domingo, 6 de diciembre de 2015

Transición Insólita... @dealgunamanera...

Otro disparate…

‘¡VIVA PERON, CARAJO!’ Foto: Pablo Temes

La negativa presidencial al traspaso de mando expresa la locura de la era K.

No hay registro en la historia de la Argentina de una transición tan traumática y disparatada como la que se está viviendo en estos días. Uno de los efectos colaterales más nocivos y penosos se registra en el ámbito de las delegaciones extranjeras que han confirmado su asistencia a los actos de asunción del nuevo gobierno.

Los cables y las comunicaciones que se originan en las embajadas con sede en Buenos Aires dejan clara constancia del azoro que todo este engorro produce. Desde las cercanías del presidente electo aseguran que la incoherencia política en las negociaciones de la transición es agobiante.

“El kirchnerismo obstaculiza todo planteo y son tantos los negocios armados en torno a la gestión que será una tarea titánica poner las cosas en orden”.

Una muestra de ello –que dejó boquiabiertos a los nuevos moradores del Senado– tiene que ver con el negocio que se había montado en torno a los contenidos de su página web. “El sitio estaba manejado por la gente de informática. Imaginé que se referían al soporte técnico, pero no. Sectores del oficialismo desplazaron a los creadores y administradores de la web quedándose con el control de los contenidos. Le cobraban a cada senador que quería aparecer en portada para difundir algún proyecto sumas que iban desde los 10 a los 50 mil pesos. Un papelón”. La fuente que pidió reserva de su nombre es uno de los funcionarios que tendrá despacho en el nuevo Senado. “No sabemos con qué más nos iremos encontrando”, señaló.

Los ámbitos gubernamentales en los que se viven situaciones de tensión son numerosos. El clima laboral en el Ministerio de Economía es irrespirable. El final del mandato profundizó las asperezas entre los técnicos de carrera y los moradores políticos y militantes kirchneristas. “No pueden creer que se van. Hay odio. Están furiosos. Saben perfectamente quiénes están con ‘el modelo’ y quiénes no. Nos están haciendo la vida imposible. Por suerte les queda poco”, aseguró un técnico del ministerio que resaltó el mal trato de los directores que habían sido nombrados políticamente. Lo peor son las intenciones y el desprecio por la democracia y el país.

“Hablan de resistir. Molestar. Obstaculizar cualquier proceso de cambio. Parecen adolescentes de secundario, pero son mucho más peligrosos”, remató la fuente con preocupación. Ante estas conductas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suena poco creíble cuando expresa que desde el Frente para la Victoria no le pondrán palos en la rueda al nuevo gobierno.

La reunión de la Presidenta con los gobernadores del peronismo tuvo un crescendo tensional que dejó a varios de ellos boquiabiertos y extenuados. Hubo allí pases de facturas y reproches de la jefa de Estado hacia varios de ellos, a quienes acusó de no haberla defendido de las críticas y los ataques de la oposición. 

Eduardo Fellner, el saliente mandatario de Jujuy, fue uno de los que peor la pasó. Las ausencias de los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey, y de Córdoba tanto el actual, José Manuel de la Sota, como el entrante, Juan Schiaretti, anticipan lo que viene en el convulsionado mundo del peronismo.

La aspiración de Fernández de Kirchner de erigirse en la líder indiscutida de la oposición va a encontrar resistencia. Son muchos los que están hartos de sus malos tratos y estilo de conducción verticalista. Algunas de esas disidencias se vieron esta semana en el Senado cuando el oficialismo aceptó tratar sólo uno de los noventa proyectos de ley que tuvieron media sanción en la escandalosa última sesión de la Cámara de Diputados.

CFK destrata peor que nunca. Y en los ministerios reina el caos.

El estado de alteración por el que atraviesa la jefa de Estado se hizo sentir hasta en la elección del nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (otro bochorno). “¿Tiene alguien llegada a los clubes de fútbol...? Bueno, los que tengan, llamen ya de parte de la Señora y asegúrense de que no voten a Tinelli”, le demandó un funcionario del Gobierno a un grupo de colegas con los que cenaba en la noche del miércoles.

