Maldita
complicidad: la prensa y la venta de
Gas del Estado e YPF...
“Aquello por lo que habíamos luchado durante
más de tres décadas se estaba realizando”. Álvaro Alsogaray, en referencia al
gobierno de Carlos Menem y lo que él llamaba “la reforma Menem”, 1993.
El año
1990 no terminó como lo había programado Menem. La corrupción había tapado la
agenda pública y los indultos, a los máximos responsables de la última dictadura
militar y de algunos reconocidos guerrilleros no había sido una decisión feliz.
Se le cuestionaba al presidente su visión de que la amnistía y el indulto,
realmente, serían mecanismos para pacificar al país. La “teoría de los
demonios” nuevamente se imponía como la única visión de lo ocurrido durante la
última dictadura militar, tanto desde los círculos cercanos al gobierno como
desde los grandes matutinos. Las investigaciones especiales de Clarín
continuaban.
Las
privatizaciones disparaban polémicas, denuncias, comentarios y suspicacias. Los
ferrocarriles estaban en la mira. El periodista de Clarín Ricardo Canaletti
decía que los abogados de la propia empresa del Estado no apelaban las
sentencias adversas que obligaban a pérdidas cuantiosas al Estado. Por ese
motivo, se sospechaba de la
Justicia; incluso un juez –Alberto Nicosia– tenía un juicio
político pendiente y era investigado por presunta estafa a empresas del Estado.
La convivencia entre el beneficio particular de varios particulares para quitarle
más dinero a un Estado deshuesado era común. Jueces que fijaban indemnizaciones
a particulares sin prueba alguna, como el caso de un pintor –Luis Carlos
Roselot– que se lastimó al viajar en tren y recibió medio millón de dólares tan
sólo con la prueba de su boleto.[1] Estos hechos eran funcionales a los
periodistas impulsores de las privatizaciones y al propio gobierno, que se
hacía un festín con la ineficacia y la corrupción de las empresas del Estado.
¿Por qué Clarín solo denunciaba irregularidades de formas pero no de
contenidos? Tres días después despotricaba por la falta de inversión del Estado
en los centros de investigación y creación tecnológica:
Se ha
dicho, acertadamente, que la
Argentina debe insertarse en el Primer Mundo. Para ello es
necesario, en primer lugar, desarrollar la economía, incorporar las industrias
dinámicas y acrecentar el acervo tecnológico.[2]
En
Clarín, el analista político Oscar Raúl Cardoso analizaba las perspectivas del
presidente para el año siguiente y se asombraba por su condición de “animal
político” y la forma en que sabía aprovechar los medios masivos de
comunicación: “Nadie en la
Argentina le ha ido mejor que a él con la telepolítica [...]
al retener hoy una buena cuota de la volátil oferta de esperanza argentina, a
pesar del desgaste que supone más de un año de gobierno”.[3] Además, comparaba
a Menem con Maquiavelo por su pragmatismo.
La
semana siguiente –ya corría 1991–, Clarín publicó una nota sobre la polémica
preadjudicación de las redes de acceso a Buenos Aires al grupo Techint. El
diario se puso del lado de los sectores contrarios al gobierno que habían
tomado tal decisión. El intendente de San Isidro, Melchor Posse, fue la única
voz presente en la nota que denunciaba que la preadjudicación no existió sino que
fue una farsa y que Techint iba a ganar 700.000 dólares por día sin hacer
ninguna inversión en las autopistas.[4] El 7 de enero Clarín publicó un extenso
informe especial sobre grandes grupos económicos que ganaban con las
privatizaciones de las empresas del Estado.
La periodista Eleonora Gosman
escribía: “Muchos proveedores del Estado pasaron a ser concesionarios y otros
sumaron empresas estatales o concesiones a sus actividades. Una característica
hasta ahora ha sido la concentración de las ofertas en muy pocos holdings, tema
que preocupa al gobierno nacional”. Ahora, ¿cómo le podía preocupar al gobierno
algo que había provocado él mismo? Gosman realizaba un racconto interesante
sobre la historia de los más importantes grupos económicos nacionales: su aparición
durante la última dictadura militar, su afianzamiento gracias a la política
económica de Martínez de Hoz, su consolidación en tiempos de democracia y
primavera radical, y su expansión durante los primeros años menemistas. Sin
embargo, la nota no concluía de la forma más acertada, a pesar de que citaba a
prestigiosos investigadores como Eduardo Basualdo, ya que afirmaba que “el
conjunto de estos grupos, aun con diferentes situaciones, ha procurado
adaptarse a los cambios iniciados en 1990 y que se definen por un Estado que no
quiere continuar con la política de subsidios, porque debe transferir recursos
hacia el pago de la deuda externa.
