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lunes, 26 de septiembre de 2022

Realidad Disociada... @dealgunamaneraok...

 Realidad disociada…

Carlos Menem 2021. Dibujo: Pablo Temes.

Como Carlos Menem, Cristina impulsa ampliar la Corte Suprema. Una tradición del peronismo.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 24/09/2022 y publicado por el diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Lo más significativo del alegato de Cristina Fernández de Kirchner fue no solo la falta de refutación de índole jurídica a las acusaciones en su contra, sino que, además, aburrió. Fue una larga catarsis llena de consideraciones políticas, razonamientos rayanos con el disparate y mentiras. A la ex presidenta en funciones se la vio desenfocada y desangelada. Su oratoria ha perdido fuerza. Le falta el punch que supo tener en otros momentos. La causa principal de ello es la imposibilidad de rebatir el peso de las evidencias de las maniobras de fraude al Estado pergeñadas por su difunto esposo y continuadas por ella durante sus dos presidencias. 

Puede que sea difícil probar la existencia de una asociación ilícita. Pero, más allá de ello, de lo que no hay duda es que los negocios entre los Kirchner y Lázaro Báez constituyeron delito que dio pie a una defraudación al erario público. Todo es tan claro que, lo único que les quedó a la vicepresidenta y a su abogado, Carlos Beraldi, fue el ataque a los fiscales Diego Luciani y Sebastián Mola a quienes se los vinculó con el fallido atentado criminal del que fue víctima CFK. Como se ve, el pensamiento delirante de la ex  presidenta en funciones no tiene límites.

En su alegato, la vicepresidenta insistió con un concepto más propio de las monarquías absolutistas que de las democracias republicanas. Para ella, el hecho de haber sido elegida por medio del voto popular la hace intocable ante las investigaciones judiciales originadas por delitos cometidos en el ejercicio de la función. Es un pensamiento exactamente similar al de Donald Trump. Si este dislate tuviese viabilidad, la posibilidad de luchar contra la corrupción en los estamentos del poder quedaría aniquilada. Sería imposible. Por ello es que, para CFK y sus secuaces, la división de poderes es un drama; un problema sobre el cual hay que poner manos a la obra. De ahí el intento de ampliación del número de miembros de la Corte Suprema. Fue lo que hizo el ex presidente Carlos Menem no bien asumió el gobierno. 

La institucionalidad y el concepto de república siempre han sido un problema para el peronismo desde su fundación. “El remanido argumento de los discursos de odio, la idea de una falsa persecución política y judicial, la fantasía de que toda esa telaraña en su contra es porque no se le perdona el bien ejercido sobre las clases populares en sus doce años de gobierno, se caen de un plumazo con los resultados sobre la mesa. La gente está cada vez peor, parada en la vereda de enfrente de dirigentes políticos y sindicalistas millonarios”, –aseguró un diputado nacional del peronismo que no comparte esos argumentos.


Anidan en el fondo de las creencias erróneas y enfermizas de la vicepresidenta y sus acólitos las ideas de ingratitud e incomprensión, propias de los gobernantes que se creen todopoderosos y exigen para sí mismos un lugar de máxima grandeza en la historia. Algo bastante parecido a un culto personal disociado de la realidad. El odio y la persecución son los nuevos hilos conductores de un relato, que hace agua por todos lados, y que las principales voces del oficialismo repiten a coro en todos los medios de comunicación.

En la fase política del plan de subsistencia, el próximo paso será terminar con las PASO. Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron creadas por el kirchnerismo en el año 2009 con el argumento de lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de candidatos, evitar los personalismos y las elecciones “a dedo” en el seno de cada agrupación. Apenas 13 años más tarde el oficialismo pugna por borrar con el codo lo que había escrito para perjudicar a la oposición, facilitar la contienda electoral a los gobernadores peronistas y encolumnar al partido, si fuera necesario, tras una única figura que evite la dispersión del voto. 