No es novedad que Fernández de Kirchner le deja a su sucesor un verdadero campo minado. Ello lo obligará a moverse con rapidez en la ejecución de medidas que despejen la incertidumbre y el temor con que se las espera. El aumento de precios de estos últimos días, ligado al levantamiento del cepo cambiario, es un hecho al que hay que prestarle mucha atención. Por eso, el anclaje del valor del dólar va a ser un punto clave del cual dependerá la tranquilidad y previsibilidad de muchas variables económicas. 

Alfonso Prat-Gay, que es perfectamente consciente de esta alternativa, está trabajando intensamente a fin de asegurar el colchón que confirme la estabilidad del precio de la divisa estadounidense. Por ello el contacto con el secretario del Tesoro del gobierno de Barack Obama, Jack Lew. El nuevo gobierno aspira a contar con unos US$ 14 mil millones provenientes de distintas fuentes, para dar respaldo a la liberación del cepo. A Macri le fue muy bien en sus reuniones con Dilma Rousseff y Michelle Bachelet, que le permitieron establecer una buena química personal, aspecto siempre importante en las relaciones internacionales. Brasil puede ser uno de los aportantes de los dólares que se requerirán cuando se anuncien las nuevas medidas económicas.

Otro de los temas en discusión es la agenda parlamentaria del verano. De ello depende que el futuro presidente se incline por llamar a sesiones extraordinarias o no. “Deberíamos tener certeza de que los proyectos que ingresen tengan buenas perspectivas de ser aprobados. Si no es así, no vale la pena porque sería una demostración de debilidad”, explica un legislador que fue clave en todo el proceso que llevó al armado de Cambiemos.

Una de las aristas que deberá tener en cuenta la nueva gestión es el tempo de la negociación política. Al respecto, ciertas voces del PRO advierten sobre un exceso de voluntarismo que observan en algunos de los funcionarios designados a los que les falta fogueo político. Ese es un hándicap sobre el que entienden se deberá trabajar.

“Conducir es convencer”, dijo el general Perón a la vuelta de los años y de sus errores. Es lo que demanda la Argentina del presente en pos de un futuro que la aleje de la metodología de la imposición reinante durante los doce años del kirchnerato que toca a su fin.

Producción periodística: Guido Baistrocchi, con la contribución de Santiago Serra.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 06/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





La marca Cheeky filmada y denunciada por trabajo esclavo… @dealgunamanera...

La marca Cheeky de Juliana Awada filmada y denunciada por trabajo esclavo…

Taller clandestino de Cheeky en la calle Hubac 5673 de C.A.B.A.

Hace pocos días un costurero ingresó con cámara oculta a un taller clandestino con cama adentro donde 13 personas eran sometidas a la servidumbre y el hacinamiento. 

El taller clandestino, ubicado en la calle Hubac 5673 en el barrio de Mataderos hace tres años que trabaja exclusivamente para la firma Cheeky que actualmente dirige Juliana Awada, confeccionando pantalones para chicos, de esos que salen $ 220,00 para arriba cada uno. En ese taller son supe explotados 13 costureros de origen boliviano, varios de ellos en situación migratoria irregular o sea sin documentación, en extenuantes jornadas de 7 a 22 hs. por la miserable suma de $ 1.800,00.


Los costureros están encerrados y para ir a hacer un simple mandado a la calle y traspasar la puerta de hierro, deben dejar siempre sus pertenencias como garantía de que no se escaparán. El propio costurero que hizo la cámara oculta, tuvo que dejar su bolso para poder salir con la excusa de buscar una farmacia. Los costureros están hacinados en cuartos muy pequeños con cama cuchetas. Y en esas mismas camas cuchetas deben comer, ya que carecen de mesas y sillas como puede verse claramente en la cámara oculta. Los niños de varios de esos costureros también están sometidos al encierro. Todos comparten un baño muy precario.

La instalación eléctrica es precaria y entraña riesgo de incendio y los costureros aspiran polvillo de la tela todo el tiempo, exponiéndose a enfermedades pulmonares como la tuberculosis.

