra la dirigente social.
- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en
cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23
de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria
de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el
fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el
expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien
sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en
esta causa.
- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez
vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y
Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para
escarmentar a los movimientos sociales.
- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de
feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas
pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La
ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los
juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los
cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San
Salvador ahora.
- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el
acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau
debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna
naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos
restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración
esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de
detención contra Milagro.
- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación
espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las
18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es
decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.
- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de
lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque
la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones,
competencias ni formalidades.
- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de
distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los
acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100
mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas
Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia
Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo
(Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).
- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la
superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no
hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les
avisó que de este modo se autoincriminaban?
- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como
Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para
presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada
213 su turno había terminado el 15 de enero.
- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento.
Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara
de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.
- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas
cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor
Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas
cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La
identidad de domicilio aún no es un tipo penal.
- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la
televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los
cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían
iniciado.
- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel
pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro
Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.
- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin
indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares
denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas
por la firma de convenios con irregularidades administrativas.
- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de
Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras
delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la
administración pública, extorsión y asociación ilícita.
La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se
encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e
ilegalidad.
