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domingo, 7 de enero de 2024

Atropello y obstinación... @dealgunamanera...

Atropello y obstinación...

Cupulando. Dibujo: Pablo Temes.

El oficialismo debe asimilar que no todo vale más allá de la legitimidad que le dieron las urnas.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/01/2024 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


No ha pasado aún un mes desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Habitualmente son los días que corresponden a la así llamada “Luna de Miel”, de la que suele gozar cualquier nuevo gobierno. Nada de esto aplica al presente de la Argentina. Dos son las razones para esta circunstancia: la primera, la profunda crisis económica por la que atraviesa el país; la segunda, las profundas medidas de shock emanadas del flamante gobierno.

La combinación de una y otra son caldo de cultivo, para una situación de conflictividad que sacude a la sociedad.

Desde el momento mismo en que las posibilidades de Milei de ganar las elecciones tuvieron visos de concreción, hubo una pregunta –una sola– que se instaló no sólo en los ámbitos de la política, sino también en la calle: ¿podrá plasmar en los hechos todos sus proyectos sin mayorías en el Congreso y sin ningún poder territorial?

Las respuestas comenzaron a aparecer esta semana cuando una Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio curso al amparo presentado por la CGT primero, y la CTA después, para suspender la vigencia del DNU en el ámbito del Derecho Laboral. A esta altura ya hay más de cuarenta amparos presentados ante la Justicia, para frenarlo en su totalidad.

Y respecto del proyecto de ley enviado al Congreso   –denominado “Bases para el Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”– nada permite suponer que los deseos del oficialismo de tenerlo aprobado a fines de enero, cuando termine el período de sesiones ordinarias se vean complacidos.

Las formas importan

Hay en los sectores duros del gobierno una disociación marcada entre los deseos y la realidad. Una política de shock, sin concesiones, sólo puede ser llevada adelante cuando un gobierno tiene la suma del poder público. Fue eso lo que pasó con Carlos Menem en los años 90. La mayoría amplia que tenía en ambas Cámaras del Congreso, entre los gobernadores y la influencia que tuvo en el Poder Judicial, posibilitaron que sus proyectos se concretaran. Esa suma del poder absoluto lo hizo posible. Recuérdese, como ejemplo, el famoso “Per Saltum” instrumentado por la Suprema Corte de Justicia de entonces, de mayoría menemista, que permitió destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas que había sido suspendida por el juez federal del fuero Contencioso Administrativo Oscar Garzón Funes, ante la presentación del exdiputado Moisés Fontenla, del Grupo de los Ocho.

Hoy la situación es otra: la Corte Suprema es claramente independiente del gobierno y, en caso de tomar la decisión de aplicar el recurso del “Per Saltum”, sería una sorpresa que su fallo lo favoreciera.

El panorama en el Poder Legislativo es bastante similar. El proyecto de “Ley de las Bases” ha ingresado ya en el Congreso, pero las comisiones que deben tratarlo no están aún conformadas, con lo cual, las chances de ser tratado y aprobado a fin de enero tiene, a esta hora, la categoría de la ilusión.

Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Presidente apostó a esta especie de todo o nada con un proyecto que, por su complejidad, debe ser tratado y aprobado por numerosas comisiones antes de llegar al plenario. La lógica aconsejaba una fragmentación para que pudiera tener un trayecto más simple, que le hubiese hecho posible ir alcanzando sus objetivos paso a paso. Este es un razonamiento que comparten funcionarios importantes del gobierno que chocan contra la obstinación de un hombre que ha adquirido un sorpresivo poder: Federico Sturzenegger. Muchas de estas cosas, el expresidente del Banco Central durante la primera mitad de la presidencia de Mauricio Macri, las había trabajado para Patricia Bullrich. Sturzenegger se ha convertido en un halcón que da la sensación de estar viviendo un tiempo de revancha después de haber sido eyectado de sus funciones por Macri y reemplazado, casualmente, por el actual ministro de Economía, Luis Caputo. Tan envalentonado se lo ve que se enfrascó en una serie de declaraciones poco prudentes y desafiantes que motivaron que alguien dentro del gobierno le pidiera que redujera su exposición pública.