Éstas son las nuevas reglas del juego”.[5]
Nuevamente, Clarín pateaba para ambos lados.
Ambivalente como de costumbre, el
diario informaba sobre la concentración económica –a su vez, indicaba que el
gobierno estaba preocupado pero no decía nada sobre su incapacidad o inacción
para resolver la cuestión, si es que tenía la intención de resolverla, como el
matutino decía en el copete del informe especial–. Pero no citaba las múltiples
denuncias de corrupción ni la falta de transparencia en las adjudicaciones de
las empresas del Estado, y dejaba entrever, sobre el final de la nota, que las
privatizaciones eran positivas para el país y su economía, ya que se iba a
dejar de pagar dinero en subsidios hacia los nuevos dueños del Estado. (…)
YPF
es sociedad anónima
La privatización de la explotación
petrolera es una de las herramientas aptas para un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales. Clarín, del 15 de septiembre de 1991, editorial.
Se
ha avanzado en las privatizaciones [...] comenzándose a reducir un Estado
hipertrofiado y abriéndose paso a la actividad privada. Clarín, 11 de
septiembre de 1991, editorial tras los comicios en que el oficialismo resultó
triunfador.
El 9 de enero, la noticia más saliente por
sus consecuencias futuras –aunque no fue tapa de Clarín– fue la creación como
sociedad anónima de la empresa estatal YPF gracias a la que, “más adelante, la
venta de sus acciones en el país y en el extranjero permitirá que se transforme
real y efectivamente en una empresa privada”. La nota glorificaba el decreto presidencial
y el estatuto que lo acompañaba (“pensado para el futuro [...] por su
extraordinaria flexibilidad”). El informe se asemejaba a una propaganda
gubernamental pues no había crítica alguna a la medida ni se reflejaba ninguna
voz opositora; todos parecían estar de acuerdo en la transformación de YPF en
sociedad anónima como comienzo del proceso de privatización de la empresa. “Con
la sujeción de YPF a las normas del derecho privado y el plan de acción que se
adjunta como un anexo del decreto, el Gobierno aspira a eliminar todas las
normas que impidan a la petrolera competir en forma eficiente con el resto de
las siglas del mercado (Shell y Esso, fundamentalmente)”, decía Clarín.[6]
Menem
se rodeó de gente que estaba trabajando para las privatizaciones como Pérez
Companc y Bulgheroni. De hecho, ya tenían distintas áreas de las empresas pero
querían toda la torta, el pedazo más grande. Esto empezó por transformar a YPF
en sociedad anónima. En esta venta no había riesgo por parte de los compradores.
Era simplemente cambiar de mano para seguir sacando petróleo de los pozos y
ganar más y más dinero”. Para Gustavo Calleja, ex secretario de Energía durante
el alfonsinismo, opina que “los medios se encargaron de vender un discurso a
favor de las privatizaciones. Costaba mucho enfrentar ese discurso. Se hablaba
constantemente de la ineficiencia estatal pero no se decía que había sido
provocada, en gran parte, por el propio Menem, quien había destrozado las
empresas públicas. El cuento falsificado de las pérdidas de YPF... nadie que se
precie de saber algo del tema, podría afirmar tal cosa. La plata de YPF –que
era mucha– iba al Estado que hacía caminos, rutas, unía pueblos...
Desde que se
inventó YPF y, más cuando empezamos a contar con toda la renta, con Justo,
creamos los impuestos internos al consumo que eran fondos viales; después
creamos los fondos energéticos. Con toda esa plata, que salía del petróleo, se
desarrolló YPF con cuarenta años de reservas de gas y veinticinco años de
reservas de petróleo. Todo lo que es YPF lo es gracias a la gestión estatal.
Hasta 1989, ese sistema que era tan criticado fue la estructura de la cual aún
estamos viviendo todos”.
