Hecha una furia...
Dardos a Darín, a dirigentes no acólitos, a
jueces y a empresas. La culpa siempre es de los demás.
Los tuits contra los jueces y la reivindicación de los asados en la
ESMA; la carta a Ricardo Darín; las alusiones despreciativas hacia
Daniel Scioli en el acto propagandístico con el que se recibió en Mar
del Plata a la fragata Libertad; las críticas, acusándolos de ser los
responsables de la inflación, tanto a Mauricio Macri como a gobernadores
e intendentes en el Aló Presidenta del jueves. Todos mojones de una
semana en la que Cristina Fernández de Kirchner hizo, con su fenomenal
despliegue de furia incontenible, una exhibición de perfecto
kirchnerismo. Tal despliegue abarcó también los carpetazos, que
incluyeron los depósitos en dólares del gobernador bonaerense, la
estatización de las deudas de Socma y de Sevel –Macri– y la causa por
supuesto contrabando de automóviles para discapacitados en la que Darín
–a quien no debería sorprenderle si en algún momento futuro le cae
encima una inesperada visita de la “Gestafip”– fue sobreseído.
Según pasan los días, los meses y los años, la riqueza extraordinaria
de los Kirchner, alusión que tanto molesta a la Presidenta, va
reafirmando una certeza: es inexplicable. Es decir que, desde el punto
de vista de la fundamentación lógica de cómo se gestó y cómo se
consolidó, esa fortuna no resiste el más mínimo análisis. Fue por ello
que en su momento la AFIP envió a cuatro supervisores a reunirse en
Santa Cruz con el contador del matrimonio presidencial, Víctor
Manzanares. Urgía arreglar una serie de inconsistencias groseras de la
declaración jurada anual presentada en el año 2008. Por eso es que, en
la larga carta que Fernández de Kirchner le envió a Darín motivada por
sus dichos –en los que manifestaba que le gustaría que la jefa de Estado
explicara el origen de su fortuna– no había respuesta alguna al
respecto. Es que existe allí un combo explosivo en el que se mezclan
cobros de algunos alquileres a precios que no parecen ser los del
mercado, intereses devengados por plazos fijos en dólares a tasas que no
se pagan en el mundo y la compra de terrenos en El Calafate a valores
bajísimos que hacen acordar a la época en que, después de la segunda
Campaña del Desierto, el general Julio Roca vendió a precio vil esas
tierras –hasta entonces habitadas por aborígenes– a amigos y familias
afines a su gobierno. La investigación judicial por la compra de esos
terrenos por parte de los Kirchner fue rápidamente cerrada por la fiscal
de la causa, Natalia Mercado, casualmente hija de Alicia Kirchner.
El acto de recibimiento de la fragata Libertad fue para el Gobierno
una oportunidad perdida. Una más. La Presidenta pudo haber hecho de esa
circunstancia una muestra de integración y participación popular. Terminó transformándolo en un episodio minúsculo. Fue un acto de campaña
en el que todo fue aparato. Aun así, varios intendentes peronistas del
Conurbano se negaron a participar de un acontecimiento al que se le
quiso dar tono de gesta épica y terminó siendo algo cercano a la
pantomima.
Comienza a verse en ese universo del peronismo que conforman varios
intendentes del Gran Buenos Aires un hastío ante ese estilo de gestión
basado en el “relato”. Ese hastío todavía no se hace visible sino muy a
cuentagotas. He ahí el caso, por ejemplo, del intendente de Olavarría,
José Eseverri, quien se negó a participar del último Aló Presidenta en
el que la jefa de Estado inauguraba una fábrica que, en verdad, ya había
sido inaugurada treinta días antes. La situación que están atravesando
las gestiones municipales –kirchneristas o no– se complica día tras día.
“La Presidenta cree que con la promesa de obras públicas se solucionan
todos nuestros problemas, y ése es un grave error de concepto. Nosotros
debemos prestar servicios, sostener la administración y comprar
insumos”, se quejaba un intendente K que ve cómo la inflación hace más
costosa su gestión. Muchos de esos jefes comunales se sienten humillados
por la forma en que se los ignora olímpicamente desde el centro del
poder. “Estoy cansado de que me llamen sólo para movilizar gente”, se
quejaba el miércoles un intendente K del sur del Conurbano que se negó a
poner micros y empleados públicos con rumbo a Mar del Plata.
La novedad de la semana fue que, en su Aló Presidenta del jueves,
Fernández de Kirchner reconoció la existencia de la inflación. Lo hizo,
por supuesto, a su manera; es decir, echándoles la culpa de ello a los
demás. Esta realidad –la de la inflación– está complicando la vida de
los caciques de la CGT Balcarce. La presión de las bases va en aumento, y
este crescendo no hace más que robustecer la postura de Hugo Moyano.
Los números de la economía van mostrando inexorablemente los flancos
débiles de la actual gestión con uno de los pilares del así llamado
modelo: el superávit fiscal, algo que Néstor Kirchner cuidaba a
rajatabla. La disparada del dólar que no cede es otro punto
contradictorio con los postulados del ex presidente. Los acuerdos de YPF
con Chevron y Bridas están también en contraposición con el “relato”.
En todos los casos, las compañías que se asocian con la renacionalizada
petrolera lo hacen asegurando ganancias de nivel internacional que van a
traer como consecuencia un aumento paulatino del precio de los
combustibles. Curiosamente, al echar culpas sobre las causales y los
causantes de la inflación, la Presidenta olvidó mencionar este ítem,
sobre el cual la responsabilidad del Gobierno es absoluta. Hay que
recordar que el área de hidrocarburos está bajo la tutela de Axel
Kicillof, quien desde su cargo de titular de la Comisión de
Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones supervisa, a
la manera de un auditor, las inversiones, los costos y los precios de
las ventas de todos los productos del sector petrolero.
La Presidenta viaja por estas horas con rumbo a Emiratos Arabes e
Indonesia. Se traslada en un avión alquilado a la empresa británica
Chapman Freeborn, que tiene contratos con Desire Petroleum, Falkland
Oils & Gas y Oil Spill Response, que hacen tareas de exploración
petrolera en nuestras Malvinas. Lo llamativo es que la Ley 26.659
prohíbe, tanto al Estado como a los particulares argentinos, contratar a
cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en las
Malvinas sin la autorización del gobierno argentino. Esta ley fue
sancionada el 26 de marzo de 2011 y respondió a un proyecto impulsado
por Fernández de Kirchner, quien ahora no tiene problemas en violarla.
Kirchnerismo puro.
Producción periodística: Guido Baistrocchi.
© Escrito por Nelson Castro el domingo 13/01/2013 y
publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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