En el medio está la gente

Una muestra de la falta de contacto con la realidad del proyecto de ley es lo que pasó con la pesca. El proyecto, en su texto original, quitaba la obligatoriedad de que los buques descarguen sus productos en puertos argentinos, proponía la libre competencia entre empresas argentinas y extranjeras –lo cual generaría condiciones desiguales de operación– y quitaba la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina. Eso generó la reacción de todos los gobernadores de las provincias con costa sobre el litoral marítimo a los que se les sumó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Debió intervenir pues el ministro del Interior, Guillermo Francos, que se reunió el mediodía del jueves con Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar esos puntos de controversia. Intentando disimular lo evidente, Francos señaló que “habrá temas que serán clarificados en la redacción del artículo de la ley” (sic).

Más allá de cualquier subsanación en los textos definitivos, el error de base radica en la lógica de creer que, con algo de voluntarismo y mucho de prepotencia, se alcanzarían los objetivos planteados. En resumen: falta experiencia política.

Entre los principales empresarios argentinos existe la “voluntad de colaborar”, pero persiste el temor por el tiempo que pueda demandar la tan ansiada “luz al final del túnel”. Vale la pena mencionar que en rubros como el alimenticio y el textil esos mismos empresarios están demostrando su falta de mesura y su codicia. También depende de ellos el sacrificio y la carga que pueda soportar la gente. Deben entender que la Argentina no tiene muchas más oportunidades de salir del pozo en el cual está estancada desde hace décadas.

En este contexto, la ingenuidad del gobierno llegó a tal punto, que volvió a sobrevolar la idea de convocar a una consulta popular para satisfacer sus necesidades. Los principales constitucionalistas coinciden en que el Presidente no puede convocar a consulta popular respecto del DNU, simplemente porque no se tratan allí temas de su competencia. El oficialismo debe asimilar que –más allá de la legitimidad que le dio el resultado electoral–, no puede valerse del atropello y la obstinación para conseguir resultados. Su suerte y la de todos los argentinos, dependerá en gran medida, del retorno al camino del diálogo y la construcción política.



   

sábado, 6 de enero de 2024

¡Estafa a la Vista! Megacaje versión 2024… @dealgunamaneraok...

¡Estafa a la Vista! Megacaje versión 2024…

¿Vieron que comentaban que la tasa de interés inicial de Caputo-Milei (133 y 100% con capitalización) era negativa frente a la inflación y yo decía que era muy positiva contra el dólar?

© Escrito por Carlos Maslatón el viernes 05/12/2023 y publicado en X (ex Twitter) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Síntesis de sus efectos:

Pues bien, miren lo que ofrecen hoy estos estafadores financieros: un megacanje de bonos indexados contra inflación más interés. 

Todo esto mientras siguen emitiendo de a billones por mes por remuneración cuasifiscal para causar más y más inflación y aplanando el dólar para devengar más ganancia en moneda extranjera. 

Toda indexación es pro y no anti-inflación. 

Este programa financiero de Caputo y Milei está diseñado ex profeso para robar, el país está conducido por los peores criminales financieros de la historia. DNU y Ley Ómnibus son irrelevantes al lado de todo esto. Ha llegado el momento de que estos enjuagues financieros para explotar y empobrecer al pueblo no se puedan ejecutar. 

No sirve de nada la acción penal contra Caputo y Milei, hay que impedirles que sigan adelante. Y para libertarios mentalmente boleados con la farsa del cierre del BCRA y la dolarización: esto es exactamente todo lo contrario. 

Caputo y Milei lo que buscan es que haya más y más inflación, hacen negocio a su favor a costa de los verdaderos licuados que son los asalariados, los monotributistas, los autónomos.

Estamos ante el gobierno de la máxima corrupción.


   

miércoles, 27 de diciembre de 2023

Sistema Provisional. De reforma en reforma… @dealgunamaneraok...

 Sistema Provisional. De reforma en reforma…

Sostenibilidad. Para lograrla debe haber 3 trabajadores activos formales por cada pasivo. ANSES reportó en marzo del año pasado, 1,8 por cada beneficiario. Fotografía: Rolando Andrade Stracuzzi. 

El régimen nacional cuenta con cerca de 6 millones de jubilados y pensionados que, según lo anunciado por el Gobierno, deberá enfrentar un recorte del 0,4%, que redundará en un nuevo ajuste de haberes. 

© Escrito por Mirta Quiles y publicado el miércoles 27/12/2023 por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

«Con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit. Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses, en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El Gobierno no está especulando, está protegiéndolos», afirmó el ministro de Economía Luis Caputo, al ser consultado acerca de si el paquete de ajuste incluía a los haberes previsionales. Sobre la fórmula futura, dijo: «La sacamos ahora y vamos a pensar una buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas». En síntesis, «vamos viendo», aunque ya deslizó que los aumentos podían ser vía decreto del Ejecutivo o con bonos. A pura discrecionalidad.  

