El dilema de crear una agenda que
incluya las violaciones a los Derechos Humanos de hoy.
Otra muerte de un integrante de
la etnia QOM, esta vez en Chaco, se suma a una tendencia que ha dejado de ser
episódica para convertirse en un patrón claro y sostenido en nuestro país. La
violencia y los homicidios acaecidos en diversas provincias del norte,
especialmente en Formosa, no cesan. Sin embargo, pareciera que aun existe una
marcada reticencia de algunos organismos de derechos humanos para hablar de
este tema de manera abierta, de reclamar y denunciar expresamente al gobierno nacional
y sus pares provinciales por una violación patente y sistemática a los derechos
fundamentales de los pueblos originarios. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por
qué organismos comprometidos desde hace décadas con la defensa de los derechos
humanos no ponen este tema en el centro de su agenda? ¿Qué otros temas deberían
integrar una agenda moderna para la defensa de los derechos humanos?
Una primera respuesta es que en
nuestro país el movimiento de derechos humanos no ha logrado o no ha querido
aggiornar su agenda programática. El núcleo del discurso siguen siendo las
atrocidades cometidas durante la última dictadura militar y, directamente
vinculado con esto, toda la problemática de la violencia institucional asociada
con unas fuerzas de seguridad que continúan siendo enclaves autoritarios que
tras treinta años de democracia aún no hemos logrado reformar. No caben dudas
que estos temas deben gozar de una entidad superior, pero: ¿deben monopolizar
la agenda?
Los organismos de derechos
humanos se encuentran en una encrucijada cuando la violencia institucional
proviene de las fuerzas de seguridad pero su concepción intelectual es obra
exclusiva del poder político. El caso de Formosa es clarísimo. Los ataques y
homicidios de integrantes de la comunidad QOM solo son posibles porque quienes
gobiernan la provincia lo consienten, alientan y protegen. Por su parte, el
gobierno nacional no ha logrado revertir la situación ni tampoco existen
constancias de que haya hecho algo concreto para impedir que el gobierno de
Formosa continúe violando los derechos humanos de los pueblos originarios. La
torpeza o el fracaso no lo redimen de dicha deuda. Sin embargo, pese incluso a
las denuncias de Amnistía Internacional y al involucramiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el panorama no ha cambiado y muchas
organizaciones de derechos humanos dan cuenta de la situación de manera
errática y parcial.
Parte del problema es el claro
alineamiento de un sector importante del movimiento de derechos humanos con el
gobierno nacional. El indiscutible y necesario apoyo del gobierno a los juicios
por las atrocidades cometidas por último el gobierno de facto, sumada a la
polarización por la demorada y controvertida implementación por la Ley de
Medios, pareciera neutralizar toda capacidad de contralor y denuncia frente a
violaciones a los derechos humanos que provengan del gobierno nacional o de sus
aliados provinciales.
No hay que caer en el
reduccionismo necio de proponer una agenda actual versus una agenda del pasado.
Una agenda inclusiva y moderna debe incluir tanto la búsqueda de justicia por
los crímenes del pasado como la lucha por los derechos de todos aquellos que
hoy están siendo víctima de atropellos por parte del estado en cualquiera de
sus niveles.
¿Qué temas urgentes no aparecen
en la agenda actual de derechos humanos? A la gravísima situación de los
pueblos originarios en el norte argentino se deberían sumar otros tales como
los derechos sexuales y reproductivos. Entre otras deudas en la materia, a más
de un año de la sentencia de la Corte Suprema en el caso FAL, el estado
nacional y muchas provincias siguen impidiendo que las mujeres accedan a la
interrupción de su embarazo cuando este es producto de una violación, lo cual
nos ha valido la condena de distintos organismos internacionales de derechos
humanos. Otro tema candente es la dramática situación de las cárceles y los
altísimos niveles de prisión preventiva. Una democracia supuestamente
respetuosa de los derechos humanos convive con altísimos niveles de presos sin
condena. Actualmente, casi el 60% de las personas privadas de libertad no
tienen una sentencia definitiva, y -además del encierro injustificado- es
víctima de incontables violaciones a sus derechos fundamentales. ¿Qué se está
haciendo para revertir un status quo cuasi medieval? Poco y nada. La raíz de
este problema se encuentra en la ineficiencia judicial, en la selectividad e
indiferencia del sistema de justicia. La responsabilidad para revertirlo, en
cambio, le cabe a los tres poderes del estado.
La discusión está pendiente y
debe darse de manera seria y responsable, sin chicanas ni dobles intenciones.
Todos los movimientos sociales son dinámicos y heterogéneos, y ostentan tanto
logros como deudas y desafíos. Resulta imperativo encontrar caminos que
-sorteando las discusiones políticas de corto plazo- nos permitan encontrar
estrategias para abordar de manera integral una nueva agenda para la defensa de
los derechos humanos, que fortalezca y convalide el valioso trabajo de las
organizaciones y a su vez incluya a sectores cuyas necesidades hoy están siendo
injustamente marginadas.
© Escrito por Alvaro Herrero, Director Ejecutivo de la Asociación por
los Derechos Civiles (ADC), PdD en Ciencia Política (Oxford), el lunes 27/05/2013
y publicado por plazademayo.com
