Fin de hegemonías… @dealgunamanera...

Fin de hegemonías…

“CORTO SUPREMAS” Ricardo Lorenzetti. Foto: Pablo Temes.

Cristina y Lorenzetti parecen enfrentar nuevos vientos internos. De la sucesión política al 2x1. 

El peronismo de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por la puja de intendentes que van y vienen negociando el armado para presentar la mejor opción electoral, implosionó. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en las que habló de su posible no participación en las elecciones legislativas de octubre próximo –“me excluyo” dijo– generaron no sólo revuelo sino también dinamitaron el hormiguero y abrieron negociaciones, acercamientos y traiciones como las que en los momentos de crisis arrecian en el peronismo para el cual el llano significa ni más ni menos que un verdadero calvario.

Los militantes kirchneristas enfervorizados ya piensan en un operativo clamor, pero también en la redacción de un nuevo relato triunfador que justifique “el reposo del guerrero o la heroína” –asegura un disidente que hoy mira desde el otro lado del peronismo.

De todos modos hubo muchos a quienes lo que sorprendió no fue la determinación de CFK sino la antelación con la que comunicó la novedad. Por eso, esto cayó como una bomba que generó disgregación en los intendentes del Conurbano tanto en los que juegan a dos puntas como en los que no. En ese universo variopinto muchos se han acercado en estos días a Florencio Randazzo. Entre los que juegan a dos puntas hay figuras como Julio Pereyra, el eternizado intendente de Florencio Varela, quien llegó a decirle al equipo del ex ministro del Interior que para apoyarlo debía tener la potestad de diseñar el armado de la lista. “No. La lista es de unidad. Si no es así armamos una que les compita a ustedes y te aseguro que ganamos” –fue la tajante respuesta de Randazzo al barón del conurbano bonaerense.

Entre los que van y vienen, a los que en la jungla de la interna del PJ se los denomina infieles –si es que en política en general y en la interna peronista en particular la fidelidad sigue siendo un valor– Martín Insaurralde está generando cierto malestar. Aunque es entendible que ambicione lo mejor para su futuro, se junta con los principales referentes del ex ministro pero mantiene contactos fluidos con Daniel Osvaldo Scioli, hoy más que nunca envalentonado con la decisión de su ex jefa política.

Desde el randazzismo aseguran que el intendente de Lomas de Zamora sigue con un pie adentro de su espacio pero le achacan su incorregible vedetismo, puesto a relucir por las promesas del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que le ofrece mejor cartel. Como se ve, en la vida de Insaurralde los tiempos del Bailando por un sueño no quedaron atrás. Claro que las cosas son un poco más complejas aún, ya que si la candidata bendecida por el Frente para la Victoria –denominación en vías de una posible extinción– fuese la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, el futuro político de Insaurralde quedaría en abierta disputa con la mujer fuerte del Gran Buenos Aires.

Hay quienes creen que, en verdad, CFK espera –y anhela–un operativo clamor, un ruego de los fieles que le permita volver con la épica kirchnerista. Lo cierto es que, mientras tanto, Scioli y Randazzo brindan con champagne, cada uno por su lado: Scioli porque tendría algo más de libertad para el armado de su lista, aunque no son pocos los que están convencidos de que no faltará mucho para que “la jefa” le haga sentir el peso del poder que aún conserva. Randazzo porque se tiene más fe compitiendo contra el ex motonauta que contra la ex presidenta a los fines de obtener que, si las cosas salen como se espera, el kirchnerismo quedará atrás.

Ante este panorama que ofrece la interna del peronismo, en el oficialismo están recalculando. Si finalmente CFK no se presenta, deberán esperar a saber quién será el nuevo candidato que asome para decidir si sostiene la polarización o se tendrá que cambiar de estrategia. Ante la sorpresa por lo que pareció un anuncio, se escucha en los ámbitos del Gobierno un análisis que claramente tiene más que ver con la psicología del poder alumbrada por las encuestas.

