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domingo, 29 de agosto de 2021

Una Constitución progresista y laica… @dealgunamaneraok...

 Una Constitución progresista y laica…

Hace 100 años, en agosto de 1921, se sancionó una Constitución pionera en la provincia de Santa Fe. El proyecto, de avanzada en materia de derechos sociales y laicismo, quedó trunco por los avatares políticos de esos años. Oscar Blando reconstruye aquí su historia y rinde un homenaje a aquella propuesta progresista. 

© Escrito el martes 13/08/2012 por Oscar Blando y publicado en el Diario La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

El 13 de agosto de 1921 se sanciona en Santa Fe un texto que es con justicia citado como referente de una de las reformas institucionales más progresistas de su época en la Argentina, avanzada en Latinoamérica y adscripta al constitucionalismo social como lo fueron la Constitución de México de 1917 y la de Weimar de 1919. Casi 28 años antes de la Constitución de 1949, aquel texto incorporaba por primera vez el reconocimiento de los derechos sociales estableciendo las transgresoras “Bases del régimen económico y del trabajo” y consagraba, entre otros logros institucionales, el régimen municipal autonómico permitiendo las formas semi directas de democracia (referéndum, plebiscito y revocatoria de mandatos) y el voto de los extranjeros y las mujeres (con derecho a elegir y ser elegidas a nivel local). También por primera vez, propuso un Estado laico, separando Iglesia y Estado. Esa Constitución que no pudo ser aplicada pese a su unánime sanción en 1921, fue puesta en vigencia en 1932 durante el Gobierno del Dr. Luciano Molinas. Una aviesa intervención federal en 1935 frustraría el gobierno santafesino y anularía esa Constitución. Hoy, a 100 años de su sanción, constituye un antecedente imprescindible para el derecho público provincial argentino y en especial para la Provincia de Santa Fe, que más temprano que tarde, reformará su actual Constitución de 1962 y seguramente incorporará a la nueva carta magna provincial, algunas de las sabias instituciones que aquella consagraba. 

LA CONSTITUCIÓN Y EL CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO. 

En los comienzos del Siglo XX la crisis del capitalismo había conducido a la primera gran guerra europea. Frente a ello aparecieron experiencias que fueron parte de una respuesta política y social a “ese capitalismo desembridado de la belle èpoque”. La revolución alemana de noviembre de 1918, así como la instauración de la república de Weimar y su Constitución un año más tarde, fueron parte de ese intento superador: la alternativa republicana intentó proyectar su vocación democratizadora a todos los ámbitos, mostrando que la parlamentarización y la democratización de las anquilosadas estructuras políticas del Imperio eran inseparables de la parlamentarización y de la democratización radical de las estructuras económicas, comenzando por la gran empresa capitalista y por las concentraciones cuasi-feudales de la tierra. La conquista y defensa de la democracia política, en otras palabras, no podía entenderse al margen de la democracia económica, industrial y agraria. Y la profundización de ambas, a su vez, constituía el horizonte irrenunciable de un republicanismo socialista digno de ese nombre. 

Dos años antes, se dicta la Constitución Mexicana de 1917, que fue la primera Constitución que al epíteto de política agregó el de “social” y se proyectó a la humanidad. En una línea similar puede citarse a la Constitución soviética de 1918, constituyendo, ambas, “hijas de sendos intentos de republicanización revolucionaria, las que importaban el reconocimiento de derechos sociales dirigidos a asegurar las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad”. 

Casi 28 años antes de la Constitución de 1949, aquel texto incorporaba por primera vez el reconocimiento de los derechos sociales estableciendo las transgresoras “Bases del régimen económico y del trabajo” y consagraba, entre otros logros institucionales, el régimen municipal autonómico. 

A su vez, el período delimitado por las dos guerras mundiales durante el siglo XX es para la Argentina un laboratorio de intensas transformaciones. Un pasaje entre dos Argentinas signado por tres grandes portales: el de 1912, con la ampliación de la ciudadanía política de la mano de la democracia electoral y la imposición de la obligatoriedad del sufragio; el de 1930, como epicentro de una crisis del modelo de acumulación y de la dominación política; y la coyuntura crítica alrededor del año 1945, de la que emergería un nuevo sujeto político, el peronismo. 

Fruto de aquellas reformas electorales, a partir de 1911, e impulsadas por el Presidente Roque Sáenz Peña -la ley de enrolamiento general, la de formación del padrón electoral y la de elecciones nacionales o ley “Sáenz Peña” propiamente dicha- se inicia el período del radicalismo en el poder entre 1916 y 1928. 

Uno de los primeros distritos en los que la reforma política de 1912 permite el acceso del partido radical al poder político es Santa Fe. Desde esa fecha inaugural para la democracia electoral y hasta 1930 el sistema de partidos en el espacio provincial se organiza sobre la base de la centralidad del radicalismo como partido de gobierno, con características de partido predominante y una alta conflictividad interna. Esa capacidad electoral del radicalismo potencia los enfrentamientos en el seno de la organización y termina por conformar dos fuerzas electorales diferenciadas y competitivas: la Unión Cívica Radical (UCR) Santa Fe, antipersonalista; y la UCR Comité Nacional yrigoyenista. Mientras tanto, el Partido Demócrata Progresista (PDP), se afirma como partido de oposición, con un fuerte peso en la zona sur de la provincia, una interesante participación parlamentaria y un alto protagonismo en el debate político ideológico que caracteriza a la política santafesina en los primeros años de la década del veinte. Uno de los puntos más álgidos de ese debate, que desdibuja las fronteras partidarias, se constituye a partir del reconocimiento de la necesidad de reformar la constitución provincial vigente desde comienzos del siglo. Esa reforma será impulsada sustancialmente por el partido de Lisandro de la Torre y durante el radicalismo en el gobierno, será sancionada en 1921, la Constitución. 

EL MALESTAR CON LA CONSTITUCIÓN. 

Como ha señalado el historiador Diego Roldán: «La Constitución de 1921 se convertiría en una bisagra en el pasado de la Provincia de Santa Fe donde competirían proyectos e identidades divergentes: la oposición entre la centralización y la descentralización, entre la laicización y el catolicismo, entre la modernización y el tradicionalismo». 

El texto se adscribe, como fue dicho, a las líneas conceptuales del llamado «constitucionalismo social», que inauguraron sólo unos años antes en el mundo las Cartas de México (1917) y la de Weimar (1919), pero, además, propone una reforma progresista de importancia: el cambio de relación entre Iglesia y Estado y, con él, introduce en el debate político ideológico la “cuestión religiosa”, recuperando la vieja tradición laicista inaugurada en la Provincia por Nicasio Oroño. Laicismo y cuestión social serían, en definitiva, las claves de la resistencia a la nueva Constitución y a los gobiernos que la impulsaron. 

