El Terrorismo de Estado...
El Terrorismo
de Estado
1. Algunas definiciones del concepto de Terrorismo de Estado
Existen pocas definiciones de este concepto,
sin embargo, en los últimos años, a partir de las sistemáticas violaciones de
derechos humanos ocurridas en diversos países del mundo y en especial en
América Latina bajo dictaduras militares, dicho concepto ha comenzado a
definirse en el campo de los derechos humanos.
También es cierto que el terror utilizado por
parte del Estado no es algo nuevo en la historia de la humanidad, ya que éste
ha sido aplicado desde los orígenes por dicha institución. Al terminar la
Segunda Guerra Mundial, surge la idea de que los horrores y el holocausto
cometidos por la máquina del Estado nazi, nunca más volverían a repetirse.
Toda la humanidad parecía haber comprendido
las lecciones de la última gran guerra, más aún cuando un gran número de
naciones de todos los continentes, había firmado la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en el año1948.
Entonces, resulta sorprendente que el Estado, que por principio debe velar por
la seguridad de las personas de la nación, nuevamente se convierta en una
máquina de terror. Eso es lo que ha pasado en algunos países de América Latina,
a partir de la instauración de dictaduras militares, que bajo la ideología de
la Doctrina de la Seguridad Nacional, fueron aplicando, en la práctica,
diversas formas de terror.
Así, la desaparición forzada de personas
corresponde a la expresión más perfecta y siniestra del terrorismo de Estado,
constituyendo a la vez la violación de derechos humanos más flagrante y global
que se conozca.
Aunque los estudios sobre el tema en la
actualidad han suscitado bastante interés por parte de investigadores de
diversos campos, dichos trabajos se han circunscrito fundamentalmente a las
acciones de grupos o individuos. En efecto, el terrorismo ha sido considerado
como un fenómeno clásico, utilizado muchas veces en la historia y considerado
como la forma más violenta de guerra sicológica, pero se le ha examinado más a
nivel de acciones individuales o de grupos que a nivel de acciones de Estado.
Recientemente, desde el campo de los derechos
humanos, ha surgido interés en el estudio del fenómeno del terrorismo de Estado
principalmente por las consecuencias nefastas, en vidas humanas, que éste ha
ocasionado en diversas naciones, en especial en países del Tercer Mundo. Entre
los investigadores figuran personalidades como Noam Chomsky, lingüista
norteamericano, quién ha señalado que generalmente "se considera al
problema del terrorismo internacional como uno de los más serios en la
actualidad, razón por la cual debe ser abordado de manera urgente por los
Estados civilizados". (39)
Noam Chomsky plantea que no existe desacuerdo
en cuanto a la definición de "terrorismo". El término se refiere a la
amenaza o al uso de la violencia:
- por lo general con fines políticos,
- en contra de civiles no-combatientes.
Para una definición más precisa podemos
aceptar el Código Penal de Estados Unidos, que define el "acto de
terrorismo" como una actividad que:
"a. Abarca un acto violento o un acto
peligroso para la vida humana que constituye una violación de las leyes
criminales de Estados Unidos o cualquier Estado, o que hubiera sido una
violación criminal si hubiese sido cometida dentro de la jurisdicción de
Estados Unidos o cualquier Estado;
b. parece tener el propósito de:
1. intimidar o ejercer coerción sobre la población civil;
2. influir la política de un gobierno por medio de la intimidación
o la coerción; o
3.
afectar la
conducta de un gobierno por medio del asesinato o el secuestro." (40)
Según Noam Chomsky existen diferentes
variedades de terrorismo:
- El terrorismo internacional, cuando el acto o las
actividades de apoyo implican cruzar fronteras nacionales.
- El terrorismo a gran escala (wholesale terrorism),
dirigido contra grupos grandes.
- El terrorismo a pequeña escala (retail terrorism),
enfocado hacia los individuos.
- Terrorismo de
Estado.
- Terrorismo
individual.