“Al día de hoy, y muy a pesar del retardo en el repunte de la economía, es más probable que Cristina pierda ante un candidato oficialista –Esteban Bullrich o cualquier otro– a que gane”–asegura un operador político del oficialismo. Allí se evalúa que no se trata de la figura personal del candidato sino de la tracción que ejerce sobre la elección la imagen personal de María Eugenia Vidal y del propio Mauricio Macri (éste último no por empatía o simpatías personales que el votante del Conurbano profundo pueda sentir por él, sino por asociación como líder del cambio). “CFK nacionalizaría la elección y hoy, después de la película de Santa Cruz, nadie está seguro de que eso sea bueno para ella”–asegura la antedicha fuente.

En el Gobierno ya se convencieron de que la economía no tendrá el tan esperado y tantas veces anunciado despegue. Hay un déficit fiscal fenomenal que no se ha reducido ni se reducirá en un año electoral como éste.

Fallos. 

La Corte Suprema de Justicia impactó a todos con su inesperado fallo que reinstaló el beneficio del 2x1 nada menos que para los delitos de lesa humanidad. Sorprendió que dos de los tres ministros que lo firmaron hayan sido Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Rosatti fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005 y Highton de Nolasco, a su vez, fue nombrada por el entonces presidente en 2004. El 2x1, artilugio legal que buscaba beneficiar a quienes sin tener una condena pasaban largo tiempo en prisión, fue derogado en 2001.

El muy criticado fallo hace una interpretación literal del artículo 2 del Código Penal. “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna” y no una lectura constitucional. Este último aspecto es clave, porque de este enfoque constitucional se desprende que, por el reconocimiento que hace la Constitución Nacional reformada en 1994 de los pactos internacionales, los delitos de lesa humanidad están fuera de esos eventuales beneficios. Pero, además de estos aspectos legales, el fallo representa una novedad en la vida interna de la Corte de alto impacto judicial y político: el fin de la hegemonía de su presidente, Ricardo Lorenzetti.

Producción periodística: Santiago Serra. 

Como se gestó el 2 x 1. Los complotados… @dealgunamanera...

Los complotados…

El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. 

Gobierno, Iglesia y Corte Suprema: cómo se gestó el fallo destinado a liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Las movidas que prepararon el terreno, las negociaciones con Elena Highton y el voto de la nueva mayoría en el Tribunal.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 07/05/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado.

El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj.

La nueva mayoría

La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.

Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte:

Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.

Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.

Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal.

Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer.

En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.

Hipocresía permanente

En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio. 

Como la Corte demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad de cruzarse en la calle con sus apropiadores.

Lo que las víctimas sí han exigido siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad entre noviembre de 1976 y enero de 1977.

Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley, implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de la gravedad de un delito determinado.

Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla) es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957 codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron. La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral. Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.

No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por encima del resto.Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines carcelarios en demanda de iguales beneficios.

También es llamativo que la Corte Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad  “de manera que  no se haga ilusoria la justicia penal”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. 

La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1. 

Pero además porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser “adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”. 

Al solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos. En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas horas para rechazar el pedido de Girbone.

Dada la indiferencia de la nueva mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso hasta un piso más abajo.

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Macri abrió las puertas…

Sergio Massa: No pasarán. Dibujo Pablo Temes.

Tres errores del Gobierno habilitaron la jugada de Massa apuntando a la carrera presidencialista.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 11/12/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las filas parlamentarias de Cambiemos hay quienes apuntan a la ingenuidad de Marcos Peña –aunque no suele ser una característica suya– y otros se quejan por lo bajo de la austeridad de la propuesta del proyecto de ley de Ganancias. “Es lo que se podía otorgar sin alterar demasiado el castigado costo fiscal, pero sabemos que tuvo sabor a poco”, aseguró un diputado que conoce el juego de la bancada oficialista. Inmediatamente, desvían la atención a la “irresponsabilidad” de Sergio Massa (impulsor del proyecto que fue votado por amplia mayoría) y a parte del PJ, que acompañó con aplausos la movida. 