En cada cambio de Gobierno, en particular durante los últimos años, los jubilados y pensionados son presentados como los menos beneficiados por la gestión saliente, pero en verdad, terminan siendo objeto de ajuste. En los últimos 6 años, trabajadores y jubilados enfrentaron una caída de ingresos cercana al 26%. Este tiempo no es ajeno y se encamina −en pleno contexto inflacionario− a una nueva reforma de la fórmula de ajuste −conocida como movilidad jubilatoria− de los haberes previsionales. 

Entre 2001 y 2005 el número de beneficios previsionales iba en descenso, consecuencia de la etapa neoliberal y la crisis de 2001. Sin embargo, desde 2005, y como consecuencia de la primera moratoria previsional, se registraron fuertes incrementos, llegando a un pico del 33,8% en 2007. «Entre 2003 y 2016 −sostiene el CELS− pudieron jubilarse 1.796.439 mujeres entre 60 y 65 años, más del 80% accedieron al beneficio del Plan de Inclusión Previsional, más conocido como “moratoria previsional”». 

En la actualidad hay 5.890.796 jubilados y pensionados en el régimen nacional, de acuerdo a datos de septiembre del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que elabora la ANSES. Un 90,5% más que los 3 millones de beneficiarios que se registraban en 2001, primer año de la serie estadística oficial. De ese universo −2.066.461 hombres y 3.824.330 mujeres−, el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria, ya que no contaban con los años de aportes necesarios. 

Esta ampliación, obviamente se refleja también en los recursos destinados a ítem previsional. En 2001 representaba el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 20 años más tarde llegó al 9,3%, incluyendo los gastos nacionales y las cajas provinciales. Aunque el déficit del sistema se mantiene desde 1998, de acuerdo a datos oficiales, en 2022 representó el 2,8% del PIB, la más baja desde 2016, cuando llegó a 2,7%. Para que el sistema sea sostenible, se autofinancie, de acuerdo a distintos especialistas, se debe contar con tres trabajadores activos formales por cada pasivo. Según los datos de la ANSES, a marzo 2021, había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional: se registraban 10,5 millones de aportantes al sistema (trabajadores formales con descuento previsional) y 5,6 millones de jubilados y pensionados. Cabe recordar que durante los últimos años el mayor crecimiento de empleo estuvo sostenido por la creación de puestos de trabajo precarizados (monotributistas y trabajadores informales −sin aportes−).

Lo que vendrá.  

Con el ajuste económico en marcha los que lo pagarán íntegramente serán los trabajadores formales e informales y los jubilados y pensionados. Incluso en el Excel presentado por Caputo se proyecta una quita del 0,4% en estas últimas. Y su ejecutor directo será el nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, hasta hace días ministro de Finanzas de Córdoba y exsecretario de Previsión Social de la provincia. En plena pandemia, Giordano encabezó junto con el gobernador Juan Schiaretti una reforma jubilatoria provincial, con podas y armonización con Nación, que incluyeron rebajas que alcanzaron al 15% de los beneficiarios con los haberes más altos, incluyó un «aporte solidario» del 20% para dobles ingresos, y una armonización de criterios del sistema previsional provincial con el nacional, con impacto en reducciones para futuros jubilados y pensionados.

En el caso de los actuales activos, se introdujo una armonización con la Nación en tres puntos: el cálculo del haber inicial pasó de los 48 últimos haberes (4 años) a 120 (10 años); los nuevos pensionados pasarán a percibir el 70% de la jubilación del causante en lugar del 75%; y la ley eliminó además el beneficio de pagarle al pensionado el 100% del haber durante el primer año. En síntesis, la reforma acható la distribución, al reducir las jubilaciones más altas y tuvo como eje la revisión de los beneficios derivados de regímenes especiales (que en el caso de la ANSES representa el 4,2%).  

Franco Godino, economista del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) de Córdoba analiza los alcances de la reforma provincial de 2020.

