Subsidios y jubilaciones sin aportes explican 60% del
aumento de gasto...
El impresionante crecimiento del gasto
público de los últimos años es la causa principal de la alta inflación y la
inestabilidad cambiaria. Resulta curioso que las áreas del sector público que
más contribuyen al desborde fiscal y donde más reformas se necesitan no fueron
afectadas de manera directa por el cambio de gabinete. Sin un replanteo de las
decisiones de gasto público tomadas con mucha demagogia, improvisación y poco
sentido de responsabilidad no hay posibilidades de detener la pérdida de
reservas y recuperar el crecimiento.
Han pasado tres días de las primeras
definiciones del flamante ministro de Economía, Axel Kicillof, quien el viernes
pasado dio su primera conferencia, algo improvisada, en el pasillo del quinto
piso del Palacio de Hacienda.
"No se tomará ninguna medida
que genere cambios bruscos en la economía, ni que perjudique a los
trabajadores, a los sectores de menores ingresos, ni a los empresarios",
fue lo primero que dijo Kicillof, y si bien no dio detalles sobre medidas
concretas, sí deslizó que habrá una eliminación gradual de los subsidios a los
servicios públicos.
"Habíamos hecho algunas
readecuaciones en las tarifas de la electricidad, el gas, que tenían que ver
con diferentes cuestiones: la primera es que se ve una diferencia muy grande en
distintas regiones del país", relató Kicillof el viernes.
"Hay provincias donde no hay
siquiera gas de red. Pero los que no tienen gas pagan una garrafa que está
mucho más alta que lo que sale el gas de la red. Eso genera inequidades que son
complicadas, porque las regiones menos favorecidas son las que terminan pagando
tarifas más altas. Lo único que vamos a hacer es trabajar en la consistencia de
las tarifas", agregó.
El propio Capitanich dijo ese día
que "un chaqueño paga la luz eléctrica mucho más cara que un habitante de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a lo que denominó "un factor de
inequidad", dejando abierta la posibilidad de modificar la actual política
de subsidios del Estado nacional.
Vale recordar que durante las
gestiones de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, se vienen
aplicando subsidios a diferentes sectores económicos, principalmente a empresas
de los sectores energético y de transporte.
Según un reciente informe de IDESA,
“el impresionante crecimiento del gasto público de los últimos años es la causa
principal de la alta inflación y la inestabilidad cambiaria. Resulta curioso
que las áreas del sector público que más contribuyen al desborde fiscal y donde
más reformas se necesitan no fueron afectadas de manera directa por el cambio
de gabinete”.
Según datos que publica el propio
Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2013 los ingresos tributarios y
de seguridad social del sector público nacional se expandieron en $290 mil
millones en términos reales (o sea, corregidos por inflación), mientras que el
gasto público creció en $420 mil millones. Este impresionante aumento de gasto
público nacional se explica por:
· Un 34% los subsidios económicos a
empresas privadas y públicas deficitarias.
· Un 24% por las jubilaciones sin
aportes (moratorias y pensiones no contributivas).
· Un 18% por el incremento del gasto
asociado al empleo público.
“Estos datos muestran que, si bien
el crecimiento del gasto público es generalizado, algunos componentes tienen
una incidencia decisiva en la expansión. Casi el 60% del aumento en las erogaciones
se origina por subsidios para sostener empresas privadas con tarifas retrasadas
y empresas públicas deficitarias y jubilaciones sin aportes. Si a esto se le
agrega la incidencia del mayor gasto en empleo público se llega a explicar tres
cuartas partes del aumento del gasto público nacional”, dice el informe del
Instituto por el Desarrollo.
El exceso de gasto público, muy por
encima del aumento de la recaudación, obliga a una masiva emisión monetaria que
es el principal factor causante de la alta inflación. Por eso, controlar las
erogaciones es el principal desafío del gabinete renovado y resulta paradójico
que las aéreas del sector público que más reformas necesitan –porque son las
que más vienen contribuyendo a la expansión del gasto público en los últimos
años– son las menos afectadas por el cambio de funcionarios.
Con tarifas que en algunos casos
llevan un congelamiento de más de una década, los subsidios económicos
alcanzaron en 2012 a cien mil millones de pesos y en lo que va de 2013 registran
un incremento interanual del 50 por ciento. Pero, tal como señaló Capitanich,
esos beneficios no se aplican en forma equitativa.
Si bien el discurso tanto del joven
economista como del nuevo Jefe de Gabinete han apuntado todo el tiempo a
generar tranquilidad, lo cierto es que hace tiempo que se venía especulando con
una reducción de los subsidios para luego de las elecciones del 27 de octubre
próximo pasado.
El anteaño pasado, el gobierno amagó
con un avance a este respecto mediante el programa de Renuncia Voluntaria del
Subsidio del Estado Nacional para los servicios públicos y la aplicación de la
“sintonía fina” por zonas de mayor poder adquisitivo, pero fue un notable
fracaso por demás impopular.
Se dijo que, además, se enviará a
los restantes usuarios una carta para que reclamen seguir con los subsidios en
caso de necesitarlo aunque eso no tiene fecha de implementación. Por último, se
añadió que se abriría un listado de usuarios que, voluntariamente, pidieran la
baja de los subsidios, en un planteo que se definió como “solidario”.
Aníbal Fernández, Amado Boudou,
Florencio Randazzo, Débora Giorgi y la propia Cristina accedieron a la muestra
simbólica de renunciar a algo que en realidad no tenían y aparecieron en el
listado, si bien de todas formas se iban a quedar sin los subsidios por tener
residencia en Puerto Madero.
