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lunes, 26 de enero de 2015

La monarca… De Alguna Manera...

La monarca…


Hace dos años, la Presidenta firmó un memo con Irán que modificó colosalmente el rumbo de la causa AMIA. El juez y el fiscal “naturales” fueron sustituidos por una “Comisión de la Verdad”, con sede en Irán, país acusado de haber tramado el peor atentado terrorista de nuestra historia. Sus integrantes debían ser designados a propuesta de las partes. La redacción del instrumento carece de toda claridad, salvo la cláusula que se refiere de modo imperativo al levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol que pesaban sobre los imputados iraníes, una vez que hubiese sido aprobado por los legislativos de los dos países.

Así las cosas, desde el ángulo constitucional, la situación no pudo ser más alarmante ya que la titular del Ejecutivo ejerció funciones judiciales, a pesar de la expresa prohibición que le impone la Constitución. A ello se agrega, la falta de definición sobre el derecho a aplicar por parte de los miembros de la Comisión, la violación de las normas del debido proceso, la imposibilidad de conciliar el marco jurídico de un país democrático, como al menos en teoría es el nuestro, con el de otro de tipo teocrático. Este pergeño que no tiene antecedentes en el derecho comparado, importó un incomprensible agravio a nuestra Justicia y desembocó en la paralización del proceso.

Tamaño despropósito significó una suerte de exculpación a favor de Irán, si no, cómo se hubiese podido aceptar que quien era acusado se transformara en su propio juzgador y en suelo propio. Esta impresionante concesión sólo podía verse acompañada de un beneficio proporcional a favor de la Argentina. Nuestro enfoque responde a una lógica primaria. Es por ello que la denuncia del fiscal Nisman que pagó con su muerte, no nos sorprendió, en realidad nos permitió completar las piezas de este macabro rompecabezas.

Hace unos años sostuvimos que las violaciones constitucionales y legales en las que incurren nuestros presidentes, sin que funcionen las instituciones de modo de ponerles límites, importaba una  creciente destrucción del principio de separación de poderes –eje central en que se asienta el Estado de Derecho–. Así, se iban consumando “minigolpes de Estado” que sin transformar al gobierno de iure en uno de facto, poco a poco iban destruyendo el imperio de la ley para llevarnos al de la arbitrariedad, la imprevisibilidad, el despotismo.

El magnicidio que convulsiona a nuestra sociedad es la consecuencia del desesperante desmoronamiento de nuestras instituciones. Hoy nos gobierna una “monarca” que actúa como cronista autorreferencial junto a un grupo de secuaces que se dedican a ensuciar la figura de la víctima de un modo que recuerda la metodología de los responsables del último proceso militar cuando hablaban de los desaparecidos.

¿Este asesinato será la culminación de este proceso de destrucción o un episodio más que indefectiblemente nos enfrentará a hechos cada vez más brutales? Frente al advenimiento de un nuevo gobierno debemos volver a nuestras fuentes institucionales que nacieron con la traducción que hiciera Mariano Moreno del Contrato Social de Rousseau. Ese fue el germen que iluminó con intermitencias una lealtad democrática fluctuante. A pesar de creer en el ideal, no hemos dejado de regresar al personalismo, que ha surgido con distintos formatos, ya militar, ya populista, pero siempre antiliberal.

El retorno al Gobierno de la ley debería ser el compromiso de quienes se presentan como postulantes para las próximas elecciones. Es decir un conjunto de propuestas que permitan el restablecimiento de la República, como gran política de Estado. La independencia de la Justicia y del Ministerio Público que debería verse sustentada en nuevos institutos, por su significación, cobra un protagonismo indispensable. Lograr la concreción de esta empresa será el mejor homenaje a la memoria de Alberto Nisman, ya que su injusta muerte haría las veces de una bisagra entre la ilegalidad y la legalidad.

© Escrito por el Constitucionalista Daniel Sabsayi domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





sábado, 17 de enero de 2015

Interpol no cree en Nisman... De Alguna Manera...

“La posición fue consistente y firme”...


