domingo, 6 de julio de 2014

Este chico promete limpiar de plástico los océanos… De Alguna Manera...


Este chico promete limpiar de plástico los océanos…

Boyan Slat.

Boyan Slat tiene 19 años y una técnica para eliminar la mitad del plástico de nuestros océanos, millones de toneladas, en 10 años, dice. Tras construir y probar el primer prototipo, asegura que funciona, y John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y el primer ministro de Holanda ya se han reunido con él. Parece una idea loable, pero de bombero: limpiar de plástico todos los océanos de la tierra. Más aún si quien lo firma es un chaval de 19 años que pretende utilizar, para más inri, un aparato de propia creación. Pero se diría que no lo es, a juzgar por los apoyos que ha recabado -se ha reunido con John Kerry-, los foros en los que ha participado -la prestigiosa conferencia TED de Estados Unidos-, y la financiación que ha logrado -un millón de dólares en 25 días-

 
Boyan Slat, estudiante holandés, en su estudio con los primeros planos del sistema. Ana González Rueda. 

The Ocean Cleanup es un proyecto liderado por Boyan Slat, holandés nacido en Delft en 1995, que consiste en limpiar los océanos mediante una serie de barreras flotantes, ancladas al fondo marino, en las que el plástico se acumularía gracias a las corrientes marinas. Una plataforma alimentada al 95% con energía solar lo extraería después, y finalmente se llevaría a tierra para ser reciclado. El sistema, asegura Slat, podría eliminar en 10 años la mitad de esa basura sin perjudicar a la fauna marina. Costaría además 33 veces menos que los métodos convencionales, los cuales tardarían siglos en hacer el mismo trabajo.

Actualmente existen cinco sopas de plástico en el mundo, atrapadas en las cinco corrientes oceánicas: el Pacífico Norte y Sur, el Atlántico Norte y Sur, y el Índico. Se estima que la del Pacífico Norte mide 1.400.000 km2, y expertos de las universidades de Delft y Hawaii han calculado que en 2020 habrá 7,25 millones de toneladas de dicho material (hoy 6,4 toneladas) flotando en los océanos, el equivalente a 1.000 torres Eiffel. El informe lo han hecho a petición de Slat, y es que a tesón no le gana nadie. «No me han llamado tanto loco, como me han dicho que la idea no tenía fundamento. Pero lo que hice fue comprobar si realmente lo tenía o no. Y hemos demostrado que sí». Un fenómeno viral.

Crónica contacta con Boyan Slat tras solicitar entrevista a través de su jefa de prensa. Ella es uno de los 100 trabajadores de la fundación The Ocean CleanUp, creada por Slat, de los cuales 10 son fijos, y entre los que se cuentan ingenieros, científicos, abogados o economistas.

El holandés nos atiende solícito desde Grecia, a pesar de estar disfrutando -o intentándolo- de su segundo día de vacaciones en seis meses. «Creo que el último fue el 2 de enero», explica Boyan en un perfecto inglés. «Todo empezó durante otras vacaciones, precisamente en Grecia, con mis padres. Estaba buceando, y el mar estaba lleno de plástico... ¡Había más bolsas que peces! De regreso a Holanda una idea me obsesionaba. Me di cuenta de que la gente nunca dejaría de tirar plástico a los mares, y que por esta razón la educación y prevención solas no valían. El plástico del mar tenía que poder limpiarse de alguna manera».

Con motivo de un trabajo en el instituto, Slat comenzó a investigar. «Me di cuenta de que podía haber una alternativa. En vez de ir a por el plástico, podíamos esperar a que viniera a nosotros gracias a las corrientes marinas. Barreras flotantes lo atraparían y concentrarían, y una plataforma lo extraería. La vida marina pasaría por debajo, porque es un sistema sin redes», explica.

Público selecto

Las 80 horas programadas para elaborar el proyecto escolar «se convirtieron en 800», añade. Y acabó presentándolo en la conferencia TED el 2 de junio de 2012. El mismo tipo de acto en el que han participado Bill Gates, Obama, Bill Clinton o Larry Page, uno de los fundadores de Google, y al que se accede tras un proceso de selección. En el vídeo de YouTube que inmortaliza el evento, y que tiene ya 1,6 millones de visitas, se escucha a un Slat con voz temblorosa, y 19 años de edad.

