La vida es un tablero de ajedrez en donde los cuadros blancos son los días y los cuadros negros son las noches... Nosotros, somos las piezas que vamos de aquí para allá para caer al final en el cuadro de la nada... De Alguna Manera... Una Alternativa…
Sin luz en el AMBA: un
corte masivo dejó sin suministro a casi un millón de usuarios y unos 30.000
siguen afectados…
Se originó por una falla en la Subestación Bosques
de la empresa Edesur que generó una falla en el suministro eléctrico que
alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.
El último día del 2025 arrancó con un combo mortal
en el AMBA: calor extremo y cortes de luz. Este miércoles por la madrugada un
gigantesco apagón dejó sin energía eléctrica a un millón de usuarios en la
Ciudad y el Conurbano. Según informó Edesur, los problemas se originaron a raíz
de un incendio en una subestación de la compañía. Pasadas las 7.30 hs de este
31 de diciembre más de 16 mil hogares continuaban sin electricidad.
Cerca de las 22 horas de este lunes, cuando el
termómetro en la Ciudad y sus alrededores todavía superaba los 30 grados, y
después de una jornada agobiante, la red de suministro eléctrico del AMBA no
aguantó más y se produjo un gigantesco apagón. Así, se registró el escenario
más temido: calor extremo y corte de luz. Una situación que, pese a los
constantes aumentos de las boletas del servicio eléctrico, continúa sucediendo.
Gran cantidad de barrios porteños y el sur del Conurbano se quedaron
completamente a oscuras.
Recién horas más tarde, durante la madrugada,
Edesur -la empresa responsable en las áreas afectadas por el apagón- salió a
dar explicaciones de lo sucedido. Según un comunicado publicado en sus redes
sociales oficiales minutos antes de las 2 hs, los problemas fueron causados por
un incendio. “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que
alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. Nuestros
equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será
restablecido en etapas", fue la escueta explicación de la compañía.
Poco antes de las 4 de esta madrugada, se pudo
conocer la dimensión del masivo corte de luz. De acuerdo a la página oficial
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a esa hora había 952.036
usuarios sin luz. Al mismo tiempo, la compañía explicaba, también por su cuenta
de X, que “ más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en
la Subestación Bosques y que generó una afectación en otras subestaciones ya
recuperaron el suministro".
Para las 4.26 hs afirmaron que “el 96% de los
clientes afectados cuenta con suministro”. Sin embargo, tres horas después, la
web del ENRE mostraba que aún quedaban hogares sin servicio eléctrico. Y es
que, en horas de esta mañana de miércoles, unos 30.000 usuarios siguen sin luz
por dicha falla. "Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en
la zona. El suministro será restablecido en etapas", adelantó la compañía.
El incidente comenzó ayer por la tarde y el pico
máximo de usuarios sin suministro eléctrico se dio a las 16:30 con 42.957 en el
área concesionada a Edesur y 2.390 en el área de Edenor. Elevando el total a
45.347 personas con el servicio eléctrico interrumpido. Luego, comenzó a
restaurarse, pero remontó y volvió a afectar a 41.722 a las 18:50. En la
página del ENRE (www.argentina.gob.ar/enre), los cortes realizados por Edesur
se extienden por los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Lanús,
Berazategui, Ezeiza y Almirante Brown y en barrios de la Ciudad de Buenos
Aires.
Mientras que los realizados por Edenor alcanzan
Pilar, San Fernando, Tres de Febrero, Escobar, General Rodríguez, Hurlingham,
Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo,
Moreno, Morón, San Isidro, Tigre, Vicente López y San Miguel. A las 20:50,
los usuarios sin suministro eléctrico descendieron a 34.841, 32.662 de Edesur y
2.179 de Edenor. Además, la demanda de energía rompió la tendencia a la baja y
volvió a subir en un contexto de altas temperaturas y a un horario en el que la
mayoría de las personas suele estar llegando a sus hogares.
El último sábado hubo un pico de 27.000 cortes
de luz en el AMBA por las temperaturas extremas registradas en la zona. El
corte masivo tiene lugar en un contexto de altísimas temperaturas. El último
día del año será también el más caluroso, con una máxima de 39° y una mínima de
27°. Las máximas arriba de 30° se mantendrán hasta el 1º de enero de 2026.
Los trenes de pasajerosde larga
distancia están al borde de su desaparición. A la interrupción
indefinida de la línea Roca a Bahía Blanca ahora se suma la del servicio que
conectaba Retiro, Rosario, Córdoba y Tucumán.
La suspensión de los trenes, anunciada en un principio
como provisoria, fue realizada a pedido de la empresa privada que
administra esas líneas, Nueva Central Argentino (NCA), a raíz
del estado de los durmientes luego del descarrilamiento de una
unidad en Santiago del Estero hace tres meses. A pesar de que el argumento de
la concesionaria radica en la reparación de las vías, el sindicato La Fraternidad advierte que detrás de ese
planteo buscan eliminar definitivamente al tren de pasajeros.
“Lo que en principio entendimos acertado, la reparación de vías, luego el
descarrilamiento de fecha 20 de septiembre del 2025 del tren a Tucumán, se ha
convertido en la excusa ideal para impedir que se repongan los
servicios”, indicó el gremio en un comunicado.
"Así
entonces, se configura el lock-out, contra los trenes de
pasajeros (larga distancia), privando de esta manera a miles de
usuarios la posibilidad de transportarse a costos accesibles para la gente que
menos tiene”, agregó el sindicato en el documento firmado por Omar Maturano.
En diálogo con PERFIL,
uno de los voceros del sindicato detalló que la interrupción del servicio busca
eliminar por completo al tren de pasajeros porque "no quieren invertir
en la reparación de la vías", aunque por los mismos rieles
siguen circulando los trenes de carga con menor velocidad, lo que no
quita el riesgo para los maquinistas que viajan en ellos. A la vez, indicó que
si bien NCA es una empresa privada, la suspensión del servicio se enmarca en la
nueva ola de privatizaciones que impulsa la gestión de Javier
Milei, que esta semana avanzó contra Trenes Argentinos.
NCA tiene la concesión
del ramal Mitre, con excepción de los tramos urbanos, desde 1992. En julio de
este año el Gobierno se la volvió a extender hasta 2032, a pesar de
que en 2021 se la habían negado ante el vencimiento del contrato por el balance
negativo en infraestructura y servicios después de más de dos décadas bajo su
administración.
La empresa
recientemente debió arreglar las vías, sin embargo, los nuevos durmientes
colocados no habrían estado en condiciones para cumplir su función. Esto se
comprobó tras el descarrilamiento ocurrido en septiembre por lo que ahora
alegan que deben chequear el estado de cada uno de ellos para
evitar accidentes.
De manera similar, el
tren de pasajeros que unía Ciudad de Buenos Aires con Bahía
Blanca y comunicaba numerosas localidades del sur de la provincia
bonaerense fue interrumpido en octubre de 2025 de forma indefinida. En este
caso, también, primero fue suspendido por un descarrilamiento a la altura de
Olavarría en 2022 por falta de mantenimiento de las vías que estaban a cargo de
las empresas privadas Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca, a las que, sin
embargo, recientemente les extendieron las concesiones. Si bien en un primer
momento se anunció que se repondría el servicio, eso nunca se concretó y luego,
este año, se definió la clausura total.
