Cheques de la Iglesia para
el capellán prófugo...
Mientras la Justicia buscaba al cura Aldo Vara, imputado por
crímenes de lesa humanidad, la arquidiócesis que encabeza Guillermo Garlatti le
entregaba mensualmente un cheque a su apoderado. Los fiscales bahienses
denunciaron al arzobispo por encubrimiento.
La Unidad Fiscal de Bahía Blanca denunció ayer por encubrimiento
al arzobispo local Guillermo José Garlatti por financiar al ex capellán Aldo
Omar Vara durante los ocho meses que estuvo prófugo. Los fiscales José Nebbia y
Miguel Palazzani presentaron la denuncia tras corroborar en el propio
arzobispado que un apoderado retiraba todos los meses un cheque para el cura
imputado por delitos de lesa humanidad a pesar de que tenía pedido de captura
nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para
encontrarlo. Vara fue detenido el lunes por Interpol
en Ciudad del Este y, pese a su manifiesta voluntad de burlar la ley, un juez
de garantías de Paraguay le concedió el arresto domiciliario hasta que se
concrete su extradición. El ex capellán del Ejército seguirá cobijado por la
Iglesia católica, que lo aloja en una parroquia de Ciudad del Este.
El sociólogo Fortunato Mallimaci denunció ayer a primera hora en
el programa radial “Frente a Cano” que “un apoderado (de Vara) retiraba todos
los meses un cheque por la jubilación del ex capellán, que era entregado por la
curia bahiense”. “Hay que preguntarle al obispo quién es ese apoderado, de
dónde provenía ese dinero, si era por capellán, por jubilación o por docente”,
propuso. A partir del dato, los fiscales se apersonaron en el arzobispado que
conduce Garlatti.
El administrador de la arquidiócesis, Bruno Cuchetti, les
explicó entonces que la Iglesia católica tiene su propio sistema de jubilación
y admitió que era cierto el dato del cheque mensual para el prófugo por medio
de un apoderado. “El contador (por Cuchetti) se enojó con la inesperada visita
y al despedir a los fiscales se recluyó en las oficinas del primer piso junto
al obispo auxiliar Pedro María Laxague”, informó FM de la Calle.
Con el dato corroborado, Nebbia y Palazzani fueron a la fiscalía
de Antonio Castaño para denunciar a Garlatti y pedir que se lo indague por
encubrimiento. El Código Penal pena con prisión de seis meses a tres años a
quien “ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a
sustraerse a la acción de ésta”. Los fiscales destacaron en la denuncia que el
arzobispado bahiense, entre otros, fue notificado por oficio del juzgado para
que informara sobre el paradero de Vara, y pese a que todos los meses le hacía
llegar un cheque no aportó ningún dato para facilitar la búsqueda.
Agregaron que el oficio incluía los delitos de lesa humanidad
por los que se lo acusa y que tanto la imputación como la fuga y la recompensa
eran datos públicos que Garlatti no podía ignorar. El arzobispo, por medio de
su canciller Emma Rosa Vila, también aseguró desconocer el paradero de Vara en
noviembre último, en respuesta a un pedido de ayuda de Hijos Bahía Blanca, la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Red por la Identidad local.
Teniendo en cuenta que los cheques para el prófugo no salían del chanchito de
Garlatti sino de una caja administrada por la Iglesia católica, la imputación
por encubrimiento, ahora en manos del fiscal Castaño, podría alcanzar a
instancias superiores de la jerarquía eclesiástica.