A pesar de la buena acogida «al presentarlo, me di cuenta de que no tenía nada más que eso, la idea», reconoce. Lejos de amilanarse, de vuelta a Holanda envió una lista de 50 preguntas a ingenieros y profesores para saber si el proyecto era viable, y comenzó a buscar patrocinio. De las 300 empresas a las que llamó, sólo una contestó, y no llegaron a nada. Para entonces ya había dejado sus estudios de primer año de ingeniería aeronáutica y había creado la fundación. «No tenía vida social», reconoce. Pero el 26 de marzo de 2013 cambió el curso de los acontecimientos. «El teléfono comenzó a sonar y no paraba. Las redes sociales explotaron, recibí 1.500 mails diarios. La historia se había hecho viral. Ya no estaba solo».

Con ayuda del equipo de voluntarios recién creado iniciaron una campaña de crowdfunding con la que consiguieron 18.000 dólares en 15 días. Y llegaron también las primeras críticas. «Nunca hemos encontrado oposición al proyecto, pero sí mucha gente que no creía en él por diversas razones. Fue entonces cuando decidí comprobar si podían refutarse o no. Ahora ya teníamos el dinero y la gente para hacer el estudio de viabilidad».

Un año más tarde y con la ayuda de diversos colaboradores, entre los que se cuentan varias ingenierías holandesas, el documento está impreso y encuadernado con tapas de plástico reciclado, tal y como se puede ver en el vídeo YouTube de su segunda conferencia TED. «Nos llevó un año, pero ya lo tenemos. Punto por punto hemos rebatido todas las razones por las que nos decían que no se podía hacer». Son las que arguyen personas como Stiv Wilson, director de campañas de la ONG 5Gyres (gyre, en inglés, corriente circular), y que se resumen en cuatro puntos: que el plástico no está en la superficie sino a tres metros de ella, que el océano es demasiado profundo para cualquier sistema de anclaje, que el sistema de Slat daña el ecosistema al succionar el agua, y que el plástico recogido no se puede reciclar.

«Pero nosotros hemos demostrado que las tormentas lo sacan a la superficie, e hicimos una barrera que puede aguantar el 95% de las condiciones», explica el muchacho. «También que se puede usar el mismo sistema de anclaje con el que se ponen las amarras en los puertos, pues la posición no requiere gran precisión. Y si el plancton se quedara o se dañara, restaurar la biomasa costaría menos de siete segundos en un año. Además, hemos hecho aceite a partir de media tonelada de plástico del mar».

Dos Millones

The Ocean CleanUp hizo público el estudio el pasado día 2 de junio, y con él han iniciado la segunda fase del proyecto: construir un prototipo a escala real. Para ello necesitan dos millones de euros que pretenden recaudar a través de una campaña de crowdfunding en 100 días. Transcurrida la cuarta parte, ya han conseguido un millón. La prueba con el primer prototipo, con barreras flotantes de unos 40 kilómetros, tuvo lugar en las Azores y, según Slat, confirmó los resultados. ¿Quién ha dicho que las ideas de bombero no funcionan?

© Escrito por Eva Dallo el Domingo 06/07/2014 y publicado en el Diario El Mundo de la Ciudad de Madrid, España.



Gi Bike: La bicicleta eléctrica y plegable,,, De Alguna Manera...


Gi Bike: La bicicleta eléctrica y plegable creada por dos cordobeses es furor en el mundo...


Gi Bike es el prototipo de bicicleta del futuro que es sensación en el mundo. Fue diseñada por dos cordobeses como respuesta a los continuos paros de colectivos que los afectaban.

Gi Bike es una bicicleta eléctrica plegable. “Visualmente impacta mucho y es distinta. No hay otra bicicleta eléctrica que tenga todas las innovaciones que tiene Gi Bike. Se vende sola”, dice Lucas.

Gi Bike está haciendo mucho ruido en el mundo y parece ser la bicicleta del futuro que todos prefieren. Pero sus creadores, Lucas Toledo, economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y Agustín Agustinoy, diseñador industrial de la UNC, quieren que ese futuro se convierta en realidad.


Con la ayuda de la plataforma de crowdsourcing Kickstarter (www.kickstarter.com) están buscando los 400 mil dólares que necesitan para comenzar a producirla. Ya juntaron más de 110 mil, además de llamar la atención de 200 medios de comunicación de todo el mundo, incluida la CNN.