El punto de partida de los reclamos reformistas de la Constitución de 1900 por entonces vigente en Santa Fe tiene como punto de referencia a la Liga del Sur fundada por Lisandro de la Torre en 1908. Esta agrupación representaba el reclamo de ciertas fracciones de la burguesía comercial, financiera y agraria sureñas de concluir con el marginamiento en las decisiones de poder. La Liga del Sur procuraba un doble objetivo: sacudirse el peso de la sujeción política de la burocracia instalada en la capital provincial y estimular un conjunto de transformaciones en las instituciones políticas -especialmente municipales- de la Provincia. 

En efecto, el programa de la Liga del Sur pretendía ensanchar las bases de legitimidad política: reformando la composición del cuerpo electoral; introduciendo la representación de las minorías a través del sistema de lista incompleta; reconociendo a cada distrito rural el derecho de elegir por el voto de los nacionales e incluso de los extranjeros a las autoridades policiales, a la Justicia de Paz, a las Comisiones de Fomento (que hasta entonces las elegía el Gobernador) y al Consejo Escolar. Pero sustancialmente la Liga pretendía “romper con la estructura monolítica del poder provincial” y para ello la propuesta reconocía por primera vez “la autonomía municipal para las ciudades de Rosario y Casilda” y el “Intendente municipal electivo”. Este reclamo de descentralización y de mayor participación política exigía para su formalización la reforma de la Constitución de 1900, temas todos que fueron incorporados luego a la Constitución de 1921. 

Es así que en el Capítulo III que se refiere al “Régimen Electoral” de la Constitución de 1921 se establece que la “representación política, tiene por base la población” y en el caso del Senado será elegido uno por departamento, salvo la ciudad capital que elegiría dos senadores y Rosario tres. También amplía la base electoral: se otorga el derecho al sufragio a los extranjeros y a las mujeres el de elegir y ser elegidas para los cargos locales. Pone límite a los grandes poderes del Gobernador: no sólo impide su reelección y la del Vice, sino incrementa las atribuciones del Poder Legislativo contemplando la facultad de las Cámaras de abrir por sí mismas y prorrogar sus sesiones, de autoconvocarse cuando un asunto de grave interés lo requiera y designar comisiones investigadoras con amplios poderes. 

Laicismo y cuestión social serían, en definitiva, las claves de la resistencia a la nueva Constitución y a los gobiernos que la impulsaron. 

El nuevo texto, que vino a suplantar la Constitución de comienzos del siglo XX en Santa Fe, consagró, antes que en la Nación, los derechos de los trabajadores y de los más necesitados y para evitar las “venganzas políticas” de los gobiernos, garantizó la estabilidad del empleado público. Estableció las “Bases de un Régimen Económico y del Trabajo” de vanguardia: fijaba la jornada máxima de labor y el salario mínimo; destinaba una parte de la renta fiscal para la construcción de casas para obreros; aseguraba la higiene en los lugares de trabajo y propendía al establecimiento de cámaras de arbitraje con participación patronal y obrera. Propuso una nueva concepción del rol del Estado como regulador de las políticas públicas en el ámbito económico y social. Garantizó la progresividad en materia tributaria, propendiendo a la eliminación de impuestos que pesasen sobre los artículos de primera necesidad. Esbozó, seguramente influido por el Grito de Alcorta, una reforma agraria que, entre otras cosas, gravaba la tenencia especulativa de la tierra. 

La Constitución de 1921 combatió la centralización del poder y reconoció (lo que para afrenta de los santafesinos, aún no hemos logrado) la autonomía municipal, y en 1933, estando en vigencia esa Constitución, las ciudades de Santa Fe y Rosario pudieron dictar sus propias Cartas Orgánicas. También la Constitución reconoció más de 70 años antes que en la Nación las formas semi directas de democracia: referéndum, iniciativa y revocatoria a nivel local. Asimismo garantizó la inamovilidad de los jueces mientras durase su buena conducta, creó la Corte Suprema compuesta por cinco jueces y un Procurador y estableció el jury de enjuiciamiento para magistrados. 

La nueva Constitución eliminó el Preámbulo y, en consecuencia, quitó toda invocación al origen divino, lo cual introdujo el concepto de laicidad y una nueva relación entre Estado e Iglesia, cuestión que traería el mayor tema de resistencia y conflicto, pese a que consagraba una sana combinación entre prescindencia religiosa del Estado y la expresa garantía para la libre profesión del culto, impidiendo leyes que lo restrinjan. 

El carácter laicista se afirmaba con otros dos preceptos: por un lado, suprimiendo para el Gobernador y Vice el requisito de pertenecer a la religión católica en cuanto al juramento para la asunción de los cargos, el que fue reemplazado por la promesa de cumplir con la Constitución, y por otro, estableciendo con más claridad que la Ley 1420 que le educación en la Provincia sería “gratuita, integral y laica” creando “el fondo de la educación común que estaría formado por el 25%, como mínimum, de las rentas generales de la Provincia”. 

Como diría Lisandro de la Torre, gran impulsor de ese texto: esa Constitución seguiría la gran tradición de reformas laicas introducidas en la Nación y en las provincias: “la secularización de los cementerios, el registro civil, el matrimonio civil, la enseñanza laica”. 

SANCIÓN Y DESCONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN. 

La Constitución no pudo ponerse en vigencia en 1921 pese a la unánime sanción de los constituyentes electos por el voto popular (radicales y demócratas progresistas) porque fue desconocida por un simple decreto del Gobernador Enrique Mosca. 

El “argumento” justificatorio de esa decisión fue la prórroga del mandato de la Convención. Las verdaderas razones políticas fueron otras. La discusión sobre la legalidad del procedimiento que culminó con la promulgación de la Constitución esconde en realidad el temor que generó su contenido entre los más poderosos. Los dos núcleos de resistencia a su sanción, dirá Marta Bonaudo, pueden sintetizarse en el modo a través del cual la propuesta -intentando garantizar una práctica democrática amplia- atenúa las condiciones distorsionadas de representación, legitima el espacio fiscalizador de la oposición y rompe con los cánones de la “política criolla”. La segunda razón de la resistencia, sin dudas, es la llamada “cuestión religiosa”. 

El comienzo de los debates, se produjo el 18 de abril de 1921 y en la sesión del 1° de junio de ese año, ante la imposibilidad material de dar íntegro cumplimiento a la ley de reforma dentro del plazo fijado, la Convención resolvió, por unanimidad, prorrogar sus sesiones hasta el 15 de agosto. Sin embargo, las mismas culminaron dos días antes, el 13 de agosto de 1921, dándose por clausurada las sesiones y constituyéndose en la fecha de la sanción de la Constitución. La nueva Carta Provincial debía entrar en vigencia a partir del 1° de diciembre de 1921. 

