Todos terroristas...
Protestas: un coche arde en la avenida Néstor Kirchner de Río Gallegos,
Santa Cruz, el jueves 29.
Santa Cruz, el jueves 29.
Quizás en unos años, cuando haya que relatar el kirchnerismo, muchos coincidirán en que el momento del quiebre, el momento en que todo empezó a verse distinto fue cuando el gobierno de la doctora Fernández dictó su Ley Antiterrorista. Dirán que ya había habido otros signos, que las represiones con muertos en varias de sus provincias, que las peleas con sus organizaciones sindicales, que el desprestigio de sus organismos de derechos humanos, que los primeros ajustes económicos, pero que nada definió tanto su curso de acción como esa ley penosa.
Sucedió hace cuatro días. Fue la última noticia de un año lleno de noticias –y no fue de las más discutidas. La aprobó un parlamento con mayoría oficialista –que no necesita debates o negociaciones– y la promulgó la señora presidenta con un decreto publicado en el Boletín Oficial del miércoles 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, al mismo tiempo que los diarios llenaban páginas y más páginas con la bomba de la noche anterior: que la doctora también tenía cáncer. En síntesis: un gobierno que se presenta como democrático y popular acaba de sancionar una ley que dice que cuando algún delito del Código Penal “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala (la pena) se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
La formulación es tan imprecisa que permite que cualquier juez decida que cualquier acto fue cometido con esa finalidad –¿cómo se define qué aterroriza a una población? ¿cómo se sabe cuándo una población está aterrorizada? ¿cómo se juzga una intención?– y doblar la pena. El gobierno dice que lo hizo para contener los “golpes de mercado”; está claro que se puede usar para tantas otras cosas. Aunque hayan agregado al final un párrafo que dice que esas agravantes “no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Roberto Gargarella, jurista reconocido, lo comentaba en una entrevista:
–Ese agregado que dice “salvo que usted esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo” es risible: un juez tarda diez segundos o menos para descartarlo. Un juez puede decir: “por supuesto esto nunca se podrá invocar si usted está haciendo uso legítimo de un derecho; ahora, usted está cortando una calle, cortar la calle no es hacer un uso legítimo de un derecho, ergo, usted es un terrorista”. Ese aclarado es algo que los diputados con vocación progresista se han querido dar a sí mismos para justificarse ya que estaban mostrando su peor cara.
Los “diputados (kirchneristas) con vocación progresista” votaron la ley como un solo hombrecito y sin chistar. Pero si obedecer es una forma de servilismo, a veces es más servil cierta manera del disenso: leve, tibia, para que después no digan que no lo dije. Así, Hebe de Bonafini cuando declaró que el gobierno debería “revisar un poquito” la ley, o los legisladores kirchneristas en la ciudad susurrando que "ojalá la presidenta derogue” lo que acababa de promulgar, o el director de la Biblioteca Nacional Horacio González comprendiendo “los motivos que llevaron a que se elabore la ley, pero su nombre y muchos de sus fundamentos sería bueno que en otra ocasión parlamentaria pueda ser revisto”. Y tratando de hablar de otra cosa y olvidar el sapo calentito. Que rompe con –por lo menos– tres bases del discurso oficial:
La primera es que este gobierno no acepta presiones de organismos internacionales. Porque, como repitió el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni –y reconocieron muchos otros– la ley fue un pedido de un organismo internacional de segunda categoría, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. “El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar el movimiento financiero”, dijo el juez. Y los rumores –siempre los rumores– insistían en que la ley fue una condición que los Estados Unidos pusieron para mantener a la Argentina en el G-20, gran tribuna para que la presidenta vaya a dar lecciones de audaz autonomía.
La segunda, que este gobierno no agita el espantajo del terrorismo porque eso es lo que hacía la dictadura. Porque, como decía en un artículo tuitero el filósofo Eduardo Grüner, hay que atreverse a usar una palabra como “terrorismo” en un país con la historia que tiene la Argentina. “La enorme ironía –habría que decir, más bien, sarcasmo– es que este gobierno, que se precia con razón de haber impulsado tantos juicios por crímenes de lesa humanidad, sólo había empleado el término ‘terrorismo’ para hablar del terrorismo de Estado. Habría mucho que decir sobre esta verdadera perversión lingüística que viene a sumarse a la legal, invirtiendo el uso de palabras ‘sagradas’: hasta ahora, los “terroristas” eran ellos (Videla y compañía); ahora podemos serlo también nosotros, casi cualquiera”.