Para lograr este prototipo estudiaron 60 modelos de bicicletas que están en el mercado. “Todas las bicicletas que hay en el mercado son muy parecidas a la primera que se creó a mediados del siglo XIX. Tienen el clásico cuadro en forma triangular. Una bicicleta de 100 o de 20 mil dólares son parecidas. No permite diferenciarte. Eso no ocurre en otros rubros como el de los autos o las motos”, explica Lucas.

El prototipo se logró gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, un crédito blando de Banco de Córdoba y a dinero propio, de amigos y familiares.

Quienes quieran apoyar el proyecto, pueden realizar su aporte en el sitio Kickstarter. Con 15 dólares te regalan una calcomanía. Con 2.590 dólares te dan una bicicleta, si se logra la meta.


Características de Gi Bike

Peso y dimensiones: La versión eléctrica pesa 17 kilos. Está diseñada en aluminio Plegada, mide 90 centímetros de largo y un metro de alto.

Plegado: El plegado se realiza en una sola maniobra y 3 segundos, y sigue el movimiento lógico de una bicicleta. No hace falta cargarla sino que se desplaza como una valija con rueditas.

Autonomía: La batería de litio ferropolímero tiene una autonomía de 60 a 80 kilómetros. La velocidad máxima con asistencia eléctrica es de 25 kilómetros por hora. No tiene acelerador.

Seguridad: En la mayoría de los accidentes con ciclistas, el auto choca a la bici de lado porque el automovilista no la ve. Además de las luces trasera y delantera, incorpora luces laterales.

Antirrobo: Los frenos de la bicicleta y el sistema electrónico se bloquean cuando el usuario se aleja a más de 100 metros del rodado.

Sin mantenimiento: El sistema de transmisión no es la clásica cadena de bici que necesita mantenimiento, mancha y rompe pantalones. Usa el sistema de correa dentada de la empresa Gates.

Inteligente: El celular inteligente se puede conectar a la bicicleta. Tiene un puesto USB para cargarlo. De esta manera, se puede buscar la ruta más rápida para llegar a destino, controlar el gasto calórico y los kilómetros realizados. También se puede compartir la bicicleta con los amigos a través de las redes sociales.

© Publicado el Lunes 09/06/2014 por Argentina.ar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Derechos humanos para todos…De Alguna Manera...


Derechos humanos para todos…


En exclusiva, el dictamen de una comisión de la ONU que refleja el maltrato médico recibido en prisión por el represor condenado.

Luis Abelardo Patti, subcomisario retirado de la Policía Bonaerense, sobre quien pesan múltiples acusaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad, fue condenado, junto a los ex generales Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, a cadena perpetua por homicidio, secuestro y tortura de personas cometidos durante la última dictadura. La sentencia fue dictada el jueves 14 de abril de 2011 por el Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, compuesto por los jueces María Lucía Cassain, Lucila Larrandart y Horacio Segretti. 

La condena fue la primera que recayó sobre alguien que no fue militar y que además desempeñó cargos electivos desde 1983. Patti fue primero elegido intendente de Escobar y luego diputado nacional, cargo que no alcanzó a asumir a causa de la acusación por la comisión de delitos de lesa humanidad que pesaba sobre él. Los casos por los que se lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos fueron el asesinato doblemente agravado de Gastón Goncalves, un militante peronista, y la práctica de la tortura contra el ex diputado nacional por el peronismo Diego Muñiz Barreto, su secretario, Juan José Fernández, y Osvaldo Ariosti.

Todos estos juicios fueron llevados adelante una vez que se produjo la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, instrumentos legales que buscaron consagrar la impunidad de todos aquellos culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Esta decisión del Congreso estuvo precedida por un fallo histórico del entonces juez federal Gabriel Cavallo, quien en 2001 declaró la inconstitucionalidad de esas leyes.

El objetivo de todos estos procesos es el conocimiento de la verdad acerca de lo sucedido en los oscuros años de la dictadura y el castigo a quienes fueron los responsables de tamañas atrocidades. Es importante que se haga en el marco del más absoluto respeto de los fundamentos y las normas procesales que marca la ley, porque de ello emana la legitimidad jurídica y moral del Estado de derecho. Así se asegura que haya justicia y no venganza. Tal precepto obliga al respeto de cada uno de los derechos del inculpado. Es lo que impone la Constitución. No hacerlo representa una falta grave y de ello se trata el caso que se describe en este artículo.