El “argumento” justificatorio de esa decisión fue la prórroga del mandato de la Convención. Las verdaderas razones políticas fueron otras. La discusión sobre la legalidad del procedimiento que culminó con la promulgación de la Constitución esconde en realidad el temor que generó su contenido entre los más poderosos. 

Sin embargo, el Gobernador Enrique Mosca mediante un mero decreto del Poder Ejecutivo desconoció la Constitución instigado por un telegrama conminatorio enviado -al inicio de la sesiones de la Convención- por el Ministro del Interior Ramón Gómez al Gobernador de Santa Fe, en el que “por especial encargo del presidente de la República” (Hipólito Irigoyen), le advertía sobre los peligros del nuevo texto. En dicho telegrama, el Ministro le dirá al Gobernador: “las luchas religiosas, que dividieron a la humanidad pertenecen a una época remota…renovar su discusión podría parecer inusitado…”. Y culmina apelando a la “restauración de las bases esenciales de la nacionalidad” y al Gobernador Mosca le reclama “poner una vez más al servicio de tan elevados fines todos los justos prestigios de su acción ciudadana…”.

 El 27 de agosto de 1921, el Gobernador Mosca “cumple” con los deseos gubernamentales nacionales y mediante un decreto “Resuelve: no reconocer valor alguno a los actos realizados por la Convención con posterioridad a la fecha en la que, de acuerdo con el artículo tercero de la Ley 2003, terminó su mandato”. El Ejecutivo santafesino “se había convertido en abogado del desconocimiento”. 

La discusión política, pero especialmente jurídica y constitucional sobre la cuestión de la prórroga del mandato de la Convención Constituyente dio origen a un arduo debate doctrinario que duró más de una década. Este se reprodujo cuando el Gobernador demócrata progresista Luciano Molinas puso en vigencia, en 1933, la Constitución de 1921. 

VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN E INTERVENCIÓN FEDERAL: RÉQUIEM PARA UN GOBIERNO Y UNA CONSTITUCIÓN PROGRESISTA.

El debate en torno a la Constitución de 1921 y su núcleo principal de disputa ideológica, el carácter laico de la misma, reconfigurará el alineamiento partidario e intrapartidario y también permitirá una modificación de actitudes y posicionamientos de otros actores sociales. 

La controversia trajo consecuencias políticas y conflictos en el seno de los partidos que disputaban el poder en Santa Fe. El radicalismo, que había apoyado la reforma constitucional y triunfado en las elecciones obteniendo la mayoría de los convencionales, sufre divisiones que repercutirán con posterioridad negativamente. Quien había sido presidente de la Convención, el ex gobernador radical Manual Menchaca, y que había defendido férreamente la Constitución, junto a un grupo de correligionarios se aleja del partido y conforma lo que se denominó “radicalismo opositor”. El PDP, en cambio, mantiene las consignas reformistas y ello se convierte en una importante bandera de lucha antagónica. La Constitución de 1921, abandonada por los conflictos del radicalismo, se constituirá en un verdadero programa de gobierno demoprogresista (pese a que no era su propuesta original) que mantendrá en cada contienda electoral y pondrá vigencia en 1932, al alcanzar el gobierno provincial Luciano Molinas. Lo dice Lisandro de la Torre en el prólogo al libro de Napoleón Pérez “La verdadera Constitución progresista de Santa Fe”: “estamos en vísperas de la asunción del gobierno por el partido que durante once años reclamó la vigencia de la Constitución de 1921 y su victoria permitirá implantarla”. 

El gobernador Molinas cumplió su palabra y el 4 de mayo de 1932 firmó el decreto de promulgación de la Constitución de 1921 iniciando una administración caracterizada por la transparencia, la honradez y por el marcado tono progresista de su gestión en lo político y social. 

Los avances institucionales políticos y sociales empezaron a ser vistos con preocupación por los conservadores y por el propio gobierno de Justo. Santa Fe era «un mal ejemplo» para el resto de las provincias asoladas por las políticas recesivas, el fraude y la escandalosa corrupción. Un gobierno honesto, que favorecía a los sectores populares, que impulsaba el desarrollo, iba absolutamente en contra de los principios de los fraudulentos gobernantes que ocupaban la Rosada y contra las «arraigadas» convicciones del poder real. Había que castigar además a Lisandro de la Torre por su «insolencia» al denunciar el negociado de las carnes que involucraba a ministros del gobierno, y había que hacerlo rápido porque faltaban meses para las elecciones en Santa Fe donde se descontaba el triunfo de la Torre, por su trayectoria y por el buen gobierno que había hecho su partido. Otro tema importante era que la Concordancia necesitaba garantizar su sucesión tras el final de mandato de Justo y, para eso, los votos de Santa Fe en el colegio electoral eran fundamentales frente a los seguros fracasos en la Capital, Córdoba y Entre Ríos. En efecto, los electores presidenciales demócratas progresistas de la provincia de Santa Fe unidos a los electores radicales de otros distritos (Capital Federal, Córdoba, Entre Ríos y Tucumán), aun sin contar con las minorías ya existentes, aniquilaban la continuidad de la Concordancia en la próxima renovación presidencial.

Como dirá Félix Luna: ¡Una simple suma condenaba a Santa Fe! 

El gobernador Molinas cumplió su palabra y el 4 de mayo de 1932 firmó el decreto de promulgación de la Constitución de 1921 iniciando una administración caracterizada por la transparencia, la honradez y por el marcado tono progresista de su gestión en lo político y social.

Entre las muchas armas políticas utilizadas por el gobierno conservador para sostenerse en el poder (junto al fraude y la violencia política) se encontraba la intervención federal a las provincias. En los últimos días de septiembre de 1935 entra sorpresivamente al Senado un proyecto de ley para intervenir Santa Fe bajo el pretexto de que allí se estaba aplicando la Constitución de 1921, que a juicio del Ejecutivo Nacional, era nula. 

En un hecho sin precedentes, el proyecto de intervención fue aprobado sobre tablas en el Senado Nacional ante las airadas protestas de varios senadores entre los que se destacaron Lisandro de la Torre[1] y Francisco Correa. La iniciativa girada a Diputados no pudo ser tratada ante la falta de quórum y la finalización de las sesiones ordinarias, por eso Justo decide la intervención por decreto. La hipocresía llegó a su punto culminante con el Ministro del Interior de Justo, el ex radical Leopoldo Melo, que había dicho que antes de intervenir Santa Fe “se cortaría la mano”, pero, como dijera luego con ironía Luciano Molinas, fue él quien redactó el decreto de intervención y “no murió manco”. 

El 3 de octubre de 1935, Justo envía la intervención a Santa Fe, destituyendo al gobierno de Molinas y anulando la Constitución de 1921. Concluía así una administración progresista legitimada por el mandato popular que cumplió su promesa de poner en vigencia la Constitución de 1921. 