Como puede observarse en el video informe, hubo que realizar varias maniobras y buscar falsas referencias para poder entrar al taller ya que quien lo regentea es consciente de los delitos que está cometiendo y de la marca a quién responde.


Cheeky ya había sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Ciudad en el período de Jorge Telerman, la Defensoría del Pueblo y la Alameda en enero de 2007. En aquella oportunidad, se habían logrado inspeccionar varios talleres con costureros sometidos a la servidumbre. Lamentablemente un escandaloso fallo del ex Juez Federal Guillermo Montenegro, actualmente ministro de Seguridad de Mauricio Macri, sobreseyó a la firma que por la ley de trabajo a domicilio es solidariamente responsable de los talleres donde manda a confeccionar sus prendas.

Otros talleres de Juliana Awada ya habían sido filmados y denunciados por la Alameda en setiembre de 2006 y en marzo de 2010. A pesar de los testigos y las inapelables imágenes de las cámaras ocultas, también la justicia hizo la vista gorda con estas denuncias.


Ni las inspecciones del GCBA en época de Telerman, ni las denuncias de la Defensoría, ni los video informes y denuncias de la Alameda alcanzaron para que la justicia castigue la impunidad de Daniel y Juliana Awada que siguieron todos estos años maximizando ganancias en base a la explotación más abyecta de costureros migrantes en talleres clandestinos con trabajo esclavo.
Segura de que su actual marido y Jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri la protegerá del cumplimiento de la ley, Juliana Awada que ahora dirige Cheeky ni siquiera se tomó el trabajo de mudarse de distrito y sigue basando su producción en talleres esclavos en el propio ámbito de la Capital Federal a sabiendas que los cuerpos inspectivos que dirige su marido seguirán haciendo la vista gorda.

Una vez más la Alameda se presenta ante la justicia para denunciar a estos esclavistas y además mostrarle a toda la sociedad de qué talleres estamos hablando cuando hablamos de Cheeky y de Juliana Awada.


En horas de la mañana del miércoles 11 se formulará la denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py a Cheeky por reducción a la servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y violación a la ley de trabajo a domicilio.

A las 19 hs convocamos a movilizarnos al local de Cheeky de avenida Santa Fe 2053 para realizar un acto de repudio y una clausura simbólica de esta marca esclavista emparentada con el poder y la impunidad.

Contactos: 

Gustavo Vera (011 15 6158-4835)

Dr. Mario Ganora (011 15 5883-0233)

Fórmula Denuncia:

Señor Juez: Gustavo Javier Vera, presidente de la “Fundación Alameda por la Lucha contra el Trabajo Esclavo”, con domicilio en Avda. Directorio 3998 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora (T° 36 F° 227 CACF), con domicilio en Av. Callao 178 Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a V.S. dice respetuosamente que:

I) Objeto 

Por el presente, viene a formular denuncia contra los propietarios y encargados del taller de costura sito en la calle Hubac 5673 a los fines de que se investigue la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 117 de la ley 25.871, 140, 145 bis del C.P. y 35 de la ley 12.713. También corresponde que se investigue la posible comisión del delito de evasión fiscal en sus aspectos tributario y previsional contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769. Esta denuncia también abarca a los responsables de la firma Cheek S.A. (CUIT n° 30.67729108-3 con domicilio en Cuyo 3040/166 Martínez, Pcia. de Buenos Aires, propietaria de la firma “Cheeky”, para quien trabajaría en forma exclusiva el mencionado taller de costura.

Solicito asimismo que se proceda de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26.364 a los fines de la protección de la víctima de los delitos denunciados.

II) Hechos

El mencionado taller de costura funcionaría como un clásico taller de sudor o “sweatshop” que trabajaría confeccionando ropa en forma exclusiva para la referida sociedad anónima. En efecto, el tallerista se hace conocer por el nombre de “Pepe” y junto con su esposa maneja el establecimiento que trabajaría exclusivamente para la marca Cheeky desde hace tres años.

