El problema es Clarín, no la justicia…
Dos siglos de vida independiente y ciento
cincuenta años de constitución no han alcanzado para que la Argentina encuentre
un consenso estable, sólido, acerca de la forma de gobierno. Los tres poderes
del Estado, concebidos como mutuos contrapesos para limitar el poder y
garantizar los distintos derechos de los habitantes, están casi continuamente
en pugna procurando librarse de las tutelas de los otros, o frecuentemente
entrando en colisión dos de ellos para neutralizar al tercero. A lo largo de
nuestra historia, algunas Cortes avalaron los golpes de Estado, algunos
ejecutivos intervinieron en la conformación de los cuerpos judiciales e
interfirieron en sus decisiones, el nombramiento de los jueces muchas veces se
produjo de maneras improcedentes y el papel del Legislativo no siempre fue
decoroso.
El tema debería entrar en la agenda de los consensos políticos
imprescindibles, para lo cual es preciso sustraerlos de la política cotidiana y
las pequeñeces de las luchas de poder. Es cierto que la vida real es la suma de
innumerables matices y complejidades; por eso las instituciones sólo pueden ser
diseñadas –si es que se quiere ‘diseñarlas’ para mejorar la calidad esperable
de la vida– poniéndose por encima de esas complejidades un excelente resumen
de esto puede verse en el artículo de Martín Bohmer:
Corte Suprema: ¿Deferencia mayoritaria o activismo constitucional?, en chequeado.com
Corte Suprema: ¿Deferencia mayoritaria o activismo constitucional?, en chequeado.com
El tema que estos días acapara la atención
del país, la Ley de Medios audiovisuales y las acciones ante la Justicia de
algunas de las partes alcanzadas por la ley, es casi un caso perfecto de libro
de texto que ilustra acerca de las difíciles relaciones entre los tres poderes
y las dificultades para encontrar un equilibrio entre ellos. Si no llega a ser un
caso perfecto es porque está demasiado contaminado de ingredientes políticos.
Cualquier argentino, desde el más ingenuo
hasta el más politizado, cree hoy que lo que está en juego no es una concepción
teórica o doctrinaria del Estado ni un debate sobre las mejores maneras de
regular los medios de comunicación, sino una puja política entre el Gobierno y
el Grupo Clarín. El procedimiento esperable, cada vez que una norma legal
afecta algún derecho de alguna parte, es ahora definido por el Gobierno como
una batalla política.
La situación me hace recordar un caso que a veces utilizo
en mis clases: en la década de los 70, en plena locura terrorista y represiva,
un médico pediatra de la mayor reputación profesional cuyas ideas políticas lo
acercaban inocultablemente a los grupos subversivos, recibió un pedido de
emergencia para atender a un niño de la familia de un alto jefe militar, y se
preguntó qué hacer. Según contó tiempo después a quienes lo conocíamos, su
decisión fue atender al pequeño paciente cuya vida peligraba; no hacerlo, dijo,
hubiera sido politizar indebidamente un caso profesional y confundir sus
distintas responsabilidades en la vida; su problema, en todo caso, era el
general, no el nieto.
El Gobierno nacional está arremetiendo
políticamente contra la Justicia. Su problema es Clarín, no la Justicia; tal
vez, mirando más allá, está pensando también en otros objetivos políticos. En
esa perspectiva, el Gobierno presiona políticamente a la Justicia y los jueces
se resisten. El Gobierno pide a la Justicia que “respete la voluntad popular”;
es obvio que esa “voluntad” puede conferir un mandato al presidente de la
Nación; según como se interprete lo que eso significa, también a los
legisladores; pero los jueces no tienen nada que ver con ella. Los jueces trabajan
sobre otra materia prima. Si hiciesen lo que el Gobierno les reclama dejarían
de dar sustento al principio básico de la división de poderes, en un sentido,
dejarían de ser jueces para ser parte del Ejecutivo. Esa no es la idea detrás
de nuestra Constitución; posiblemente tampoco es una idea predominante en la
sociedad acerca de un orden institucional mejor.
© Escrito por Manuel Mora y Araujo, Sociólogo
y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
domingo 17 de Diciembre de 2012.