−La ley de jubilaciones y pensiones de Córdoba ¿beneficia a la masa de jubilados y pensionados de la provincia?
–Los sistemas previsionales como el argentino enfrentan dificultades importantes en materia de sustentabilidad. Estos sistemas son llamados «de reparto», es decir que las contribuciones de los activos financian los haberes de los pasivos. Si las primeras no alcanzan a cubrir los segundos tenemos el famoso déficit previsional. Tanto la Caja de Córdoba como ANSES tienen un déficit estructural, que exige al Estado cerrar esa brecha con ingresos de los impuestos. La reforma de Córdoba buscó reducir ese déficit reduciendo la masa de prestaciones de la Caja. En ese sentido fue exitosa. La pregunta es qué jubilados pagaron el costo, si solo aquellos que cobran jubilaciones altas o toda la masa de jubilados. La equidad de este tipo de reformas es compleja y no está claro aún cuál será el impacto de la reforma en Córdoba en ese sentido.

−¿Supones que Giordano aplicará la misma estrategia a nivel nacional?
–Para ANSES podemos esperar que Giordano intente reformas similares, que busquen reducir el déficit reduciendo dobles prestaciones, achatando la distribución de jubilaciones (recortando las más altas) e incluso modificando edades jubilatorias y tratando de unificar los diferentes regímenes a nivel nacional.




domingo, 17 de diciembre de 2023

Los Intransigentes de siempre... @dealgunamaneraok...

Los intransigentes de siempre…  


Felices grietas. Dibujo: Pablo Temes.

La CGT, que se mantuvo callada durante los años de los Fernández, alza la voz ante el nuevo gobierno. Hipocresía.


© Escrito por Nelson Castro el domingo 17/12/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El ajuste es brutal. Ricardo López Murphy lo calificó de “estremecedor”. Es la consecuencia de la desastrosa situación económica que dejó el kirchnerismo. Tan desastrosa es que el mismo ex viceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, reconoció en el áspero diálogo radial que mantuvo con Eduardo Feinmann el jueves por la mañana que, de haber ganado la elección, habrían hecho lo mismo que ha comenzado a implementar la administración de Javier Milei. Claro que Rubinstein también es responsable de este desastre. Un hombre honesto que salió manchado de la gestión de un gobierno y de un ministro candidato al que solo le importó mantener el poder a cualquier precio. En vista de esta coincidencia, la pregunta es cómo reaccionará la sociedad ante las penurias de este duro presente. No es una pregunta que se hacen solo los analistas, los economistas, los sociólogos y los políticos a nivel local, sino que también se expande a todos los ámbitos internacionales en los que se sigue con particular atención y preocupación lo que muchos ya llaman el “experimento Milei”.

En Washington hay una decisión clara de ayudar al flamante presidente. El embajador Marc Stanley, que en la campaña se había inclinado por Massa, viene teniendo una actitud muy proactiva para apoyar y facilitar la interacción con funcionarios de la administración Biden que son clave para destrabar los obstáculos de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El comunicado que emitió el organismo a poco de conocerse las primeras medidas económicas generó comentarios risueños en los que conocen su dinámica. Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo comunicados con textos similares.


Los que hablaron con el Presidente en las horas posteriores a la desprolija grabación del mensaje del ministro Caputo, lo escucharon conforme con la performance del ministro. No es un reproche al ministro, vale decir que, le ha tocado ser vocero a un hombre que en gestiones anteriores nunca quiso pararse frente a las cámaras. La realidad sugiere que aprenderá rápido. No tiene alternativa.

En el acomodamiento del nuevo gobierno ya se van definiendo los roles de cada uno de los ministros y demás integrantes el gabinete. Precisamente, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, es una de las piezas claves de la distribución de poder dentro de ese universo. En consecuencia, su poder es grande y muestra el alto grado de confianza que Milei deposita en él. Elocuencia de ello es la decisión de poner bajo su jurisdicción la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

La otra funcionaria de mucho peso es la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Es una mujer de fuerte carácter y de gran cercanía con el Presidente. Muestra del poder que tienen Posse y Pettovello tienen es que el jefe de Estado ordenó que se acondicionaran dos chalets aledaños a la residencia principal dentro de la quinta presidencial de Olivos para que los usen ellos.

Quien ganó puntos en la semana fue la vicepresidenta Victoria Eugenia Villarruel –que pide ser llamada vicepresidente–. Eso llevó a rehacer la relación con Milei, que estaba dañada. La muestra de poder que exhibió en la designación de autoridades en el Senado, producto de su habilidad en la negociación con otras fuerzas políticas desconocida para muchos, hizo que en la reunión de gabinete del jueves el Presidente pidiera un aplauso para ella. Aún quedan heridos luego del reparto de cargos dentro de La Libertad Avanza. Si bien siempre remarcó que no le interesaban los puestos, Ramiro Marra es uno de ellos. También habrá que ver –dentro del ámbito legislativo– cómo terminan jugando Carolina Píparo en Diputados y Francisco Paoltroni en el Senado. Al formoseño se lo vio furioso por haber perdido la posibilidad de quedarse con la conducción de la Cámara alta.  