Con ese acto intervencionista se expresaba lo peor de un período trágico para la República -la década infame- asentado sobre el irrespeto a las instituciones democráticas, la apelación al fraude y a la violencia. Como señaló Félix Luna refiriéndose a esa época: “El campeonato de la infamia lo ganaba la intervención en Santa Fe porque en ese episodio se reunieron todas las mañas del régimen gobernante: la duplicidad de Justo, la hipocresía que hacía cubrir con solemnes palabras los actos más injustificables, la frialdad en el cálculo de tiempo y oportunidad, el desprecio por la voluntad mayoritaria y la opinión pública. Fue el hecho más innoble, más irritante, más condenable de la década clausurada el 4 de junio de 1943”. 

EL HOMENAJE… 

Hoy, a 100 años de la sanción de la Constitución santafesina de 1921, es justo rendir homenaje a los Convencionales que la sancionaron, a los dirigentes políticos que la impulsaron y defendieron, y a los gobernantes que la pusieron en vigencia. También tener más que nunca presente este antecedente imprescindible para el derecho público provincial argentino y especialmente para la Provincia de Santa Fe que más temprano que tarde, reformará su actual Constitución de 1962 y seguramente incorporará a la nueva carta magna provincial, algunas de las sabias instituciones que aquella consagraba.



*El presente artículo es una versión sintética de lo expuesto en el libro «La Constitución de 1921. La verdadera Constitución progresista de Santa Fe» (Editorial Laborde) y, por razones de formato, hemos eliminado la mayoría de las referencias bibliográficas. 

[1]Lisandro de la Torre con su habitual elocuencia dijo en el debate del Senado: «Santa Fe debe ser avasallada porque su partido mayoritario me ha proclamado a mí candidato a gobernador de la provincia; Santa Fe debe ser avasallada en revancha del debate sobre la investigación del comercio de carnes. No bastaba con dejar en pie todos los vicios revelados por la investigación, más lozanos que nunca; no bastaba con que el monopolio mantenga su dominio imperturbable de detrimento de la riqueza del país; no bastaba con que la sangre de un senador por Santa Fe haya manchado este recinto, cobardemente asesinado; no bastaba con que se le niegue a la madre del muerto el derecho de querellar; no bastaba con que la Justicia no se interese en recibir los testimonios formidables que yo revelé en esta Cámara; no bastaba todo eso. ¡Era necesaria, todavía, la venganza!». El aludido senador por Santa Fe asesinado en el recinto el 23 de julio de 1935, fue Enzo Bordabehere.

OSCAR BLANDO 

DOCTOR EN DERECHO.
PROFESOR DE GRADO (DERECHO POLÍTICO) Y POSGRADO (DERECHO CONSTITUCIONAL PROFUNDIZADO, ELECTORAL Y PARLAMENTARIO) EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNR Y EN OTRAS UNIVERSIDADES. 

EX DIRECTOR DE REFORMA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE santa fe.



martes, 11 de octubre de 2016

Biografías... Alfredo Palacios (1878 - 1965)... @dealgunamanera...

 Alfredo Palacios...
Alfredo Palacios. 

Alfredo Palacios, el primer diputado socialista electo en toda América, nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878, mientras Nicolás Avellaneda terminaba su mandato y Julio A. Roca se preparaba para asumir el poder.

Era hijo natural de Aurelio José Florencio Palacios Bustamante, en pareja con Ana Ramón Beltrán, ambos uruguayos. Don Aurelio ya era un hombre destacado en la política  oriental cuando en 1854 se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires. Era  propietario de campos en Santa Fe y de una casa y un estudio de abogados en Buenos Aires que se fue convirtiendo en la cita obligada para los uruguayos que pasaban por la “Reina del Plata”. Don Aurelio tuvo diecinueve hijos: nueve con Ana Ramón Beltrán, cinco con Dolores Almada y otros cinco con quien fue su única esposa legítima, María Costa Smith, con quien se casó cuando Alfredo no había cumplido dos años.

Doña Ana, la madre de Alfredo, era una mujer muy religiosa y fue ella quien introdujo al futuro dirigente socialista en la lectura de los Evangelios. Así lo contaba Palacios: “En el socialismo me inició mi madre a los 11 años. Ella puso en mis manos el Nuevo Testamento, con el sermón de la montaña, y llegó a apasionarme la figura de Jesús. Luego hice mías las palabras del doctor Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista que decía: ‘Socialismo es la lucha en defensa  y por la elevación del pueblo trabajador que, guiado por la ciencia, tiende a realizar una libre e inteligente sociedad humana basada sobre la propiedad colectiva de los medios de producción, o sea la tierra, las máquinas, los medios de transporte’.”

Mientras todavía se sentían los efectos de la Revolución de 1890, que puso fin al gobierno de Juárez Celman, Alfredo terminaba la primaria e ingresaba al Colegio Nacional Central (actual Nacional Buenos Aires). En septiembre de 1890, Don Aurelio Palacios, gravemente enfermo decidió reconocer legalmente a todos sus hijos. Tres años más tarde moría dejando a Ana Ramón Beltrán y a sus hijos en una grave situación económica, lo que los llevó a mudarse a una casa de alquiler en Charcas 4741, en el barrio de Palermo, donde Alfredo Palacios vivirá hasta su muerte.

La influencia cristiana impartida por su madre caló hondo en Alfredo que comenzó a acercarse al Círculo de Obreros Católicos fundado por el cura alemán Federico Grote.

En marzo de 1893, cuando apenas tenía trece años  Alfredo dirige el periódico La Juventud, órgano del Centro Católico Pedro Goyena. Parecía que su vocación se orientaba hacia el periodismo y, para ayudar a su madre, comenzó a colaborar con El Diarito. Por su trabajo cobraba 40 pesos, veinte de los cuales se los entregaba a su madre y los otros veinte los usaba para comprar libros y financiar sus estudios.

En 1894 se produce la primera aparición pública de Alfredo Palacios que fue destacada por los diarios de la época: será uno de los oradores en el entierro de uno de los pensadores y hombres de acción más notables del catolicismo argentino: José Manuel Estrada.

En aquella ocasión demostró su capacidad y calidad oratoria a tal punto que el propio padre Grote le pidió que dictara cursos y hablara en las reuniones con los obreros católicos. Pero el pensamiento del joven Palacios estaba recibiendo ya las influencias de otras lecturas. Su sensibilidad social lo estaba llevando a autores ateos, anarquistas y socialistas, que también se dirigían a los pobres pero con otro discurso, más combativo y que proponía la redención de los obreros aquí en la tierra y no en el cielo. Estas lecturas comenzaron a filtrarse en sus discursos en el Centro de Obreros Católicos y el padre Grote lo reprendió llamándole la atención sobre términos y conceptos que usaba frecuentemente que no respondían al pensamiento católico. Alfredo se ofendió y nunca más volvió a frecuentar aquellas instituciones y se atrevió a darle rienda suelta a un anticlericalismo que ya se venía incubando en él.