Todo comenzó con una intervención quirúrgica a la que Patti debió ser sometido, bajo autorización del Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín, en la columna vertebral para sustituir un disco a nivel cervical, que le había sido retirado en el año 1999 a causa de un accidente automovilístico, por una placa. Al día siguiente de la operación, el paciente sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) que le produjo las siguientes secuelas: hemianopsia homónima izquierda en ambos ojos, trastornos en el equilibrio de origen perceptivo, cognitivo y de orientación visuoespacial. A partir de esta circunstancia médica, Patti debió seguir un tratamiento de rehabilitación consistente en kinesioterapia, terapia ocupacional, neurología cognitiva y rehabilitación visual. El condenado presentó una queja señalando que el lugar de detención no reunía los elementos adecuados para llevar adelante esas actividades.

Allí surgió la controversia que terminó con una presentación suya, hecha a través de su representante, Valeria Corbacho, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que el 8 de abril de este año emitió la comunicación de distribución reservada N°8/2012, cuyo párrafo 8.2, dice: “El Comité toma nota de la queja del autor de que ha sido discriminado toda vez que las autoridades no tomaron en cuenta su discapacidad ni su estado de salud al internarlo en el Hospital Penitenciario Central del Centro Penitenciario Federal (CPF) de Ezeiza, ni llevaron a cabo los ajustes razonables necesarios para garantizar su integridad personal.

Lo anterior se ha traducido en la interrupción del tratamiento de rehabilitación indicado por sus médicos tratantes, y violado su derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación y a lograr la máxima independencia y capacidad. Por otra parte, el autor alega que las autoridades desestimaron arbitrariamente sus alegaciones respecto al riesgo para su salud que suponían los traslados del CPF de Ezeiza al centro rehabilitador; que la infraestructura del centro penitenciario es precaria e inadecuada para personas con su discapacidad, y que los ajustes realizados por las autoridades penitenciarias en su lugar de detención son insuficientes para evitar el continuo e irreparable daño a su salud física y mental”.

En el párrafo 8.4 se lee: “El Comité toma nota de las alegaciones del autor de que su habitación-celda en el CPF de Ezeiza es inadecuada para una persona con discapacidad. Los ajustes realizados por las autoridades penitenciarias no resultan suficientes, toda vez que las dimensiones del baño no están adaptadas al uso de una silla de ruedas; la silla de plástico semi-adaptada en el baño no guarda las medidas de seguridad indispensables; y no puede desplazarse por sus propios medios para acceder al sanitario y a la ducha, dependiendo de la asistencia del enfermero u otra persona. Si bien es cierto que se instaló un timbre de llamado, en la práctica muchas veces la respuesta no es oportuna. Su piel se ha escarado en reiteradas ocasiones por no contar con un colchón antiescaras y sus movimientos se encuentran sumamente limitados.

En la práctica, sólo puede realizar sus necesidades básicas mediante el uso de instrumentos que le colocan en su cama y la falta de asistencia de terceras personas no le permite realizar un cuidado cotidiano de su higiene. La falta de infraestructura adecuada para personas con su discapacidad y las precarias condiciones de detención constituyen un atropello a su dignidad y un trato inhumano. Por otra parte, el Comité toma nota de las observaciones del Estado parte respecto a que las autoridades realizaron los trabajos y modificaciones necesarias para eliminar el escalón que impedía el acceso al baño y ducha de manera independiente. Además, las autoridades judiciales, de la Gendarmería nacional y del Ministerio Público verificaron in situ la existencia y funcionamiento de ascensores, la existencia de una puerta de acceso al patio de recreación habilitada especialmente para el autor y la existencia y funcionamiento de un timbre de llamado al enfermero, quien prestaba asistencia las 24 horas del día”.

En virtud de ello, en el párrafo 8.5 se lee: “El Comité recuerda que conforme el artículo 14, párrafo 2 de la Convención, las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad tienen derecho a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la Convención, incluida la realización de ajustes razonables. Asimismo, también recuerda que la accesibilidad es un principio general de la Convención y, en tal sentido, se aplica también a aquellas situaciones en las que las personas con discapacidad son privadas de su libertad. El Estado tiene la obligación de garantizar que sus centros penitenciarios permitan la accesibilidad de todas las personas con discapacidad que lleguen a ser privadas de su libertad. Así, pues, los Estados partes deben adoptar todas las medidas pertinentes, incluyendo la identificación y la eliminación de obstáculos y barreras de acceso, a fin de que las personas con discapacidad privadas de libertad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida diaria del lugar de detención, entre otras, asegurando su acceso, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de la libertad, a los diversos ambientes físicos y servicios, tales como baños, patios, bibliotecas, talleres de estudio o trabajo, servicios médico, psicológico, social y legal.