El día a día se está haciendo cuesta arriba en muchos despachos de la administración pública. Aprender a utilizar la botonera del Estado no es cosa de un momento a otro. Quienes fueron funcionarios de Cambiemos en la gestión de Mauricio Macri pueden dar testimonio de ello. Hay una foto que se repite en cada despacho de los distintos ministerios y secretarías. Profesionales del ámbito privado –recién llegados a la función pública– desplegando enormes organigramas para estudiar cada uno de sus “ravioles” y comprender la dinámica y la interacción de los hilos del poder. Llevará tiempo. Habrá que ser pacientes.


Sin embargo, la intransigencia y la falta de compromiso con el bienestar general ha sido la regla de los intransigentes de siempre. En realidad, no de siempre. La CGT se mantuvo callada durante el gobierno de los Fernández demostrando una complicidad absoluta con los desastres del gobierno saliente. Que nadie lo olvide: no pelean por los derechos de los trabajadores, pelean por sus propios intereses y los de su color político. Cuatro años de silencio para volver a alzar la voz apenas asumido el nuevo gobierno. Un comunicado de La Bancaria que dirige Sergio Palazzo –a quien se vio muy cerca de Massa en la campaña– publicado en su cuenta en la red social X es una muestra de la desidia y la falta de vergüenza. “Consideramos que los anuncios del ministro de Economía son de una violencia inusitada para la clase trabajadora. Se trata de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de los argentinos. Son los que tienen incorporados como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y al transporte público”. Además de tratarse de una aberración jurídica, habría que preguntarle a Palazzo si los ataques a la propiedad privada del gobierno kirchnerista no le preocupaban, si la inflación del 120 por ciento no le generaba violencia y si haber mantenido pisados los precios de bienes y servicios con políticas populistas no fue parte del problema.

Cuando la hipocresía es la moneda corriente de parte de la clase dirigente, ya sea sindical, política o empresaria, nada bueno puede esperarse en materia colectiva. Más de uno debería reflexionar y pensar seriamente cuáles serán sus próximos pasos.



   

Los que van a pagar el ajuste… @dealgunamaneraok...

Los que van a pagar el ajuste…

Afectados. Para la CGT, «el ajuste de Milei recae sobre el pueblo». Fotografía: Jorge Aloy.       

El gran ajuste prometido por el entonces candidato Javier Milei, como supuesta solución a los problemas económicos y sociales del país, ya está en marcha. Pero las decisiones del ahora presidente de la nación evidencian claras diferencias con las propuestas preelectorales, particularmente en lo referido a quiénes iban a ser alcanzados por las medidas.

© Escrito por Carlos Heller el sábado 16 de diciembre de 2023 y publicado por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 


Milei dirigió sus ataques a la «casta» política y a la intervención del Estado en distintas áreas, pero lo principal del ajuste terminará recayendo sobre la ciudadanía. Lo advirtió el reciente comunicado de la Confederación General del Trabajo (CGT), al señalar que «el anunciado ajuste, no ajusta a la denominada “casta”, como se prometió en campaña», sino que «el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo».

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los recortes que se proyectan en el área del Estado no pasarán del 0,5% del producto bruto interno (PIB), frente al 5,2% de reducción del déficit planteado como meta.

Aunque el nuevo Gobierno utiliza imágenes dramáticas para justificarse –el vocero presidencial Manuel Adorni definió las medidas como «urgentes e inevitables para evitar la catástrofe»– la realidad es que no es este el único camino para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas. 

Alternativas.

Como hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo lo hacemos.

La opción debe pasar por no ahogar el crecimiento de la economía, por la lucha contra la evasión impositiva, por la generación de una mayor progresividad tributaria, para que aporten los que más tienen. En ese marco, es factible la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público, enfocándose prioritariamente en quienes más lo necesitan.

Dicho de otro modo, una vía (la que está hoy en curso en el país) consiste en desmejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Otro camino es a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días. Por primera vez se cobrarán impuestos a las inversiones de los llamados fondos exclusivos de inversión, también conocidos como «súper ricos», y a las empresas offshore.