Ronald Noble, secretario general de Interpol cuando se tramitaron los alertas rojos para la captura de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, desmintió el eje central de la denuncia del fiscal Nisman. Confirmó que el gobierno argentino nunca pidió ni buscó ni insinuó que esos alertas se bajaran.

La denuncia del fiscal Alberto Nisman asegura que el objetivo del supuesto plan de impunidad era que se levantaran las notificaciones rojas. Interpol aseguró que el gobierno argentino “se mantenía ciento por ciento comprometido a que permanezcan en efecto”.

El canciller Héctor Timerman leyó ayer una carta firmada por el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, en la que el funcionario de la policía internacional desmiente las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman. “En cada ocasión que usted y yo hablamos o nos vimos, usted indicó que Interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes.” Las notificaciones o alertas rojos son un refuerzo o un status superior de las órdenes de captura internacionales, una especie de prioridad en esas capturas.

En el caso AMIA, los alertas rojos fueron emitidos contra cinco funcionarios o ex funcionarios de Irán. Noble, que estuvo a la cabeza de Interpol desde 2000 hasta noviembre de 2014, enumeró una serie de encuentros, llamadas telefónicas y reuniones en los que Timerman sacó el tema de las notificaciones o alertas rojos y le insistió a Interpol en que no debía haber ningún cambio en el status de los requerimientos. En su denuncia, Nisman afirma que “el plan criminal” consistió en firmar el Memorándum de Entendimiento y a cambio de ello se prometió a Irán el levantamiento de los alertas rojos. Noble sostuvo ayer todo lo contrario.

La denuncia de Nisman ya había sido desmentida con una prueba incontrastable: la carta que Timerman le dirigió a Interpol para informarle que se había firmado el Memorándum con Irán. El facsímil fue adelantado en forma exclusiva por Página/12 el jueves. Esa carta tiene fecha del 15 de febrero de 2013, dos semanas después de la firma del Memorándum, cuyo contenido se le adjuntaba a la organización internacional de policía. En las 20 líneas de la carta de Timerman a Interpol, el canciller menciona que cualquier cambio en las capturas internacionales solo podía ser decidido por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y que la forma del memorándum no producía cambios en el “status de los requerimientos”.

Nisman buscó ayer confirmar su posición diciendo que no es lo mismo órdenes de captura que alertas rojos, pero Timerman no sólo habló de órdenes de captura, sino específicamente del “status” de esas órdenes de captura. La carta dice, en forma textual: “La firma del Memorándum no produce cambio alguno en el status de requerimiento de captura internacional arriba mencionado”. El status, como es obvio, es el que regía hasta ese momento y sigue rigiendo: captura con notificación o alerta rojo.

Que ayer Noble haya salido a avalar lo dicho por Timerman y a dejar en claro la postura del gobierno argentino es un golpe fuerte para el propio Nisman. Durante los años que lleva el fiscal al frente de la causa AMIA no se cansó de elogiar a Interpol y a su cabeza norteamericana. Antes de ser el secretario general de la organización internacional de policía, Noble fue uno de los máximos jefes de los servicios secretos de Estados Unidos, de la agencia antidrogas y titular de investigaciones de lavado de dinero. Es decir que no puede ser sospechoso de favorecer a Irán. Que Noble diga que la posición de Timerman y el gobierno argentino “fue consistente y firme” en relación con los alertas rojos, es una derrota para la denuncia del fiscal.

Desde el inicio, el departamento legal de Interpol vio con buenos ojos el Memorándum. Lo expresó en marzo de 2013, poco después de la firma del acuerdo. “El referido acuerdo es un desarrollo positivo en el esclarecimiento de la causa.” El texto llevó la firma del juez francés Joel Stollier, Consejero General de Interpol y número uno del departamento legal. Como es obvio, la carta tenía el visto bueno de Noble. En ese mismo mensaje, la Oficina de Asuntos Jurídicos de Interpol ratifica que “dicho acuerdo no implica ningún cambio en el status de las notificaciones rojas”.

