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sábado, 3 de diciembre de 2016

La Comisión Interamericana de DDHH pide liberar a Milagro Sala… @dealgunamanera...

La Comisión Interamericana de DDHH pide liberar a Milagro Sala… 


El organismo internacional urgió al oficialismo a dar "pronta respuesta" a la resolución del grupo de la ONU. La respuesta del Gobierno.

© Publicado el viernes 01/12/2016 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado argentino a dar "pronta respuesta" a la decisión del grupo de trabajo de Naciones Unidas, que calificó la detención de la dirigente social Milagro Sala de "arbitraria" y pidió su "liberación inmediata".

En un comunicado, el organismo dependiente de la OEA señaló que Sala "es una conocida líder de la sociedad civil" y que fue detenida "en el contexto de una protesta social".

En el documento, la CIDH citó que "la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión", además de recordar recientes manifestaciones del titular de la OEA, Luis Almagro, en favor de la liberación de la líder de la Tupac Amaru.

Desde el Gobierno indicaron que "toman nota de lo señalado en dicho comunicado y, tal como se hiciera con la opinión que emitiera el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se notificará de inmediato su contenido a la Justicia de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que corresponda". 

A su vez, el comunicado de la Cancillería manifestó que el país "ha adoptado todas las medidas a su alcance de conformidad con las normas constitucionales aplicables, con las especificidades propias de un Estado federal". "La Argentina, como indica el comunicado de la CIDH, reafirma su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su voluntad de seguir trabajando en conjunto con los Organismos Internacionales", señaló el ministerio encabezado por Malcorra para agregar que "confía que la Comisión aceptará la invitación que se le formulara para visitar la Argentina y en particular Jujuy a fin que sus integrantes puedan tomar contacto directo con los distintos actores y sectores sociales, políticos y judiciales de dicha provincia que se encuentran vinculados al caso de la Sra. Sala".

A continuación el comunicado de prensa completo: 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria (Grupo de Trabajo) que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su opinión 31/2016 publicada el 21 de octubre anterior, determinó que la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte.

Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy.

La Presidencia del Parlamento de MERCOSUR ha manifestado que la detención de Milagro Sala es una obstrucción para cumplir la función como parlamentaria para la que fue electa en diciembre de 2015. Diversas organizaciones de la sociedad civil han denunciado que su detención está motivada políticamente. Más recientemente, el 28 de noviembre, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla.

La CIDH ha seguido de cerca esta situación en el marco de una solicitud de medidas cautelares. La Comisión ha solicitado y recibido información a las partes en múltiples ocasiones. La sociedad civil ha manifestado su preocupación con este caso, y las autoridades argentinas han reafirmado su compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y han realizado una invitación a la CIDH para visitar Jujuy con el objetivo de recolectar información y entrevistar a Milagro Sala.

En su Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, la CIDH reiteró que la presunción de inocencia es la base para la regla general de que “toda persona sometida a proceso penal debe ser juzgada en libertad”. La prisión preventiva es excepcional, solo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva.

Considerando el mandato y la decisión del Grupo de Trabajo y la necesidad de que los Estados actúen para asegurar que las recomendaciones de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos sean puestas en práctica, la CIDH expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.








domingo, 28 de febrero de 2016

La extorsión… @dealgunamanera...

La extorsión…


La Procuraduría contra la violencia institucional dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión. También apuntan contra Cristina.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Gerardo Morales. 

El ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña. 

La ofensiva oficial también se cierne sobre CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. 

La intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más.

La peor violencia

El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales.

Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima. 

Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad jurídica”. 

Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos 269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen de la PROCUVIN.

Las ilegalidades

La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis Paz:

- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.

- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno provincial.

- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero.

- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.

- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR.

- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.

- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.

- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.

- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23 de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.

- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales.

- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San Salvador ahora.

- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.

- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.

- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones, competencias ni formalidades.

- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).

- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les avisó que de este modo se autoincriminaban?

- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada 213 su turno había terminado el 15 de enero.

- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.

- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La identidad de domicilio aún no es un tipo penal.

- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían iniciado.

- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.

- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.

- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.


La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e ilegalidad.


jueves, 16 de agosto de 2012

De la Sota vs. CFK... De Alguna Manera...

Cristina, desafiada…

Por gracia recibida. Cristina Fernández.  Dibujo: Pablo Temes.

De la Sota vs. CFK. La Presidenta ajusta a las provincias para no pagar costos y dañar a competidores. El cordobés convoca a la resistencia.

La estrategia de Cristina para transferirles el ajuste a las provincias es tan astuta como perversa. Casi un asesinato del federalismo. El mecanismo es simple: se apropia indebidamente de verdaderas fortunas que les pertenecen a los Estados provinciales y les distribuye más obligaciones y responsabilidades, tal como lo resumió Hermes Binner.

Al enviar menos fondos al interior, obliga a gobernadores e intendentes a ajustar fuertemente sus gastos y a aumentar los impuestos con el consecuente freno a la economía. Eso genera que Daniel Scioli, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota y Antonio Bonfatti, entre otros, pierdan imagen positiva entre sus votantes y se potencie la conflictividad con el fogoneo de los sindicalistas con camiseta K. Variantes de este tipo pueden verse con los metrodelegados porteños, los docentes bonaerenses o los municipales cordobeses, por ejemplo. Un verdadero operativo de pinzas con el que Cristina mata dos pájaros de un tiro: se lava las manos para no tomar medidas impopulares y obliga a que paguen el costo sus posibles competidores. Bingo.