“Del FpV no podíamos esperar otra cosa, durante su gestión evitaron cualquier tipo de modificaciones a Ganancias, ahora nos quieren complicar. Pero ellos no tienen nada que perder, no hubo efecto sorpresa y nadie les va a ir a pedir explicaciones. El caso de Massa es muy distinto”, continuó la misma fuente.

Deconstrucción.

El enojo con el líder del Frente Renovador se hizo explícito, desde la boca del propio Presidente. “Impostor” y, entre líneas, desagradecido, al no comprender el cambio que el propio Macri le proponía como cabeza de una oposición responsable y que había iniciado con su inclusión en el viaje al Foro de Davos a comienzos de 2016. 

Una de las espadas del Frente Renovador asegura: “Somos una oposición constructiva, pero eso no quita que tengamos que marcarle los errores al oficialismo o votar leyes de espaldas a la gente. El que prometió en campaña eliminar el impuesto al trabajo fue él, por eso le duele quedar mal parado y que otros se acerquen más a ese compromiso. 

El tiempo dirá si habrá un costo político para Sergio, el que está intentando instalar la versión de una alianza con el peronismo cristinista es el propio Gobierno”. Lo cierto es que Massa ha jugado al filo y tuvo que evitar fotos y dar explicaciones.

Ante la andanada de críticas por parte del oficialismo, desde la CGT advirtieron que “confían en un proyecto de ley con respaldo legislativo de fuerte valor institucional, y aseguraron que un posible veto presidencial dejaría muy mal parado al Presidente de cara a las elecciones del año próximo. Ya no se trata de Sergio Massa, lo que está en juego es el salario de miles de trabajadores. Si veta el proyecto, pierde las elecciones”. 

Desde la CTA, aseguran que “una medida impopular podría tener consecuencias en la calle”.

En el Gobierno esperan el regreso de Rogelio Frigerio para sumarlo a la negociación con los gobernadores de cara a lo que pueda suceder en el Senado. Pero aquí hay al menos dos problemas: por un lado, un gran número de senadores, sobre todo en provincias del norte, que no responden a sus jefes provinciales y, por el otro, si el jefe del Interior llegara a un acuerdo parcial y Macri acudiera al veto, podría dejarlo muy mal parado. 

Mientras tanto, la estrategia oficial es aprovechar el acuerdo opositor con Massa y el kirchnerismo a la cabeza para ligar al PJ a la vieja política y seguir sosteniendo que el equipo amarillo es la única fuente de un verdadero cambio.

Los errores de gestión del actual gobierno son, a veces, increíbles por lo obvios. Tres han sido relevantes a lo largo de su primer año de gestión por lo obvio de sus consecuencias. El primero fue la designación por medio de un decreto de los dos nuevos miembros de la Corte Suprema, doctores Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El segundo, el aumento de las tarifas de gas sin la previa realización de las correspondientes audiencias públicas que ordena la Constitución Nacional. El tercero acaba de ocurrir en la primera semana de este mes. 

Fue el envío del proyecto de ley de aumento al mínimo no imponible sobre los sueldos. “A quién se le pudo haber ocurrido mandar un proyecto de esta envergadura al Congreso cuando el Gobierno sabe que de ninguna manera teníamos los votos tanto para imponerlo como para frenar cualquiera de los proyectos de la oposición”, vociferaba un diputado clave de Cambiemos en la agitada madrugada del miércoles que pasó. Lo que el oficialismo debió haber hecho fue incluir la modificación de este tributo dentro del paquete de leyes que acompanñó el proyecto de ley de presupuesto. “En ese caso, hubiéramos podido negociar todo junto con los gobernadores, lo que nos hubiera permitido darle al tema un enfoque más técnico y no político, como terminó sucediendo”, explicó con fastidio otro diputado de Cambiemos.