Interpol trata de que sus miembros busquen soluciones a conflictos por capturas y en ese marco sostuvo, por escrito, que el Memorándum constituía un desarrollo positivo. Nisman, en cambio, operó bajo cuerda contra el acuerdo, como lo señaló en este diario en forma reiterada el periodista Horacio Verbitsky.

La concreción de una indagatoria a los acusados llevaba a poner sobre la mesa las pruebas acumuladas por el fiscal que tenían un marcado acento de informes de Servicios de Inteligencia –volcados en especial por su mentor en la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiuso– y que tenían dificultades para ser probados judicialmente. Lo reiteró en estos días el juez Canicoba Corral: “Cuando firmé las órdenes de captura contra los iraníes, dejé por escrito que el fiscal debía profundizar la investigación de la misma pista porque sus evidencias estaban demasiado basadas en informes de Inteligencia. Y además, le puse por escrito que debía investigar la pista siria y la conexión local. Nada de eso hizo”.

“Recuerdo específicamente –dijo ayer Noble en su mail– cuando hablamos por teléfono (con Timerman) después de los informes de los medios de comunicación en Argentina e Irán que falsamente indicaban que el Memorando de Entendimiento afectaba la validez de las notificaciones rojas de Interpol. He dejado claro a usted oralmente y posteriormente por escrito que Interpol dio la bienvenida a todos los esfuerzos de Argentina e Irán para cooperar en el caso AMIA. Usted pidió que Interpol exprese por escrito si las notificaciones rojas se mantenían sin cambios, válidas y vigentes. El 13 de marzo de 2013, el Consejero General de Interpol declaró inequívocamente por escrito que la validez y la situación de las notificaciones rojas no se vieron afectados.”

“En mayo de 2013 –continúa el relato del ex secretario general de la organización de policías–, usted visitó la sede de Interpol. Usted declaró en esa ocasión, expresamente, que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, usted como ministro de Relaciones Exteriores y todo el gobierno argentino se mantenían ciento por ciento comprometidos a que las notificaciones rojas de Interpol permanezcan en efecto.”

En el mismo mail, Noble relata otras dos veces en que personalmente Timerman se interesó en que de ninguna manera se modificaran los alertas rojos: fue en noviembre de 2013 y noviembre de 2014, en la propia Asamblea General de Interpol, en Mónaco. “Recuerdo la pasión con la que usted habló”, señaló Noble.

Nisman dice en su denuncia que “el objetivo de todo el plan criminal de la Presidenta fue bajar los alertas rojos” para que se pusiera en marcha un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos. Ese intercambio comercial no existió nunca. Y el principal testigo, el hombre fuerte de Interpol, el funcionario de origen norteamericano cabeza de la organización a la que Nisman rindió pleitesía en forma permanente, lo desmintió. En cambio, enumeró todas las veces en que el Gobierno insistió en que no podían ni debían tocarse las notificaciones rojas.

Basta ver lo que ocurrió: los alertas rojos siguen vigentes. Interpol ayer, a través de su referente máximo, dijo que fue clave la firmeza de la postura argentina.

© Escrito por Raúl Kollmann el sábado 17/01/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el contenido publicado es de exclusiva propiedad de la persona que firma, así como las responsabilidades derivadas.




sábado, 16 de febrero de 2013

Polémica por la causa AMIA... De Alguna Manera...

¿Por qué el apuro, Presidenta?...


En la reciente sesión del Senado el debate fue disperso. En lugar de concentrarse en preguntas, las intervenciones se internaron en pareceres y opiniones. Nada reemplaza la evidencia del error que comete el adversario. Ahí no hay nada que demostrar.  Y las preguntas existen en cantidad.

Se podría haber interrogado al ministro, por ejemplo, sobre algunas de estas cuestiones.

El vocero del canciller iraní dijo: “El tema de la indagatoria de un responsable es totalmente falso”. Esta afirmación es coherente con la que hizo inmediatamente después el canciller de ese país: “Mi país adhiere plenamente a las disposiciones del acuerdo sobre el caso AMIA”. No hay, como dice el Sr. ministro, ninguna desmentida al vocero. Los dos dicen lo mismo porque las disposiciones del acuerdo no contemplan la indagatoria.