Los dos últimos, el terrorismo de Estado y
terrorismo individual dependen de la fuente de planeación y operación; o puede
ser una combinación de ambos, cuando el terrorismo individual opera bajo las
órdenes del Estado o bajo su dirección y apoyo. El autor considera que en torno
al tema del terrorismo, la preocupación principal la constituyen los casos más
serios: "el terrorismo a gran escala, dirigido generalmente por
Estados o sus agentes, dentro de sus propias fronteras o fuera de ellas". (41)
William Schulz, investigador en sociología,
señala que "si bien el terrorismo de Estado es tan viejo como la
sociedad de clases misma, y pese a que constituye uno de los principales modos
de operación de muchos Estados nacionales contemporáneos, no ha sido bien
analizado. Muchos de los aspectos y legalidades de este siniestro fenómeno
están por investigarse o requieren de un estudio más profundo". (42)
Este autor señala que una investigación
histórica sobre las diferentes formas del terror de Estado sería de gran
interés.
"Las razones por las cuales una élite en
el poder decide dar preferencia a determinadas formas de terror sobre otras
(por ejemplo, la crucifixión en lugar de la lapidación, la ejecución pública en
vez de la no pública, la "desaparición" de personas con mayor
frecuencia que el "tradicional asesinato político", el uso de
clínicas psiquiátricas en sustitución de las cárceles) conduce a otro aspecto
importante del tema, a saber: la psicología política del terrorismo de
Estado." (43)
William Schulz plantea que el estudio del
terrorismo de Estado merece una investigación más profunda del carácter
represivo de un sistema social de clases. Señala que el carácter represivo se
ejerce fundamentalmente en tres niveles estructurales, a saber:
El primer nivel pasa por la estructura
socioeconómica, mediante las relaciones sociales y económicas imperantes. A
dicha forma de violencia estructural o sistémica, se le llama opresión. Algunos
ejemplos de esta violencia estructural, según William Schulz, son: la muerte
diaria de decenas de miles de niños por desnutrición en los países capitalistas
del Tercer Mundo, el analfabetismo, el desempleo, la falta de seguridad social,
de vivienda, la violencia machista contra las mujeres, la discriminación
racista de minorías étnicas y sociales.
El segundo nivel de ejercicio de la represión
sistémica en una sociedad es la represión "ordinaria" del Estado, es
decir, la actividad represiva que se requiere para cumplir con determinadas
funciones públicas, tanto de carácter clasista como de interés general, y que
se ejecuta conforme al derecho nacional e internacional.
El tercer nivel de represión estructural es
la violencia que perpetra el Estado en violación de las normas del derecho
nacional e internacional. (44)
Este autor plantea que la represión ordinaria
y el terrorismo de Estado constituyen un medio económico directo o no de
apropiación de riqueza por parte de una minoría dominante. Así, el terrorismo
de Estado y la represión ordinaria pueden utilizarse dentro de dos contextos
diferentes:
a.Para la defensa de un sistema establecido
de producción y apropiación, esto incluye proyectos de reestructuración o
modernización de la economía, la instalación de regímenes fascistas, las dictaduras
militares, la "desestabilización" de otros países o el uso de la
"contrainsurgencia".
b.Para la expansión de determinadas
relaciones de producción, o su creación en áreas donde no existían, como
sucedió durante el colonialismo o en el proceso de la "acumulación
originaria del capital". (45)
De tal manera, según William Schulz, la
intensidad con que se utilizan las dos formas de represión sistémica depende de
la naturaleza y dimensión de la amenaza a la cual se ve expuesto el sistema
clasista establecido.