Cambiar las reglas de juego de manera antojadiza es otra característica diferencial que está en la génesis del kirchnerismo. “Si vamos a ser justos, también hay que decir que en la propia oposición hay posturas divididas, pero es cierto que no es lo más sano cambiar de cancha en la mitad del partido. Acabar con las PASO beneficia directamente al oficialismo que necesita un poder concentrado, sin desafíos o rupturas internas y, al mismo tiempo, le quita una herramienta de orden interno a JxC que hoy por hoy no está haciendo pie a la hora de definir candidaturas”, –aseguraron en el entorno de un gobernador del Norte argentino.

En la arena política dan por sentado que el proyecto de ampliación de la Corte Suprema no pasará la prueba en la Cámara baja. Pero nadie se anima a decir lo mismo respecto del destino de las elecciones internas.

Mientras los juegos perversos del poder se mantienen a la orden del día, millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes. La inflación es el problema central que se mantiene sin respuesta. En los próximos renglones del plan “vamos viendo” dos cartas asoman en el sin fin de manotazos de ahogado: el comienzo del Mundial y la aceitada máquina de imprimir billetes. Pan y circo para una sociedad cada vez más abrumada.



   

domingo, 28 de agosto de 2022

Mitologías. Nada nuevo bajo el sol… @dealgunamaneraok...

 Mitologías. Nada nuevo bajo el sol… 

V, Cristina Fernández. Dibujo: Pablo Temes. 

La épica de la proscripción y la persecución política, que hoy invoca Cristina Kirchner, al peronismo siempre le sienta muy bien.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de las/os Argentinas/os.


Alberto Fernández está políticamente terminado, pero desde su penosa agonía sigue trabando como puede la gestión. Sabe que Massa –por el momento– ha decidido estar más cerca de CFK y eso lo mortifica”. Asegura un peronista que había comprado la ilusión de un gobierno moderado.
 

La lamentable sobreactuación que el Presidente tuvo en el reportaje que les concedió a Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano generó la furia de la vicepresidenta y el núcleo duro del kirchnerismo. El rostro desencajado que tenía la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, a la salida de los estudios de TN dio el indicio de que haber reflotado el caso Nisman para descalificar al fiscal Diego Luciani constituyó un grueso –y repudiable– error político. Es bien sabido que, como lo ha determinado la Justicia, el fiscal especial de la causa AMIA fue asesinado.

“Es un pelotudo sin remedio. No solo porque trae al presente lo de Nisman que nos complica sino porque, además, saca del centro de la escena la causa de Cristina”, señalaban con indisimulada bronca varias voces del kirchnerismo duro. 

Si no fuera por el dramatismo de la compleja realidad argentina, bien podría decirse –parafraseando a Jorge Luis Borges– que AF se ha transformado en una “criatura risueña de una mitología casera”. 

Los interrogantes que las conductas del Presidente abren sobre su personalidad son inquietantes. En la política argentina hay abundancia de “panqueques” y mentirosos. AF es uno de ellos. Pero lo que estamos viendo no es solo la práctica de la mentira sino algo más: el poco respeto a su dignidad. Hace y dice cosas que lo degradan permanentemente. Lo de Nisman y Luciani es una muestra. Los efectos de la  enfermedad del poder son siempre brutales.  

Se acabaron las fichas

“Cristina sabe lo que hace. Está convencida de que no merece estar en el banquillo para ser parte del show de los fiscales. Los periodistas dejen de joder con lo del indulto. Lo dicen para mortificarla. La única salida que ella espera es la Justicia. Y la Justicia es la absolución. El indulto es para los culpables. Por supuesto que está muy preocupada por Máximo. Pero nadie va a permitir semejante atropello” –se limitan a decir desde el Instituto Patria. 

Hay un primer error a señalar en este intento permanente del kirchnerismo de atribuir todos sus males al periodismo. Quien habló de la idea del indulto fue el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Esto disgustó a CFK que ordenó a sus secuaces detener cualquier intento de avanzar con esa idea. 