En medio de este proceso ideológico clave en su vida, allá por 1895 terminó su secundaria e ingresó en la Facultad de Derecho de Buenos Aires.

En 1904 se produjo un hecho trascendental. Ese año Alfredo Palacios fue electo diputado por el barrio de La Boca, convirtiéndose de esa manera en el primer legislador socialista de toda América. Un gran logro para aquel letrado que había colocado en la puerta de su casa la siguiente placa:“Abogado. Atiende gratis a los pobres”. Cuando presentó su tesis doctoral, titulada “La Miseria en la República Argentina”, los académicos de la Facultad de Derecho de entonces, la rechazaron argumentado que contravenía el artículo 40 de la Ordenanza General Universitaria, que prohibía atentar contra las instituciones.

Allí decía Palacios: “Sabiendo que nuestros Gobiernos tienen por norma de conducta el despilfarro y que las defraudaciones y los latrocinios se cometen a diario y quedan impunes. (…) Que contesten esos suicidas morales que formando círculos han rodeado a todos lo gobernantes para lucrar a la sombra de las grandes empresas. Ellos son los responsables de la ruina del país, ellos que han hecho levantar palacios con los dineros del pueblo para habitarlos después de la catástrofe, encastillados en su asqueroso egoísmo, o que con las arcas repletas desparraman a manos llenas en el viejo Continente el oro que malversaron.” La tesis concluía incitando a la lucha: “Nuestros obreros deben unirse para la lucha, recoger las fuerzas dispersas que son fácilmente derrotadas, producir un movimiento de concentración y dar lugar por último a un todo orgánico, coherente y definido, capaz de establecer combate con probabilidad de éxito.” 1

El militante socialista estrenará su banca de legislador con un vibrante discurso en contra de la nefasta Ley de Residencia. Decía Palacios: “Pero, señor!, si no hay una ley que castigue lo que no es un delito, si esa propaganda anarquista todavía no tiene los caracteres que la hacen punible, si todavía no ha adquirido esa forma externa a que se refiere el señor Cané, ¿cómo es posible, entonces, que nosotros sostengamos que se debe castigar? Es precisamente aquí en donde se pone de manifiesto todo lo deleznable de la argumentación que ha sostenido el señor ministro informante, cuando nos decía que no se trata de una pena, siendo así que el señor Cané precisamente nos prueba con su argumentación, que se trata de imponer una pena por una ley de excepciónEstas incongruencias en que caen los hombres que harto saben de leyes, vienen a poner de manifiesto, de una manera que no permite la más leve duda, lo que he dicho antes de ahora: se ha buscado un pretexto para matar las ideas. Pero ya sabemos que no es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma en que se presentan las ideas nuevas, cualesquiera que ellas sean, es claro que todos los valladares, que todos los obstáculos, que todos los inconvenientes que se opongan a su paso no han de hacer sino acrecentar la ola cuyo empuje es cada vez mayor". 2

Palacios llevará las ideas socialistas al parlamento y logrará la aprobación de importantes leyes como la del descanso dominical en 1907 y  la ley de la silla que obligaba a los patrones a disponer de una silla para el descanso de los empleados de comercio. 3 

El diputado paquete Belisario Roldán se quejaba del estilo de Palacios y sus seguidores: “Creo que esa turba que a diario acompaña al señor diputado hasta las puertas de esta casa, turba que suele honrarnos con sus silbidos y que para algunos constituye la expresión misma de la soberanía popular, no es otra cosa que la prolongación del despotismo sectario… Creo que mi país debe seguir desarrollando… sin que banderas rojas, que serán siempre trapos intrusos en su seno, turben la augusta majestad de su marcha”. 4

En 1913 el Partido Socialista denunció públicamente un escandaloso acto de corrupción que involucraba a ministros y legisladores. Se trataba nada más ni nada menos que de los exorbitantes sobreprecios pagados para la construcción del edificio del Congreso de la Nación. El diputado Alfredo Palacios logró que se conformara una comisión investigadora que quedó integrada por el propio diputado socialista, por Lisandro de la Torre, Julio Sánchez Viamonte, Francisco Oliver y Delfor Del Valle. Palacios no se andaba con vueltas y declaró: “Aquí se ha realizado un ‘Negotium’. Y conste que empleo esta palabra como eufemismo, pues la verdadera calificación está en la conciencia y en los labios de todo el pueblo…Necesitamos saber quiénes son los delincuentes para aplicar el rigor de la Ley”. 5

La Comisión dirigida por Palacios y De la Torre designó a dos peritos técnicos para que averiguaran cómo había sido posible que de un presupuesto original de $ 5.776.746,45 moneda nacional, se pasara a 25.117.745,35 en apenas siete años, en épocas de muy baja inflación. Los técnicos nombrados por la comisión, ingenieros Miguel Estrada y Jorge Dobranich, concluyeron que las irregularidades eran indisimulables. De la Torre, en poder del lapidario informe pidió que se suspendieran los pagos a las empresas contratistas, ya que se pudo constatar que la cuadruplicación de costos entre el presupuesto original y el final se debía a irregularidades atribuibles a la estrecha relación de las empresas y funcionarios gubernamentales. Decía Lisandro en su dictamen de Comisión: “El Palacio del Congreso no ha sido ni certificado por la Dirección de Arquitectura ni por los Inspectores ni por persona alguna que haya representado los intereses de la nación; ha sido medido y certificado por el empresario mismo de acuerdo a sus conveniencias. El Ministerio de Obras públicas mandaba pagar los certificados: ésa era toda su misión.” 6

El diputado Palacios aportó un invalorable documento, el 31 de diciembre de 1907, dirigido al Ministerio de Obras Públicas por el contratista, donde abriendo el paraguas decía: “Las mediciones se llevan con extrema exactitud y forman en la actualidad un conjunto de más de 30 volúmenes con sus correspondientes planos, lo que permite a cualquier técnico y en cualquier tiempo darse cuenta de los métodos seguidos, de la corrección de las medidas y de la aplicación de los precios unitarios”7. En pocas palabras el contratista se decía a sí mismo y le decía al Ministro que había hechos las cosas bien y que podían seguir gozando para siempre de la deliciosa impunidad. Pero ahí no terminaba la cosa. Uno de los contratistas llamado a declarar dijo sin ruborizarse, según consta en la versión taquigráfica del 14 de septiembre de 1914: “…que si él va a medir una cosa y de un extremo se le tira la cinta, tiene que haber enormes diferencias”. Todos nos imaginamos quienes tiraban de la cinta de hacer dinero. Finalmente el empresario hizo uso de la “Obediencia Debida” declarando ante los parlamentarios: “que carecía en absoluto de atribuciones y que siempre procedió como un soldado obedeciendo las instrucciones de sus superiores.” 8

La comisión envió todos los elementos de juicio al Poder Ejecutivo, que no hizo nada al respecto salvo pagarle puntualmente a los contratistas denunciados por Palacios y De la Torre.