Obviamente una élite en el poder recurre a
métodos terroristas cuando su sistema de represión ordinario y, por supuesto,
sus controles hegemónicos, son ineficaces para neutralizar la amenaza. (46) No
obstante, es importante subrayar, según William Schulz que:
"...la élite en el poder reacciona ante
una amenaza conforme a la percepción que tenga de ella. Esto explica por qué el
terrorismo de Estado es usado a veces de manera "excesiva", es decir,
por encima de las necesidades o intereses objetivos de las clases dominantes
que los emplean; y, así mismo, por qué se aterroriza a grupos sociales,
políticos o religiosos que objetivamente no constituyen ninguna amenaza real
para el sistema." (47)
Según William Schulz, el terrorismo de Estado
puede operar de dos maneras:
- directamente, por medio de agencias del Estado
mismo;
- indirectamente, mediante la utilización de entidades
sustitutas (proxy entities) tales como otros Estados o grupos o
individuos. (48)
Otro punto de vista y complementario al
anterior se encuentra en Miguel Bonasso que define el "terrorismo de
Estado" para distinguirlo del "terrorismo" a secas que involucra
a grupos o individuos que carecen precisamente del poder represivo del Estado y
utilizan la violencia indiscriminada para expresar su oposición a ese poder y
tratar de desestabilizarlo." (49)
Miguel Bonasso indica, desarrollando la
definición de terrorismo de Estado:
"se usa esta denominación para demarcar
un modelo estatal contemporáneo que se ve obligado a transgredir los marcos
ideológicos y políticos de la represión "legal" (la consentida por el
marco jurídico tradicional) y debe apelar a "métodos no
convencionales", a la vez extensivos e intensivos, para aniquilar a la
oposición política y la protesta social, sea ésta armada o desarmada." (50)
Según Miguel Bonasso se deducen dos
definiciones:
"El terrorismo de Estado es siempre de
origen conservador y, por lo tanto antagónico a los intereses históricos de los
sectores populares. Aunque alguna vez haya sido perpetrado bajo consignas
revolucionarias, como pudo ser en el caso del régimen de Pol Pot en Camboya.
"El terrorismo de Estado es siempre
vergonzante, porque siempre está atrapado en la misma contradicción: debe
difundir sus practicas más crueles y aberrantes para generalizar el terror y
asegurar la dominación pero debe, al mismo tiempo, negar su autoría para no
transgredir las normas jurídicas internas e internacionales que aseguran -en
teoría- el respeto a los derechos humanos." (51)
Cabe puntualizar de que no es tan cierta la
idea de que el terrorismo de Estado es siempre utilizado por regímenes
conservadores. El período estalinista en la ex-URSS y en otros países de Europa
del Este, demuestra que allí también se utilizó la maquinaria del Estado
terrorista no sólo en contra de opositores, sino que también contra disidentes
que participaron del proceso revolucionario.
Más adelante, Miguel Bonasso señala también
que "aún cuando es aplicado mayoritariamente por dictaduras
militares, establecidas precisamente para desplegar el sistema terrorista con
mayor eficacia y sin ningún tipo de controles periodísticos o parlamentarios,
el "terrorismo de Estado" se presenta como el último bastión del
"sistema democrático" y del "mundo libre". (52)
Los regímenes militares que lo aplican
–particularmente en América Latina– tienden a mostrarlo como transitorio, como
etapa cruel pero necesaria, que antecede al retorno de la "Constitución y
la Democracia." (53)
Ernesto Garzón, jurista español, analiza el "concepto
de terrorismo de Estado" desde el punto de vista de su legitimidad fáctica
y de su ilegitimidad ética. Define el concepto de terrorismo de Estado como el
ejercicio del poder estatal caracterizado por:
–La afirmación de la existencia de una
"guerra vertical" con un enemigo infiltrado en todos los niveles de
la sociedad, que suele actuar como agente de una confabulación internacional,
cuya finalidad es la eliminación de valores aceptados como absolutos por
quienes detentan el poder.
–La delimitación imprecisa de los hechos
punibles y eliminación del proceso judicial para la determinación de la
comisión de un delito.
–La imposición clandestina de medidas de
sanción estatal prohibidas por el orden jurídico oficialmente proclamado
(torturas y homicidios, entre otros).
–La aplicación difusa de medidas violentas de
privación de la libertad, la propiedad o la vida, prescindiendo en muchos
casos, de la identidad del o de los destinatarios de las mismas y de los actos
u omisiones de los que pueden ser responsables; la aplicación de la violencia a
víctimas inocentes contribuye precisamente a reforzar la "eficacia"
del terror.
La conjunción de estas características
permite formular la siguiente definición de terrorismo de Estado:
"El terrorismo de Estado es un sistema
político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación
clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente
inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico
proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno
en agente activo de la lucha por el poder." (54)
Según Ernesto Garzón, la definición de
terrorismo de Estado puede ser completada y explicitada haciendo referencia a
sus elementos funcionales más importantes desde el punto de vista
institucional. El terrorismo de Estado requiere:
a. Una cierta organización ideológica cuya
base es un dogma, una idea que vale como pauta absoluta, incuestionable, y que
sirve de excusa o justificación para la destrucción de todo aquello que se
oponga a ella. Tal fue el papel de la llamada "Doctrina de Seguridad
Nacional".