Si por
un lado las noticias relacionadas con futuras privatizaciones y desregulación
de la economía ocupaban varias páginas del interior de los diarios analizados,
las denuncias de corrupción empezaban a ganar trascendencia. El caso Swift fue
tapa de Clarín del primer día de 1991. Las malas noticias para la opinión
pública en general, no disminuyeron con la llegada del nuevo año: aumento del
costo de vida de un 4,7% (tapa de Clarín del 4 de enero) y del gas (tapa de
Clarín del 11 de enero). Menem exhortaba a votar a sus candidatos en las
próximas elecciones parlamentarias.
Clarín criticaba al gobierno y a su plan
económico ya que, decía el matutino, no existían muchas esperanzas de un
crecimiento superlativo en materia económica. El editorial señalaba que “las
políticas en curso se encaminan tan sólo a administrar la crisis presente, a
actuar sobre la coyuntura y a conformarse con un comportamiento económico que
sólo implica permanecer en el estancamiento”. Clarín no creía en un aumento de
la recaudación fiscal y pedía la formulación de una política de crecimiento,
“para recapitalizar las unidades productivas y adecuarlas a las necesidades de
la competencia local e internacional [...] Sin este requisito, el año que se
inicia será una copia sin muchas variaciones de los pasados años de frustración
y pobreza”.[7]
A mitad
de enero, una noticia que ocupaba menos de media carilla, perdida en el
interior del matutino, explicaba en qué consistía el futuro control externo de
las privatizaciones. Los significados de tal decisión parecían, para Clarín,
desviar la atención de las denuncias de corrupción y agilizar el desembolso de
240 millones de dólares de préstamo de parte del FMI y del Banco Mundial. En
ningún momento se mencionaba la palabra “soberanía”: es más, se señalaba en la
nota que, “así, el papel fiscalizador que debería tener el Congreso de la Nación queda reemplazado
por el de organismos internacionales”.[8]
Carlos Menem, además, explicaba las
razones de la desaparición del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y
afirmaba que “todo el proceso de concesiones y privatizaciones va a continuar
hasta cambiar totalmente el Estado elefantiásico, ineficaz y corrupto que hemos
heredado de varios años de desencuentros”.[9] Con Dromi, separado del poder de
su antiguo y ahora desaparecido ministerio, Domingo Cavallo se erigía como el
gran triunfador de la contienda interna en el gabinete menemista. Cavallo
llegaba al Ministerio de Economía que, a su vez, asumía las funciones del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En su lugar, se creaba el Ministerio
de Justicia con Raúl Granillo Ocampo en el mando. Las nuevas medidas económicas
eran un mayor ajuste, la eliminación de la obligación de liquidar las divisas
de las exportaciones, la duplicación del impuesto al cheque y la eliminación de
los redescuentos para los bancos de las provincias. (…)
El gas y el petróleo
Hay que
salvar la dignidad del Congreso. La
Nación, 29 de marzo de 1992 tras el escándalo del
“diputrucho”.
La
magnitud del déficit real [...] encierra una lección que debería resultar
inolvidable para los que creyeron, creen o aún dicen creer que el Estado puede
realizar con eficiencia tareas que exceden sus funciones indelegables. La Nación, 20 de marzo de 1992, a propósito del
proyecto oficialista de reforma previsional.
El 17
de marzo de 1992 se produjo el atentado a la Embajada de Israel y,
desde ese día, durante varias semanas, la noticia fue tapa de los principales
matutinos del país. Al día siguiente del terrible ataque sufrido por la
comunidad judía, en particular y el país todo en general, el presidente Menem
atribuía la autoría del hecho a los carapintadas.[10]
El tema
de las futuras privatizaciones y las consecuencias por la venta de las empresas
públicas permanecía inalterable en la agenda pública. Las repercusiones por los
atrasos en los pagos por parte de Iberia, referente a la compra de Aerolíneas
Argentinas, funcionaban de disparador para que La Nación rechazase las
opiniones que, con cada vez más fuerza, se alzaban en contra de esa
privatización. El matutino de los Mitre no ahorraba críticas contra el ya
mencionado “grupo de los 8”
(legisladores disidentes del Partido Justicialista) por su “propuesta fuera de
lugar con un marcado tinte ideológico [...] empresas públicas cuya ineficiencia
y multimillonarias pérdidas no parecen ser suficientes para convencer a estos
empecinados defensores de un estatismo que la sociedad ha rechazado
concluyentemente en las urnas”.[11] Bernardo Neustadt tiene razón al declarar
que “había editoriales de los diarios de la época que [...] proponían regalar a
las empresas a cambio de que alguien las viniera a gerenciar”.
