Desacuerdos y reproches…
PARI-TARIA, Jorge
Triaca. Dibujo: Pablo Temes
La ruptura entre sindicalistas y oficialismo tiene
una cadena de responsabilidades. Extraño triunfalismo.
El 23 de noviembre pasado el Gobierno, la Unión
Industrial Argentina, algunas cámaras empresariales, y algunos sindicatos
hablaron de un pacto por medio del cual se comprometían a no despedir personal
hasta el 1° de marzo. Además, lanzaron el Diálogo-Acuerdo por la Producción y
el Trabajo. Sin embargo, algo falló y, en consecuencia, la CGT se retiró
abruptamente de esa entente a mediados de esta semana.
“No se cumplió el ‘pacto anti despidos’ y
el costo siempre queda del lado del movimiento obrero. No fue un portazo
inesperado; ya la semana pasada en el asado convocado por Barrionuevo en Mar
del Plata se habló de endurecer posiciones con el Gobierno. El ánimo cambió
desde el proyecto de reforma laboral hasta la salida por decreto de las
modificaciones en el tema ART. Los despidos en verano fueron el detonante”,
señala un dirigente de peso en la actual conducción cegetista. Según los
números que se manejan en ese ámbito, la industria lidera ese triste ranking
con más de 4.500 despedidos, seguido por el sector de servicios y un goteo
permanente en otras áreas.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo
el jueves en una entrevista radial que “se ha perdido la confianza con algunos
sectores empresarios que tienen que dar respuesta porque había un acuerdo
político de cuidar el nivel de empleo”. Entre los hombres de negocios algunos
prefieren mirar para el costado mientras que otros entrecruzan reproches
mutuos. Hay quienes dicen que los dichos del ministro fueron un tiro por
elevación destinado a los industriales; otros, en cambio, creen que los
señalados son los sectores de cadenas alimentarias. A pesar de la proclamada
lucha contra la inflación de la que habla el Gobierno, alimentos, artículos de
higiene personal y productos de primera necesidad no dejan de aumentar.
“Los gremios prefieren cargar las tintas
contra las empresas, pero saben que el verdadero enojo es con los acuerdos
vacíos que genera el Gobierno” –asegura un industrial de larga experiencia en
estas lides–. En un crudo análisis la misma fuente hizo hincapié en las
divisiones dentro del movimiento obrero: “De la boca para afuera la CGT en
general y ‘los gordos’ del sindicalismo vociferan que este gobierno les dio
mucho más de lo que lograron con el kirchnerismo, mientras que el moyanismo y
algunos sectores de la CTA sostienen que este gobierno se cae solo”. En este
contexto la presión de las bases en los gremios industriales por los últimos
despidos determinó la salida de la CGT del acuerdo con los empresarios y el
Gobierno.
En 2016 –siguiendo los datos del Indec–
desaparecieron 5 mil pymes y se perdieron 120 mil empleos formales. En este
marco, algunos industriales remarcaron la necesidad de haber debido convocar un
Consejo Económico y Social (de carácter permanente) y no sentar las partes en
una mesa para la foto. Un empresario lo describió con dureza: “El Gobierno
quema los instrumentos de diálogo, los malgasta. El Diálogo por la Producción y
el Trabajo fue una especie de pantomima que sólo sirvió para la foto. No había
propuestas de fondo”.
En la misma línea un influyente hombre del
interior se preguntó: “¿Qué está pasando con el timing del Gobierno para
instrumentar medidas?”. Hacía referencia a que la UIA había hablado con Nicolás
Dujovne sobre una serie de medidas orientadas a bajar la presión tributaria –lo
que podría traducirse en baja de precios y más producción–, pero el viernes, en
una entrevista en el programa de Jorge Lanata, el ministro declaró que el año
electoral no sería un buen momento para hacerlo. “¿Cuándo, entonces?”, insistió
la fuente.
Los empresarios aseguran además que hay
capacidad ociosa; la industria está operando al 65%. La suba de tarifas de
electricidad es comprensible, pero si a cambio del aumento de costos no se da
ningún beneficio, la producción no aumentará. Los analistas ven un primer
trimestre “planchado”. Con el repunte del campo y sectores de la construcción
no va a alcanzar para torcer el rumbo de la economía y generar verdadero
crecimiento.
En vista de esta realidad, resulta poco
entendible el clima de cierta euforia que, comenzando por el Presidente, se
vive en la cúpula del Gobierno. Se habla allí de una recuperación de la
economía que, más allá de lo observable en sectores puntuales como el
automotor, no se condice con lo que refleja mayoritariamente la calle. En el
oficialismo están convencidos de que ganarán la elección legislativa de octubre
venidero. Con esa misma convicción se habla de la elección presidencial de
2019: “Estaremos ocho años en el poder”, se escucha decir en los despachos de
la Casa Rosada.
De los avatares de una economía que no
termina de arrancar intenta valerse Cristina Fernández de Kirchner para darle a
su comprometida situación judicial un cariz de persecución política. “Buscan
tapar el desastre económico”, escribió en la catarata tuitera del viernes
pasado. En verdad, ante el peso de las evidencias que dejan al descubierto la
matriz de corrupción imperante durante el kirchnerato, ésa es la única
alternativa con la que cuenta como defensa. No hay estrategia judicial para
parar el avance de las causas ante las pruebas que las sustentan. El agregado
de esta semana, en relación con la declaración indagatoria a la que la ha
citado el juez Claudio Bonadio, está dado por la inclusión de los dos hijos de
la ex presidenta, Máximo y Florencia.
CFK habrá de ser candidata a senadora
nacional por la provincia de Buenos Aires. Las encuestas –al día de hoy– le dan
bien. Es la única posibilidad que tiene de atemperar la adversidad que le
augura en los ámbitos tribunalicios. Esa candidatura, además, es la única
chance que tiene el kirchnerismo de no difuminarse en las procelosas aguas de la
interna justicialista.
El caso Odebrecht será otra complicación
para la ex presidenta y sus funcionarios del área de obras públicas. También lo
será para algunos funcionarios de este gobierno. Hasta ahora el único salpicado
por el escándalo de las coimas es el titular de la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. Sus explicaciones ante la Comisión
Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia
fueron poco satisfactorias. Los papeles que exhibió –incluyendo una escritura–
aportaron escasa claridad. Se habla, además, de dos propiedades de su
pertenencia que no aparecen en su declaración de impuestos. Con todo, lo más
complicado para Arribas es la denuncia que en su contra interpuso Elisa Carrió.
El episodio de la utilización del
helicóptero presidencial para trasladar a la esposa de Macri, Juliana Awada, y
a su hija Antonia, de Punta del Este a Buenos Aires, merece un párrafo de
reproche. Los Kirchner fueron intensamente criticados por la utilización de las
aeronaves de la flota presidencial en menesteres similares. Entre las promesas
de campaña del actual gobierno, estaba la de suprimir esa conducta. Parece que
el Presidente lo ha olvidado.
Producción periodística: Santiago Serra.