El resultado es ideal para quien pretende eternizarse en el poder. Asfixia al resto y se ubica en el lugar de la gran benefactora aunque reparte fondos ajenos. El ex ministro Juan José Llach le puso números escalofriantes. Son 85 mil millones de dólares que el Estado nacional les escamoteó en la década kirchnerista a los pueblos del interior. Esto es porque los impuestos no coparticipables (que van en su totalidad al bolsillo de la Nación) hoy representan el 23,6% del total recaudado. En 1998 era sólo el 5,4%. Esa suma incluye el 15% que corresponde al pacto fiscal de 1992, al que acaba de renunciar la provincia de Córdoba. Llach, en el coloquio de Aapresid, precisó que “no se trata de un robo pero sí de una apropiación indebida que según el diccionario es una actitud ilícita, injusta e inequitativa”.

Todo esto ocurre en el momento de mayor voracidad fiscal de la historia y con el riesgo de entrar en recesión. Por eso el clima está tan enrarecido. Crecen el mal humor social y el peligro de estallido. ¿Hasta cuándo aguantarán los usuarios del subte o los tamberos de la zona núcleo tanto maltrato? Hay una gran irresponsabilidad de parte del Gobierno nacional. Juega con fuego. Por eso tiene tanta potencia el gesto de José Manuel de la Sota. Porque marca los límites que se pueden y se deben poner al unitarismo feroz y hegemónico del cristinato. ¿Qué hizo De la Sota? Logró una ley con el apoyo de radicales, juecistas y vecinalistas que le permite renunciar al acuerdo federal y de esa manera exigirle a la Presidenta que no le retenga más el 15% que va a la Nación. Los funcionarios nacionales ni siquiera se dignaron a escuchar el reclamo de que le paguen la deuda de más de mil millones. Los muchachos cristinistas no le atienden ni el teléfono. Como sospechan que ahora pasará lo mismo, deberán recurrir a la Corte Suprema, donde esta vez sí esperan novedades en el corto plazo. Santa Fe y San Luis ya hicieron este reclamo pero no cumplieron el primer paso, que era aprobarlo mediante una ley en la Legislatura provincial. Ergo, sus demandas no caminaron. Juan Carlos Maqueda, miembro del máximo tribunal, peronista histórico y cordobés fue el que alertó a De la Sota. Ahora estarán habilitados para tomar otros caminos mediante amparos o directamente embargando los fondos de la coparticipación. Es un desafío muy fuerte a la Presidenta. Una rebeldía de una provincia más combativa que sumisa que podría llegar a ser imitada. De la Sota convocó a sus pares con una carta que les llegó en papel y en mano para aunar esfuerzos “y recuperar lo que es de las provincias” y lograr “una patria federal”.

Hay una relación inversamente proporcional entre los fondos que manda Cristina a los gobernadores y el coraje para enfrentarla. Si los jefes provinciales fueron disciplinados con dinero, con la ausencia del vil metal aumentan sus niveles de guapeza y autonomía. Para decirlo en criollo: no es viable un verticalismo que aplaude y sonríe en el Salón Blanco a cambio de nada. El pragmatismo peronista es una avenida de doble mano. Un viejo refrán africano dice que no se prueba la profundidad de un río con los dos pies. De la Sota tomó la bandera y eso garantiza que los demás ya tengan un techito para protegerse si Cristina los manda a la Siberia o a la intemperie. El radical correntino Ricardo Colombi se atrevió a reclamar por una deuda por la construcción de viviendas. Antonio Bonfatti hace años que se presentó en la Corte, pero ahora podría buscar una sociedad de perjudicados con Córdoba. El caso de Daniel Scioli es más complejo. No tiene legisladores suficientes para renunciar al Pacto Federal y tal vez, por ahora, tampoco vocación. Sería como declarar la guerra definitiva contra Cristina, aunque muchos de sus asesores dicen que ella ya trabaja con el único objetivo de hundirlo. Los ejemplos sobran, y se llaman Silvina Gvirtz, Ricardo Casal, Gabriel Mariotto, entre otros. Scioli sufre también la presión de la oposición, que le exige que se ponga a la cabeza para reclamar lo mismo que De la Sota.

Macri es el único que no puede hacerlo. La Ciudad de Buenos Aires no firmó el Pacto Federal porque en esa época no era autónoma. Pero sufre el mismo castigo cotidiano en todos los planos: subte, fondos del Banco Ciudad, retiro de la Policía Federal, y siguen las firmas.

De la Sota, a su vez, fue acusado de repetir el esquema de Cristina con los municipios. Luis Juez le tiró con todo para diferenciarse de quien “es el candidato de Clarín y de la derecha más recalcitrante del pejotismo”.

Dentro del peronismo por ahora el único que salió a cruzar al Gallego fue el gobernador jujeño, Eduardo Fellner, que vive casi únicamente de los cheques del Gobierno nacional y de la pena que despierta en Milagro Sala. Otros gobernadores importantes callan y otorgan, aunque en cualquier momento van a ser apretados para que insulten a De la Sota. Ese nivel de arbitrariedad es el que vacía de poder y soberanía a los gobernantes elegidos por sus pueblos. Es el daño institucional que semejante humillación produce. De cara a la Constitución Nacional, muchos dicen que el Gobierno es representativo pero que dista mucho de ser republicano y federal. Y que ésa es la madre de todos los autoritarismos.

© Escrito por Alfredo Leuco y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 12 de Agosto de 2012.