La experiencia de las
privatizaciones y concesiones iniciada en la década de los 1990 dejaron un
saldo negativo en varios sentidos, los kilómetros de vía pasaron de ser 35 mil
a menos de 10 mil, y se desinvirtió en infraestructura y material rodante, lo que
generó una pérdida de calidad y achicamiento del servicio, con un impacto
directo sobre las economías regionales y las posibilidades de desarrollo
nacional.
Avanza la privatización
de Trenes Argentinos.
En forma paralela, en
los últimos días, el Gobierno dio un paso más en el proceso de privatización de
Trenes Argentinos, que antes era una Sociedad del Estado, y la
convirtió en una Sociedad Anónima Unipersonal. La medida se
implementó a través del Decreto 70/2023, firmado por Javier
Milei apenas asumió, dado que dicha privatización no fue autorizada por la Ley
Bases.
“Con esta inscripción
se completa el proceso de reorganización de todas las sociedades del Estado
Nacional, ordenado por el Presidente”, afirmó el inspector general de Justicia, Daniel
Roque Vítolo, tras la inscripción de Trenes Argentinos bajo la figura de
S.A.
De la misma forma, la
gestión libertaria también convirtió a las empresas estatales Administración de
Infraestructura Ferroviaria, Administración General de Puertos, Contenidos
Públicos, Edu.Ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares,
Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, Casa de Moneda y Télam
para adecuarlas para la privatización.
La
gran amenaza desestabilizadora para 2026: los juicios internacionales que
acechan al país…
Loretta Preska. Falló en contra de la Argentina en el juicio por la
reestatización de YPF.Imagen: Pablo Temes.
Mientras el debate político se concentra en la
coyuntura inmediata y en las urgencias del corto plazo, el país enfrenta una
bomba de tiempo en los tribunales internacionales. Se trata de un volumen de
pasivos judiciales que ronda los USS 30 mil millones, en su mayoría fuera del
Presupuesto y prácticamente ausentes del debate público, que podrían comenzar a
volverse exigibles a partir de 2026. Los casos más emblemáticos –el juicio por
la reestatización de YPF en los tribunales de Nueva York, la causa por la manipulación
del PBI y el no pago de los cupones atados al crecimiento económico en Londres–
ya cuentan con fallos adversos.
No está incluido en el Presupuesto. No está mencionado como crítica por
parte de la oposición. Prácticamente es un tema ignorado por la clase política
argentina. Pero se trata del factor más amenazante de inestabilidad económica,
financiera y fiscal para el país. Se trata del altísimo volumen de pasivos que
el país mantiene en juicios contra la Argentina en diferentes tribunales
internacionales, que podrían estallar en gran parte durante el 2026; y que, de
no mediar negociaciones infernales y aperturas amplias de los mercados
internacionales, implicarían que el país no podría enfrentar semejante cantidad
y calidad de pasivos. En total, sumando todas las causas existentes, se llega a
la temeraria cifra de US$ 30 mil millones, con dos juicios emblemáticos a la cabeza:
el encauzado por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 y que ya tiene
fallo negativo en primera instancia en Nueva York, y el que involucra a la
manipulación del PBI y los cupones de los bonos argentinos durante la última
etapa del kirchnerismo. Causa que está radicada (y casi perdida) en Londres.
La causa por la petrolera tuvo novedades importantes esta semana. La
jueza Loretta Preska anunció que no embargará acciones de la compañía en
garantía, a la espera de una decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva
York. Ahora se abre un período de tiempo indefinido, donde los jueces de la
Segunda de Apelaciones de Nueva York deberán tomar una decisión de fondo sobre
la causa por la manera en que se renacionalizó YPF. Estos son Denny Chin, José Cabranes
y Beth Robinson, quienes ya están en estudio de la situación, pero aún no
dieron pistas sobre los tiempos. Por lo que se presume, no habrá novedades
durante el primer trimestre del año, ya que aún no están citadas las partes
para escuchar las argumentaciones de rigor; con lo que, a lo sumo, recién
habría novedades para el período abril-junio del 2026. O aún más allá del
tiempo también.
Los puntos fundamentales de la causa. Para muchos la necesidad de una
reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un
desastre, invirtiendo más en Libia que en la Argentina.
Se razona además que ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de
desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa
argentina. En lo posible estatal.
El juicio no es por la decisión de reestatizar, cuestión que era
necesaria. Es por la manera en que se reestatizó.
El estatuto de la privatización de 1992 (era Estenssoro) incluía una
Oferta Pública de Adquisición (OPA). Esto implica que cualquier operación de
toma de acciones en poder de privados, obliga a realizar una oferta similar al
resto de los accionistas.
Desde el 26 de junio de 1993 Argentina decide (como país soberano) salir
a cotizar parte de las acciones de YPF en la Bolsa de Nueva York. Desde ese
momento, inevitablemente, acepta las normas de la SEC, que incluyen el respeto
de la OPA. Y la jurisprudencia de EE.UU. indica que esto es superior, incluso a
las normas de países. Esto puede gustar o no, pero es así. Y debía haberse
tenido en cuenta.
En la decisión de reestatización de 2012 se decide pagar unos US$ 6 mil
millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Se decide además dejar de distribuir
dividendos a los accionistas.
El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de
las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el
dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se
presentan en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de
Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta
causa; y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso.
(Crean o no, es así).
El síndico de la causa radicada en Madrid, vende la causa (esto es
habitual) el 4 de mayo de 2015. La compra Burford en US$ 15 millones. Lo hace a
través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa
que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.
En septiembre de 2015 Burford se presenta en los tribunales de Nueva
York. Por sorteo toca Loretta Preska, heredera del sillón de Thomas Griesa como
jueza de primera instancia en el Distrito Sur de Nueva York.
Entre diciembre 2016 y marzo 2018, Preska se toma su tiempo para
analizar las leyes cruzadas de Argentina y EE.UU. En marzo 2019 define que las
normas de la SEC son más importantes que las leyes locales. Se basa, otra vez,
en jurisprudencia de EE.UU.
En septiembre de 2023 falla a favor de Burford y un segundo demandante
llamado Eton Park (Dios sabe quién está atrás de estos).
El problema fue no haber extendido el pago a Repsol, a una oferta al
resto de los accionistas. Luego estos podían aceptarla o no. Pero era
obligación, por estatuto, abrir la oferta al 49% de los accionistas.
Sobre la obligación de esta operación, hay jurisprudencia en la Justicia
de EE.UU. Argentina podría haber aceptado o no abrir las cotizaciones de una
parte de las acciones de YPF en Wall Street. Pero si lo hacía, debía respetar
las reglas de la SEC (autoridad del mercado de capitales norteamericano).
El fallo de fondo fue el de septiembre del 2023. Ahí se perdió el
juicio. La Argentina está obligada por leyes locales a apelar. De no hacerlo,
al Presidente en ejercicio le cabe la acusación de mal ejercicio en sus
funciones.