b. Un equipo eficaz de propaganda que
justifique y argumente las medidas aplicadas y contrarreste y estigmatice
posiciones contrarias.
c. Disciplina interna de las organizaciones
ideológicas: eliminación de la capacidad de autocrítica de los miembros de la
organización encargada de aplicar las medidas coactivas a través de algunos
mecanismos de "disciplina interna". (55)
Según Ernesto Garzón entre los argumentos que
son utilizados para excusar o justificar la aplicación de aquellas medidas que
justamente son definitorias de terrorismo de Estado, se cuentan las siguientes:
a. El argumento de la eficacia. La imposición
del "terror estatal" es la forma más eficaz para combatir el
terrorismo urbano y/o rural.
b. El argumento de la imposibilidad de
identificación del "terrorista". Ello exige la aplicación difusa de
medidas de coacción.
c. El argumento de la simetría de medios de
lucha. La respuesta cabal al "terrorismo indiscriminado" es el
reforzamiento del monopolio de la violencia estatal a través de medios
equivalentes a los que utiliza el "terrorista urbano y/o rural".
d. El argumento de la distinción entre ética
pública y ética privada. En el campo de la política, desde el punto de vista
ético, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de las acciones privadas, lo
decisivo para juzgar el comportamiento de quienes detentan el poder es el
resultado alcanzado. Si el resultado logrado por la vía del terrorismo de
Estado es la paz, se obtiene así el fundamento necesario para una verdadera
"sociedad democrática".
e. El argumento de la inevitabilidad de
consecuencias secundarias negativas. El fin que persigue o la imposición de
medidas difusas y clandestinas de represión es la paz y la seguridad. Que como
efecto secundario ello implique la destrucción de vidas humanas es algo
perfectamente justificable si se recuerda la "teoría del doble
efecto", sustentada por los escolásticos.
f. El argumento de las "elecciones
trágicas". "El terrorismo urbano y/o rural" coloca al Estado
frente a una situación que podría ser calificada como de "elección
trágica": si no se da respuesta al terrorismo de una manera eficaz, se
pone en peligro la existencia misma del Estado; por otra parte, una respuesta
eficaz exige la aplicación de medidas al margen de la legalidad.
g. El argumento de la primacía de los valores
absolutos. Existen valores político-sociales que tiene una validez absoluta e
incondicional. Su realización es condición necesaria para la felicidad y el
bienestar de la sociedad. Quienes se oponen a ellos... se convierten en
enemigos irreconciliables del orden social, y, por tanto, su eliminación está
justificada. (56)
Finalmente E. Garzón indica que:
"El terrorismo de Estado no puede ser
nunca una forma permanente de gobierno. Así lo reconocen también quienes lo
propician o practican cuando subrayan el carácter transitorio de este tipo de
sistema como etapa preparatoria para una "democracia verdadera".
Desde el punto de vista ético, postular el "aullido gubernamental"
como vía para el afianzamiento de la democracia es tan inaceptable como
propiciar la muerte intencional de inocentes para amedrentar a los culpables
reales o probables." (57)
Una de las características comunes de la
historia contemporánea en América Latina es el hecho de que existen profundas
desigualdades e injusticias sociales en grandes sectores de la población. Esta
situación ha provocado grandes tensiones y conflictos sociales permanentes.
Probablemente, esta constatación, junto al impacto político de la revolución
cubana en la región y el contexto internacional de "guerra fría"
fueron algunos componentes que configuraron una nueva visión del papel del
Estado y de las Fuerzas Armadas en el continente.
El miedo atroz a los cambios sociales, a los
movimientos populares, a la "amenaza comunista" fueron creando un
clima de inseguridad (en muchos casos artificial y ficticio) en las clases
dominantes de América Latina que las condujo a otorgar mayores cuotas de poder
a instituciones militares y policiales que aseguraban el mantenimiento del
"orden vigente" y el "status quo".
Situaciones de inestabilidad política e
institucional, reflejando a veces una crisis del sistema democrático, no son
excepcionales en el continente. Se conoce, por ejemplo, la intervención en
política de los militares mediante golpes de Estado y cuartelazos desde el
inicio del período repúblicano.
