El denominado "Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y
Más allá del debate público surgido en los últimos meses en virtud de la crisis con la conducción del Banco Central y la histórica posición del socialismo contraria a las concepciones neoliberales de absoluta independencia de la autoridad monetaria que rigieron todos estos años, lo cierto es que la necesidad de integrar este fondo de u$s 6.569 Millones con "reservas de libre disponibilidad" del BCRA con destino al pago de deuda pública, ha desnudado una vez más la insostenibilidad del programa económico.
Al gobierno ya no le alcanza con apropiarse de los fondos que legítimamente le corresponden a las provincias, o los fondos acumulados para el sistema previsional, ni con recurrir a los préstamos del Banco Nación o blanqueos de capital, debiendo profundizar en este caso su recurrencia a las reservas del Banco Central.
El origen de esta necesidad de financiamiento es indudablemente la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno. En concreto, el agotamiento del pilar central del programa económico que se sostuvo hasta entrada la crisis en finales del 2008, es decir, el sostenimiento de un esquema de supuesta solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario logrado a costa de la creciente regresividad del sistema tributario y centralización de recursos en detrimento de las finanzas provinciales y municipales, que fue destinado fundamentalmente a la cancelación de deuda pública y a la conformación de fondos fiduciarios o especiales de administración discrecional, sustentado en un modelo productivo obsoleto sostenido sobre la base de exportación de productos primarios, la degradación y el uso irracional de los recursos naturales del país, y la falta de inversión y planificación del sistema energético.
En este escenario de deterioro fiscal emerge con contundencia el creciente problema en la gestión de la deuda pública. La renegociación de la deuda no logró solucionar el problema del endeudamiento, como pretendió instalar en su momento el Gobierno nacional, lo que queda en evidencia con los crecientes problemas de financiamiento para cubrir el pago de los intereses, así como también los vencimientos de capital y déficit presupuestario en nuestro país. Para el año 2010 el Gobierno deberá afrontar pagos por intereses y vencimiento de capital en moneda extranjera por un total de u$s 6.280 millones y en pesos por 13.000 Millones. A esto debemos adicionarle el déficit fiscal que se prevé a nivel nacional más los déficits provinciales, que sumarían necesidades de financiamiento en pesos por $ 35.000 Millones.
Frente a ello, el gobierno recurre a mecanismos de cancelación de deuda que generan extrema fragilidad en la economía potenciando el proceso inflacionario vigente. Mecanismos que dan una solución de corto plazo al financiamiento del gobierno nacional, pero que castigan fundamentalmente a los sectores populares, desatienden o agravan la situación de las provincias, del sistema previsional y generan mayores incertidumbres macroeconómicas. La necesidad de un programa antiinflacionario que, lejos de las políticas de ajuste y de enfriamiento de la economía del neoliberalismo, signifique el resguardo de los ingresos de los trabajadores de ingresos fijos, de los jubilados y pensionados es una necesidad todavía pendiente de realización.
Por otra parte, la reversión de la tendencia superavitaria que se erigiera en pilar del modelo económico no sólo no ha alterado, sino que ha profundizado aún más el esquema de regresividad y centralización de recursos con el consecuente perjuicio a las provincias que se ve agravado por la crisis. Todos los indicadores hablan a las claras de la magnitud del deterioro del federalismo en
Si analizamos en este sentido la estructura fiscal a nivel nacional, vemos que el tercer recurso fiscal en importancia, es decir las retenciones (con una recaudación estimada para el año 2010 de $43.116 Millones), representan el 12,19% de la recaudación total del Gobierno Nacional, y como sabemos su coparticipación –sin el fondo sojero- es de "cero peso, cero centavo". También es muy bajo (solo el 14.5%) lo que se distribuye a las provincias por el impuesto al cheque, que es el cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y cuya recaudación está prevista par el año 2010 en $ 23.546 Millones
De esta forma, la recaudación total prevista a nivel nacional para el año 2010 es de $ 353.724 Millones, de los cuales se coparticiparán por el esquema normado a las provincias $82.938 Millones, que representa solo el 23,40 % porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos, y el flagrante incumplimiento del artículo 7 de la ley 23.548. Y si incorporamos esta apropiación de reservas del Banco Central por el Fondo del Bicentenario, de u$s 6.569 Millones, que corresponden al conjunto de los argentinos, pero a la que no tienen acceso las provincias, la relación anteriormente mencionada de distribución de recursos se distorsiona aún más, correspondiendo para
A este esquema de centralización de los recursos se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial, los gastos salariales tienen un peso significativamente superior a los de
Vemos de esta forma como el gobierno ha quedado preso de las propias limitaciones que su modelo económico ha ido generando en los últimos años, modelo que hoy se muestra a todas luces agotado y sin posibilidad de dar respuestas a las necesidades de desarrollo sustentable del país.
Por lo expuesto, el Partido Socialista rechaza el decreto de creación del Fondo del Bicentenario, y reclama la necesaria adopción de una política fiscal integral que respete el federalismo y otorgue a las provincias posibilidades plenas de desarrollo. En lo inmediato propone:
1- Coparticipación plena de los recursos generados por
2- Eliminación del IVA a los productos de
3- Sistema universal de protección social.
4- Reformulación progresiva del sistema tributario, gravando la renta financiera y el juego entre otras medidas;
5- Conformación de una Comisión Bicameral de investigación de la legitimidad de la deuda externa, reivindicando la potestad constitucional del Congreso en la materia.
Buenos Aires, 19 de febrero de 2010.
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