A La Nación poco parecían
importarle los pagos atrasados de Iberia y que los contratos no se respetasen.
Al finalizar esa semana, el propio presidente Carlos Menem firmaba una nota de
opinión, en el diario La Nación,
en la que le contestaba a sus críticos: “Nuestra sociedad, con un Estado
descomunal y amorfo, con un comercio desaforado, con asalariados sin ninguna
noción del valor del poco dinero que recibían, se había convertido en un caos,
que hacía inescrupulosos a todos”.[12] Muchos intereses estaban en juego y, por
ello, por lo menos una vez al mes el presidente, su ministro de Economía o
alguno de los tecnócratas de la Fundación Mediterránea
publicaban sus opiniones políticas, económicas y sociales en los más
importantes matutinos, preferentemente en La Nación. Entre esos
intereses estaba reformar el sistema previsional que impulsaba el “súperministro”.
A La Nación
también le preocupaban esos cambios y, partiendo del proyecto oficialista,
realizaba una nueva descarga contra el Estado por su “bancarrota e impericia
histórica”. Además, dejaba en claro que nunca más las empresas públicas
deberían volver a manos del Estado: “La magnitud del déficit real y potencial
que evidentemente empuja al actual gobierno a liquidar buena parte de ese
sistema y la carga de inequidades con que ese cambio vendrá acompañado
encierran una lección que debería resultar inolvidable para los que creyeron,
creen o aún dicen creer que el Estado puede realizar con eficiencia tareas que
exceden sus funciones indelegables”. Es que, decía La Nación, “el Estado ha
fallado como administrador y avalista del sistema previsional y sólo queda
apelar a la mayor capacidad de control y ejecución de la economía privada”.[13]
Gustavo
Calleja aún recuerda ese triste 26 de marzo de 1992 porque estuvo ahí. “Lo de
Gas del Estado fue terrible porque unos días antes de la venta uno de los capos
de Petrobrás, en un reportaje, le dice a su interlocutora que la empresa
argentina valía 25.000 millones de dólares así como estaba. Y se vendió
regalada a 2.000 millones de dólares en efectivo, 1.000 millones del pasivo a
cargo y 2.000 millones de dólares en bonos a un valor irrisorio. Además la
rompieron antes, la saquearon. Para colmo los argumentos en el Senado todavía
los recuerdo que decían cada disparate. Por ejemplo, las leyes del marco
regulatorio se las había mandado el Banco Mundial y ellos lo único que hicieron
fue traducirlas, ¡no las iban a presentar en inglés! Fue terrible”, recuerda
Calleja. Pero la venta de Gas del Estado hubiese pasado desapercibida para la
inmensa mayoría de la opinión pública si no se hubiese descubierto a un señor
de edad avanzada, sentado en una banca que levantó su mano para votar a favor
de la venta de la empresa del Estado. Posteriormente, al conseguir el quórum
necesario para obtener la privatización, este señor huía al ser descubierto por
la prensa. Un periodista de Clarín se le acercó a este personaje y le preguntó
qué estaba haciendo, pero el “diputrucho” dejó el recinto, internándose en el
despacho del diputado Alberto Pierri.
Nada cambió lo inmodificable y Gas del
Estado se vendió al poco tiempo. La cobertura de semejante noticia, aún no deja
de sorprender. Al día siguiente, La
Nación ubicó la noticia en la parte derecha de su tapa
principal, con el sugestivo título “Enfrentamiento peronista-radical”.[14] En
la nota informaba que un falso legislador (el término “diputrucho” fue una
creación de algún sagaz editor de Clarín) facilitó el quórum necesario para
aprobar el marco regulatorio de Gas del Estado. Dos días después, el matutino
de los Mitre pedía “salvar la dignidad del Congreso” pues “es menester un
esfuerzo convincente de los legisladores y de los partidos para limpiar la vida
parlamentaria de prácticas y vicios que dañan el prestigio de uno de los
poderes del Estado”.[15] Finalmente, el diario daba su opinión sobre el falso
diputado: las culpas, creía, eran del ausentismo de la oposición porque se
había negado a dar el quórum necesario y, en cierta forma, había estimulado
tales prácticas, aunque no podían ser compartidas por el medio ni por nadie.