Ahí apareció entonces Oscar Parrilli para hacer saber el pensamiento de su jefa. Se indulta a quien comete un delito. 

La vicepresidenta está convencida de ser un prócer. Ella forma parte ya de la historia de la argentina. Pero eso no le alcanza: ella se considera a sí misma como la fundadora de la Patria. Cree que sus dos gobiernos y el de su esposo fueron los mejores de la historia. No solo lo cree sino que lo dice. La última vez fue el martes pasado en su desordenada y larga defensa realizada el martes pasado desde su despacho en el Senado. 

Esa extensa perorata dejó una conclusión muy categórica: sus argumentos defensivos son débiles. En medio de esa maraña de cosas todo fue echarle la culpa a Macri. A la confusión se le sumó el disparate de atribuirle al ex presidente la propiedad de los millones de dólares que contenían los bolsos de José López. 

La peligrosa andanada intimidante contra el fiscal Luciani es algo que los Kirchner viene haciendo desde siempre contra aquellos fiscales que, cumpliendo con su deber, los investigaron ante causas de corrupción que los incriminaban. En 1995 dejaron cesante al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, quien investigaba la contratación por fuera del Estado de un estudio de abogados para negociar el cobro de 600 millones de dólares que la Nación le adeudaba a la provincia en concepto de regalías petroleras. 

Una agonía premeditada 

La remoción de Sosa fue motorizada por la hoy vicepresidenta a través de la Legislatura provincial, que creó dos cargos nuevos – el de agente fiscal y el de defensor de pobres, ausentes e incapaces– y lo dejó cesante. 

En diciembre de 2013, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió iniciarle un juicio político al fiscal federal José María Campagnoli –sin ninguna prueba que indicara un mal desempeño del cargo de su parte– que estaba investigando a Lázaro Báez.

El 18 de enero de 2015 el cuerpo sin vida del fiscal Natalio Alberto Nisman fue hallado en su piso de Puerto Madero. Al día siguiente, el fiscal especial para el caso AMIA, debía presentarse en el Congreso a  ratificar las graves denuncias que había hecho contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el memorándum de acuerdo entre la Argentina e Irán. Como se ha dicho más arriba, la Justicia ha determinado que Nisman fue asesinado.

Ahora, el que está en la mira del kirchnerismo, es el fiscal federal Luciani. Contra él se viene aplicando la misma metodología de la intimidación y la descalificación que ocurrió en los casos precedentes. Eso incluye los carpetazos, que no solo abarcan al fiscal sino que se extienden a los jueces.

El problema que tiene CFK no es la carátula de la causa sino las evidencias. Son las evidencias las que la incriminan más allá de la calificación del caso. Sobre si se podrá comprobar o no la figura de la asociación ilícita hay una intensa discusión jurídica. De lo que no hay dudas, en cambio, es sobre los actos de corrupción diligenciados por los Kirchner.

La teoría de que la corrupción en la obra pública de Santa Cruz fue culpa de funcionarios infieles de los que nada sabía el matrimonio presidencial, no resiste el más mínimo análisis, ya que los involucrados eran todas personas allegadas a ellos: Lázaro Báez, Julio De Vido, José López.

La causa que incrimina a CFK le ha permitido recuperar la épica de la proscripción y la persecución política que al peronismo siempre le sienta muy bien. Por eso el sueño del “17 de octubre de Cristina”. Hace 21 años, Carlos Menem hizo lo mismo y, al igual que la vicepresidenta, buscó por medio de su banca en el Senado los fueros para evitar la cárcel. Como se ve, en la política de la Argentina nada nuevo hay bajo el sol.



   

domingo, 7 de febrero de 2021

Vacunación. Un largo y sinuoso camino… @dealgunamanera...

 Vacunación. Un largo y sinuoso camino…

 

Dura Lex, Sed Lex. Dibujo: Pablo Temes. 