Por su parte, la causa por la manipulación de títulos públicos en 2013,
y el consecuente no pago de los intereses correspondientes al Cupón 2013, tiene
ya fallo firme en los tribunales ingleses. La Argentina perdió el caso en
primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces
en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa
jurídica para tratar de torcer la historia. Sin embargo, en octubre del año
pasado, la Corte británica rechazó tratar la causa, con lo que dejó en firme el
fallo de primera y segunda instancia. Son los fallos del juez Stephen Phillips
y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes
Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros; que denunciaron a la Argentina
por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos
Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006. Argentina esperaba que la
causa en Inglaterra se cayera, dado que en abril de 2023, una causa espejo en
el tribunal, curiosamente, de Loretta Preska, resolvió en contra del reclamo.
Sin embargo, en marzo de 2024, Phillips ratificó su decisión, y cerró el caso a
favor de los demandantes de Londres. Phillips se mantuvo en el criterio
jurisprudencial inglés, afirmando que la Argentina efectivamente alteró el PBI
de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido
por el país para salir del default de 2002, y durante el canje de deuda de
2006.
Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado, “las
declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros)
de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente
a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana
argentina) años atrás”. Y agregó: “Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno
desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para
honrar los fallos de Cortes internacionales. En particular, la nueva
administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados
por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no
ha abonado ningún monto del fallo [YPF] del tribunal del Distrito Sur de Nueva
York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos)
pendiente de apelación en ese caso”.
La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre
Aurelius en enero de 2015 por la supuesta “mala fe” del país al alterar la
medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013; lo que derivó en una causa
espejo en Londres, a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius y
Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de
deuda argentina.
Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,
con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del Emae
para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no
activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año
un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para
Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que
representa “mal desempeño de sus funciones”.
Fue un viernes muy, pero muy intenso. En realidad, fue una Navidad
intensa. No hubo mucha paz en los espíritus ni del Gobierno ni de la oposición.
Sesionar un 26 de diciembre es algo extraordinario para los legisladores. Esta
vez les tocó a los senadores. Seguramente la mayoría de ellos no conoce cómo
eran las cosas cuando la Argentina daba sus primeros pasos como república luego
de la sanción de la Constitución Nacional. En aquellos años de turbulencia y
épica el período ordinario de sesiones del Congreso se extendía desde el 1° de
mayo hasta el 30 de septiembre.
Esta sesión significó un test match para Patricia Bullrich. En lo
formal, era su debut como jefa del bloque del oficialismo. Pero en los hechos,
su rol en el cuerpo va mucho más allá de eso. Ella ha pasado a ser la
articuladora entre la Cámara Alta y el Poder Ejecutivo. Esto es consecuencia
directa del aislamiento total en el que navega la gestión de Victoria
Villarruel. Emana hacia ella un profundo sentimiento de desprecio por parte de
los hermanos Milei. Aquella frase referida al Presidente que pronunció durante
el reportaje con Jonatan Viale le valió el destierro de las arenas del poder.
Por si alguien no lo recuerda, la vicepresidenta dijo que el pobre Milei era un
“jamoncito” entre su hermana Karina y ella.
La aprobación del presupuesto es una exigencia del Fondo Monetario
Internacional. Pero, antes de eso, hay que decir que es una necesidad del país.
El condimento extra es que se trata del primer presupuesto redactado de puño y
letra por la administración libertaria ya que, en los últimos dos años, Javier
Milei gobernó con presupuestos prácticamente ajenos y sin la aprobación del
Congreso. El presupuesto es una herramienta esencial que ordena y da
previsibilidad más allá de los errores y desvíos. Este es un punto que el
Presidente tuvo en cuenta en sus expresiones durante el reportaje que le
concedió a Luis Majul el domingo pasado. Claramente hubo una voz –o varias– que
le advirtió de la inconveniencia de aplicar un veto a lo votado por el
Congreso. Esas voces vinieron no sólo desde fuera sino también desde adentro
del Gobierno. Los votos conseguidos fueron producto de la negociación. De entre
ella, la más ardua fue la de Diego Santilli para quien, la aprobación del
proyecto de ley de Presupuesto representa una prueba interna y externa. En lo
interno está en juego su capacidad y eficacia en la negociación con los
sectores dialoguistas. En lo externo, por su parte, su credibilidad. El
problema más importante que tuvo Guillermo Francos a lo largo de toda su
gestión como jefe de Gabinete fue la validez de sus promesas. Para ponerlo
blanco sobre negro: Francos llegaba a acuerdos con los opositores en los que
enunciaba a sus eventuales interlocutores –en este caso, gobernadores– diversas
promesas que después nunca se cumplían. Santilli, quien estuvo presente en el
largo, tedioso y vacuo debate de los senadores, tiene el desafío de hacer que
sus promesas se transformen en hechos. En su mensaje en la red X se encargó de
resaltar “el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron
que el país cambió”. Entre los senadores peronistas que votaron positivamente
estuvieron: Guillermo Andrada de Catamarca, y Sandra Mendoza, de Tucumán.
Habrán sido producto de un aporte del Grupo JaJa, integrado por los
gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, como muy ocurrente y agudamente lo
definió nuestro colega Federico Mayol. El ministro del Interior es, desde el
punto de vista político, uno de los ganadores de este capítulo. “No dejó nada
librado al azar, una derrota lo hubiera dejado rengo dentro y fuera del
gabinete” –reconocieron en su entorno. La otra, claramente, es Patricia
Bullrich. El Presidente quien, consciente de lo que se jugaba, estuvo atento
durante todo el día, no demoró un minuto en celebrar en la red X lo que, sin
dudas, es un gran triunfo del Gobierno. “Somos una montaña rusa de emociones.
Hace menos de 10 días cuando Diputados le dio media sanción al proyecto, los
ánimos venían muy abajo por no haber podido derogar la ley de discapacidad y de
financiamiento universitario. Hoy la historia es otra, pero deberíamos ser un
poco menos ciclotímicos” –reconoció un libertario que no salía de su asombro.
No le falta razón, por aquellas horas hasta corrió la versión del veto como un
reguero de pólvora.
La aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 en general y en particular
representa una nueva derrota para el peronismo en general, y para el
kirchnerismo en particular. El poder de Cristina Fernández de Kirchner,
afectada de una apendicitis complicada con una peritonitis local que la ha
tenido a mal traer durante toda esta semana, va menguando día a día. Esa mengua
incluye –y afecta– a su hijo Máximo –enfrentado en una interna que no para de
agravarse con Axel Kicillof y compañía. El último episodio de esta saga de
final abierto fue el enfrentamiento entre los trapitos y los intendentes de
Lanús, Julián Álvarez, y Quilmes, Mayra Mendoza. En medio de todo ese embrollo
apareció uno de los así denominados “gerentes de la pobreza”, Juan Grabois. El
polémico dirigente representa un clavo en el zapato para Kicillof y sus
secuaces. Grabois es CFK, por si alguien lo ha olvidado. “Hasta que el
peronismo no logre emanciparse definitivamente de la condenada, no tendrá
chances serias de reorganizarse y pelear por el poder real” –aseguraron cerca
de un intendente del Conurbano que la sufrió en carne propia.