La tercera, que este gobierno no reprime la protesta social. Porque lo viene haciendo, a través de las administraciones provinciales, sin piedad y sin descanso, pero esta ley lo pone negro sobre blanco en el Boletín Oficial. Por eso es casi un chiste cuando políticos oficialistas –como Estela de Carlotto, Abuela de Plaza de Mayo– dicen que es cierto, que en manos de un "próximo gobierno represor" esta ley podría ser terrible; los que han contado la cantidad de muertos en protestas sociales que hubo en el último año piensan que éste ya lo es, y que esta ley les va a facilitar las cosas.
Es un nuevo instrumento, un modo de legitimar: ahora cualquier juez puede decidir que un muchacho detenido por cortar una calle y quemar unas gomas estaba tratando de aterrorizar a la población o, peor, de “obligar a las autoridades” a –digamos– aumentar sueldos, y meterlo en la cárcel unos años. La torta se achica y vienen tiempos de ajustes, de pelea social. El jueves pasado la capital de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, estaba ocupada por empleados públicos que protestaban contra el recorte de jubilaciones; la presidenta tuvo que retrasar su vuelta a casa. El mismo jueves Carlos Soria, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Estado y nuevo gobernador de otra provincia patagónica, Río Negro, hizo aprobar una ley que pasó a disponibilidad a la mitad de los empleados públicos. (Y este domingo 1 de enero amaneció con un tiro en el ojo: la versión oficial dice que fue un "accidente doméstico"). Hubo medidas parecidas –recortes, no tiros en los ojos– en Neuquén, Chubut, Neuquén, Chaco, Catamarca, Mendoza, Córdoba.
Y seguramente serán parecidamente resistidas. Entonces, para poner un freno a los que pidan, los jueces podrán usar la Ley Antiterrorista que acaba de votar el kirchnerismo para profundizar el modelo, para ahondar su estirpe nacional y popular: para dejar caer ciertas caretas.
Sucedió hace cuatro días. Fue la última noticia de un año lleno de noticias –y no fue de las más discutidas. La aprobó un parlamento con mayoría oficialista –que no necesita debates o negociaciones– y la promulgó la señora presidenta con un decreto publicado en el Boletín Oficial del miércoles 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, al mismo tiempo que los diarios llenaban páginas y más páginas con la bomba de la noche anterior: que la doctora también tenía cáncer. En síntesis: un gobierno que se presenta como democrático y popular acaba de sancionar una ley que dice que cuando algún delito del Código Penal “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala (la pena) se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”.
La formulación es tan imprecisa que permite que cualquier juez decida que cualquier acto fue cometido con esa finalidad –¿cómo se define qué aterroriza a una población? ¿cómo se sabe cuándo una población está aterrorizada? ¿cómo se juzga una intención?– y doblar la pena. El gobierno dice que lo hizo para contener los “golpes de mercado”; está claro que se puede usar para tantas otras cosas. Aunque hayan agregado al final un párrafo que dice que esas agravantes “no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Roberto Gargarella, jurista reconocido, lo comentaba en una entrevista:
–Ese agregado que dice “salvo que usted esté haciendo ejercicio de un derecho legítimo” es risible: un juez tarda diez segundos o menos para descartarlo. Un juez puede decir: “por supuesto esto nunca se podrá invocar si usted está haciendo uso legítimo de un derecho; ahora, usted está cortando una calle, cortar la calle no es hacer un uso legítimo de un derecho, ergo, usted es un terrorista”. Ese aclarado es algo que los diputados con vocación progresista se han querido dar a sí mismos para justificarse ya que estaban mostrando su peor cara.