Los trabajadores que allí se desempeñan deben hacerlo con el régimen de “cama adentro”, es decir que deben pernoctar en el lugar de trabajo. En ese lugar trabajan alrededor de trece personas. La jornada laboral que se extiende desde las 7.00 de la mañana hasta las 21.00 y, a veces, hasta las 22 horas. 

Estas jornadas se realizan de lunes a viernes y los días sábado hasta el mediodía. Los salarios que se abonan a los trabajadores son del orden de los mil ochocientos pesos por mes ($1.800) y se da como justificación que se les proporciona casa y comida. Uno de los trabajadores, F.M.D.C., cuyos datos se acompañan en sobre cerrado, informa que no se les requiere documentación para ser contratados. Esta persona aclara que pudo comprobar que hay personas sin D.N.I. sea que se trate de trabajadores o de los niños que allí habitan. Para poder entrar y salir del taller se requiere del permiso del encargado y se retiene en todos los casos los efectos personales del trabajador para asegurarse su retorno al establecimiento.

Las condiciones de salubridad, higiene y seguridad en el trabajo son deplorables. La casa donde funciona el taller tiene dos plantas. En la planta baja se encentran las maquinarias y en el primer piso las crujías donde habitan los trabajadores. El lugar de trabajo está muy deteriorado, la instalación eléctrica es muy precaria, no se observan matafuegos y hay gran acumulación de telas, productos terminados y restos de la producción. Esto significa la existencia de un riesgo real de incendio que de ocurrir podría significar un desastre similar a la tragedia de la calle Luis Viale 1269 ocurrida en 2006. Agrava la situación de inseguridad del taller la circunstancia de que niños menores ingresan y salen del lugar de confección sin ningún tipo de control. Uno de los trabajadores parecería ser una persona con discapacidad mental y muy agresiva.

El lugar de alojamiento de los trabajadores es una pieza dividida en tres partes para hombres y parejas donde hay varias camas tipo cucheta. El resto de las comodidades consisten en una cocina y un solo baño para hombres y mujeres. No hay refectorio por lo que los trabajadores deben almorzar y cenar sentados en las cuchetas donde duermen. Carecen de mesas y sillas y de cubiertos por lo que deben comer la carne con la mano por la falta de cuchillos.

III) Significación jurídica

Del relato de los hechos surgiría que una sociedad anónima propietaria de una conocida marca de ropa para niños terceriza su producción con un taller de costura, los que a su vez tiene trabajadores empleados. Esta relación entre el fabricante, los talleristas y los trabajadores se rigen por las disposiciones de la ley de trabajo a domicilio (ley 12.713) que prevé tanto en sus disposiciones como en su reglamentación todo un conjunto de obligaciones tendientes a evitar abusos y la explotación de la parte más débil, es decir el trabajador (ver art. 13 de la ley 12.713). También aquí se advierte que el propósito de los empleadores habría sido burlar las disposiciones de la referida ley a los fines de maximizar sus ganancias mediante el pago de salarios inferiores a los de convenio, excediendo los límites de la jornada legal de trabajo sin el pago de horas extras y sin respeto de lo concerniente a las normas mínimas de higiene y seguridad. Independientemente de las transgresiones a la legislación laboral, se encontrarían reunidos, prima facie, los extremos previstos en el art. 35 de la ley 12.713 que dispone: “El empresario, intermediario o tallerista que por violencia, intimidación, dádiva o promesa, realice actos que importen abonar salarios menores que los que se establezcan de acuerdo a los procedimientos que estatuye la presente ley, tendrá prisión de seis meses a dos años”.

Cabe destacar que esta maniobra tendiente a pagar remuneraciones inferiores a los establecidos mediante los mecanismos de la ley se habría llevado a cabo también mediante la contratación de trabajadores de origen extranjero que tendrían una situación de residencia irregular. De esta manera el o los empleadores se habrían asegurado que estos trabajadores por su especial vulnerabilidad no opondrían resistencia a la violación de sus derechos. Precisamente esta conducta se enmarcaría en las previsiones del art. 117 y 120 de la ley 25.871 toda vez que constituiría la facilitación habitual de la permanencia ilegal de extranjeros en el Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio poniendo en peligro la vida, la salud y la integridad de las personas.