El presidente Luis Ignacio «Lula» Da Silva espera recaudar 6.000 millones de dólares hasta 2025, mientras el ministro de Economía de ese país, Fernando Haddad, remarcó que la medida evitará un ajuste en las cuentas públicas. Un criterio claramente opuesto a la visión que tiene el Gobierno argentino.

En esta línea, creemos necesario implementar en la Argentina una política integral que ataque en simultáneo a la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). Debe insistirse, además, sobre la progresividad tributaria, para que los que más tienen sean los que más aporten. 

Jubilados.

En claro contraste, la orientación prevista por la Casa Rosada contempla, entre otras disposiciones altamente preocupantes, recortar en un 0,4% del PIB la partida presupuestaria destinada al sistema previsional. Es decir, las jubilaciones y pensiones deberán sobrellevar su cuota del ajuste.

También se estudia el cambio de la fórmula automática para actualizar haberes y el uso de decretos para «recomponer» ingresos, lo que deja abierto el riesgo de una importante licuación en los ingresos de la clase pasiva.

Se anticipó además la casi desaparición de las transferencias de la nación a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte.

Todo ello, mientras ya se verifica el pronóstico de estanflación. El tipo de cambio oficial fue elevado más del 110%. El valor de los combustibles acumula un alza del 67% en lo que va de diciembre. El precio de la carne se incrementó alrededor del 38% en el promedio de los distintos cortes, en el marco de la liberación de precios presuntamente «reprimidos».

Frente al impacto que recaerá principalmente sobre los sectores populares, un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, del que formo parte, advirtió que «había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos».


   

sábado, 16 de diciembre de 2023

Medidas económicas de Luis Caputo: 10 datos para entender lo que anunció… @dealgunamaneraok...

Medidas económicas de Luis Caputo: 10 datos para entender lo que anunció…

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció 10 medidas económicas que marcan el inicio de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza). En esta nota, Chequeado te explica todas ellas con datos de contexto para entender qué fue lo que anunció el flamante ministro.

© Escrito por Manuel Tarricone, Lucía Gardel y José Giménez el miércoles 13/12/2023 y publicado por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El Ministro de Economía emitió un mensaje grabado en el que anunció las primeras medidas económicas de la gestión del presidente Javier Milei. Tipo de cambio, subsidios, obra pública, importaciones, empleo público, publicidad oficial, transferencias a las provincias, planes de empleo y políticas sociales. En esta nota, datos de contexto sobre los 10 anuncios de Caputo.

1- Se decreta la suspensión de la pauta oficial

Caputo señaló que el Gobierno nacional suspenderá por un año la publicidad oficial en medios de comunicación, algo que ya había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía de la Naciónen lo que va de 2023 el Estado nacional gastó $ 33.477 millones en “Prensa y Difusión de Actos de Gobierno”. Los datos llegan hasta el 4 de diciembre último, es decir, antes de la asunción de Milei. El presupuesto anual vigente de este ítem es de $ 40.807 millones, es decir que hasta ahora se gastó el 82% del presupuesto. En 2022 se gastaron $ 13.121 millones en este programa. Si se ejecuta todo el presupuesto previsto para 2023, las partidas para publicidad oficial registrarán un aumento real del 34,6%.

En la Argentina no existe una ley que regule los criterios de reparto de la publicidad oficial. Hay resoluciones de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación que determinan requisitos para que los medios reciban pauta oficial y establecen criterios de reparto, como el alcance del medio, zona geográfica, pertinencia del mensaje y fomento del federalismo y pluralidad de voces.

2- Los ministerios bajan de 18 a 9

Javier Milei formó su gabinete con 9 ministerios, la mitad de los que existían al final de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos). Así, a partir de esta semana el Poder Ejecutivo cuenta con los siguientes ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Seguridad; Salud; Justicia; Infraestructura y Capital Humano. Seis de los ministerios ya existían con ese nombre y uno cambió su denominación. Por su parte, Capital Humano e Infraestructura son nuevos y concentran varias áreas.

El gabinete de Fernández comenzó en 2019 con 20 ministerios y finalizó con 18; Mauricio Macri (Cambiemos) arrancó con 20 y terminó con 11. Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) terminó su mandato con 16 ministerios. Eduardo Duhalde (PJ) y Néstor Kirchner (Frente para la Victoria) gobernaron con 10 ministros, respectivamente.