Por querer batirse a duelo, cosa que estaba expresamente prohibida en el estatuto partidario que lo consideraba un vicio burgués, en 1915 Palacios fue expulsado del Partido Socialista. Su reacción fue inmediata: renunció a su banca de diputado nacional y fundó el Partido Socialista Argentino, por el que se presentó a las elecciones legislativas de 1916 y 1918 pero fue derrotado por los radicales.

Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, Palacios concentra su mayor actividad en la vida universitaria y en comprometerse con las distintas situaciones latinoamericanas. En 1915 fue designado profesor de Legislación Industrial en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En 1918 apoyó entusiastamente el movimiento a favor de la reforma universitaria que estalló en Córdoba y en ese mismo año fue electo consejero de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, donde en marzo de 1919 creará la cátedra de Legislación del Trabajo y de Seguridad Social, fruto de esta tarea es su obra El nuevo Derecho, editada en 1920.

Palacios, fue designado “Maestro de América” por el Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, reunido en Lima que reconocía en él a uno de los difusores del movimiento reformista en los países latinoamericanos.

Su especialidad es reconocida internacionalmente. La Oficina Internacional del Trabajo le encarga un estudio sobre “la fatiga y sus proyecciones sociales” y para ello, Palacios recurre a expertos e instala el laboratorio en los Talleres del Estado, situados en el Riachuelo, y durante el mes de julio de 1921 estudia a los trabajadores in situ. Sus conclusiones son terminantes y asestan un duro golpe al taylorismo: concluye diciendo que a medida que avanza la extensa jornada laboral, el rendimiento de los obreros decae y la fatiga llega a la extenuación si no se realizan medidas tendientes a fomentar los descansos.

En 1922 es elegido por profesores y alumnos decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata.

Durante 1923 realiza una gira por América Latina: viaja a Uruguay, Brasil, México, Panamá, Perú y Bolivia; y es designado miembro honorario de las universidades de Mérida, Lima, Arequipa, Cuzco, y La Paz.

El 25 de noviembre de 1924 lanza su Mensaje a la juventud iberoamericana, en el que propone la renovación educativa, la elaboración de una nueva cultura y federación de los pueblos iberoamericanos. Desde México, en 1925 el primer Congreso Iberoamericano de Estudiantes lo declara “Maestro de la Juventud”, junto a otros intelectuales. Ese mismo año se funda la Unión Latinoamericana que lo nombra presidente. Su posición sobre América Latina es clara: rechaza la intromisión estadounidense en territorio mexicano de 1925 y la política intervencionista en Panamá y Nicaragua. En 1926 se pronuncia contra la enmienda Platt (por la cual EE.UU. se arroga el derecho de vetar a los candidatos a presidentes de Cuba) y condena la tercera invasión de EE.UU. a Nicaragua.

De regreso a Buenos Aires, continúa con su prédica, conferencias y clases universitarias. En 1928, muere Juan B. Justo, de quien está distanciado desde hace doce años. Sin embargo, da un caluroso discurso de despedida de sus restos. Cada acción, cada acto de Palacios, es acompañado por una multitud de gente que le expresa su admiración.

En 1928 se opone al panamericanismo (impulsado por EE.UU.) y en nombre de la Unión Latinoamericana envía un fervoroso mensaje de adhesión a la lucha nicaragüense de Augusto César Sandino por su noble causa.

En 1930 en su obra publicada en España Nuestra América y el imperialismo yanqui, condena las intervenciones a los países centroamericanos y el Caribe. A fines de julio del 30 es elegido decano de la Facultad de Derecho. Palacios se dirige a los estudiantes que han sido maltratados por la policía y si bien es contrario al gobierno de Yrigoyen, se pronuncia contra el golpe de José Félix Uriburu. Dijo entonces: “Es, en efecto, un gobierno inepto el de nuestro país, pero la juventud debe fiscalizar celosamente a la oposición, que no siempre es digna y detrás de la cual se agazapa el ejército. La juventud no podrá honrosamente llamarse así si permitiera, sin que la masacren, que gobernara el país una dictadura militar. En mi carácter de de decano de esta casa de estudios, declaro que si se constituye una junta militar, dictaré en el acto un decreto repudiándola y desconociéndola, e incitando a la juventud a que se prepare a derrocarla, aún con el sacrificio de sus vidas.”

Durante la Década Infame

La dictadura de Uriburu, apoyada por los grupos de derecha que actuaron contra Yrigoyen, pretende instalar un régimen corporativo. Esta es una de las razones por las cuales acepta volver al Partido Socialista, que venía insistiendo desde 1927 con su reincorporación. La dictadura militar lo detiene por sus actos políticos y lo traslada a la Penitenciaría Nacional.

Luego, por su enorme prestigio, es designado candidato a senador por la capital junto a Mario Bravo. La fórmula de la Alianza Civil, formada por el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, está integrada por el binomio Lisandro de la Torre – Nicolás Repetto.

En enero de 1931 estalla la sublevación radical del teniente coronel Gregorio Pomar, muchos dirigentes radicales son encarcelados, entre ellos Marcelo T. de Alvear. Palacios, Carlés y Gondra son sus defensores. Alvear es confinado en Martín García en virtud del artículo 23 de la Constitución Nacional. Palacios corrige una interpretación del artículo y Alvear queda en libertad. Luego insistirá en el Congreso con esa corrección.

Durante la campaña electoral, Palacios se salva de la muerte al ser baleado mientras habla en un acto de la localidad de Bragado. Proscritos los radicales, la Alianza Civil obtiene el segundo puesto, pero Palacios y Bravo triunfan en Buenos Aires e ingresan al Senado. Palacios desconoce la autoridad de Uriburu y denuncia la existencia de detenidos políticos y gremiales en las cárceles y las torturas inflingidas durante la dictadura; por lo cual se enfrenta a Sánchez Sorondo que fuera ministro del Interior de Uriburu.

Palacios ejerce el cargo de senador hasta 1935 porque, según el sorteo, su mandato duraba tres años, pero es reelecto.      Durante su período legislativo preside la Comisión administradora de la Biblioteca del Congreso desde la que impulsa el aumento del acervo bibliográfico. En este prolongado período presenta 494 proyectos legislativos sobre la defensa de los trabajadores, de las mujeres y los niños, del patrimonio nacional y de la soberanía nacional. 

Publica Las Islas Malvinas, archipiélago argentino y promueve la sanción de la ley 11.904 por la cual se conoce públicamente la historia de las islas. Insiste con el tema en 1936, 1939 y más adelante en 1961 y 1964.