También del relato de los hechos surgiría nítidamente que las personas que allí trabajan estarían sometidas a un régimen de explotación susceptible de ser considerado trabajo o servicio forzado de conformidad con la interpretación del mencionado concepto que realiza la Organización Internacional del Trabajo. En efecto, la definición del concepto de trabajo forzoso remite necesariamente al art. 2 del “Convenio sobre Trabajo Forzoso, 1930 (num. 29) de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por nuestro país, que tiene jerarquía superior al derecho interno en virtud de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N. Según el art. 2 del Convenio 29 de la OIT se entiende como trabajo forzoso “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”.

La OIT ha precisado los conceptos contenidos en la definición en diferentes documentos. En este sentido el documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” elaborado por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en 2007 fue bastante claro al considerar la cuestión suscitada por la imposición de la obligación de realizar horas extraordinarias bajo la amenaza de una pena (ver pág. 74 y concordantes). 

Los expertos de la OIT entendieron que la imposición de horas extraordinarias no afecta la aplicación del Convenio n° 29 en la medida en que tal exigencia se sitúe en el marco de los límites establecidos por la legislación nacional y aceptados por las convenciones colectivas. Se ha entendido también que el temor a ser despedido obliga al trabajador a realizar horas extraordinarias que superan lo previsto en la legislación nacional. En otros casos, en que se pacta la remuneración fijando metas de rendimiento, la obligación de trabajar más allá de la jornada de trabajo se deriva en la necesidad de hacerlo para alcanzar el salario mínimo. Sobre estas cuestiones la Comisión ha observado que si bien el trabajador tendría hipotéticamente la posibilidad de librarse de la imposición de trabajar más allá de la jornada ordinaria de trabajo, la vulnerabilidad de su situación hace que prácticamente no tenga real opción, obligado por la necesidad de alcanzar al menos el salario mínimo y de conservar su empleo o por ambas razones. La Comisión ha considerado que en los casos en que el trabajo o servicio se imponga mediante la explotación de la vulnerabilidad del trabajador, bajo amenazas de una pena, el despido o una remuneración inferior al trabajo mínimo, tal explotación transforma una situación caracterizada por malas condiciones de trabajo en una relación en la cual el trabajo se impone bajo amenaza de una pena y amerita la protección del Convenio a efectos del cual la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. En el caso concreto de autos se ha podido ver como las horas extraordinarias se imponen fuera de todo marco normativo y bajo la amenaza de percibir remuneraciones inferiores al mínimo legal o la sanción del despido.

La OIT ha señalado en el referido documento denominado “Erradicar el trabajo forzoso” que el Estado no debe tolerar la imposición de trabajo forzoso por parte de terceros, cualquiera que sea su forma en su ámbito de competencia territorial. A tal efecto, deberá establecer garantías legales frente a toda obligación de trabajar que exista en la práctica. El art. 25 del Convenio n° 29 de la OIT precisa a este respecto que “el hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales” y que el estado tiene “la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley son realmente eficaces y se aplican estrictamente”.

La norma penal que resulta aplicable en función de la obligación establecida en el art. 25 del Convenio n° 29 de la OIT es, a mi juicio, el delito de reducción a servidumbre previsto y reprimido en el art. 140 C.P. En efecto, el trabajo forzoso es considerado como una práctica análoga a la esclavitud (art. 5 de la Convención sobre la Esclavitud y Preámbulo del Convenio 105 de la OIT “Convenio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso”) y está específicamente prohibido por nuestra Constitución Nacional (arts. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional merced a lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 C.N.).

Cabe señalar asimismo que la actual redacción del tipo penal del art. 145 bis del C.P. que reprime la acogida o recepción de personas mayores de dieciocho años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación, en este caso trabajo forzoso, se superpone con la figura del art. 140 del C.P. dando lugar a un concurso ideal (art. 54 C.P.).

El carácter clandestino de las contrataciones de los trabajadores y la forma en que se desarrolla la relación de trabajo también hace sospechar fundadamente en la comisión de los delitos contemplados en los arts. 1 y 7 de la ley 24.769.