Los millones de dosis anunciadas para enero no se sabe cuándo llegarán. Solo se sabe que se hará un uso político. 

© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/02/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.


La publicación del artículo de Denis Lugonov y colaboradores con los datos de la fase III de la investigación de la Sputnik V en el último número de la muy prestigiosa revista médica The Lancet aportó la información auditable que estaba faltando sobre la vacuna rusa.

Contrariamente a la interpretación con aires futbolísticos que hizo el Gobierno acerca del significado de la publicación, el artículo de marras es de una enorme importancia para aportar los datos necesarios acerca de la seguridad de la Sputnik V que, desde hace meses, reclamaban no solo los especialistas de la Argentina, sino también del mundo.

 

Lamentablemente, el uso político que el gobierno de Vladimir Putin hizo de la vacuna, comenzando por el anuncio hecho en agosto pasado de que Rusia tenía la vacuna –cuando en realidad lo que había era el comienzo de la investigación–, pasando por la decisión de nombrarla Sputnik –en una clara alusión a la competencia contra los Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría– y el lanzamiento del inóculo antes de que fuera auditado por organismos de reconocimiento internacional, generó dudas y sospechas, tal cual lo señala el artículo de opinión firmado por Ian Jones y Polly Roy publicado también en la última edición de The Lancet. Se habla allí de las críticas que recibió la vacuna motivadas por “un apresuramiento inapropiado, los atajos y la falta de transparencia en la información”.

 

En este marco generado por la muy buena noticia que significa que la Sputnik V tenga ahora la auditabilidad de la que carecía, es absolutamente increíble ver cómo, con sus marchas y contramarchas, el Gobierno acabó por transformar esa buena nueva en fuente de problemas porque, lo que ahora se sabe es que los millones de dosis de la vacuna rusa anunciadas en forma reiterada por el Presidente para enero no estuvieron y tampoco se sabe cuándo van a estar. Por eso la negociación a toda prisa con China por una de sus vacunas.

 

Lo que sí se conoce es la intención del Gobierno de hacer un uso político de la vacunación. Esa es una de las razones principales que da aire a la discusión acerca de la postergación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Sin la épica de la vacunación, una gran parte del oficialismo enfrenta con temores el desafío electoral. Es una visión que comparten varios gobernadores peronistas y dos opositores: Gerado Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Corrientes. La postura de La Cámpora es absolutamente opuesta. Sin las PASO sus posibilidades de avanzar con su proyecto de poder se caen.

 

Es insólito ver cómo el Gobierno se expone –una vez más– a una verdadera  contradicción, porque el argumento de suspender las PASO a causa de la pandemia implica reconocer lisa y llanamente que el plan de vacunación anunciado por el Presidente no se cumplirá.   

 

Echale nafta al fuego. “Estamos generando conflictos por falta de respuestas con mayor cintura política. Los dichos de Pietragalla y Cafiero sobre Formosa fueron un error. Son temas para bajarlos de los medios con declaraciones equilibradas. El silencio y la ratificación de Donda fueron en la misma dirección. Y ahora la postulación de un ex abogado de Cristina y Parrilli para la Cámara Federal porteña y de Ramos Padilla para un juzgado con competencia electoral es volver a acelerar en temas muy delicados”, decía en tono de queja una voz de la estrecha cercanía de Alberto Fernández.  

 

“Esa costumbre de echarle nafta al fuego nos termina perjudicando a todos. Es bien propia del kirchnerismo duro pero esta semana Santiago Cafiero entró en el juego. Es muy difícil hacer equilibrio cuando desde el otro lado de la coalición te presionan y tildan de blando”, concluía la misma fuente con indisimulable fastidio.

 

Estas son algunas muestras de lo que dejó la semana. Veamos cada caso: ante la grave situación que atraviesan los formoseños como resultado de las restricciones impuestas por Gildo Insfrán –“un amigo”, según el Presidente– Amnistía Internacional elevó la voz de alerta. El secretario de Derechos Humanos viajó a la provincia y declaró que las denuncias tenían intencionalidad política y que “en los centros de aislamiento tenían buena comida y aire acondicionado”. Santiago Cafiero redobló la apuesta: “No necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos” para luego por orden del Presidente tener que volver sobre sus pasos y recibir a la cúpula de la organización.