Al proceder en la forma en que lo hizo, el Gobierno le dejó abierta una puerta gigante por la que se coló una oposición variopinta y desmembrada con diferentes intenciones, todas de índole principalmente política. Para Sergio Massa, abocado a su proyecto de candidatura presidencial en 2019, fue una oportunidad para llevar agua para su molino. Para el Frente para la Victoria, en cambio, fue un momento de revancha propicio para dañar al Gobierno, obsesión que persigue a Cristina Fernández de Kirchner y a sus acólitos desde el momento mismo en que dejaron el poder.

Culpar a China. 

El Gobierno enfrentó la dramática y caótica sesión que se desarrolló en la madrugada del miércoles sin ninguna capacidad de reacción por parte de sus funcionarios. Que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que es el funcionario con mejor diálogo con los gobernadores, estuviera en China demuestra el amateurismo con el que se encaró tan delicado tema.

La foto de esa tarde durante la conferencia de prensa que brindaron los opositores luego de llegar al acuerdo que enfureció al Presidente perdurará en la memoria de muchos por lo increíble de su composición. 

Ver a legisladores del Frente Renovador compartiendo la escena con el ex ministro de Economía Axel Kicillof y con el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dejó pasmados a muchos. No fue casual que allí no hubiese estado Massa. Habrá que ver si al final de esta movida todo esto le suma o le resta.

Producción periodística: Santiago Serra.

Pornográficos e hipócritas… @dealgunamanera...

Pornográficos e hipócritas…

Historia. A los lectores de este diario no debería sorprenderles el caso López. El primer título ya denunciaba sus actos. Fotos: Cedoc

La necesidad de ver una imagen a pesar de las alertas. Fue necesaria una foto del pequeño cuerpo sin vida de Aylan para que tomáramos nota del drama de los refugiados. Fue necesaria una imagen del hijo de Lázaro Báez en una financiera para que asumamos el dinero que lavó el kirchnerismo. Fue necesario el reality de José López para consagrar la cleptocracia ejecutada en la década dilapidada.

© Escrito por Javier Calvo el sábado 18/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las alertas no sirvieron de nada. O, siendo justos, de poco. Buena parte de la sociedad argentina que respaldó a Néstor y Cristina en los últimos doce años no quiso, no pudo o no supo ver la obsesión K por el dinero. Desde el Estado y la actividad privada hubo frente a esa dinámica, como mínimo, participación o tolerancia. En un puñado de casos, tal vez más de los que suponemos, implicó algún tipo de renunciamiento.

De los tantísimos aspectos increíbles que tiene el caso López, uno es el de la antigüedad. El ex secretario trabajó un cuarto de siglo junto a Kirchner, De Vido y Cía. desde los tiempos en los que gobernaban Río Gallegos. Allí probaron el modelo de obra pública “exitoso” que luego ampliaron a Santa Cruz y la Argentina.

Convengamos en que tampoco inventaron nada. El tradicional “roban pero hacen” del peronismo nació casi desde la fundación misma del movimiento, en los años 40 y 50, con inocultable tufillo antiperonista. Ciertos herederos partidarios de Perón, como Menem, sofisticaron el saqueo de la mano de las privatizaciones y también de las obras. La patológica desmemoria nacional permite que algunos de los emblemas de los 90 ahora analicen por TV la corrupción K. Y algún analista avispado e influyente les endilgue a los K poco menos que inventarla, lo mismo que eso de comprar jueces o espiar ilegalmente, como si el menemismo no hubiera existido.

Debe ser tranquilizante socialmente echarle la culpa de todo al kirchnerismo. Eso expía las responsabilidades de todos los demás. ¿Dónde estaban o estábamos todos los demás? Empresarios. Sindicalistas. Jueces. Gobernadores. Legisladores. Intendentes. Iglesia. ONG. Organismos de derechos humanos. Medios de comunicación. 