IV) Prueba

En sobre cerrado acompaño video grabación del taller donde constan las circunstancias apuntadas y los datos de la persona que responde a las iniciales F.M.D.C. quien está dispuesto a prestar declaración testimonial.

V) Petitorio

Por todo lo expuesto, solicito:
a) Se tenga por presentada la presente denuncia
b) Se proceda de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 y concordantes de la ley 26364 respecto de las posibles víctimas de los delitos denunciados.
c) Se agregue la prueba que se acompaña
d) Oportunamente se acompañaran otras al momento de la ratificación.
Proveer de conformidad. Será justicia,

© Publicado el miércoles 11/07/2012 por https://laalameda.wordpress.com






Responsabilidad Empresarial en los Delitos de Lesa Humanidad... @dealgunamanera...

Cuarenta años después...


Por primera vez en un siglo de democracia representativa con voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal llega al gobierno en forma legal. Si 2016 no es 1916, tampoco puede equipararse a 1976, cuando los mismos intereses impusieron a sangre y fuego la remodelación de la sociedad argentina. De Videla a Macrì, un largo y accidentado camino. La Procuración General y el caso Avila: los límites que no pueden evadirse en democracia. Los juicios y el poder económico.

El próximo jueves, por primera vez en el siglo transcurrido desde que se celebran elecciones por el voto universal y secreto, un partido de la derecha patronal alcanzará el gobierno por medios legales y no derribando a golpes instituciones y derechos.

El miércoles pasado, Cristina Fernández de Kirchner promulgó en la EXma la ley 27217 que crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral “de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar”. Al día siguiente, se presentó en el auditorio Emilio Mignone de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) un monumental informe de mil páginas sobre la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.

Un ejemplar ya fue entregado al fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuradoría de crímenes contra la humanidad del Ministerio Público y a su adjunta Carolina Varsky, y la semana próxima recibirá el suyo el diputado Héctor Recalde, autor del proyecto por el que se creó la Comisión Bicameral. La relación entre estos hechos es evidente, pero indirecta, porque ni 2016 es 1976, ni Macrì es Videla, por más que representen intereses afines, aunque no idénticos.

Es difícil imaginar un momento más oportuno que ahora para una reflexión al respecto. El objeto de la Comisión Bicameral será “la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”. Su informe final describirá las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera de entonces e identificará a los actores económicos y técnicos que “contribuyeron y/o se beneficiaron” con esas políticas.

Responsables, no cómplices

El trabajo de investigación fue realizado en forma conjunta por el programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el área de economía y tecnología de FLACSO y el CELS. La responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que se relevaron fuentes documentales, de prensa, bibliográficas y judiciales, nacionales y provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los ministerios de Defensa y de Trabajo y de las instituciones parte de la investigación.

Se compiló un listado inicial de 200 empresas cuyos trabajadores fueron víctimas de la represión del terrorismo de estado, de las cuales se seleccionaron luego 25, de distintas actividades económicas y regiones del país, a las que el Ejército atribuyera importancia especial. El equipo de trabajo describió los distintos aportes empresariales que habilitaron, exacerbaron o facilitaron la comisión de los delitos y cuantificó en qué cantidad de casos se produjo cada uno de esos aportes. La práctica más frecuente fue en nueve de cada diez casos el despido, la renuncia forzada y el secuestro de obreros activistas. Le siguieron, en orden decreciente la entrega a las fuerzas represivas de listas de delegados e información privada de los trabajadores; la presencia y actividad militar de control, supervisión y amedrentamiento dentro de las fábricas; la designación de oficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad en cargos directivos en las empresas; la infiltración de agentes de Inteligencia entre los trabajadores; los operativos militares dentro de los predios fabriles; la presencia de cuadros empresariales en las detenciones secuestros o torturas a sus trabajadores; la instalación de las fuerzas represivas dentro de las fábricas; el empleo de vehículos de la empresa en operativos de detención y secuestro; el control del ingreso a la planta por fuerzas militares; la intervención militar en conflictos a solicitud de los directivos de las empresas; la detención de trabajadores en el camino entre la empresa y su domicilio y, en uno de cada cuatro casos, el funcionamiento de campos clandestinos de concentración en establecimientos de la empresa. Todo esto impide referirse a complicidad o participación en delitos cometidos por otros, ya que lo que existió fue responsabilidad de un sector patronal en los crímenes cometidos contra sus trabajadores.