En el presente caso, el Comité reconoce los ajustes realizados por el Estado parte para eliminar las barreras de acceso en el entorno físico del autor en el centro penitenciario. Sin embargo, considera que el Estado no ha probado fehacientemente (por ejemplo, a través de fotografías, videos o planos) que las medidas de ajuste tomadas en el complejo penitenciario sean suficientes para garantizar el acceso del autor al baño y ducha, patio y al servicio de enfermería de la manera más independiente posible. En este sentido, el Comité observa que el Estado no ha alegado la existencia de obstáculos que le impidan tomar todas las medidas necesarias para facilitar la movilidad del autor en su entorno y tampoco ha desvirtuado las alegaciones del autor sobre la persistencia de barreras arquitectónicas. Por consiguiente, el Comité considera que, en ausencia de suficientes explicaciones, el Estado parte ha incumplido sus obligaciones en relación con los artículos 9, párrafo 1 (a) y (b), y 14, párrafo 2 de la Convención”.

A continuación, en el párrafo 8.6 se señala que “habiendo arribado a la anterior conclusión, en las circunstancias del presente caso, el Comité considera que, como resultado de la falta de accesibilidad y ajustes razonables suficientes, se colocó al autor en unas condiciones de detención precarias incompatibles con el derecho consagrado en el artículo 17 de la Convención”.

Hay otras quejas de Patti sobre las que el Comité no pudo expedirse, por no contar con los elementos suficientes como para hacerlo.

Atento a la fundamentación expuesta en los considerandos anteriores, el organismo dictaminó que “el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud a los artículos 9, párrafo 1 (a) y (b); 14, párrafo 2; y 17 de la Convención”. A partir de esta resolución, el organismo señaló que el “Estado parte tiene la obligación de reparar los derechos que asisten al autor en virtud de la Convención, realizando los ajustes en el lugar de detención que garanticen su acceso a las instalaciones físicas y servicios penitenciarios, en igualdad de oportunidades que otras personas detenidas.

El Estado parte también debe reparar las violaciones de la Convención constatadas mediante el reembolso de los costes legales incurridos en la tramitación del asunto. Por otra parte, en atención al delicado estado de salud del autor, el Comité solicita al Estado parte velar por que, en el marco de la autonomía del paciente a consentir o rechazar un tratamiento médico, el autor tenga acceso a cuidados sanitarios adecuados y oportunos de acuerdo a su estado de salud y acceso continuo y pleno a un tratamiento de rehabilitación adecuado”.

Recién después de este dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Sala II de la Cámara de Casación –integrada por los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Liliana Catucci– ordenó otorgarle a Patti el arresto domiciliario hasta que se completen las obras necesarias para que el penal disponga de las condiciones de accesibilidad que respondan a las exigencias de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

El caso plantea dos asuntos inquietantes. El primero, que se haya tenido que llegar hasta la ONU para que se le respete al demandante el derecho a cuidar de su salud, un derecho humano esencial. El segundo, se extiende a otros casos similares de condenados por delitos de lesa humanidad que también están siendo privados de su derecho a la salud, hecho inadmisible.

Es un secreto a voces que hay jueces temerosos de actuar en estos casos con la equidad que exigen los tratados internacionales sobre derechos humanos que la Argentina ha suscripto. Es lamentable. Patti y muchos otros, cuyas conductas delictivas durante la dictadura son repudiables, merecen el absoluto respeto de todos sus derechos. No hacerlo significa, en definitiva, actuar de la misma manera impía y cruel con la que ellos actuaron con sus víctimas.

El párrafo 10 de la resolución aquí reproducida expresa que “de conformidad con el artículo 5 del Protocolo facultativo y el artículo 75 del reglamento del Comité, el Estado parte debe presentar al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta, por escrito, que incluya información sobre las medidas que haya tomado en vista del dictamen y de las recomendaciones del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité, y que lo distribuya ampliamente, en un formato accesible, a fin de que llegue a todos los sectores de la población”.
 
Como es público y notorio, este último pedido ha sido olímpicamente incumplido por el Estado nacional.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro el Domingo 06/07/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.