La "cultura de la pobreza", la
dependencia económica y política de las grandes metrópolis imperialistas, la no
resolución de los problemas sociales de los sectores más débiles y marginados
de la población, la imposibilidad de cambios sociales, van creando las
condiciones del enfrentamiento social y político.
Otra particularidad aparece a finales de la
década de los 60 con el desarrollo de poderosos movimientos sociales de
carácter popular y reivindicativo que en muchos casos cuestionaban el poder
establecido y se presentaban como proyectos políticos alternativos. El caso del
gobierno de la Unidad Popular en Chile, del Presidente Allende, es un claro
ejemplo.
De tal manera, la irrupción del conflicto
social y político en diversos ámbitos de la sociedad lleva a situaciones de
polarización de fuerzas. La respuesta de los sectores dominantes no será el
diálogo ni la búsqueda de salidas de consenso. La solución será la represión
política.
Esta represión tendrá características
totalmente diferentes. No será la represión tradicional, salvaje de antaño. La
represión debe ser distinta. Primero, porque ya no causa mucho efecto la forma
tradicional, y segundo, porque el movimiento popular también responde, en
algunos casos, con formas de violencia.
Se requiere un nuevo tipo de represión,
nuevos métodos y técnicas, más eficaces y sistemáticos. En definitiva, una
nueva concepción de la represión para hacer frente a los conflictos sociales.
Así se recurre a la estrategia de la contrainsurgencia y la Doctrina de la
Seguridad Nacional como un auxiliar ideológico que justifica teoricamente la
necesidad de la "seguridad" y la preparación para la guerra en contra
del "enemigo interno".
Para cumplir con estos objetivos, se agregan
otros elementos, tales como:
– Estructurar las Fuerzas Armadas de acuerdo
con los nuevos principios. En la preparación militar para un eventual
conflicto, se dará mayor énfasis a la lucha contra un "enemigo
interno" que contra un enemigo externo.
– Las situaciones de conflicto o guerra no
serán asumidas exclusivamente en el plano militar. Hay que combatir en todos
los frentes y con todas las formas de lucha, ya que la "guerra es
total". Aquí, la guerra psicológica y la utilización del terror desempeñan
un papel fundamental.
Por consiguiente, con la ineficacia de los
tradicionales métodos de represión, con esta nueva visión de neutralizar y
reprimir los conflictos sociales, con un nuevo papel para el Estado y las
Fuerzas Armadas, con la incorporación de la ideología de la Seguridad Nacional,
con la preparación militar para oficiales latinoamericanos en escuelas
internacionales de contrainsurgencia, va surgiendo algo nuevo.
De este modo, se han configurado todos los
elementos y condiciones para comprender la razón y la lógica, por la cual
algunos gobiernos, civiles o militares, han aplicado determinadas formas de
terrorismo de Estado, constituyendo la desaparición forzada de personas, la
expresión más perfecta y acabada.
Delimitando el concepto de terrorismo de
Estado aplicado a las experiencias de gobiernos que utilizaron estos métodos de
represión política en América Latina y que tomaron como base la ideología de la
Doctrina de Seguridad Nacional, en una investigación sobre el tema, Alvaro Del
Barrio Reyna y José León Reyes señalan:
"El terrorismo de Estado constituye el
aspecto más notorio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, traducido en un
total desconocimiento del derecho a la vida y de la libertad personal, en
torturas y desaparecimientos cometidos con el alegado motivo de la lucha contra
la subversión. La honda ilegitimidad que suponen las distintas características
de la ideología de la Seguridad Nacional, conducen a sus adeptos y ejecutores
prevalidos del poder total, a una situación de hipocresía y clandestinidad.
Adoptan el sigilo, la nocturnidad, el ataque por sorpresa, las prácticas
delictivas; la infracción del propio orden jurídico que en las horas de luz
dicen defender y que, en todo caso no se atreven a suprimir.
