Miedo al contagio...
Brasil. Dibujo:
Pablo Temes
Casos como el de Temer llevan a comparar los tiempos de reacción de la
Justicia de cada país.
Cuando
Brasil se resfría, la Argentina se pesca una neumonía”, reza la frase que
grafica la importancia que la economía brasileña tiene sobre la de nuestro
país. De ahí la preocupación que la grave crisis política que se ha generado
alrededor del gobierno del presidente Michel Temer produce en la Casa Rosada.
Tanto es el impacto que, en medio de su gira por Arabia Saudita, China y Japón,
Mauricio Macri debió hablar del tema. Poco había para decir y lo poco que había
se resumía en la palabra preocupación. A estas horas, nadie sabe a ciencia
cierta cuál será la suerte de Temer y de su gobierno. De una cosa hay certeza:
políticamente está terminado.
Junto con el impacto económico, es importante subrayar algunos aspectos de la crisis brasileña que son de alta significación para la vida política institucional de la Argentina. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. En el caso particular del frigorífico JBS (Josley Batista Sobrinho), Josley Batista, uno de los que se acogen a la figura de la delación –que es la análoga del arrepentido–, señala en su confesión que les financió la campaña a unos 179 diputados. Esos diputados pertenecían a diferentes partidos. En el fragmento que se conoció el viernes, no sólo se lo complicó al actual gobierno, sino también a Dilma Roussef y a Luis Inacio “Lula” da Silva, a cuyas campañas aportó un total de 150 millones de dólares. El hecho tiene implicancias judiciales y políticas. Las judiciales tienen que ver con las penas que caerían sobre ambos de ser condenados en un juicio; las políticas están vinculadas con las aspiraciones de Lula de ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.
Junto con el impacto económico, es importante subrayar algunos aspectos de la crisis brasileña que son de alta significación para la vida política institucional de la Argentina. Uno de ellos tiene que ver con el financiamiento de las campañas políticas. En el caso particular del frigorífico JBS (Josley Batista Sobrinho), Josley Batista, uno de los que se acogen a la figura de la delación –que es la análoga del arrepentido–, señala en su confesión que les financió la campaña a unos 179 diputados. Esos diputados pertenecían a diferentes partidos. En el fragmento que se conoció el viernes, no sólo se lo complicó al actual gobierno, sino también a Dilma Roussef y a Luis Inacio “Lula” da Silva, a cuyas campañas aportó un total de 150 millones de dólares. El hecho tiene implicancias judiciales y políticas. Las judiciales tienen que ver con las penas que caerían sobre ambos de ser condenados en un juicio; las políticas están vinculadas con las aspiraciones de Lula de ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.
El otro
elemento para el análisis es el comportamiento de los jueces honestos que tanto
allí como aquí hay. Lo notable es la resolución y la independencia, tanto del
Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que han mostrado esos jueces y
fiscales. El allanamiento al despacho que le corresponde al senador Aecio Neves
en el Congreso fue un hecho impactante, demostrativo de esa independencia. Tan
impactante como eso ha sido la determinación del juez de llevar adelante la
investigación y sus correspondientes actuaciones en tiempo real, es decir, en
el tiempo en que el funcionario bajo sospecha está en el ejercicio pleno de su
cargo. La grabación de la conversación entre Batista y Temer –que desató el
escándalo– fue acordada y preparada bajo supervisión judicial.
Si comparamos esta dinámica con lo que ocurre en nuestro país, surgen diferencias abismales. Tomemos dos ejemplos: cuando por el caso Ciccone, denunciado en 2012 en el programa radial de Jorge Lanata, el fiscal federal Carlos Rívolo decidió allanar el departamento que Alejandro Vanderbroele le alquilaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, debió hacer un enorme esfuerzo para torcer la voluntad del juez Daniel Rafecas, quien se negaba obstinadamente a concederle esa autorización. Luego se supo el porqué: el juez era amigo del abogado de Boudou. De eso han pasado cinco años y aún no se sabe la fecha del juicio. El otro ejemplo lo representa en estos días el caso de María Julia Alsogaray, que va a juicio por irregularidades denunciadas durante su gestión como interventora de la ex Entel entre 1989 y 1990, es decir, ¡hace 28 años! Una Justicia que actúa con tamaña lentitud no sólo no sirve para combatir la corrupción, sino que la fomenta.