¿Qué hicimos mientras un grupo de bandoleros liderados por Néstor Kirchner fabricaba negocios y aprovechaba el aparato del Estado para financiar sus políticas y bolsillos? Ahora muchos se golpean sacando pecho y muchos otros reclaman explicaciones inútiles.

Esta nota se acompaña por viejas tapas de Perfil, para mostrar dónde estábamos, aunque saliéramos sólo los domingos y luego también los sábados.

El título principal de la primera edición de este diario en su regreso a la calle, el 11 de septiembre de 2005, denunció que el ministro de Justicia de entonces, Horacio Rosatti, renunciaba por no avalar sobreprecios en la construcción de cárceles. El autor de la nota, un tal Jorge Lanata. El mismo que tiempo después reveló la existencia de la bolsa de dinero en el baño de Felisa Miceli, ministra de Economía. Perfil también difundió el primer escándalo de obra pública, conocido como caso Skanska. O el dinero negro con facturas truchas para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. O la mafia de los medicamentos, también con desvíos a bancar la carrera electoral K.

Mientras hacíamos eso, sufríamos duras represalias económicas y periodísticas. Al mismo tiempo que otros medios colegas miraban para otro lado y hacían acuerdos con el Gobierno. Hasta que les tocó a ellos. Ante un cambio de ciclo, se corre el riesgo de que vuelvan a la misma práctica.

El destino de aquel primer título de tapa en el regreso de Perfil abriga, sin embargo y pese a esta catarsis escéptica, una metáfora esperanzadora. El funcionario que se negó a los sobreprecios y renunció acaba de recibir la aprobación del Senado para asumir en la Corte Suprema. Y el que lo apretaba para que firmara está preso, tras revolear bolsos con dólares en un convento de madrugada.

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Salud y balance… @dealgunamanera...

Salud y balance…

Lázaro Real State, Lázaro Báez. Dibujo: Pablo Temes

Cómo sigue el Presidente tras la arritmia. La frustración Báez. Y los seis meses de gestión.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mauricio Macri ha evolucionado bien de su fibrilación auricular. Los controles que se le hicieron en la semana lo confirmaron. Durante un mes estará medicado con un antiarrítmico –la droga que se eligió es la amiodarona– y un anticoagulante. Cumplido ese lapso se le realizará un Holter (que es un electrocardiograma de 24 horas) y, basándose en sus resultados, se decidirá qué hacer. Si, como esperan sus médicos, esos resultados son normales, se procederá a discontinuar la medicación.

Mientras tanto, el Presidente puede hacer una vida normal. Como lo contó el doctor Simón Salzberg, jefe de la Unidad Médica Presidencial y quien estuvo a cargo del caso, cuando se le informó que debía internarse la primera respuesta de Macri fue negativa. Luego del secretismo con el que se quiso ocultar el tema –el artículo de Jorge Fontevecchia del domingo pasado lo describe de manera impecable–, la información fue clara. Contribuyó a ello que el mismo Salzberg hablara con los medios para aclarar todas las preguntas que ningún parte médico puede satisfacer. Al respecto, una observación y una sugerencia.

La observación: el parte médico no llevaba firma. La sugerencia: sería bueno que dentro de un mes, cuando Salzberg deba informar los resultados del chequeo, se le asigne la Sala de Prensa de la Quinta de Olivos o de la Casa Rosada para que pueda hacerlo con el orden y la tranquilidad que amerita la importancia de la información que suministre y responder las preguntas que se deriven.

Lázaro Báez.

La semana previa a la declaración de Lázaro Báez ante la Sala II de la Cámara Federal estuvo plagada de expectativas que fueron fogoneadas por el entorno del empresario y por abogados y fuentes judiciales que funcionan como satélites interesados. La irrupción en escena de Leandro Báez, el hijo menor, asegurando que el juez Sebastián Casanello dirigía la investigación hacia su padre sin ahondar en los funcionarios aumentó la expectativa. El tribunal formado por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, que esperaba la declaración de Lázaro con interés, debatió la forma y las garantías que se le darían para que todo lo que dijera el pasado lunes 6 quedara asentado.