El PRO es el otro espacio político que ha ido rifando parte de su
capital fagocitado por la ola violeta. Del radicalismo mejor ni hablar. La
falta de líderes capaces de ofrecer una alternativa seria al oficialismo es un
problema que, más pronto que tarde, afectará a la dirigencia responsable que
cree en la alternancia como llave para una democracia sana.
Philippe Sands:
“Genocidio o crímenes de lesa humanidad no es cuestión de nueve o treinta mil”…
GENOCIDIO
Y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. “Desde Núremberg, por razones complejas, el
genocidio ha pasado a ser visto como el “crimen de los crímenes”, pero en
términos jurídicos no lo es: todos son iguales”. Fotografía: Juan Obregón
El reconocido jurista y profesor en
University College London, abogado ante la Corte Penal Internacional, combina
su experiencia en tribunales con la investigación histórica en su trilogía
“Calle Este-Oeste”, “Ruta de escape” y “Calle Londres 38”, donde revela la
participación de nazis refugiados en la dictadura chilena y el acuerdo entre
gobiernos por la extradición de Pinochet. Reflexiona sobre la justicia
internacional como un proceso de largo plazo, la interacción entre derecho y
política, la singularidad del Juicio a las Juntas en la Argentina, la
percepción pública del genocidio frente a los crímenes de lesa humanidad, y
alerta sobre los riesgos de la ultraderecha y la construcción de enemigos
internos en sociedades democráticas.
En “Calle Este-Oeste” usted
reconstruye cómo surgieron las categorías de genocidio y crímenes contra la
humanidad en Núremberg. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué diferencias
esenciales existen entre crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la
humanidad? ¿Por qué estas distinciones importan más allá del plano académico?
Las distinciones se crearon en 1945 para Núremberg
porque, en ese momento, el juicio solo contemplaba un delito: los crímenes de
guerra, que incluían, por ejemplo, ataques contra civiles en tiempos de guerra.
Los fiscales se dieron cuenta de que necesitaban más categorías de crímenes,
por lo que añadieron dos nuevas. La primera fue los crímenes de lesa humanidad,
que básicamente consisten en atacar o asesinar a un gran número de personas. La
segunda fue el genocidio, que implica atacar o asesinar a grupos de personas
unidos por su nacionalidad, raza o religión. La razón de estas distinciones fue
ampliar la jurisdicción del tribunal al juzgar a los nazis en Núremberg.
—A la luz de su experiencia, ¿qué tensiones conceptuales y políticas
persisten entre ambas nociones hoy en día? —Es una pregunta muy importante. Si
un presidente estadounidense declara que está ocurriendo un genocidio en alguna
parte del mundo, aparecerá en las portadas de todos los periódicos. Si dice que
se trata de un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra, casi no tendrá
cobertura. Desde Núremberg, por razones complejas, el genocidio ha pasado a ser
visto como el “crimen de los crímenes”, pero en términos jurídicos no lo es:
todos son iguales. El asesinato de un gran número de personas, sea crimen de guerra,
de lesa humanidad o genocidio, es igualmente grave, y las sentencias serán
aproximadamente las mismas. Sin embargo, en la opinión pública ha surgido una
distinción, y eso es fuente de muchas dificultades en nuestro tiempo.
"Es evidente que
en el momento en el que alguien grita 'genocidio', el efecto público es mucho
mayor"
—¿Cree que la noción de genocidio
suele generar un mayor impacto en la opinión pública que la de crímenes contra
la humanidad? ¿Qué efectos produce esta jerarquía simbólica sobre la aplicación
del derecho internacional? —Es evidente que en el momento en que alguien grita
“genocidio”, el efecto público es mucho mayor. Para mí, esto es lamentable. El
genocidio es terrible, pero también lo son los crímenes de lesa humanidad.
Déjeme darle un ejemplo. La matanza de 8 mil musulmanes bosnios en Srebrenica,
en Bosnia en la década de 1990, fue caracterizada como un genocidio, y recibe
mucha atención. En cambio, el asesinato de casi 3 millones de seres humanos en
la República Democrática del Congo, aproximadamente en la misma época, fue
caracterizado únicamente como un crimen de guerra o un crimen de lesa
humanidad, y no recibe atención. ¿Por qué la muerte de 8 mil personas es más
importante o más terrible que la de 3 millones? No lo es. Nos hemos obsesionado
con estas palabras. Fueron inventadas en 1945. Raphael Lemkin inventó el
concepto de genocidio, como describo en mi libro Calle Este-Oeste, y eso abrió
la imaginación del público. Pero esta apertura ha sido también la fuente de
muchos problemas y muchas dificultades.
—Profesor, en la Argentina hay debate sobre cómo
calificar la última dictadura militar de los años 70 y sobre el número de
víctimas, 9 mil confirmadas en campos de concentración, aunque la opinión
pública habla de 30 mil. En ese contexto, se discute el uso del término
“genocidio”. ¿Podría explicar a nuestra audiencia, especialmente en la
Argentina, si hay alguna diferencia entre estas cifras y cómo afecta la
calificación jurídica o histórica del régimen? —En primer lugar, déjeme decir lo feliz que estoy de
tener esta conversación con usted. He estado muchas veces en la Argentina.
Estuve allí recientemente en abril para la presentación de mi libro Calle
Londres 38, y es un país al que realmente he llegado a querer mucho y sigo de
cerca lo que ocurre. Sigo estos debates. Sigo también la historia reciente de
la pintura que apareció de repente en el departamento de alguien. La respuesta
a su pregunta es la siguiente: el genocidio y los crímenes de lesa humanidad no
son una cuestión de números. No es que se tenga que alcanzar un cierto umbral
para que sea considerado crimen de lesa humanidad o genocidio. Según la
concepción original de genocidio de Raphael Lemkin, si se mata a sesenta
personas por pertenecer a una determinada religión o nacionalidad, eso ya constituye
un genocidio. El problema es que la definición de Lemkin, escrita en un libro
en 1945, no fue adoptada por los gobiernos. Y cuando, en 1948, los gobiernos
crearon la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
limitaron las categorías de grupos. Así, los grupos incluyen a los religiosos,
raciales, nacionales y étnicos. No incluyen a los grupos políticos. Y en la
Argentina, como en Chile, tal como describo en mi nuevo libro, los asesinatos
fueron esencialmente de grupos políticos, y por lo tanto, bajo el derecho
internacional, esto en general no se considera genocidio. Se trataría de
crímenes de lesa humanidad, y probablemente no de crímenes de guerra, porque no
había un Estado en guerra en la Argentina durante la dictadura militar. A mi
entender, estos son crímenes de lesa humanidad. Pero permítame ser claro: los
crímenes de lesa humanidad son tan terribles como el genocidio. No hay
jerarquía. No existe una Premier League o una Champions League del horror.
Todos están en el mismo nivel de horror.