El terrorista estatal es aún más execrable
que el terrorista extraestatal, al precaverse del aparato del Estado para
delinquir, ocultarse, protegerse o hacerse impune. El tríptico que caracteriza
la ideología del terrorismo de Estado es: secreto, clandestinidad e
impunidad." (58)
La utilización de la máquina del Estado para
generar represión y terror en Chile comenzó con el advenimiento del régimen
militar. Las graves violaciones de los derechos humanos condenadas por Naciones
Unidas, la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional y en
diversos foros internacionales, demostraron la gravedad de la situación. El
campo de violación de los derechos humanos abarcó en Chile. (59) los
siguientes elementos:
a. Violaciones del derecho a la vida
1. Muertes. Diversos tipos de muerte: ejecuciones, con
desaparecimiento; por torturas; en supuestos enfrentamientos, homicidios
premeditados, por abusos de poder, etc.
2.
Detenidos-desaparecidos
b. Violaciones del derecho a la integridad
personal
1. Torturas. Diversos tipos de tortura: físicas o psíquicas,
con aplicación de descargas eléctricas, de tipo sexual, por golpes, aplicación
de drogas, quemaduras, inmersiones
2. Tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes
3.
Homicidios frustrados
4.
Heridos y lesionados
c. Violaciones del derecho a la libertad
personal
1. Detenciones arbitrarias. Detenciones individualizadas y
selectivas, en manifestaciones, en allanamientos masivos, secuestros
2.
Presos políticos
3. Relegación (confinamiento en lugares remotos e
inhóspitos)
d. Violaciones del derecho a la seguridad
personal
1.
Amedrentamiento
2.
Allanamiento
e. Violaciones del derecho a vivir en la
patria
1.
Exilio
2.
Refugiados
Considerando que el terrorismo de Estado fue una política de represión utilizada por el régimen militar que provocó la violación de derechos humanos más grave, sistemática y masiva en la historia reciente de Chile, ésta se puede caracterizar por todos aquellos hechos de violencia política que causaron conmoción y alarma pública y que provocaron situaciones de terror hacia la comunidad.
Entre los hechos o prácticas típicas de
terrorismo de Estado realizadas entre 1973 y 1990, cabe mencionar las
siguientes (60):
– El bombardeo del Palacio Presidencial de La
Moneda el 11 de septiembre de 1973, en el cual se encontraba el Presidente
constitucional, Ministros y colaboradores.
– La ejecución de un grupo de arrestados en
Curacaví el 17 de septiembre de 1973 por Carabineros de dicho lugar. Del total
de 7 personas, cinco son ejecutadas y dos logran sobrevivir. Entre estos
últimos, uno de ellos, José Guillermo Barrera, después de haberse asegurado en
el Ministerio de Defensa que no era buscado, regresará a Curacaví en marzo de
1974, siendo nuevamente detenido y desaparecido.
– La ejecución de 13 personas en Osorno el 18
de septiembre de 1973 por carabineros y colaboradores civiles de dicha
localidad.
– La ejecución de 19 personas de Laja y San
Rosendo el 18 de septiembre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Laja. Los
detenidos fueron ejecutados en el camino de Los Angeles, entre Yumbel y Laja, y
sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente.
– La ejecución de 18 campesinos de Paine el
24 de septiembre de 1973 por efectivos del Regimiento de Infantería de San
Bernardo.
– La ejecución de cerca de 22 personas en
Valdivia en octubre de 1973 por miembros del Ejército.
– La ejecución de 6 detenidos por "ley
de fuga" en Pisagua el 30 de septiembre de 1973.
– La ejecución de 4 estudiantes
universitarios en Cauquenes el 3 de octubre de 1973 por efectivos militares de
esa ciudad.
– La ejecución de 13 campesinos en Mulchén en
octubre de 1973 por una patrulla de Carabineros, militares y civiles.
– La ejecución de cerca de 9 dirigentes
ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo el 10 de octubre de 1973 por
militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
– La ejecución de 10 personas en un Consejo
de Guerra en el campamento de detenidos de Pisagua en octubre de 1973 por
efectivos militares.
– La ejecución de 23 personas en Paine de los
asentamientos campesinos "24 de abril", "Nuevo Sendero" y
"El Tránsito" en octubre de 1973 por miembros del Ejército.
– La ejecución de 72 presos políticos entre
el 15 y 19 de octubre de 1973 en las ciudades de La Serena, Copiapó,
Antofagasta, y Calama, por la llamada "caravana de la muerte", una
delegación militar a cargo del general Sergio Arellano Stark.
– La ejecución de 7 detenidos en un
"supuesto enfrentamiento" en Cautín, Temuco, el 10 de noviembre de
1973 por miembros del Regimiento Tucapel.