Además de estos aspectos y de los potenciales efectos negativos sobre la economía argentina que tienen estos hechos, están los propios, vinculados con las sospechas de actos de corrupción que involucran a los negocios que tanto Odebrecht como JBS tienen aquí. Hay que recordar que Odebrecht reconoció haber pagado en la Argentina coimas por valor de 35 millones de dólares. Esto lo hizo por medio de un acuerdo con la Justicia de Brasil, de Suiza y de los Estados Unidos. Estos sobornos tienen que ver con el desarrollo de tres obras públicas: un gasoducto en el norte; una obra en el Paraná de las Palmas y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
Si comparamos esta dinámica con lo que ocurre en nuestro país, surgen diferencias abismales. Tomemos dos ejemplos: cuando por el caso Ciccone, denunciado en 2012 en el programa radial de Jorge Lanata, el fiscal federal Carlos Rívolo decidió allanar el departamento que Alejandro Vanderbroele le alquilaba al entonces vicepresidente Amado Boudou, debió hacer un enorme esfuerzo para torcer la voluntad del juez Daniel Rafecas, quien se negaba obstinadamente a concederle esa autorización. Luego se supo el porqué: el juez era amigo del abogado de Boudou. De eso han pasado cinco años y aún no se sabe la fecha del juicio. El otro ejemplo lo representa en estos días el caso de María Julia Alsogaray, que va a juicio por irregularidades denunciadas durante su gestión como interventora de la ex Entel entre 1989 y 1990, es decir, ¡hace 28 años! Una Justicia que actúa con tamaña lentitud no sólo no sirve para combatir la corrupción, sino que la fomenta.
Además de estos aspectos y de los potenciales efectos negativos sobre la economía argentina que tienen estos hechos, están los propios, vinculados con las sospechas de actos de corrupción que involucran a los negocios que tanto Odebrecht como JBS tienen aquí. Hay que recordar que Odebrecht reconoció haber pagado en la Argentina coimas por valor de 35 millones de dólares. Esto lo hizo por medio de un acuerdo con la Justicia de Brasil, de Suiza y de los Estados Unidos. Estos sobornos tienen que ver con el desarrollo de tres obras públicas: un gasoducto en el norte; una obra en el Paraná de las Palmas y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
En
relación con esta obra, vale la pena repasar la cronología de las 22 reuniones
entre ejecutivos de Odebrecht y los funcionarios del kirchnerato:
Entre 2006 y 2008 con alta frecuencia entre
ejecutivos y el ex coordinador de Planificación y hombre de confianza de De
Vido, Roberto Baratta.
En febrero de 2006 Néstor Kirchner anunció por primera vez el soterramiento del Sarmiento y en junio presidió el acto de licitación.
En agosto de 2006 se abrieron los pliegos de la
licitación.
En enero de 2008 Cristina Fernández de Kirchner
encabezó el acto de anuncio de obras para el trayecto Caballito-Moreno del
soterramiento que se adjudicó a Odebrecht, Iecsa (Calcaterra), Comsa y Ghella.
En noviembre de 2010 Julio De Vido, ex ministro de Planificación, reconoció una demora por falta de financiación.
En septiembre de 2011 el gobierno consiguió una pequeña financiación por medio de un fideicomiso para mostrar avances luego del accidente ferroviario de la estación Flores entre dos formaciones y un colectivo. Anunciaron el arribo de la tuneladora al país. Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, dijo: “En 44 meses estará terminada la obra”.
El 17 de julio de 2013 el Consejo de Ministros del gobierno de Brasil aprobó el otorgamiento de US$ 1.500 millones para la obra. Los fondos serían del BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, que ya estaba involucrado en el Lava Jato. Cinco días después del anuncio, Marcelo Odebrecht pide una reunión con Cristina Fernández de Kirchner.
El 31 de julio de 2013 a las 19.15, reunión entre Marcelo Odebrecht y Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada.
El 31 de agosto de 2013, reunión entre Julio De Vido, Cristina Kirchner y funcionarios de Odebrecht.
En agosto de 2013 se crea la Unidad Ejecutora de la Obra Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno como unidad dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.
En mayo de 2014, última reunión; participó Axel Kicillof y Flavio Farías, gerente local de Odebrecht.
A partir del 1° de junio se perderán el sigilo y la confidencialidad de las delaciones que Marcelo Odebrecht hizo en diciembre pasado. Vencen, ya que había un tiempo de seis meses para generar acuerdos. Por lo tanto, los nombres de los involucrados en los casos de coimas podrían salir a la luz en la Argentina. La empresa llegó a varios acuerdos con distintos países, pero en el nuestro no pudo, ya que hubo mucho lobby en contra tanto de políticos como de empresarios.
“Nadie piensa donde todos lucran; nadie sueña donde todos tragan.” (José Ingenieros)
Producción periodística: Santiago Serra con la contribución de Lucía Lopreiato.