En 1937, costeado de su propio dinero, Palacios recorre Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy. Se contacta con Salvador Mazza -que trabaja sobre el mal de Chagas-, quien le entrega un informe sobre la grave situación sanitaria de la región y las necesidades de tener viviendas dignas, y Palacios presenta en el Senado su Plan Sanitario y Educativo de Protección a los Niños. En 1938 presenta el proyecto de ley de voto femenino, que no es siquiera tratado en su momento y que luego el peronismo  convertirá en ley en 1947.

Palacios intervino activamente en el escándalo por la compra de tierras para el ejército de El Palomar.

En 1942, recorre el Noroeste y hace suya la frase “hemos condenado a la montonera sin oírla”; denuncia las enfermedades de la pobreza como el bocio endémico, la fiebre ondulante, el paludismo y mal de Chagas.

Desde el Senado luchó contra el monopolio del transporte, por la nacionalización del petróleo, de los ferrocarriles y de la tierra y denunció la penetración extranjera. Defendió al periodista José Luis Torres, autor del término “década infame” y quien le aportó las pruebas del negociado de El Palomar, y denunció los negocios non sanctos del grupo Bemberg.

En 1941 había sido elegido presidente de la Universidad de La Plata y desde donde promueve la creación del Instituto de Teatro de la Universidad y en el ’43 crea el Instituto Iberoamericano de la Universidad Nacional de La Plata que contará con biblioteca, hemeroteca, museo de arte, discoteca, archivo musical, cinemateca y servicios de información bibliográfica. Proyecto que se interrumpe con la renuncia de Palacios y la intervención de la universidad durante la revolución del ’43.

El golpe de Estado de 1943 encuentra a la CGT divida en dos: La CGT Nº 1 liderada por Domenech y la CGT Nº 2 con Pérez Leirós. El partido socialista no puede evitar la fragmentación del movimiento sindical que queda representado en 5 sectores: ambas CGT, la USA (Unión Sindical Argentina), la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) de orientación anarquista y las  organizaciones independientes.

Perón se hace cargo del Departamento Nacional del Trabajo, que convierte en Secretaría y desde allí emprende el acercamiento con el movimiento obrero. Interviene los sindicatos que no lo aceptan y crea gremios paralelos a los ya existentes. La CGT de Domenech, llama “el primer trabajador” a Perón y adhiere a su política.

En disidencia con la nueva situación Palacios renunció a su cargo de presidente de la UNLP y a todas sus cátedras. A los pocos días recibe la adhesión de profesores universitarios de EE.UU. -entre ellos Albert Einstein- y, harto de la persecución policial se exilia en Montevideo.

Junto a varios exiliados, refundan la Asociación de Mayo, difunden su programa por radio Carve y editan periódicos: Urquiza despiertaLa voz de MayoEl Himno NacionalPueblo argentino, y Voz argentina. A diferencia de los exiliados antirrosistas, Palacios se opone a cualquier tipo de sanciones o intervenciones internacionales contra la Argentina. Su problema es con el gobierno no con el país.

Regresa en 1945 para trabajar en la campaña de  la Unión Democrática. En sus discursos públicos Palacios se niega a  reconocer los avances producidos por Perón desde la Secretaría y el estado económico de las finanzas argentinas. Habla de una Argentina que describe más la década del ’30 que la coyuntura del ’45. Califica a Perón como un “fascista”. Centra su discurso en  el  reclamo de libertad y respeto a la Constitución Nacional y sigue describiendo al país como “agro-exportador” con una clase obrera “sometida”.  

En aquel contexto asumió la defensa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Sagarna, que ha puesto trabas a la legislación laboral impulsada por Perón, la misma por la cual Palacios había luchado tantos años. Perón se defiende diciendo que “no ha hecho otra cosa que ejecutar lo que los socialistas pensaron y dijeron”.

Durante el gobierno peronista, el Partido Socialista es atacado en actos, baleado por la Alianza Libertadora Nacionalista, que cuenta con el absoluto amparo de la policía. Palacios sostiene que actúan dominados por “la obsesión de los totalitarios: que no haya adversarios”. Para Palacios, Perón no es su enemigo sino un adversario; reconoce en Perón a un “distinguido técnico militar” pero no a un estadista. Perón, por su parte, decía que Palacios era un payaso; cuando intentaron acercarlos algunos dirigentes, Palacios les dijo: “Dígale a Perón que este payaso no trabaja en ese circo”. 

En cambio, el dirigente socialista respeta críticamente a Eva Perón. Rechaza las críticas hacia su conducta o su origen y sostiene que Perón la utiliza ante las masas.

Tras el fallido golpe de Menéndez, en septiembre de 1951, Palacios fue detenido junto a otros dirigentes opositores. El decreto 19.376 y su ratificación por la ley 14.062, imponen el estado de guerra interno. Palacios y otros presos son puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Sus recursos de amparo son rechazados. La prisión de Palacios, por ser un personaje de enorme fama, es un poco más relajada que la del duro régimen que sufren los otros presos políticos. 

En 1953, estando detenido en la Comisaría 23, cercana a su casa, atiende desde el escritorio del subcomisario a quienes llegan a visitarlo. El 25 de mayo es trasladado a la Penitenciaría Nacional de avenida Las Heras. Permanece allí hasta julio del ’53. Cuando recupera su libertad, visita a los detenidos regularmente. El Partido Socialista decide no concurrir a elecciones en 1954 bajo el lema “sin libertad, todo es fraude” y Palacios explica la postura en un acto en Plaza Constitución en marzo del ’54. También repudia a través de su Mensaje a los jóvenes de Iberoamérica, la invasión estadounidense a Guatemala y la caída del presidente Jacobo Arbenz, en junio de ese año. En ese mismo año, publica La justicia social, obra que sintetiza su lucha obrera.

Tras los sucesos del 16 de junio de 1955, en el que la Marina bombardeó la Plaza de Mayo causando unos 360 muertos, Perón convoca a la pacificación nacional y ofrece a los partidos opositores que expongan su pensamiento por radio. El 1º de julio le debió tocar al Partido Socialista. Pero  cinco días antes le comunica que la Oficina de Radiodifusión del Ministerio de Comunicaciones no permite la transmisión radial del discurso de Palacios y Repetto se niega a hablar en repudio.

Producido el golpe, el Partido Socialista enfrenta una nueva ruptura entre la línea dura pro golpista manejada por Américo Ghioldi y los que formarán el PSA con Palacios y Alicia Moreau.

El presidente de facto Lonardi lo designa embajador en la República Oriental del Uruguay. Palacios se propone, según decía, ser embajador del pueblo argentino y no de un gobierno. No cumplió las reglas del protocolo de la Cancillería y se manejó libremente: rindió homenaje a Artigas, encargó un monumento al caudillo oriental al escultor uruguayo José Luis Zorrilla de San Martín para emplazarlo en Buenos Aires. Cuando cayó Lonardi, renunció porque no estaba de acuerdo con la creación del Consejo Militar Revolucionario, pero continuó en su cargo de embajador por pedido de Aramburu. En sus constantes viajes a Buenos Aires, dirige mensajes a los jóvenes, a los trabajadores y a la oficialidad del ejército.