En términos de género, Milei conformó un gabinete que cuenta con un 33% de representación femenina. Si se tienen en cuenta todas las designaciones de ministros y ministras a lo largo de cada administración, hasta el momento la de Milei es la que cuenta con un mayor porcentaje de representación femenina. En términos absolutos, teniendo en cuenta toda la gestión, el gobierno del Frente de Todos fue el que más ministras mujeres tuvo (9).

Ministras designadas en los gabinetes de cada gobierno.

Se tienen en cuenta todas las designaciones de ministros y ministras a lo largo de cada administración.


3- Se reducen los subsidios a la energía y el transporte

En los primeros 10 meses de 2023 el Gobierno destinó $ 2,1 billones a los subsidios a la energía. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), esto representó una caída real (es decir, contemplando el efecto de la inflación) del 25,2% con respecto a igual período de 2022. 

De acuerdo con los datos de la empresa mixta Cammesa (la distribuidora mayorista de energía eléctrica), en octubre de 2023 el Estado cubrió el 60% del costo total de la energía. Es decir que los usuarios a través de las tarifas pagaron el 40% de lo que costó efectivamente producir la electricidad que consumieron. En el caso de los usuarios residenciales con subsidios, sólo pagaron el 17% del costo total de la tarifa y el resto lo cubrió el Estado.

En el caso del gas natural, los últimos datos disponibles del Enargas (de principios de 2023) muestran que en promedio el Estado nacional asumiría en 2023 el 67,3% del total de la tarifa.

En cuanto al transporte, los subsidios insumieron hasta octubre último $ 718 mil millones, lo que significó un incremento del 12,4% real con respecto a los primeros 10 meses de 2022.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno anterior, actualmente el Estado cubre el 90% del boleto promedio de colectivo, mientras que los usuarios pagan sólo el 10%. Según estos cálculos, el precio promedio del boleto sin subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sería de $ 422. Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó que en noviembre último el costo real del boleto fue de $ 541.

4- Se mantienen los planes Potenciar Trabajo de acuerdo al Presupuesto 2023

El presupuesto vigente de 2023 para el programa Potenciar Trabajo es de $ 998 mil millones. En lo que va del año se gastó el 89% de ese total, con datos actualizados hasta el 4 de diciembre.

Potenciar Trabajo es un plan de inserción laboral que unificó iniciativas previas -como Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario-. Los titulares de este programa participan a través de proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa. El objetivo, según la web oficial del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es “promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

A partir del 1 de enero de 2024 se transfieren las personas titulares del Programa Potenciar trabajo al Programa de inclusión laboral. Los datos oficiales del ex Ministerio de Desarrollo Social  indican que hasta agosto de 2023 el programa contaba con 1,2 millones de beneficiarios. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo cobran mensualmente el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente, el salario mínimo es de $ 156 mil, es decir que los beneficiarios del Potenciar Trabajo perciben $ 78 mil mensuales.

Caputo señaló que el Potenciar Trabajo se mantendrá “de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2023”. Es decir que, en un contexto inflacionario, se espera que el valor real del programa disminuya.

5- Se duplica la AUH y aumenta en un 50% la Tarjeta Alimentar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. El programa se creó en 2009 y a julio de 2023 cuenta con 4,1 millones de beneficiarios.

Según datos de la ASAP, entre enero y octubre de 2023 la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinó $ 548 mil millones al pago de la AUH. En términos reales, agrega ASAP, esto representa una caída del 14,5% respecto del mismo período de 2022. Desde diciembre de 2023, el monto de la AUH es de $ 20.661 mil, es decir que si se duplica, como anunció Caputo, llevaría el monto mensual a $ 41.332.

Por su parte, el Programa Alimentar consiste en una transferencia monetaria a familias para la compra de alimentos. Está dirigido a personas con hijos de hasta 14 años que cobran la AUH y a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo o las personas con discapacidad que perciben la AUH. El requisito para acceder al programa es ser beneficiario de la AUH.

En lo que va de 2023, el ex Ministerio de Desarrollo Social destinó $ 593 mil millones a este programa, con un presupuesto vigente de $ 611 mil millones. Actualmente, la Tarjeta Alimentar representa un monto de $ 22 mil mensuales para las familias con un hijo; $34.500 con 2 hijos; y 45.500 con 3 hijos. Si se incrementa en un 50%, como mencionó el ministro de Economía, la transferencia mensual por hijo sería de $ 33 mil (un hijo), $ 51.750 (2 hijos) y $ 68.250 (3 hijos).

Hasta noviembre de 2023, los ingresos de una familia con un hijo que cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar (un total de $ 34 mil) habían caído en términos reales un 24% con respecto a igual mes de 2022.

