Un informe elaborado por la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Tráfico y Trata de Personas, Joy Ezeilo, da cuenta que la trata con fines de explotación laboral y sexual creció en la Argentina. Eldocumento se dio a conocer el 24 de mayo pasado en 17ma sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONUdespués de que Ezeilo visitara la Argentinaen septiembre de 2010, invitada por el gobierno nacional, cuando mantuvo reuniones funcionarios de los tres poderes del Estado y ONGs que luchan contra estos delitos. Cabe señalar que durante la semana que Ezeilo estuvo en Buenos Aires, dos días visitó la sede de la Alameda para tener entrevistas con ex victimas de trata laboral y sexual y para familiarizarse con el centenar de causas judiciales que impulsa nuestra organización. El objetivo de la visita de Ezeilo ala Argentinafue el de conocer la estructura legislativa e institucional, las políticas dela Argentinareferidas a la lucha contra la trata de personas y la incorporación de las leyes internacionales sobre derechos humanos.
El informe asegura que Argentina se ha convertido en un país de origen, tránsito y destino de víctimas de estos delitos dada la “porosidad” de las fronteras con Paraguay y Brasil, zona conocida como la Triple Frontera, “que es una región de tránsito común utilizada por los tratantes”.
Señala que como un país de destino, la mayoría de las mujeres y niños trasladados a la Argentina para explotación sexual “provienen de Brasil, República Dominicana, Paraguay y Perú”. En tanto, las víctimas de explotación laboral “son de Bolivia, Colombia, Dominicana, Perú y Paraguay”. Por otra parte, indica que como país de origen y tránsito, “mujeres y niñas destinas a la explotación sexual en otros países latinoamericanos y europeos, mayoritariamente Italia y España”.
Resalta que la mayoría de las víctimas de trata en la Argentina, incluidas aquellas que provienen desde Brasil y Paraguay, “provienen de situaciones de inestabilidad económica donde ni sus necesidades básicas, ni las de sus familias están satisfechas y sin medios reales de mejorar socialmente debido a sus bajos niveles de educación”.
En cuanto a las redes de trata que operan en la Argentina, la relatora de la ONU explicó que “varían desde organizaciones complejas que operan en todas las etapas del proceso de la trata (reclutamiento, secuestro, transporte y explotación de víctimas) hasta propietarios de burdeles, que reclutan o secuestran a sus víctimas directamente para explotarlas en sus establecimientos o para venderlas a otras personas”. Y agrega que la participación de funcionarios públicos corruptos y la policía “facilita el funcionamiento de estas redes”.
Trata laboral
También el documento hace referencia a la trata con fines de explotación laboral. Ezeilo recopiló información sobre la existencia de talleres textiles que funcionan en provincia y ciudad de Buenos Aires “donde los trabajadores migrantes son explotados”. “Los talleres ofrecen sus servicios a las grandes marcas comerciales, tanto nacionales como internacionales. Los trabajadores son obligados a trabajar y vivir en las instalaciones, donde les retienen sus documentos y su libertad de movimiento es totalmente controlado”, describe. Y cita el trabajo de la Alameda que “ha identificado unos 600 talleres clandestinos en el país que trabajan para más de 103 marcas” y que también “denunciaron casos ocurridos en la industria avícola y en las distintas labores agrícolas en las diferentes economías regionales”.
Frente a esto, asegura que “las respuestas del sistema judicial no han sido apropiadas” y cita el caso judicial sobre el taller de la calle Luis Viale al 1200 donde murieron seis victimas y los responsables quedaron impunes.
Por la empresa avícola Nuestra Huella, donde pese a la cantidad de pruebas sobre el trabajo esclavo e infantil, es poco y nada lo que se ha avanzado dado que “se dice que la empresa opera con impunidad ya que su propietario está relacionado con las autoridades locales”.
“Los casos examinados por las ONG revelan que muchas víctimas son atraídas desde el extranjero, principalmente Bolivia, mediante falsas ofertas de empleo que a veces se encuentran escritas en la lengua materna de los reclutados. Los tratantes operan con la ayuda de las empresas de transporte que, a veces, tienen acuerdos con los guardias de fronteras para permitir que los migrantes ingresen al país sin los documentos apropiados. Una vez que los trabajadores arriban, sus documentos son retenidos, son endeudados, sometidos a duras condiciones de trabajo y encerrados en los talleres”, describe el informe.
Asistencia a las víctimas
La relatora de la ONU señaló el fracaso de las autoridades en satisfacer las necesidades especiales de las víctimas de trata a lo largo de los procedimientos judiciales.
Criticó las débiles penas previstas por la ley correspondiente en el Código Penal para los tratantes que pueden ser condenados de 3 a 6 años en los casos de trata de adultos, y de 4 a 10 años en los casos de que las víctimas sean niños. Indica que “una de las limitaciones encontradas fue la falta de datos fiables sobre las victimas identificadas y asistidas”. También sostiene que “faltan albergues suficientes y adecuados” para las victimas y que los que provee el Ministerio de Desarrollo Social “no tienen las características necesarias para lidiar con victimas de trata”
Otra de las fallas identificadas por la relatora es la falta de investigaciones sobre los recursos financieros que deberían ser recuperados cuando se está tratando un caso de trata. “Esto es una carencia en las investigaciones relativas al crimen organizado en general, no sólo respecto a la trata. Investigando los recursos financieros del crimen y al mismo tiempo el crimen en sí mismo, la indemnización de las víctimas podría ser más sencilla y realizando dentro del mismo proceso penal”.
Trata sexual
La relatora advierte que a pesar de la legislación local y de los convenios a los que Argentina adhirió “se ha vuelto claro que las normas nacionales referidas a la prohibición de prostíbulos no está siendo acatada”.
La relatora de la ONUsostiene que “las organizaciones que proporcionan asistencia directa a las victimas y sus familias, enfrentan importantes dificultades financieras y la amenaza de represalias de los tratantes. Reportes de teléfonos que han sido pinchados o intervenidos, ordenadores hacheados y amenazas por escrito son comunes. A eso se le suma la persecución y las críticas provenientes de determinadas autoridades del gobierno, quienes desacreditan su trabajo y algunas veces los presentan como problemáticos y “traidores”.
Concluye señalando que “la protección y la seguridad de las personas involucradas en la lucha contra la trata de personas y que prestan asistencia y apoyo a las victimas no está garantizada”
La relatora recomienda reformar la ley de trata “eliminando la cuestión del consentimiento” y aplicando “sanciones más estrictas”.Que se destinen recursos suficientes para combatir estos flagelos y que se proporcione “la reinserción integral, rehabilitación y asistencia a las victimas”. Sugiere la creación “de un organismo central federal para mejorar la coordinación.
En relación al trabajo esclavo plantea que se debe “Demostrar un serio compromiso y voluntad política en el marco del esfuerzo de prevención para regular a las empresas, como en la industria textil, la agricultura (incluyendo la pesca) y la construcción, así como el entretenimiento y la industria del sexo: inspecciones adecuadas deben llevarse a cabo para garantizar que estas empresas no están involucradas en la trata o en el empleo de personas objeto de trata”
El informe concluye reclamando “una política de tolerancia cero con respecto a la corrupción para asegurar que cualquier agente del Estado involucrado en el delito de trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigado”.
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