"Los crímenes de
lesa humanidad son tan terribles como el genocidio. No hay jerarquía"
—A
lo largo de su carrera usted ha trabajado en casos vinculados a Ruanda, la
ex-Yugoslavia, Myanmar y Darfur. ¿Qué lecciones extrajo sobre los límites y
alcances del derecho internacional penal en estos contextos? —También
he trabajado en algunas ocasiones para el Estado argentino. Fui abogado de la
Argentina en el caso de las papeleras ante la Corte Internacional de Justicia,
por lo que estoy muy familiarizado con el trasfondo de sus preguntas. Lo que
les digo a mis estudiantes es que el derecho internacional es un trabajo en
construcción. Todo cambió en 1945 con el Tribunal de Núremberg. Fue la primera
vez en la historia en que los líderes de un país fueron juzgados por un
tribunal internacional. Y luego, en 1998, por primera vez en la historia, los
tribunales de un país ejercieron jurisdicción sobre un exlíder de otro país –el
general Augusto Pinochet– por crímenes cometidos no en el Reino Unido ni en
España, sino en Chile. Fue la primera vez. Los tribunales que trataron los
crímenes de la dictadura militar en la Argentina se ocuparon de delitos
cometidos en la Argentina, y eso tiene una larga historia. En cambio, lo
novedoso es que tribunales internacionales juzguen a líderes o exlíderes, y que
los tribunales de un país juzguen a exlíderes de otro país distinto, no a los
suyos propios. Y diría que la Justicia internacional es un juego a largo plazo.
Estamos apenas en el inicio de un proceso que llevará décadas, si no siglos, en
desarrollarse. Esa es la razón por la cual hay tanta decepción en el mundo hoy,
frente a los crímenes cometidos en Sudán, en Ucrania, en Palestina, en Gaza, en
Israel el 7 de octubre. La gente ve estos crímenes terribles y, con razón, se
hace la pregunta: ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué sigue ocurriendo?
—¿Qué papel han jugado factores políticos, la voluntad de los Estados, la
geopolítica, la selectividad de la Justicia internacional, en determinar qué
casos llegan a los tribunales y cuáles quedan impunes?
—Un papel muy, muy grande, debo decir, y creo que todos los países son objeto
de dobles estándares. Muéstreme un país que no tenga dobles estándares. Aún no
he conocido tal país. Tomemos un ejemplo. Cuando la Corte Penal Internacional
acusó al presidente ruso Vladimir Putin, el Senado de Estados Unidos aprobó una
resolución, por cien votos a cero, celebrando la imputación de un presidente en
funciones. Pero cuando ese mismo tribunal acusó al primer ministro en funciones
de Israel, Benjamín Netanyahu, el mismo país protestó amargamente diciendo que
era un exceso de jurisdicción. No se puede distinguir entre los dos casos. Es
claramente un doble estándar. Y una de las cosas que más molesta a mucha gente
es que los países –los occidentales y también los del Sur Global– aplican
dobles estándares en la forma en que celebran o critican a la Justicia
internacional. Es algo muy selectivo. Y esa selectividad, francamente, comenzó
desde el inicio con Núremberg, que fue una forma de justicia de los vencedores.
El tribunal de Núremberg juzgó a los líderes de la Alemania nazi por sus
crímenes, pero también se cometieron crímenes por parte de Estados Unidos, de
la Unión Soviética y de Gran Bretaña, y esos crímenes no fueron juzgados. Así
que el derecho internacional tiene una historia de ser desequilibrado, de estar
torcido. —¿De
qué manera casos recientes como Gaza o Ucrania ponen a prueba la capacidad del
derecho internacional para aplicarse también a potencias o aliados
estratégicos, y no solo a Estados más débiles? —Este
es un momento muy significativo. Por un lado, tenemos ataques a la idea misma
de la justicia penal internacional. El papel de la Corte Penal Internacional es
cuestionado por países como Rusia, China y Estados Unidos. Por otro lado, al
mismo tiempo, otros países, el Consejo de Europa, por ejemplo, han creado un
tribunal penal internacional para el crimen de agresión, es decir, para juzgar
la guerra ilegal en relación con Ucrania. Así que distintos países están yendo
en direcciones diferentes, francamente, de manera muy selectiva, y este
desequilibrio del que ya hemos hablado genera un verdadero problema. Pero lo
evidente es que, en este momento, la justicia penal internacional enfrenta
desafíos muy serios, y los acontecimientos actuales en Ucrania, en
Israel-Palestina, en Sudán, en Yemen, creo que muestran las enormes
dificultades para hacer cumplir las leyes que se establecieron en 1945. Tenemos
un problema, tenemos un problema muy grave.
"La
justicia internacional es un proceso de largo plazo, su desarrollo tomará
décadas, siglos"
—¿Qué riesgos ve en la “inflación” de
acusaciones de genocidio en la esfera política, donde el término a veces se usa
de manera abusiva o estratégica? —Como dije al principio, ha surgido una
brecha entre lo que la gente común entiende por genocidio –la matanza de un gran
número de personas– y lo que jurídicamente significa. Mis amigos en Ucrania me
dicen que allí está ocurriendo un genocidio. Mis amigos que observan lo que
sucede en Gaza dicen que allí está ocurriendo un genocidio. Y entiendo por qué
la gente lo dice, y como creyente apasionado en la libertad de expresión,
pienso que, si eso es lo que quieren decir, tienen derecho a hacerlo. Pero
luego está la definición legal, y la definición legal se centra en una
intención especial. Hay que probar la intención de destruir a un grupo, en todo
o en parte. Y lo que he aprendido al tratar casos ante tribunales
internacionales es que resulta muy difícil demostrar esa intención especial. La
Corte Internacional de Justicia básicamente ha señalado que debe ser la única
intención vinculada con los asesinatos, y los Estados a menudo actúan por
múltiples razones, autodefensa, lucha contra el terrorismo, entre otras. Y,
como su pregunta sugiere, el uso de la palabra genocidio enciende pasiones e
ira de una forma que términos como crímenes de guerra o crímenes de lesa
humanidad no lo hacen. Por eso creo que debemos ser muy cuidadosos en cómo
utilizamos estos términos.
—Usted
estuvo a punto de integrar la defensa de Pinochet y terminó formando parte de
la acusación. ¿Qué enseñanzas extrae de ese tránsito sobre el rol del abogado
frente a crímenes de Estado? ¿Cómo se elige estar de un lado o del otro?
—Es otra pregunta magnífica. Soy un barrister. Somos de esos abogados que
usamos peluca en la corte y argumentamos casos, y tenemos un principio como
barristers, se llama “el principio del taxista”. Somos como conductores de
taxi: vamos manejando y alguien levanta la mano y dice: “Quiero que me lleves
para que argumentes mi caso”. No se nos permite decir: “No me gusta esta
persona. No me gusta su política. No me gusta su aspecto”. Tenemos la
obligación, el deber, de tomar el caso. Así que, cuando en un inicio me
contactaron los abogados del general Pinochet –porque el caso estaba en los
tribunales ingleses–, consideré que el principio del taxista aplicaba. Pero mi
esposa, que proviene de una familia española, me dijo que si tomaba ese caso,
se divorciaría de mí al día siguiente. Su madre es refugiada de la Guerra Civil
española, y entonces encontré una excepción legítima y legal. Pero, para ser
honesto, yo habría tomado el caso, porque como abogado independiente siento que
esa es mi responsabilidad. El sistema estadounidense es distinto, allí uno
elige qué casos quiere llevar. En el sistema inglés, en general, no se puede
hacer eso. Mi visión sobre el rol de los abogados es que ser abogado no es un
negocio. Tienes una función social como abogado: contribuir a elaborar el
sistema del Estado de derecho y a la administración de justicia. Y eso
significa que a veces actúo en nombre de personas que no me gustan, con cuyas
acciones no estoy de acuerdo, cuyas ideas políticas rechazo. Esa es la
realidad. Al final, actué contra Pinochet, y creo que mi vida habría sido muy
distinta si hubiera tomado el caso a favor de Pinochet.