6- “No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia”

Con los datos actualmente disponibles, no es posible saber cuánto personal del Estado nacional tiene menos de 1 año de contrato, pero sí se puede conocer cómo se compone el empleo estatal del Gobierno nacional.

Como se explica en esta nota, esa información está contenida en la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) de la Subsecretaría de Empleo Público de la Nación, que cuenta con información detallada de los puestos de trabajo de cada una de las dependencias nacionales, desde 2010 hasta la fecha.

De acuerdo con esta base, en mayo de 2023 (último dato disponible) se registraron 403 mil empleados en el Poder Ejecutivo Nacional (incluyendo organismos autárquicos, como el PAMI o la AFIP, y el personal de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas).

De ese total, 202.300 corresponden a fuerzas de seguridad; 98.500 a personal de planta permanente (es decir, que cuentan con estabilidad en el cargo); 23.800 es personal concursado (que se sometió a un proceso de selección en competencia con otros postulantes); y 5.800 son empleados de planta temporaria (no cuentan con estabilidad total).

En relación con la medida anunciada por Caputo, en mayo de 2023 existía un total de 72.500 personas contratadas, de las cuales 70.100 eran a plazo fijo (es decir, que contaban con fecha de finalización y el Gobierno podría decidir no renovarles), mientras que casi 2.400 eran por tiempo indeterminado

7- “Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias”

Como se explica en esta nota, se llama “transferencias discrecionales” a aquellas que no están reguladas por la Ley de Coparticipación Federal y pueden ser repartidas según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.

Este tipo de transferencias pueden ser “corrientes” (destinadas a solventar gastos tales como el pago de sueldos, por ejemplo) o “de capital” (utilizadas para la realización de obras públicas).

De acuerdo con datos de la ASAP, hasta octubre de 2023 el Gobierno nacional giró a las provincias poco más de $ 1 billón destinados a gastos corrientesSe trata de una caída real del 5,7% con respecto a igual período de 2022, principalmente a raíz de menores giros en concepto de asistencia financiera y de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En tanto, las transferencias de capital a las provincias acumularon en los primeros 10 meses del año $ 387 mil millones, una caída real del 4,9%.

8- “El Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva”

Como se explica acá, para medir el nivel de inversión en obras públicas es necesario sumar 2 indicadores que se informan junto con la ejecución del presupuesto nacional: la inversión real directa (que incluye los gastos en obra pública y otras erogaciones de capital, como la compra de equipos y maquinaria) y las transferencias de capital (que suman los recursos que el Gobierno nacional gira a las provincias y los municipios para la realización de trabajos de infraestructura).

De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta octubre último las transferencias de capital totalizaron casi $ 1,4 billones, mientras que la inversión real directa fue de $ 562 mil millones. Se trata de un incremento real del 2,4% con respecto a igual período de 2022.

9- “Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial: va a pasar a valer $ 800”

No hay una única forma de ponderar si el valor del dólar está atrasado o no respecto de otras variables de la economía, como se explica en esta nota.

Una de las formas de saberlo es a través del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral. Esta estadística, que se expresa a través de un índice elaborado por el Banco Central, mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de sus 12 principales socios comerciales para determinar cuál es el valor real de la divisa.

Los datos del índice se comparan con respecto a diciembre de 2015. De acuerdo con la serie histórica, el punto más alto se registró en mayo de 2002, cuando superó los 200 puntos luego de la salida de la Convertibilidad decretada por el entonces presidente Eduardo Duhalde (PJ), que produjo una devaluación que llevó el valor del dólar inicialmente por encima de los $ 3.

El tipo de cambio real multilateral se ubicaba, previo a la devaluación anunciada por Caputo, en 81,2 puntos, el registro más bajo registrado desde el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) en diciembre de 2015.

10- “Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA”

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) comenzó a funcionar en octubre de 2022 en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).

El SIRA es un procedimiento de permisos electrónicos para gestionar las importaciones, coordinado por la AFIP. Los importadores deben llenar una planilla en la que tienen que detallar los productos a importar y demostrar que cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a la compra. 

La AFIP cuenta con 90 días para aprobar la importación y, si no lo hace en ese plazo, el trámite queda anulado.

El uso del SIRA fue cuestionado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que denunció demoras de más de un mes en la autorización de las importaciones y la existencia de una deuda comercial (es decir, importaciones que se efectuaron pero no se pagaron) de más de US$ 40 mil millones.