Cuando se producen los fusilamientos del ’56, Palacios reclamó por el cese de las ejecuciones de civiles y militares y se opuso a la pena de muerte. El partido se rompe por las distintas posiciones sobre qué tipo de apoyo dar a la “revolución libertadora”. Alicia Moreau es desplazada de la dirección de La Vanguardia por Ghioldi, y Palacios que sigue en la embajada, decide no poner la bandera a media asta ni dejar de trabajar por la muerte del dictador de Nicaragua Anastasio Somoza. Sus enemigos llaman a su desempeño en la embajada “embajoda”, pero Palacios logra restablecer relaciones fraternales con Uruguay e impulsa la creación de la ciudadanía latinoamericana y el pasaporte único entre los dos países. Palacios vivía austeramente. Siempre entregó el 50% de su sueldo al Partido Socialista, como lo estipulaba el estatuto partidario.

En abril de 1957 renunció finalmente a su cargo de embajador mientras la dictadura autodenominada “Revolución Libertadora”  convocaba a elecciones para una Convención Nacional Constituyente que se proponía anular la Constitución peronista de  1949. Los votos en blanco del peronismo proscripto obtienen un simbólico primer puesto, el segundo lugar lo ocupa la UCR del Pueblo liderada por Balbín, el tercero la UCR Intransigente de Arturo Frondizi y el cuatro lugar le corresponde al Partido Socialista y obtiene 12 convencionales: 7 por Capital, 4 por Buenos Aires, y 1 por Chaco. Pese a la fisura, el Partido Socialista va a Santa Fe donde se reúne la convención desde el 30 de agosto al 14 de noviembre de 1957. Palacios defiende los derechos de los trabajadores, se opone a los métodos represivos de Aramburu y critica duramente a Alende y la UCRI que se retiran de la convención porque ya está en marcha el pacto Frondizi-Perón.

En las elecciones del 23 de febrero del ’58, tras una serie de ardides el PS aprueba la fórmula Palacios-Sánchez Viamonte y se convierte por primera vez, en candidato a presidente; también es candidato a senador por la Capital.

Durante la campaña electoral viaja a Chubut, a Mar del Plata, y otros sitios. Ocupan el cuarto lugar en la elección que gana Frondizi, con los votos peronistas. El 10 de julio del ’58 en el XLIV (44) Congreso del partido, se dividen entre PSA y PSD (Argentino y Democrático respectivamente). La Vanguardia y la mayoría de los locales partidarios quedan para el PSA y el PSD crea el periódicoAfirmación.

Palacios se embarca en el Movimiento en Defensa del Petróleo Argentino contra los contratos petroleros de Frondizi. El 20 y 21 de noviembre se modifica la carta orgánica y se acepta la ruptura definitiva del Partido Socialista.

Palacios arremete contra la política de Frondizi sobre la impuesta ley marcial y le recrimina que su argumentación en defensa del orden es sólo para acallar obreros: “es el orden de las piedras para realizar la entrega del petróleo a la voracidad de los consorcios imperialistas”. Profundizará más su crítica en enero del ’59 por la vigencia del estado de sitio, la ley 14.234 de organización de la Nación para tiempo de guerra pero aplicable en tiempos de paz, las modificaciones al Código Penal y el Plan Conintes, de “conmoción interna”. Palacios denuncia que las cárceles están llenas de trabajadores. Muchos de los cuales fueron sometidos a vejaciones: ferroviarios, obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, petroleros, bancarios. La Vanguardia publica la nómina de los cientos de presos políticos y gremiales y reclama su libertad. Por ese estado de guerra, Palacios renuncia a su candidatura a diputado para las elecciones del 27 de marzo de 1960.

Mientras tanto preside el Congreso Nacional del Derecho del Trabajo organizado por la Universidad de Tucumán y viaja a Cuba y adhiere a la Revolución Cubana que está en marcha. Pese a su adhesión “formal”, en el PSA hay clima de ruptura porque defienden la línea de acción cubana a la que Palacios y Alicia Moreau se oponen. No obstante las disidencias, el PSA designa a Palacios candidato a senador para las elecciones del 5 de febrero de 1961 y triunfa. Lo primero que hace es visitar a los presos políticos y gremiales. El 20 de mayo de 1961, revólver en mano, Palacios secuestra una picana eléctrica empleada por la policía de San Martín. Días antes, había interpelado al ministro del Interior de Frondizi, Alfredo Vítolo por la ley marcial, las torturas policiales, las proscripciones políticas y los presos.

Su labor en el Senado es importante; presenta 15 proyectos de ley sobre amnistía a los que cometieron “delitos” políticos, gremiales y de opinión; derogación de la ley 13.234, levantamiento del estado de sitio, intervención a Salta y levantamiento de la intervención a varias provincias; creación del Seguro Nacional de Maternidad; y otros.  Cuando en marzo del ’62 triunfa el peronismo, sostiene que debe entregarse el gobierno a los triunfadores y que las Fuerzas Armadas no deben intervenir. Tras el golpe, pedirá la liberación de Frondizi y desconoce el nuevo gobierno de Guido.

Es designado profesor emérito por el rector de la UBA Risieri Frondizi, en julio del ’62 y se opone al enfrentamiento militar de Azules y Colorados repudiando que hayan olvidado sus fines específicos.

En abril de ’63, es elegido candidato a diputado nacional por el PSA. Realiza su tarea de legislador desde su casa, con su biblioteca y aun es fructífera: presenta 82 acciones; su último proyecto es presentado el 1º de diciembre de 1964, es la declaración de interés nacional de las investigaciones de causas de mortalidad infantil y creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas. Antes, se había dirigido al presidente Illia para que, en la reunión de cancilleres de la OEA, la Argentina no votara las sanciones a Cuba defendiendo el principio de autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Finalmente, el más argentino de los socialistas, el eterno don Juan y el más ególatra de los políticos del siglo XX (en el XIX Sarmiento lleva la delantera) fallece el 20 de abril de 1965, cuando todavía era diputado nacional.

1 Víctor García Costa, Alfredo Palacios, Buenos Aires, CEAL, 1971
2 Homenaje a Alfredo Palacios, Buenos Aires, Editorial Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, 1998
3 Ambas leyes pioneras rigieron en la Argentina hasta la nefasta década infame Menem-De la Rúa y sus respectivas reformas laborales.
4 Víctor García Costa, op. cit.
5 Alfredo Palacios, La Justicia Social, Buenos Aires, Claridad, 1954
6 Idem
7 Idem
8 Idem
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