El testimonio se grabó, pero el clima de expectativa se desinfló. Báez no sólo no hizo alusión al supuesto vínculo entre Casanello y Cristina, sino que se mostró hosco y medido en sus palabras. En la previa se creía que el empresario iría a declarar para acreditar ese vínculo, presentar los números de cuentas bancarias de la ex presidenta y acogerse al programa de arrepentidos. Nada de esto sucedió. Su exposición fue tan poco interesante que, a los veinte minutos, se dio por finalizada la audiencia.

Superada esta instancia, la calma volvió a Comodoro Py. No obstante, el clima sigue enrarecido. Una pregunta flota en el entorno de los jueces: si el dinero de Báez provenía de la obra pública, más allá de su asignación de manera preferencial y de los sobreprecios, se estaría ante un origen lícito. “Los sobreprecios son otra historia y el juez parece bien rumbeado en esa investigación, pero, por más que el delito de lavado de dinero suena bien ante la opinión pública, deberá quedar bien acreditado”, asegura una fuente tribunalicia.

Quienes conocen el proceder de la Sala II aseguran que el tribunal se tomará al menos diez días más para expedirse sobre la situación del juez Casanello y otros pormenores de la causa. “Los magistrados quieren volver a revisar todo el expediente para desentrañar una maraña de incógnitas que van más allá del accionar del juez”, aseguran.

Otro dato para recordar: en diciembre de 2015 Casanello dictó la falta de mérito de Báez en el caso del presunto lavado de dinero por la compra de un campo en Mendoza, fallo que el fiscal no apeló.

En la Justicia todos dan por segura la relación o sociedad entre Báez y la ex presidenta, pero hay demasiadas inconsistencias en el expediente que, de tomar decisiones apresuradas, complicarían la acreditación de ese vínculo.

Balance.

Se cumplieron los primeros seis meses de la gestión de Mauricio Macri. En el haber están el levantamiento del cepo, el arreglo del conflicto con los holdouts, el pago de la deuda con los jubilados y una actitud de diálogo con los opositores que antes no había.

En él debe están los decretos de necesidad y urgencia del comienzo de la gestión, los despidos, la inflación, el brutal ajuste tarifario, la falta de un plan de contingencia para defender a los consumidores del incremento de precios, el aumento de la pobreza, la inseguridad y el incumplimiento de la promesa de modificación de las escalas del impuesto a las ganancias.

Se deben agregar dos errores que se repiten. Uno es la falta de previsión de los efectos predecibles de algunas medidas, como el tarifazo. Es increíble advertir que nadie en el Gobierno pensó que para mucha gente esos aumentos son imposibles de pagar. Lo mismo vale para el decreto por el que se intentó designar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte. Es verdad que luego hubo rectificaciones, pero en el primer caso son aún insuficientes para muchos, y en el segundo produjeron un daño político de difícil reparación.

El segundo error es el de la mala comunicación. Hay que reconocerle al Gobierno una actitud de apertura a la prensa que no existió durante el kirchnerismo. Hay conferencias de prensa del Presidente y de sus funcionarios, y hay pluralidad en los medios públicos.

El problema es el contenido de lo que se dice. Así pasó con el índice de inflación (se insistió durante meses con un índice del 25% que ahora se reconoce imposible de lograr), o con la reactivación para el segundo semestre que deberá aguardar hasta el último trimestre.

Se sabía que para cualquiera de los candidatos que hubiera ganado la elección habría sido imposible desactivar la bomba de tiempo que dejó el kirchnerismo sin generar efectos colaterales adversos para la mayor parte de la ciudadanía. Eso obligaba a quien ganase a tener elaborado un plan de contingencia. Y en muchos aspectos, el Gobierno demostró no tenerlos.

Es la moraleja que dejan estos primeros seis meses de Macri, en los cuales mucha gente la está pasando muy mal.

Producción periodística: Santiago Serra.