Complicidad escandalosa...
Las maniobras del Gobierno frente a los hechos de Villa Lugano revelan un peligroso coqueteo con la ilegalidad.
Emitido por Pepe Eliaschev en Radio Mitre.
Es deprimente el desenlace que que, hasta el pasado viernes,
venía teniendo la situación creada en la Capital Federal con la toma de tierras
en Villa Lugano. Deprimente, ominoso, presagia las peores realidades.
Estamos
en presencia de un gobierno nacional que ha resuelto hacer todo lo que esté a
su alcance para obstaculizar la marcha de la justicia en el seno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Acá no se trata de ventilar en clave ideologizada una crisis
habitacional que forma parte de una indigencia general del país. Por supuesto
que hay falta de vivienda popular. Por supuesto que existió Sergio Schocklender
y los “Sueños Compartidos” de Hebe Bonafini. Cuando se habla de indigencia en
materia de vivienda, hay que agregar indigencia de salud. Esta semana, millones
de bonaerenses de escasos recursos fueron castigados directamente por la huelga
de personal de salud que nunca afecta a los ricos ni a la clase media, sino a
aquellos que no tienen más remedio que ir a un hospital público.
Villa Lugano no es, en consecuencia, un caso aislado,
excepcional, fácilmente atribuible a un diabólico “neoliberalismo”,
teóricamente atrincherado en la ciudad de Buenos Aires. Es parte de una
realidad que once años de década “ganada” no han podido modificar. Lo cierto es
que no hay una vocación en el Poder Ejecutivo Nacional, no la hay en el
Secretario de Seguridad -que opera como si “su” ministra fuera solo un dibujo-
en torno de la obligación que tienen las fuerzas de seguridad federales para
acatar las decisiones de la Justicia.
No soy de los que creen que la fuerza deba aplicarse
ciegamente, sin tener en cuenta las consecuencias. Pero en los gobiernos de
cuño ideológico auténticamente progresista como, por ejemplo, el de Dilma
Rousseff en Brasil, la decisión de ingresar en zonas en donde, bajo el pretexto
de la precariedad habitacional, se refugian bolsones de delincuencia, no ha
cejado. Por el contrario, es una decisión consagrada por la propia ejecución
política y práctica, con el uso de fuerzas militares, de las órdenes judiciales.
Los corazones sangrantes del autodenominado “progresismo”
pretenden que, en todas las áreas, se aplique un “buenismo” redistribucionista
que ellos naturalmente no van a pagar de su bolsillo. Ninguno de estos
“redistribucionistas” se lleva a los okupas de Villa Lugano a vivir a sus
casas. Al contrario, quieren que sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
al que califican como enemigo, el que pague todos los costos políticos,
prácticos, de seguridad y hasta judiciales.
Llama la atención la revelación de que muchísima gente está
armada en esta ocupación ilegal. Llama la atención que la abrumadora mayoría de
ellos no admite siquiera el elemental censo que le permitiría a las autoridades
saber quién es quién y qué es lo que necesita cada uno.
Hay una pregunta elemental y que hay que hacerse sin
anteojeras ideológicas: si el reclamo es auténtico, si padecen una carencia, si
han sido víctimas de una injusticia social, ¿por qué no quieren dar su nombre?
¿Por qué no quieren decir cuántos son de familia?” ¿Quiénes son los que
realmente manipulan e instrumentan este tipo de movilizaciones?
Si se tratara de una indigencia social, una necesidad
claramente reconocible, ¿por qué las armas? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la
brutalidad? ¿Por qué la barbarie? ¿O todo esto no es más que una vil excusa
para generar actos extorsivos? Es una extorsión de la que ni siquiera es
responsable el más humilde de esos ocupantes, sino los punteros que se
disfrazan ideológicamente de militantes barriales.
Al evitar el desalojo de Villa Lugano este viernes 28 de
febrero, y al no aportar fuerzas federales de seguridad, el gobierno nacional
manifiesta -me da mucha pena decirlo- complicidad con formas implícitas del
delito. Hay, además, una grosera violación del derecho de propiedad. No parece
que hoy en la Argentina estén dadas las condiciones para que las fuerzas
democráticas opositoras reivindiquen la plena legalidad del derecho de
propiedad.
Si este país comienza a consagrar de hecho la violación del derecho
de propiedad, se aniquila el corazón mismo de nuestra Constitución. Muchos no
se atreven a peticionar el respeto por este derecho, porque temen ser
etiquetados de neoliberales, reaccionarios, o retrógrados, cuando en verdad es
una de las garantías -no la única- pero una de las garantías primordiales de
nuestro complejo jurídico institucional.
Deprime, entristece y preocupa lo que ha sucedido en Villa
Lugano. Es evidente que la concepción de que el Gobierno está en guerra y que
al enemigo no hay que darle ni siquiera justicia, ha calado profundamente en la
manera de reaccionar del Poder Ejecutivo, que -además de ineptitud e
incompetencia- acá manifiesta explícita complicidad con terribles formas de la
ilegalidad.
© Escrito el Domingo 03/03/2014 por Pepe Eliaschev y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
