La
Presidenta del H. Senado, Gabriela Michetti, me confió la dirección del
Observatorio de Derechos Humanos, creado en 2013 para contribuir al desarrollo
de una legislación que garantice el pleno reconocimiento y vigencia de los
derechos humanos en nuestro país. Una obligación ineludible desde que la
Reforma de 1994 les dio jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales
sobre la materia. La experiencia legislativa me enseñó que esa decisión fue un
gran impulso democratizador, ya que le dio forma
jurídica al mayor consenso al que llegó nuestra sociedad, el “Nunca Más” a la
violencia política.
En
términos personales es para mí la oportunidad de dar continuidad a lo que guio
mi trabajo legislativo, la consagración de esos derechos, definidos en el
Artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
Una
verdad sencilla y profunda que debe guiarnos para que encarnen tanto en las
instituciones del Estado como en nuestros corazones. Al ingresar en la cuarta
década democrática ya no podemos postergar más la construcción de una auténtica
cultura basada en el respeto, que es la base del diálogo y la deliberación.
Los
Derechos Humanos, al poner al ser humano en el centro de las obligaciones del
Estado, han desplazado la vieja tradición autoritaria que distorsionó su
función como garante de esos derechos, que son universales.
Llegué
a la vida pública desde la peor tragedia que vivió la Argentina de nuestro
tiempo. Los Derechos Humanos fueron un instrumento para denunciar la crueldad,
los malos tratos, las desapariciones. En la política descubrí y aprendí que la
filosofía de igualdad y dignidad que expresan la normativa de los Tratados
Internacionales todavía son una utopía a alcanzar, pero, también, el mejor
antídoto para que nuestro país no se vuelva a descarriar por la negación del otro.
Al final, lo que fue violado entre nosotros es la convivencia democrática.
Tal
como sucedió con la actividad parlamentaria haremos visible tanto nuestro
trabajo como los aportes de todas aquellas personas y organizaciones
comprometidas con la defensa de una cultura de la dignidad. Es nuestra
intención no sólo contribuir a la jerarquización del trabajo legislativo para
restituir la confianza en uno de los poderes de la República sino promover el
debate y articular nuestra labor con todos los organismos de la sociedad civil.
En
síntesis, para quien ha trabajado siempre contra la prepotencia y el
autoritarismo, tengo ahora la oportunidad de seguir trabajando a favor de lo
que creo: el sistema democrático, el único que legitima el conflicto y nos
obliga a respetar y tolerar lo que nos es ajeno, diferente u opuesto. El límite
es siempre la legalidad democrática.
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