– Instalación del centro clandestino de
detención y tortura de la calle Londres 38 en pleno centro de Santiago en marzo
de 1974. Posteriormente será reemplazado por otros recintos similares, tales
como la casa en "José Domingo Cañas", "La Discoteca" o
"Venda sexy", "Villa Grimaldi", todas a cargo de la DINA.
Por aquí pasarán gran parte de los detenidos que posteriormente serán
desaparecidos.
– Muerte del general de la Fuerza Aérea
Alberto Bachelet, víctima de las torturas a que fue sometido, el 14 de marzo de
1974. Según la versión oficial, su muerte se produjo por "un ataque al
corazón". El general Bachelet participó en un cargo público durante el
gobierno de la Unidad Popular.
– Muerte del ex-Ministro del Interior, José
Toha, detenido por los militares. Según versión oficial, éste se suicidó en el
Hospital Militar, donde estaba hospitalizado.
– Muerte en atentado explosivo del
ex-Comandante en Jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats y su esposa
Sofía Cuthbert en Buenos Aires el 29 de septiembre de 1974. Al llegar a su
residencia, un poderoso artefacto explosivo colocado bajo el chasis del
automóvil y detonado a distancia por control remoto, hace explosión causando la
muerte del general y su esposa. Ellos habían buscado refugio en Argentina
después del golpe militar. El general Carlos Prats, militar leal a la
Constitución, se negó a participar en el gobierno de la Junta Militar, teniendo
que abandonar Chile por razones de seguridad personal. En los días previos al
atentado el general Prats hacía gestiones para viajar a Europa, viaje que había
sido demorado por las autoridades chilenas.
El agente de la DINA, Michel Townley abandonó
Buenos Aires el mismo día del atentado.
– Publicación en Argentina y Brasil de una
lista de 119 casos de desaparecidos. Se trata de una operación conjunta de la
DINA y los servicios de seguridad argentinos que intenta hacer creer a la
opinión pública que un grupo de detenidos en Chile por la DINA en 1974 habría
muerto a consecuencias de purgas políticas internas y en enfrentamientos con
las Fuerzas Armadas de Argentina. Este montaje resulta completamente falso ya
que existen innumerables pruebas de testigos y familiares de las víctimas que
demuestran que en los 119 casos, todos fueron detenidos y desaparecidos en
Chile por la DINA.
– Inicio de las operaciones del "Comando
Conjunto", un grupo antisubversivo formado por el Servicio de Inteligencia
de la Fuerza Aérea, Carabineros y ex-militantes del grupo de extrema derecha
Patria y Libertad. El Comando Conjunto será el responsable de la represión en
contra del Partido Comunista (PC).
– Intento de asesinato en contra del
ex-Ministro del Interior y ex Vicepresidente de la República, Bernardo Leighton
y su esposa Anita Fresno, en Roma el 6 de octubre de 1975. Leighton fue herido
de un disparo en la cabeza en un atentado terrorista al llegar a su casa.
Después de varias semanas de debatirse entre la vida y la muerte sobrevivirá.
Su esposa que también fue atacada, quedó en estado semi-paralítico. Leighton,
fundador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), junto con 12 militantes de ese
partido emitieron una condena categórica al golpe de Estado, dos días después
de producido éste en 1973. La Junta Militar le había prohibido regresar a
Chile. Responsable de esta acción fue el grupo de extrema derecha italiano
Avanguardia Nazzionale, en conexión con la DINA.
– Asesinato, en 1976, de Carmelo Soria,
ciudadano español y funcionario internacional de la CEPAL quien fue
secuestrado, torturado y estrangulado por agentes de la DINA. Su cuerpo fue
arrojado a un canal para simular un accidente.
– Asesinato en un atentado con explosivos de
Orlando Letelier, ex-Ministro de Relaciones Exteriores y ex-Ministro de Defensa
Nacional del gobierno de la Unidad Popular, en Washington el 21 de septiembre
de 1976. En el ataque muere también la ciudadana norteamericana Ronni Moffitt y
queda herido su marido Michael Moffitt. El explosivo fue colocado bajo el
automovil y accionado por control remoto mientras Letelier conducía su coche en
pleno centro de Washington. Letelier había sido privado de su nacionalidad por
la Junta Militar 12 días antes de su muerte por "atentar gravemente contra
los intereses del Estado". Michael Towley, involucrado en este atentado,
agente de la DINA, utilizando un pasaporte falso había abandonado Washington el
día anterior.