Si no contemplan la indagatoria, ¿para qué se hace todo esto?

¿Usted cree que Irán va a permitir que actúe la Justicia si la Comisión de la Verdad sostuviera que hay sospechas fundadas contra alguno de los entrevistados?

¿Por qué usan la palabra interrogar cuando el texto que es tomado como válido dice en inglés preguntar?

¿No cree que hay mala fe en hacer creer que la Justicia argentina va a actuar, cuando no habrá interrogatorio y la ley iraní prohíbe que un ciudadano de ese país sea sometido a indagatoria por una autoridad judicial extranjera?

Repasando sus conocimientos jurídicos. Usted sostiene que todo documento entre países, incluso un comunicado de dos presidentes, constituye un tratado. En efecto, esa es la definición genérica que da la Convención de Viena de 1969. Pero, en sentido estricto, sólo son tratados los que generan obligaciones mutuas que están sancionadas en una ley. En nuestro ordenamiento jurídico, la jerarquía es: Constitución, leyes que derivan de ellas y tratados internacionales. Los tratados son jerárquicamente superiores a una ley común. Díganos, ¿un comunicado conjunto debería, porque usted dice que es un tratado, ser considerado superior a la ley común?

¿Quién pidió que este texto fuera un tratado?, ¿Irán o la Argentina?

Pero sobre todo quisiera que escuchara este razonamiento y nos diera su opinión.

La comisión puede expedirse en tres sentidos: a favor de la denuncia argentina, de manera neutra o en contra.

Si lo hace a favor, como es una comisión de la verdad y no una comisión de la justicia, no podrá hacer absolutamente nada más. Ni un paso más. El gobierno iraní pedirá perdón o disculpas, quizás indemnizará como Kadafi y dirá que, habiéndose sometido estrictamente a lo que decía al tratado, ha mostrado al mundo una prueba de su comportamiento impecable.

Es decir, si ganamos, no ganamos. Y si Irán pierde, gana.

Es innecesario explicar lo que sucedería en caso de un dictamen ambiguo o negativo.

Perdería la Argentina, ganaría Irán.

En un tratado donde no está contemplada la acción de la Justicia, lo único que puede ganar la Argentina en el caso lejano de que el presidente y los dos juristas nombrados por Irán lo decidieran, es un reconocimiento moral.

¿Podría la Argentina seguir reclamando en foros internacionales cuando aceptó, firmó y convirtió en tratado un texto que se aplicó plenamente?

En fin, la pregunta ya encierra un argumento y obliga a una contestación precisa. Las extensas opiniones habilitan la réplica con otras extensas opiniones.

Hace pocas horas se conoció un interesante artículo de la Iran Review. Editada en Teherán, la publicación pretende ser científica e independiente. Aun si no lo fuera, es interesante reproducir su visión del acuerdo. Me permito traducir los párrafos más relevantes:

“Las noticias que han estado circulando en algunos diarios en los días recientes acerca de que el fiscal y el juez argentinos viajarían a Teherán para entrevistar personas que están mencionadas en el caso AMIA son incorrectas e imprecisas.”

“La segunda cláusula del artículo 5 del memorándum ha estipulado que representantes (nota: los imputados)  responderán a las preguntas de la comisión. Por lo tanto, ninguna persona tendrá que estar físicamente presente ante la comisión para responder las preguntas.”

En el artículo 7, “ambos países anunciarán a Interpol que las diferencias bilaterales sobre el caso AMIA serán resueltas por la vía de la cooperación entre los dos países. Por lo tanto, Interpol puede revocar las alertas rojas”.

En fin, lector, como verá, el manipuleo de los textos se hace aquí y allá. Razón de más para que el Gobierno abandone el apuro, para que nos demos el tiempo de saber y ser claros en lo que se está haciendo. Nada más lejano a esto que el comentario del senador Pichetto al oído de Timerman  transmitiéndole la orden presidencial para que se concluyera rápidamente el debate.