Luego de que Gas del Estado se privatizase, cuatro mil personas perderían su
trabajo.
Clarín
realizó de ese hecho una extensa cobertura en la que no ahorró críticas al
gobierno. No dudó el titular de escandaloso lo sucedido y calificó de intruso
al supuesto allegado del diputado Julio Manuel Samid, hermano del “rey de la
carne”. Los cronistas de aquella jornada manifestaron sus dudas acerca de si el
quórum, que había logrado conseguir con inmenso esfuerzo el gobierno, había
sido lícito y si efectivamente había existido. Mientras tanto Pierri, el
titular de la cámara de Diputados, negaba los hechos y explicaba lo sucedido
como una “chicana política del radicalismo”.[16] Dos días después, Eduardo van
der Kooy escribía que “se pretendió sancionar ilegalmente la privatización del
gas y se desnudó la desaprensión que calzan los hombres del oficialismo para
alcanzar sus objetivos”. El periodista hablaba de parodia y de una nueva
impericia de un gobierno que se alejaba cada vez más de la gente. Sin embargo,
en ninguna nota de opinión del diario de Noble jamás se cuestionó la privatización
del gas pero sí la forma escandalosa en que se estaba llevando a cabo. La Nación, en cambio,
minimizaba lo sucedido y no le otorgaba la importante cobertura de Clarín, que
ya tenía una suerte de nueva sección diaria, “Escándalo en el Congreso”.
En la
tapa de Clarín del 28 de marzo se informaba sobre la nueva votación propuesta
por el Partido Justicialista, luego de la fraudulenta sesión del 26 del mismo
mes. El diputado Pierri continuaba negando que él hubiera llevado al intruso a
su despacho y reconocía la “grave anomalía”. Al día siguiente el diario se
preguntaba por qué los diputados del partido gobernante habían cambiado de
opinión y, ahora, apoyaban las versiones periodísticas. El periodista Armando
Vidal popularizaba la expresión “diputrucho” y decía que el caso ya había
ganado la calle ya que era “un hecho sin precedentes”. Al día siguiente, Vidal
hablaba de “voto fantasma” al referirse a Juan Abraham Kenan, quien no era el
primer falso diputado pero sí el primero en descubrirse, escribía el periodista.
Vidal finalizaba la nota cuestionando la decisión del presidente de la Cámara de Diputados,
Alberto Pierri, de prohibir el acceso al recinto a los periodistas, pues, si
tal medida hubiese existido el 26 de marzo, el “diputrucho” hubiese quedado
impune.
Por
varias semanas, el tema siguió presente en ambos diarios pero de distintas
formas. Si Clarín cuestionó desde el primer momento la manera en que se había
aprobado la ley que permitía la privatización de Gas del Estado y había
investigado lo sucedido en la
Cámara alta en esa acalorada sesión del 26 de marzo, La Nación puso en duda lo que
en Clarín eran certezas y evitó denunciar lo ocurrido esperando la decisión de la Justicia. En abril, La Nación reprodujo casi la
totalidad de las declaraciones de los diputados oficialistas, sin dar lugar a
los cuestionamientos de los partidos opositores. Las figuras periodísticas del
diario de los Mitre evitaron editorializar sobre el “diputrucho”. En esos días,
Mariano Grondona, por enésima vez, defendía el ajuste económico de Menem
explicándolo como un mal necesario:
Llamamos
“ajuste” al paso doloroso e incierto del estatismo al capitalismo [...] El
problema del ajuste es que encuentra, en principio, reticencia o resistencia
popular. Supongamos que se le dice a un enfermo crónico que, después de una
operación dolorosa, va a mejorar. Sin embargo él, como los pueblos en ajuste,
desearía obtener la salud prometida sin pasar por la cirugía perturbadora. Esto
es, simplemente, humano.