 

El avance sobre la Justicia es, hasta aquí, imparable. El Senado designó a Alejo Ramos Padilla como titular del Juzgado Federal 1 de La Plata. Ramos Padilla ha demostrado especial sensibilidad para intentar obstruir el avance de la causa de los cuadernos que afectan a Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus secuaces.

 

No solo eso, intentó sentar un peligroso precedente para el trabajo de los periodistas a través del procesamiento, luego revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata, de nuestro colega Daniel Santoro. En su nuevo cargo, Ramos Padilla tendrá competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, distrito clave para los planes del kirchnerismo. Además, el Ejecutivo cometió un nuevo gesto obsceno. Envió al Senado el pliego de Roberto Boico –que fue abogado de CFK y Oscar Parrilli– para que pueda ocupar un lugar en la Cámara Federal porteña.

 

“Les interesa que Boico entre lo antes posible a la Cámara Federal porque interviene en casos de corrupción. La misma donde el oficialismo ya reincorporó a Eduardo Farah por decreto de AF. Boico no fue cualquier abogado de Cristina, fue su letrado en la causa del memorándum con Irán”, dijo un experimentado juez que supo sufrir los embates del oficialismo. No obstante surge una pregunta: ¿puede un abogado que defendió a alguien acusado de un delito ser, a la vez, juez de esa causa? ¿No debería ser esta circunstancia un motivo de excusación del magistrado en cuestión? Y si así no lo hiciere, ¿no debería ser recusado?

 

El tema judicial cobra creciente preponderancia para la ex presidenta en funciones. En la semana que comienza se aguarda el fallo en la causa de la ruta del dinero K que involucra a Lázaro Báez. Sería una sorpresa una sentencia absolutoria. Eso es lo que preocupa a Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el motivo principal por el cual buscó regresar al poder. Y es el motivo por el cual necesita hacer realidad el sueño de retenerlo para siempre.

 

Producción periodística: Santiago Serra.






domingo, 12 de julio de 2020

Odiadores. La grieta que nunca se fue…@dealgunamanera...

Odiadores. La grieta que nunca se fue…

La ira. Dibujo: Pablo Temes

Cristina Kirchner es el pasado; Mauricio Macri, también. Y, como parte de ese pasado, los dos son sinónimo de fracaso.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 11/07/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 


En la mitología griega, Sísifo es conocido por el castigo que recibió, que consistía en empujar una y otra vez por la ladera de una montaña una pesada piedra que, a poco de llegar a la cumbre, volvía a caer. A esta narración se la conoce como “el mito” o “el trabajo de Sísifo”.  En los hechos, se trata de un suceso frustrante y absurdo que, como se mencionó antes, es el producto de un castigo.

La Argentina parece estar condenada a un castigo similar: la repetición de los acontecimientos frustrantes y absurdos que la condenan al fracaso. Es lo que viene sucediendo desde los orígenes mismos de nuestra nación.

Los episodios políticos de la semana que pasó estuvieron impregnados del mito de Sísifo que, como tales, nos conducen al pasado. Y la división –que ha recrudecido– forma parte de ese tiempo pretérito. Cristina Fernández de Kirchner es el pasado; Mauricio Macri, también. Y, como parte del pasado, los dos son un sinónimo del fracaso. Los dos dividen interna y externamente. CFK les hace daño a los sectores moderados que anidan en el oficialismo. Lo mismo les sucede a los dialoguistas de Juntos por el Cambio con Macri. Es lo que ocurrió con el comunicado que se emitió a raíz del asesinato del ex secretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez.  

Cuando cada uno de ellos habla, sus opositores celebran.