– Detención en el lapso de tres semanas de 13
dirigentes del PC en Santiago, entre noviembre y diciembre de 1976. La versión
oficial de los militares señala que las víctimas habrían abandonado el país por
un paso fronterizo en dirección a Argentina. Los abogados de organismos de
derechos humanos logran demostrar que registros de salida del país fueron
adulterados y que existen pruebas concretas de que fueron capturados en Chile
por los servicios de seguridad.
– Asesinato de Tucapel Jiménez, Presidente de
la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Santiago el 25 de febrero de
1982. Jiménez promovía la posibilidad de la unidad de los trabajadores en
contra del régimen. Fue encontrado muerto en su automóvil con dos balazos en el
cráneo y tres puñaladas. Había recibido numerosas amenazas de muerte y era
habitualmente seguido por desconocidos de civil.
– Muerte de Loreto Castillo en Santiago, el
16 de mayo de 1984. La víctima fallece en la explosión de una poderosa bomba,
junto a una torre de alta tensión. En los días siguientes informaciones de
prensa dicen que Loreto Castillo es una "terrorista" que ha cometido
diversos atentados. Sin embargo, Héctor Muñoz, esposo de la víctima denuncia
haber sido detenido con su mujer el día de la explosión por un grupo de
civiles. Después de golpearlos hasta dejarlos inconscientes, los desconocidos
los colocaron separadamente junto a torres de alta tensión con explosivos a
punto de explotar. La bomba de Muñoz no estalló y salvó su vida.
– Muerte a tiros de siete personas a manos de
agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en la ciudad de
Concepción el 23 de agosto de 1984, en "enfrentamientos" que, según
testigos, no existieron.
– En un atentado atribuido a izquierdistas,
que destruye la iglesia de Fátima de la ciudad de Puntas Arenas, el 6 de
octubre de 1984, se encuentra el cadáver del verdadero autor del atentado, el
teniente de Ejército Patricio Contreras Martínez, importante miembro de la CNI
local.
– Secuestro y posterior degollamiento de tres
profesionales del proscrito Partido Comunista: el dirigente de los profesores
Manuel Guerrero, el dibujante Santiago Nattino y el sociólogo de la Vicaría de
la Solidaridad, José Manuel Parada, en Santiago, el 28 y 29 de marzo de 1985.
El juez civil José Cánovas, después de cuatro meses de investigación, acusa a
los servicios de seguridad dependiente de Carabineros (DICOMCAR). El Director
de Carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, general César Mendoza, es
obligado a renunciar a los cargos por los restantes mandos de las Fuerzas
Armadas.
– Asesinato en Santiago de los hermanos
Rafael y Eduardo Vergara por funcionarios de Carabineros, el 29 de marzo de
1985 al tiempo que agentes de la CNI matan a balazos a la joven Paulina Aguirre
de 20 años.
– Durante un paro nacional y una jornada de
protesta populares callejeras contra la dictadura, el 2 y 3 de julio de 1986,
policias y soldados matan a siete personas en Santiago, entre ellas el
fotógrafo Rodrigo Rojas, a quien una patrulla encabezada por un teniente quema
vivo. Carmen Gloria Quintana, acompañante de Rojas, sufre quemaduras graves y
queda desfigurada.
– Secuestro y ametrallamiento de cuatro
opositores al régimen militar en Santiago entre el 8 y 9 de septiembre de 1986.
Ellos son Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga, José Carrasco y Abraham Muskablit
quienes son asesinados por civiles armados del denominado comando "11 de
septiembre", como represalia y venganza por el atentado fallido que
sufriera el general Pinochet el día anterior, reivindicado por el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
– Muerte de 12 personas en la llamada
"Operación Albania" entre los días 15 y 16 de junio de 1987, en
Santiago, en operativos coordinados por la Central Nacional de Informaciones
(CNI).
– Asesinato con doce disparos de Jecar
Neghme, dirigente del MIR, cuando caminaba por una calle en el centro de
Santiago el 4 de septiembre de 1989.
Notas:
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