Eduardo Basualdo consideró que esta caracterización constituye un salto cualitativo en el conocimiento de la participación empresarial en la dictadura, que destruyó la industria y el empleo y abrió paso a un nuevo patrón de acumulación de capital basado en la valorización financiera. El subsecretario de política criminal Luciano Hazan destacó que no basta con el compromiso del presidente electo de no interferir con el avance de los juicios, ya que cuando se trata de la patronal la reticencia de los jueces requiere de un compromiso activo del Estado, a través de sus distintas dependencias, relevando y suministrando información. Y el secretario de derechos humanos Martín Fresneda hizo una semblanza emocional de su padre, detenido-desaparecido en la trágica Noche de las Corbatas por ser abogado defensor de trabajadores. El mismo día fue asesinado Norberto Centeno, coautor de la ley de contrato de trabajo, una de las primeras que avasalló la Junta Militar. Al concluir la dictadura la participación de los trabajadores en el ingreso había caído al 22 por ciento, el mismo porcentaje del peso de la industria (que perdió 20 mil fábricas) en el total de la economía. Ése fue el programa regresivo que no pudieron implantar en 1955 ni 1966, y que en 1976 requirió el empleo de una fuerza sin límites para quebrar esa resistencia y golpear las bases materiales de un proyecto nacional y popular.

Tomar distancia

Tanto en el informe de la CONADEP de 1984 como en el juicio a las Juntas Militares de 1985, se incluyeron varios casos de complicidad empresarial. Pero la política criminal de entonces sólo permitía avanzar contra quienes ejercieron la comandancia en jefe de alguna de las tres Fuerzas Armadas. El gobierno era débil y el neoliberalismo prevalecía en el mundo, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher en su apogeo. No obstante, el presidente Raúl Alfonsín consiguió con estas herramientas interrumpir el círculo vicioso de los golpes de Estado. Ocupados en defenderse ante los tribunales, los militares no tuvieron tiempo y ánimo para opinar de la política económica o cultural, sobre el largo de las faldas de las mujeres y el pelo de los hombres como venía ocurriendo desde 1930. Ese diseño contribuyó a aislar a los ex Comandantes que fueron abandonados por sus socios civiles.

El 22 de abril de 1985 se realizó la primera audiencia del juicio a Videla, Massera & Compañía. La noche anterior, el presidente recibió en Olivos a quince grandes empresarios, a quienes por entonces se conocía como capitanes de la industria. Introducidos en el entorno presidencial por el canciller Dante Caputo, aseveraron que sólo concebían el desarrollo de sus empresas dentro del sistema democrático por lo que no harían nada para obstaculizar el juicio. Luego reclamaron un cambio drástico de política, cuyo costo sólo podía ser asumido por el Presidente. Su ministro económico Bernardo Grinspun, tal vez sin mayor comprensión de los cambios estructurales producidos pero con indudable buena fe, había querido reparar el tejido industrial desgarrado durante la dictadura y la respuesta que halló fue una creciente inflación.

El presidente convocó a un acto en defensa de la democracia en peligro, pero su discurso ante la multitud que acudió en su auxilio proclamó la economía de guerra contra el salario, que se concretaría con la remoción de Grinspun y el Plan Austral. Una flamante procesadora de texto apareció de un día para otro en la Cámara Federal, que hasta entonces tenía escasos recursos para llevar a cabo su tarea descomunal. La versión que circulaba en los tribunales era que se trató de una gentileza del grupo Bulgheroni. El 29 de mayo de 1991, ya retirado de la Justicia, el camarista y luego Procurador General Andrés D’Alessio, reveló su verdadero origen. Uno de los miembros del tribunal, Jorge Valerga Aráoz, le preguntó a su amigo Osvaldo Pérez Cortés quién podría prestarles un equipo moderno. Pérez Cortés presidió la Comisión de Informática del Poder Judicial de la Nación durante la dictadura, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Informática Jurídica durante 1983 y 1984 y Gerente Legal de Asuntos Contractuales y Contencioso Administrativo de Sideco Americana, desde marzo de 1984.