Los “diputados (kirchneristas) con vocación progresista” votaron la ley como un solo hombrecito y sin chistar. Pero si obedecer es una forma de servilismo, a veces es más servil cierta manera del disenso: leve, tibia, para que después no digan que no lo dije. Así, Hebe de Bonafini cuando declaró que el gobierno debería “revisar un poquito” la ley, o los legisladores kirchneristas en la ciudad susurrando que "ojalá la presidenta derogue” lo que acababa de promulgar, o el director de la Biblioteca Nacional Horacio González comprendiendo “los motivos que llevaron a que se elabore la ley, pero su nombre y muchos de sus fundamentos sería bueno que en otra ocasión parlamentaria pueda ser revisto”. Y tratando de hablar de otra cosa y olvidar el sapo calentito. Que rompe con –por lo menos– tres bases del discurso oficial:
La primera es que este gobierno no acepta presiones de organismos internacionales. Porque, como repitió el juez de la Suprema Corte Raúl Zaffaroni –y reconocieron muchos otros– la ley fue un pedido de un organismo internacional de segunda categoría, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. “El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar el movimiento financiero”, dijo el juez. Y los rumores –siempre los rumores– insistían en que la ley fue una condición que los Estados Unidos pusieron para mantener a la Argentina en el G-20, gran tribuna para que la presidenta vaya a dar lecciones de audaz autonomía.
La segunda, que este gobierno no agita el espantajo del terrorismo porque eso es lo que hacía la dictadura. Porque, como decía en un artículo tuitero el filósofo Eduardo Grüner, hay que atreverse a usar una palabra como “terrorismo” en un país con la historia que tiene la Argentina. “La enorme ironía –habría que decir, más bien, sarcasmo– es que este gobierno, que se precia con razón de haber impulsado tantos juicios por crímenes de lesa humanidad, sólo había empleado el término ‘terrorismo’ para hablar del terrorismo de Estado. Habría mucho que decir sobre esta verdadera perversión lingüística que viene a sumarse a la legal, invirtiendo el uso de palabras ‘sagradas’: hasta ahora, los “terroristas” eran ellos (Videla y compañía); ahora podemos serlo también nosotros, casi cualquiera”.
La tercera, que este gobierno no reprime la protesta social. Porque lo viene haciendo, a través de las administraciones provinciales, sin piedad y sin descanso, pero esta ley lo pone negro sobre blanco en el Boletín Oficial. Por eso es casi un chiste cuando políticos oficialistas –como Estela de Carlotto, Abuela de Plaza de Mayo– dicen que es cierto, que en manos de un "próximo gobierno represor" esta ley podría ser terrible; los que han contado la cantidad de muertos en protestas sociales que hubo en el último año piensan que éste ya lo es, y que esta ley les va a facilitar las cosas.
Es un nuevo instrumento, un modo de legitimar: ahora cualquier juez puede decidir que un muchacho detenido por cortar una calle y quemar unas gomas estaba tratando de aterrorizar a la población o, peor, de “obligar a las autoridades” a –digamos– aumentar sueldos, y meterlo en la cárcel unos años. La torta se achica y vienen tiempos de ajustes, de pelea social. El jueves pasado la capital de Santa Cruz, la provincia de los Kirchner, estaba ocupada por empleados públicos que protestaban contra el recorte de jubilaciones; la presidenta tuvo que retrasar su vuelta a casa. El mismo jueves Carlos Soria, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Estado y nuevo gobernador de otra provincia patagónica, Río Negro, hizo aprobar una ley que pasó a disponibilidad a la mitad de los empleados públicos. (Y este domingo 1 de enero amaneció con un tiro en el ojo: la versión oficial dice que fue un "accidente doméstico"). Hubo medidas parecidas –recortes, no tiros en los ojos– en Neuquén, Chubut, Neuquén, Chaco, Catamarca, Mendoza, Córdoba.
Y seguramente serán parecidamente resistidas. Entonces, para poner un freno a los que pidan, los jueces podrán usar la Ley Antiterrorista que acaba de votar el kirchnerismo para profundizar el modelo, para ahondar su estirpe nacional y popular: para dejar caer ciertas caretas.
© Escrito por Martín Caparrós y publicado por el Diario El País de Madrid el lunes 2 de Enero de 2011.