En este marco sería grave que el ministro evitara estar presente en la Cámara de Diputados. Si huyera, temeroso de las preguntas y de la verdad, fortalecería todas las sospechas.

© Escrito por Dante Caputo el viernes 15/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


miércoles, 29 de febrero de 2012

Anonymous... De Alguna Manera...

Detienen a diez argentinos por ataques a sitios web...

 Careta. La usan los miembros de la red Anonymous.

Operativo de Interpol en Europa y América latina. Hubo 40 allanamientos en 15 ciudades, donde apresaron a 25 personas. Son presuntos miembros de Anonymous. En el país capturaron a supuestos hackers en Capital, San Isidro, Tucumán y Córdoba.

Son la pesadilla de los gobiernos, las corporaciones y las grandes empresas. Y aunque sus ataques pocas veces suelen ser mortales sí son lo suficientemente certeros como para mostrar lo que sus enemigos preferirían disimular. Decir que Interpol anunció ayer la detención de 25 hackers –diez de ellos en Argentina– sería restarles categoría. Porque el megaoperativo que llevó más de ocho meses de investigación y abarcó cuatro países fue para intentar frenar a la mayor red de activistas informáticos del mundo, Anonymous.

Se cree que la red abarca a más de seis millones de usuarios en todo el planeta. Ayer, Interpol informó que había logrado dar con 25 de ellos. Según pudo saber Clarín, todos los argentinos eran mayores de edad, en el grupo había tanto hombres como mujeres y vivían en Capital Federal, San Isidro, Río Cuarto (Córdoba) y Tucumán.

La investigación, a la que Interpol denominó Exposure –“exposición”– comenzó en junio de 2011. En total, se realizaron 40 operativos en 15 ciudades de España, Argentina, Chile y Colombia. Además de los detenidos, que tienen entre 17 y 40 años, Interpol se llevó 250 equipos informativos y teléfonos celulares. También dinero que, se cree, sirve para financiar las actividades de Anonymous.
A estos detenidos se los acusa de haber hackeado páginas oficiales del gobierno colombiano, en particular del Ministerio de Defensa.

“Por acabar con los bosques, con los campesinos, con la DIGNIDAD de nuestro pueblo”, decía la leyenda con que Anonymous invadió esos sitios colombianos para protestar contra la construcción de una represa y sobre todo contra la represión con que fueron desalojados los campesinos de Quimpo.

Es que más que hackers en este colectivo llamado Anonymous se agrupan miles de organizaciones de activistas siglo XXI. “Son como piqueteros”, los definió uno de los investigadores argentinos, no sólo porque bloquean información sino porque además lo hacen para protestar.

Las webs de la CIA, la realeza española o la empresa Sony están en la extensa lista de sus “víctimas”. Uno de los blancos más recientes fue el sitio de Combined Systems, una empresa acusada por Amnistía Internacional de vender al gobierno egipcio 46 toneladas de municiones y sustancias químicas irritantes y gases lacrimógenos para reprimir protestas.

Además de los diez argentinos, en Chile fueron detenidas seis personas –una de ellas colombiana– de entre 17 y 23 años. También están acusados de haber participado del ataque “Tormenta del Sur”, en mayo de 2011, para bloquear los sitios de la empresas que están construyendo represas en la Patagonia. En España, las detenciones fueron cuatro –uno de ellos un menor que quedó bajo la custodia de sus padres–. A los españoles se los acusa de “asociación ilícita y daño informático”. Los otros cinco fueron apresados en Colombia.

Bernd Rossbach, director ejecutivo en funciones de los Servicios Policiales de Interpol, aseguró en un comunicado que “esta operación demuestra que la delincuencia en el mundo virtual tiene consecuencias reales para las personas involucradas, y que Internet no puede ser visto como un refugio seguro para la actividad criminal, no importa dónde se origine o a dónde apunte”. Lejos de ser vistos como delincuentes, estos “informáticos anónimos” tienen cada vez más seguidores dispuestos a apoyarlos en sus “cruzadas”.

© Publicado por el Diario Clarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles 29 de Febrero de 2012.