"Existe una interacción entre el
derecho y la política, y en cada país opera de modo distinto"
—En su investigación aparece la figura de Walter Rauf, criminal nazi protegido
en Chile cuya extradición fue rechazada. ¿Qué revela su trayectoria sobre la
complicidad entre nazis refugiados y la represión pinochetista? —Me interesé en Walter Rauff porque ya
había escrito dos libros previos, Calle Este-Oeste y Ruta de escape, y Rauff
aparece en Ruta de escape como amigo de un hombre llamado Otto Wächter, un
gobernador austriaco de las SS en la Polonia ocupada que fue el protagonista de
Ruta de escape. Me interesé en Rauff porque él fue el responsable de gestionar
y operar el sistema de camiones de gas, pequeñas furgonetas que circulaban por
la Europa ocupada por los nazis y asesinaban a la gente con gas en grupos de
unas cincuenta personas. Luego descubrí que en 1958 se había mudado a Chile, y
que era amigo de Augusto Pinochet. Entonces surgió la pregunta: ¿qué pasó con
él? Supe que Alemania Occidental intentó extraditarlo en 1963, pero la
extradición fracasó porque Chile, en ese momento, tenía una ley de prescripción
de 15 años. Los crímenes habían ocurrido más de 15 años antes, y por lo tanto
no podía ser extraditado. Volvió entonces a Punta Arenas, en la Patagonia
chilena, y continuó trabajando como gerente de la Pesquera Camelio, dedicada a
las centollas. Pero en 1973, su amigo Augusto Pinochet llegó al poder tras un
golpe de Estado. Entonces me hice la pregunta: ¿es posible que Walter Rauff
haya colaborado con Pinochet en la desaparición de personas después del 11 de septiembre
de 1973? Esa es la investigación central de mi libro. Y lo que encontré –una
historia compleja– fue que sí había una conexión, y que Rauff estuvo implicado.
Esta es, por lo tanto, la primera vez que se logra encontrar pruebas de que un
nazi que se había refugiado en Sudamérica participó en las actividades de la
dictadura chilena. Y eso plantea interrogantes sobre la justicia y sobre qué
sucede cuando alguien como Walter Rauff no es juzgado por los crímenes
cometidos en 1941 y 1942.
—Tras
la publicación de “Calle Londres 38”, ¿qué impacto percibió en la sociedad
chilena y qué aspectos reveló que aún permanecían ocultos o silenciados? ¿Cómo
influyó el gobierno democrático de Frei en obstruir la posibilidad de
extraditar a Pinochet, y qué nos dice eso sobre los límites de la justicia en
transiciones políticas? —Calle
Londres 38 tuvo un gran impacto en Chile. Estuvo en la lista de best sellers
durante mucho tiempo y muchas, muchas personas lo leyeron. Creo que lo más
impactante para la mayoría de la gente fue la evidencia que encontré que
confirma que existió un acuerdo entre el gobierno del presidente Frei en Chile
y el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, y que, esencialmente, la
enfermedad de Augusto Pinochet fue inventada. Fue un pretexto. Su demencia fue
un pretexto para permitirle regresar a su país, y me reuní con los negociadores
tanto del lado chileno como del británico, quienes me confirmaron que existió
tal acuerdo. La gente encontró esto muy impactante, y en particular se
centraron en un hecho que descubrí: se preparó un dossier para enseñar al
general Pinochet a fingir demencia. Creo que esto realmente sorprendió a las
personas, y se generó mucha discusión al respecto. Pero, lo más significativo,
creo, fue que parte del acuerdo requería que el lado chileno demostrara al
británico que, cuando Pinochet regresara a Chile, perdería su inmunidad ante
los tribunales chilenos y enfrentaría la Justicia. Los negociadores chilenos
pudieron satisfacer al lado británico llevando a Londres un documento que nadie
sabía que existía en Chile hasta que se publicó mi libro: firmado por Augusto
Pinochet en 1973, autorizando la Caravana de la Muerte, actos de asesinato de
aproximadamente 95 dirigentes sindicales y políticos opositores. Creo que la
gente se sorprendió mucho al descubrir, cincuenta años después del golpe de
Estado, que existían documentos firmados por Pinochet. Así que el libro ha
tenido un gran impacto.
"Lo que pasó en los 80 en Argentina fue realmente notable y el una lección
para el resto del mundo"
—Recuerdo
que a principios de los 80, el ministro de Cultura de Nicaragua, Ernesto
Cardenal, que era sacerdote, me dijo que en la Argentina nunca sería posible un
juicio como Núremberg, porque los militares no podían juzgarse entre sí. Sin
embargo, Alfonsín logró avanzar con la justicia de los militares. ¿Por qué
considera que la justicia aplicada en la Argentina durante la transición
democrática fue tan distinta a la chilena?
—Es
una pregunta maravillosa. Estoy muy impresionado por lo que ocurrió en la
Argentina. Una de las preguntas que me hice, mientras pasé diez años
escribiendo Calle Londres 38, fue cómo podía ser que en la Argentina, ya en
1985, el sistema legal nacional estuviera impartiendo justicia, cuando en Chile
no pasó nada, ni en los años 80 ni en los 90. Fue necesario el regreso de
Augusto Pinochet para que se levantara efectivamente la inmunidad de los
líderes de la dictadura en Chile y para que comenzaran los juicios, y esta es
una cuestión realmente compleja sobre la diferencia de naturaleza entre los dos
países. Pero la experiencia argentina es, como sugieres, muy rara y muy
significativa a nivel mundial, y como sabrás, por ejemplo, del gran éxito de la
película 1985, que describe lo ocurrido en uno de esos juicios importantes y
que tuvo una enorme audiencia en todo el mundo. La mayoría de las personas en
el mundo no saben lo que se hizo en la Argentina, y en otros países, como
Brasil, no ha pasado nada, ni lo que hizo la Argentina ni lo que hizo Chile
después de los años 2000. Creo que la lección que aprendemos de esto, y vuelve
a una de tus preguntas anteriores, es que existe una interacción entre el
derecho y la política, y lo crucial en cada caso es que la política interna de
cada país opera de manera diferente. La Argentina, y lo sé por experiencia
propia, tiene una cultura diferente de la de Chile y de Brasil, y la política
funcionó de otra manera. Pero siempre he aplaudido lo que sucedió en la
Argentina. Fue inmensamente valiente. Sé que hoy hay un esfuerzo por revertir algunas
de esas decisiones, por otorgar indultos, por moverse en otra dirección, pero
lo que pasó en los años 80 en la Argentina fue realmente notable y constituye
una lección, sinceramente, para el resto del mundo. Siento, para ser honesto,
que deberían estar muy orgullosos de lo que su país logró en ese período. Es
casi único, es extraordinario.