En respuesta a la consulta de Valerga Aráoz, Pérez Cortés regaló la procesadora de texto a la Cámara Federal en nombre de Sideco Americana. Su gerente general era Maurizio Macrì. No es de extrañar que la investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, de “quienes por su ubicación en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o atroces. Ni una palabra del poder económico. El juicio pudo realizarse sin riesgo de descarrilamiento institucional pero dejó una democracia castrada que no supo, no quiso o no pudo demasiadas cosas fundamentales.

Luego de la bancarrota del gobierno radical, que debió dejar el poder antes de tiempo en medio de una crisis hiperinflacionaria y de saqueos, los grupos económicos emergentes como el nuevo poder participaron con entusiasmo en el desguace del Estado. Cuando Carlos Menem accedió a la presidencia, Pérez Cortés fue uno de los hombres que el grupo Macrì colocó en el Poder Ejecutivo, primero como Subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación y luego asesor de gabinete del Ministerio del Interior. En la actualidad, el ex camarista Valerga Aráoz es el abogado defensor de Carlos Blaquier, principal accionista de una de las empresas investigadas, el Ingenio Ledesma.

Crisis de fin de siglo

Recién cuando ese proceso hubo concluido y una acelerada fuga de capitales precipitó la crisis de fin de siglo, fue posible reabrir los juicios que Alfonsín y Menem habían cerrado con las leyes y decretos de impunidad y pensar en el análisis y eventual enjuiciamiento de la responsabilidad empresarial. Al mismo tiempo se recuperaron niveles de ocupación y de ingresos durante una sostenida reindustrialización.

Según la CAME, a partir de 2003 se crearon cerca de 19.000 nuevas industrias y por cualquier medición que se consulte, la participación de los trabajadores en el producto volvió a crecer: al 51 por ciento para el inverosímil INDEC; al 39 por ciento para el centro de estudios CIFRA, de la CTA; al 42,4 por ciento según el Centro de Población, Economía y Desarrollo de la UBA(CEPED), que dirige Javier Lindenboim; al 42,9 por ciento para el Instituto Pensamiento y Políticas Públicas de la Unidad Popular, que conduce Claudio Lozano.

Un trabajo que CIFRA difundió esta semana como balance de la década sostiene que “la alianza de partidos ubicados a la derecha del espectro político” que está a punto de asumir el gobierno representa a una “fracción del capital que sigue enarbolando un proyecto excluyente que ya no estaría basado en la valorización financiera sino en la producción agroindustrial bajo el paradigma sojero, así como en un nuevo ciclo del endeudamiento externo a partir de pagarle a los fondos buitre y de devaluar la moneda con el consiguiente efecto negativo sobre los salarios, la ocupación y la distribución del ingreso”.

En marzo de 1977, Rodolfo Walsh escribió en la célebre Carta Abierta a la Junta Militar que el peor crimen de la dictadura era la miseria planificada de millones, impuesta por los métodos más despiadados. Demasiado se viene hablando de las similitudes entre el gobierno de 1976 y el que comenzará el jueves. Los nombres de muchos funcionarios designados (como el jefe de personal de Telecom Marcelo Villegas que será ministro de Trabajo del Hada Buena en Buenos Aires) sugieren que los objetivos económico-sociales no son muy distintos.

Pero no hay que perder de vista las diferencias. Ni el inminente oficialismo ni la nueva oposición estarán en condiciones de ignorar los límites y restricciones que la democracia impone a la derecha que por primera vez ha ganado una elección limpia, como aún antes de la asunción lo demostró el caso de Juan Cruz Avila.

© Escrito por Horacio Vertbisky el domingo 06/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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