El 27
de septiembre de 1992 aparecía publicada en ambos matutinos una solicitada de
carilla entera titulada “Hola, futuro” en la que el gobierno festejaba haber
convertido en ley el proyecto de la privatización de YPF, la mayor empresa
estatal argentina. El periodista Fernando Laborda observaba las reuniones
previas de funcionarios del gobierno con los diputados de extracción sindical
que habían ayudado a obtener el quórum necesario para aprobar la ley. Atilio
Cadorín se extrañaba de los cambios de opinión de algunos legisladores acerca
de la privatización de YPF; a su vez, le pedía al gobierno agilizar los
trámites para sacar la ley de flexibilización laboral. Por esos días, Eduardo
van der Kooy contaba en Clarín las preocupaciones de distintos sectores por el
deseo reeleccionista de Carlos Menem y sus proyectos de reformar la
constitución (“Menem parecía seguir estando distante de las prioridades
populares”). El debate por la privatización de YPF se encontraba en su momento
más álgido.
Las provincias productoras de petróleo apoyaban el proyecto
oficialista y pedían a los diputados que se sentaran a dar quórum. Uno de los
gobernadores que se alzaban como líder del grupo de los lobbistas por la
aprobación de la ley, como lo llamaba Clarín, era el de la provincia de Santa
Cruz, Néstor Kirchner. Luego de sancionada la ley, el matutino de Noble evaluó
el hecho como un éxito del gobierno frente a la oposición radical. Eduardo van
der Kooy advertía que el gobierno debía encarar esta privatización con
transparencia ya que no había “margen para que se reiteren, las experiencias
que convirtieron a ENTEL y a Aerolíneas Argentinas en dos piezas del
escándalo”.
Al día siguiente, Clarín se preguntaba quién compraría YPF y se
preocupaba de que las empresas más importantes del mundo no tuvieran planeado transformarse
en accionista de la misma. A la semana de aprobarse la venta de YPF, comenzaron
a surgir versiones de posibles pagos de coimas a distintos legisladores para
que aprobasen el proyecto oficialista.
Nuevamente Clarín investigó la denuncia
y La Nación
miró para otro lado. Así, el 30 de septiembre, día en que se difundió tal
rumor, Clarín le otorgó tres páginas al tema y La Nación lo pasó por alto.
© Escrito por Luis Gasulla, Autor del libro
“Relaciones Incestuosas. Los grandes medios y las privatizaciones” (Biblos, 2010)
Las "negritas" del texto son de mi autoria.
Referencias
[1]
Ricardo Canaletti, “Intimidades de los peritos. Los juicios contra los
ferrocarrilles”, Clarín, 24 de diciembre de 1990, pp. 6-7.
[2]
“Nuestro retroceso tecnológico” (editorial), Clarín, 27 de diciembre de 1990,
p. 8.
[3]
Oscar Raúl Cardoso, “El examen del 91”,
Clarín, 27 de diciembre de 1990, pp. 8-9.
[4]
“Preadjudicaron al grupo Techint las redes de acceso a Buenos Aires”, Clarín, 3
de enero de 1991, p. 23.
[5]
Eleonora Gosman, “Los grupos que ganan con las privatizadas”, Clarín, 7 de
enero de 1991, pp. 10-11.
[6]
“YPF busca operar con el sector petrolero privado”, Clarín, 9 de enero de 1991,
pp. 12-13.
[7]
“Cambiar la perspectiva” (editorial), Clarín, 6 de enero de 1991, p. 12.
[8]
“Control externo de las privatizaciones”, Clarín, 15 de enero de 1991, p. 7.
[9]
“Las razones de Menem”, Clarín, 15 de enero de 1991, p. 7.
[10]
“Menem acusó por el atentado a los carapintadas”, La Nación, 18 de marzo de
1992, tapa.
[11]
“Oportunista defensa del estatismo” (editorial), La Nación, 18 de marzo de
1992, p. 8.
[12] Carlos
Saúl Menem, “En un nuevo camino”, La
Nación, 25 de marzo de 1992, p. 7.
[13]
“Bancarrota y reforma previsional”, La Nación, 20 de marzo de 1992, p. 8.
[14] La Nación, 27 de marzo de
1992, tapa.
[15]
“Hay que salvar la dignidad del Congreso” (editorial).
[16]
Armando Vidal, “Escándalo por un intruso en Diputados”, Clarín, 27 de marzo de
1992, tapa, pp. 6-7.