—No
solo en Brasil o Chile, sino también en Uruguay, país con una cultura similar a
la de la Argentina, la justicia contra las dictaduras no fue posible. ¿En qué
medida cree que el contexto político y social argentino, y la existencia del
peronismo a mediados del siglo XX, generaron una idea de derechos sociales que
permitió una experiencia de justicia tan distinta, no solo respecto de Chile o
Brasil, sino también de Uruguay?
—Permítanme
decir un par de cosas. En primer lugar, he ido probablemente unas veinte veces
a la Argentina, así que conozco bastante bien el país, pero no soy un experto
en la Argentina. Tengo muchos amigos argentinos a lo largo de todo el espectro
político. Una cosa importante que quiero señalar es que estos problemas no
surgen solo en América del Sur. En mi propio país, el Reino Unido, tuvimos el
mismo problema. No se ha hecho justicia en Irlanda del Norte, experiencia que
viví personalmente. En Francia, no se ha hecho justicia en relación con
Argelia. Y en relación con crímenes de periodos más largos, como el
colonialismo y la esclavitud, ¿han hecho los países europeos justicia por las
acciones de los Estados? No, no la han hecho. Por lo tanto, estos problemas,
creo, deben sumarse a algunos de los acontecimientos más recientes. En relación
con Irak, por ejemplo, ¿ha habido justicia por la participación de Gran Bretaña
o de Estados Unidos? No, absolutamente no. Esto es casi un problema universal.
Volviendo a tu pregunta, no sé qué es lo que caracteriza la cultura en la
Argentina, si fue la idea de los derechos sociales, lo único que sí sé es que
conozco a muchos abogados argentinos, a muchos jueces argentinos, y este es
también un país con una gran tradición jurídica. Ha tenido un papel importante
en el derecho internacional. Siempre ha tenido un gran rol en la Corte
Internacional de Justicia y en el derecho penal internacional, y creo que la
cultura del Estado de derecho en la Argentina funciona de una manera diferente
y en un contexto social y político distinto, quizás comparado con países como
Uruguay, Brasil o Chile. Pero tu pregunta, en cierto sentido, está más allá de
mi experiencia. Todo lo que puedo decir es que he conocido a muchas de las
personas que participaron en esos casos y me han impresionado muchísimo.
Siempre me ha impresionado la cultura jurídica en la Argentina.
"No sé si fue la idea de los derechos sociales, pero la Argentina tiene
una gran tradición jurídica"
—Permítame
una especulación: según el papa Francisco, la Argentina tiene tantos recursos
que podría ser un país desarrollado, pero sigue subdesarrollada por sus propios
habitantes. Alfonsín pagó un alto costo económico para llevar a cabo los
juicios a los militares, incluyendo hiperinflación y dificultades posteriores.
Otros países menos poderosos o con menos recursos no quisieron asumir ese
costo, que es elevado para cualquier nación que emprenda este tipo de
justicia.
—Usted
sabe mejor que yo los costos que pagó la Argentina. Creo que esta es una
pregunta muy compleja. Recientemente visité Ruanda, un país que vivió un
genocidio propio. Nadie duda de que lo que ocurrió, la muerte de un millón de
personas en el transcurso de unas pocas semanas, ha sido confirmado sin lugar a
dudas como un acto de genocidio, y me ha impresionado mucho el papel de la
justicia en Ruanda. En Ruanda tuvieron el Tribunal Penal Internacional para
Ruanda y también su propio sistema de justicia local llamado los tribunales
“Gacaca”, que se ocuparon de cientos de miles de casos de atrocidades. Una de
las cosas más sorprendentes de Ruanda es que ahora se ha embarcado en un camino
hacia una mayor prosperidad y estabilidad que algunos de sus vecinos. Muchas
personas me hacen la pregunta en sentido inverso a la tuya: ¿podría ser que,
debido a que enfrentamos el sistema de justicia y los crímenes que ocurrieron,
esto nos puso en un camino más sólido? Lo mismo podría decirse de Alemania
después de los crímenes y juicios de la década de 1940, que se volvió muy
próspera. Así que mi instinto es que el avance hacia la justicia en la
Argentina no explica las dificultades económicas. Pero déjame decirlo muy
claramente: cualesquiera que sean las dificultades económicas de tu país, es
uno de los países más cultos que he conocido. Y no existe una conexión directa
entre su bienestar económico y su bienestar cultural. Siempre me preocupa un
poco cuando la gente dice de la Argentina que es un país subdesarrollado.
Bueno, es cierto que económicamente enfrenta enormes dificultades, pero la
cultura política, la cultura literaria, las películas que producen, el fútbol
que juegan, hacen de la Argentina uno de los grandes países del mundo. Y creo
que no deberían ser demasiado duros consigo mismos. Obviamente, este no era el
propósito de esta entrevista, pero acepté tener esta conversación precisamente
porque hay tanto de la Argentina que es impresionante. Claro, la economía ha
sido un desastre durante 25 años, pero hay mucho más en la Argentina que es
especial, y a veces me gusta también enfocarme en esos aspectos.
—¿Cómo funcionaron las “ratlines”, las vías de escape nazis hacia la Patagonia
argentina y chilena, y qué grado de apoyo local encontraron para consolidarse?
y al mismo tiempo, ¿qué vínculos encuentra entre estas redes de protección a
criminales nazis y la posterior articulación represiva de las dictaduras del
Cono Sur?
—Conozco
mejor la situación chilena que la argentina. He leído libros, incluido el de
Uki Goñi, con el que estoy muy familiarizado. Así que seguí la situación en la
Argentina y, en general, estoy bastante al tanto. La conclusión es que en todos
los países, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, los nazis que
huyeron, llegaron siendo asistidos por personas locales. Esto ocurrió en todos
los países. Puedo contarles en detalle la historia de Walter Rauff. Fue
asistido y bien recibido por muchas personas. De hecho, una de las cosas que
revelo en el libro y que la gente desconocía es que Walter Rauff primero huyó
por la “ruta del escape”, de Siria a Italia y luego a Ecuador. Vivía en Quito
en 1956 cuando él y su esposa, Edith, conocieron a una encantadora pareja
chilena que estaban allí y les dijo: “Están en el país equivocado. Vengan a
nuestro país, vengan a Chile. Nos gustan personas como ustedes y los
ayudaremos. Ayudaremos a sus dos hijos pequeños a entrar en el ejército y en la
Armada”. ¿Quiénes eran la pareja en Quito, Ecuador? Augusto y Lucía Pinochet.
