Corrupción que mata...
El peor chiste de Jaimito. Ricardo Jaime. Dibujo: Pablo Temes.
Argentina sigue siendo Cromagnon. Otra vez la explosiva mezcla de empresarios inescrupulosos y
funcionarios cómplices cuesta la vida de mucha gente.
En la página web de Cometrans, en referencia a TBA, una de
sus empresas, se lee lo siguiente: “El propósito central es ser líder en la
explotación comercial de estos corredores ferroviarios, realizando un servicio
público seguro, eficiente, puntual y no contaminante, mejorando así la calidad
de vida de la comunidad”. La tragedia del tren 3772, con su secuela de 51
muertos y más de 700 heridos, demostró que los objetivos expuestos por la
empresa concesionaria del Sarmiento están a años luz de haberse cumplido.
La escena de la tragedia. El andén 2 de la estación Once,
ayer, tres días después del accidente. Hay dos versiones contrapuestas: falla
mecánica o error humano, según quién la cuente.
Lo sucedido en la estación Once no fue un accidente sino la
crónica de una tragedia anunciada. Para sustentar esta afirmación es
fundamental remitirse al pormenorizado informe que la Auditoría General de la
Nación emitió en 2008 (hay otro igualmente lapidario que se conocerá el
miércoles). Allí se señalan, entre, otras cosas:
“La empresa TBA no ha efectuado en su totalidad la
presentación de los planes de mantenimiento referidos al período auditado.”
“Los distintos componentes del sistema de vía presentan un
estado deficitario, ante lo cual, y como paliativo, se imponen restricciones a
las velocidades máximas de circulación.”
“Por su parte, los pasos a nivel evidencian déficits en su
estado de conservación, observándose que el Concesionario no efectúa la
normalización de la totalidad de falencias constatadas por la CNRT en ellos.”
“El estado general de mantenimiento de las estaciones que
componen las líneas Mitre y Sarmiento, así como el estado de los cerramientos
perimetrales, es deficitario.”
“En cuanto al material rodante, TBA no realiza un
mantenimiento adecuado. Tampoco brinda respuesta técnica, en tiempo y forma, a
las irregularidades detectadas por la CNRT mediante sus inspecciones de
seguridad a dicho material, constatándose además que las unidades que se
utilizan para la prestación del servicio presentan anomalías.”
Estas son responsabilidades atinentes a la concesionaria. Lo
que también el informe contiene es una evaluación crítica de la actuación tanto
de la Secretaría de Transporte como de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), que son los organismos de control del Estado que deben velar
por el cumplimiento del servicio. En dicho informe se señala que:
“El Concesionario no da respuesta a los pedidos de
información adicional y/o aclaratoria, que la CNRT efectúa en forma tardía,
respecto de los planes de Mantenimiento de 2005 de vía y obras presentados
oportunamente.”
“TBA no presenta en tiempo y forma la información bimestral
establecida contractualmente respecto a los avances de lo ejecutado del plan de
mantenimiento de vía y obras correspondiente al año 2005. Ante esta situación,
no consta reclamo de la CNRT por el incumplimiento.”
“La CNRT no adoptó las medidas suficientes para revertir la
falta de información por parte del Concesionario en relación a la presentación
de los planes de mantenimiento y avances de lo ejecutado.”
“La CNRT no garantiza la adecuada seguridad operativa al no
verificar, en todos los casos, las medidas adoptadas por TBA para subsanar las
deficiencias observadas, ni tampoco efectúa un seguimiento sobre su evolución.”
“La CNRT se aparta del sistema establecido en el Contrato de
Concesión y en el respectivo pliego de Condiciones, para efectuar la
comunicación de las deficiencias constatadas.”
“La Secretaría de Transporte no ha dado cumplimiento a la
elaboración de un nuevo Reglamento General de Penalidades.”
“La CNRT no ha sancionado al Concesionario, con base al
artículo 16.1 del Contrato de Concesión, por las irregularidades detectadas.”
Ante la gravedad de esta denuncia que la complicaba, recién
en 2010 la CNRT produjo un informe lapidario sobre TBA.
El documento, que debió
haberse publicado en el Boletín Oficial, tiene fecha del 26 de marzo de ese año
y en él se señala que “durante los años anteriores se realizaron inspecciones
que demostraron decaimiento de los bienes dados en concesión, producto de un
mantenimiento insuficiente y apartado de las normas técnicas aplicables en la
materia, a la vez que no se nota una condición que arroja resultados prácticos
que conduzcan a revertir la situación, se propone aplicar una multa de 300.000
pesos por falta de cumplimiento de las formalidades establecidas… tanto en la
prestación del plan como en los avances mensuales; y una multa por el máximo
valor contractualmente previsto del 5% del monto total de la garantía base de
cumplimiento del contrato (1.500.000 pesos).
El maquinista. El día de la tragedia. Declaró que
fallaron los frenos.
A la luz de la gran y generalizada
falta de mantenimiento observada durante 2009, toda vez que el mantenimiento
realizado no se corresponde con las obligaciones contractuales ni a las buenas
prácticas para el normal funcionamiento del sistema ferroviario que presta
TBA”.
Está claro que para el desastroso estado no sólo de la línea
Sarmiento sino de todo el sistema ferroviario, hay una concurrencia de dos
factores: la actitud indolente –y a la postre criminal– de los concesionarios y
la complacencia –a esta altura, complicidad– de los funcionarios a cargo del
área. Ese es un punto clave. Hasta aquí el Gobierno viene piloteando la
situación centrado en una sola preocupación: cómo evitar pagar los costos
políticos de la tragedia.
La Presidenta, sin cuya supervisión nada se hace,
ordenó que hablara primero el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Es
evidente que Cristina Fernández de Kirchner debe haber quedado satisfecha con
las lamentables declaraciones de Schiavi porque al otro día apareció otra vez
acompañando al ministro de Planificación, Julio De Vido. El desprecio de ambos
funcionarios hacia quienes han sido víctimas de este Cromañón ferroviario ha
sido mayúsculo.
Las fotos que muestran a la Presidenta inaugurando los
vagones de doble piso que, por suerte, se han hecho a cuentagotas –la tragedia
habría sido aún mayor si alguno de ellos hubiera formado parte del tren 3772–,
al lado de Claudio Cirigliano, acusado de pagar dádivas al ex secretario de
Transporte Ricardo Jaime, son la evidencia de una indiscutible convalidación de
un mecanismo de corrupción que involucra a funcionarios y a empresarios amigos
del poder, al amparo del cual han nacido fortunas incalculables. Constituyen un
verdadero club al que bien podría llamarse “los Yabrán del kirchnerismo”.
¿Puede alguien creer que eso se agota en Schiavi? ¿Puede alguien pensar que De
Vido desconoce todo esto? ¿Y el jefe de Gabinete? ¿Y la Presidenta?
La presidenta Cristina Fernández junto a trabajadores en el acto de
presentación del nuevo tren de doble piso de la línea Sarmiento.
La tragedia de Once ha demostrado, una vez más, que la
Argentina es República Cromañón: un lugar en el que se enseñorean tanto el
incumplimiento de las normas y las leyes como la falta de control, producto de
una corrupción de una dimensión tal que mata.
Producción periodística: Guido Baistrocchi
© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 25 de Febrero de 2012.
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