Llevaron a Walter Rauff y su familia a Chile y les brindaron asistencia. Rauff
recibió mucha ayuda durante los procedimientos de extradición de los que
hablamos antes, y también tras 1973. Después del golpe de Estado, cuando su
amigo Augusto Pinochet se convirtió en presidente de Chile o jefe de la junta
militar, Walter Rauff escribió una carta a su hermana en 1974 y le dijo: “Ahora
soy como un monumento protegido”. Todos lo cuidaban, estaba seguro por primera
vez. Esa frase, “soy como un monumento protegido”, lo dice todo sobre el
bienestar de un exnazi fugitivo en Chile y su capacidad de evitar ser
capturado. Así que, absolutamente, recibió asistencia. Y como he mostrado en
Calle Londres 38, y esto es un descubrimiento muy impactante para muchas
personas, el hombre que en 1941 y 1942 estuvo involucrado en la desaparición de
personas mediante el uso de camiones de gas, en 1974 y 1975 se involucró en la
desaparición de chilenos utilizando otros camiones, camiones refrigerados,
porque Walter Rauff estaba asociado con otra pesquera, la Pesquera Arauco en la
ciudad de San Antonio. Esa pesquera tenía una flota de 310 camionetas Chevrolet
C-10 que se usaban para transportar detenidos y hacer desaparecer personas. Ese
fue el papel de Walter Rauff. En su caso, sabemos que existió una conexión de
un exnazi en la desaparición de cientos, si no miles, de chilenos.
"Al centrarme en Pinochet, detecté similitudes entre el Chile del 73-74 y
los EE.UU. de 2025"
—En
los años 30, el ascenso del nazismo se nutrió de una profunda crisis económica,
del resentimiento social y de la manipulación ideológica. Hoy vemos fenómenos
de ultraderecha en distintos países, en contextos muy diferentes. ¿Encuentra
alguna similitud entre aquellos procesos históricos y los actuales?
—Siempre he creído que la economía y el bienestar económico juegan un papel en
las direcciones políticas. Pienso que los países en los que la ultraderecha
tiene éxito, incluyendo Alemania occidental, Francia, Reino Unido y Estados
Unidos, son países muy ricos, no pobres, pero son países en los que existen
grandes desigualdades de riqueza, enormes disparidades, hay personas muy ricas,
pero en números mucho mayores, hay personas pobres que, en cierto sentido, han
perdido la esperanza. Y puedo entender por qué esas personas, en tales
circunstancias, se dicen a sí mismas: “El sistema actual no ha funcionado para
nosotros, así que vamos a probar algo diferente”, y votan por personas como
Trump, como Marine Le Pen, como la AfD en Alemania, como Reform en Reino Unido,
simplemente porque han perdido la confianza en los sistemas existentes. Lo que
me preocupa es que esas personas, que los pueden votar por razones
comprensibles, quizás tengan un sentido limitado de la historia, y comprendemos
cómo una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, di una conferencia en Nueva York en
marzo de este año, y ya estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en
Estados Unidos. Y debido a que me había centrado en Pinochet en Chile, había
detectado similitudes entre lo que ocurrió en Chile bajo Pinochet en 1973 y
1974, y lo que ocurre en Estados Unidos en 2025. Al final de mi conferencia
dije: “Lo que voy a observar en Estados Unidos es si llegamos a una situación
en la que personas son sacadas de las calles por individuos que no llevan uniforme
y usan máscaras”. Increíblemente, esto es ahora lo que está ocurriendo en
Estados Unidos. Parece extraordinario, pero está sucediendo. Y eso, creo,
demuestra que una vez que se abre la puerta a ciertas formas de pensar, una
cosa lleva a la otra. Usted estará al tanto, por ejemplo, del reciente ataque a
un barco proveniente de Venezuela, atacado por el ejército estadounidense, en
el que murieron 11 personas. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la
naturaleza del sistema de justicia y la eliminación selectiva de personas que
pueden o no estar involucradas en el tráfico de drogas u otros crímenes
internacionales. Es evidente, volviendo a una parte anterior de nuestra
conversación, que estamos al borde de un momento muy peligroso. Una cosa lleva
a la otra, y creo que debemos ser extremadamente cautelosos.
—La llamada “batalla cultural” se ha vuelto un terreno central de la
política contemporánea, donde la ultraderecha disputa significados sobre
nación, identidad y democracia. ¿Hasta qué punto este uso de las ideologías
replica la instrumentalización política que hicieron los fascismos
clásicos?
—Lo sigue muy, muy de cerca, y hay un reflejo claro. Si se leen algunos de
los libros escritos sobre los años 30 y cómo cambió el lenguaje, cómo cambió la
cultura y cómo se crearon reglas para que las personas se comportaran de
ciertas maneras, se pueden observar patrones que emergen. La historia nunca se
repite exactamente, pero hay lecciones de la historia sobre la dirección que
podríamos estar tomando. Personalmente creo que muchos de los movimientos
culturales del pasado más reciente, lo que se llama “wokeísmo” y la política de
identidad, habían llegado a un lugar desconectado de la mayoría de las personas
y, claramente, esto ha provocado una reacción, la cual, nuevamente, entiendo
por qué irrita a la gente la dirección que se tomó. Pero, de nuevo, las
lecciones de los años 30, creo que son muy claras. El tema común en todo mi
trabajo, en cada país donde he estado involucrado en casos de criminalidad internacional,
es que una comunidad dominante señala con el dedo a otro grupo, a otra
comunidad. Esto pasó en Ruanda, pasó en Yugoslavia, está ocurriendo ahora mismo
en Estados Unidos en relación con la persecución de inmigrantes. Esto pasó en
Alemania en los años 30 en relación con la persecución de judíos, romaníes y
otros. La otredad, el hecho de enfocarse en un grupo al que se lo culpa por los
problemas de una sociedad particular, es una señal de alerta. Es un mensaje de
advertencia de que estamos a punto de entrar en un lugar muy peligroso, y
claramente eso está sucediendo ahora mismo.
"La historia nunca se repite, pero ofrece lecciones sobre el rumbo que
podríamos estar tomando"
—El término “crisis de las democracias” aparece cada vez más en el debate
público. ¿Cree que los sistemas democráticos actuales enfrentan riesgos
estructurales comparables a los de entreguerras, o se trata de una crisis de
otra naturaleza?
—No es la misma crisis. Tiene una naturaleza diferente, pero creo que hay
patrones de similitud. Está claro que estamos frente a un desafío y que nos
estamos acercando a un momento crítico. Mi sensación sobre por qué está
sucediendo esto es que muchas personas en las democracias sienten que han
quedado rezagadas, que no se las escucha, que no se les dan oportunidades, y
esto ocurre en gran medida por las desigualdades de riqueza, donde algunas
partes de la sociedad se vuelven extraordinariamente prósperas y otras partes,
grandes sectores de la sociedad, se quedan atrás. Si me preguntaran cómo
abordar lo que está ocurriendo ahora, diría: enfocarse en la desigualdad y en
crear mejores oportunidades. Y eso significa que parte de la riqueza increíble
que se ve en mi país, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia y otros
lugares, debe ser atendida para lograr una distribución más equitativa, para
que más personas sientan que tienen oportunidades. Si no hacemos eso, los años
30 nos enseñan que una cosa siempre lleva a la otra, y necesitamos ser muy, muy
cuidadosos.
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