La falta de autocrítica que exhiben la vicepresidenta y el ex presidente espanta. Sus gobiernos han sido involutivos para el concepto de democracia. El problema es que ninguno de ellos acepta esa realidad.  

Alberto Fernández prometió –y sigue prometiendo– la búsqueda de la unidad. “Vengo a terminar con los odiadores seriales”, dijo en su discurso conmemorativo del día de la Declaración de la Independencia. El inconveniente es que, como Sísifo, debe empujar una pesada piedra que, a poco de llegar a la cima de la montaña, vuelve a caer. La piedra son los “odiadores” que habitan en el Gobierno y a los que nunca ha desautorizado. Su discurso, entonces, queda solo en eso: un discurso.

Hay odiadores también dentro de Juntos por el Cambio. Por eso, en verdad, el objetivo debe ser terminar con el odio. Eso exige mucha autocrítica y respeto por el otro. Esa responsabilidad es aún mayor en el caso del Presidente porque lo es de todos los ciudadanos, de los que lo votaron y de los que no. Por eso, el tuit del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi –“Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordás). Silencio”–, careció de esos atributos. No hubo por parte del Dr. Fernández la más mínima crítica hacia los dichos de su vocero. El que calla, otorga.

Más allá de los muchos y graves errores cometidos en su gobierno, Macri obtuvo el 41% de los votos. Biondi parece haberlo olvidado. ¿Respetará él a esos ciudadanos? ¿Los respetará AF? Por otra parte, el ex presidente, cuyas últimas apariciones públicas han sido decididamente inoportunas, tiene todo el derecho a expresarse cuando quiera y como quiera. Criticarlo es válido; querer silenciarlo –como lo exige el vocero presidencial–, no.

La grieta política se trasladó también al seno de las entidades del agro. La presencia de Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, junto a Alberto Fernández en el discurso por el Día de la Independencia, no cayó del todo bien entre algunos dirigentes de la Mesa de Enlace.

“Lo que salió en medios ya hizo el ruido necesario. Más que suficiente”, se escuchó decir por estas horas desde una de las entidades que la conforman y que no fue invitada.

Las demostraciones callejeras que hubo en todo el país el 9 de julio, en las que muchos de los que manifestaron no respetaron el distanciamiento social y un grupúsculo de personas agredió a periodistas –hecho siempre repudiable– sorprendieron e inquietaron al Gobierno, sobre todo a algunos sectores kirchneristas que evitaron salir en los medios con los tapones de punta. Quienes se movilizaron no hicieron más que ejercer sus derechos ciudadanos a expresarse a favor o en contra de algo o de alguien. Al kirchnerismo duro le molestó que le hayan ganado la calle. “Van a ver lo que va a ser la plaza cuando tengamos la vacuna”, es el mensaje que en respuesta a lo del jueves repiten dirigentes y militantes K. Poner la posible vacuna contra el coronavirus bajo el marco de la grieta sería un disparate. Pero atención: todo es posible.


La impunidad siempre está. Amado Boudou, Julio De Vido, Lázaro Báez y en el futuro seguramente Cristina Fernández de Kirchner. Representan la consagración de la impunidad. El caso de Báez, que representa un hito mayúsculo en esta escalada que indigna, interpela en primer lugar a la Justicia argentina. Que con la abundancia de evidencias en su contra, esta persona devenida rica de la noche a la mañana durante los 12 años del kirchnerato, no haya completado ningún juicio y esté libre de condena, es ominoso. El fiscal que no apeló esta libertad es el Dr. Jorge De Luca, un conspicuo miembro de Justicia Legítima alineado sin ruborizarse con el kirchnerismo. Tampoco la Unidad de Información Financiera, a cargo de Carlos Cruz, apeló, hecho increíble que se completa con el lamentable fallo de los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky de pobrísimos fundamentos.

Para hacer todo más grotesco, la fianza de 632 millones de pesos impuesta a Báez debería originar una pregunta: ¿cuál será su origen?

Mientras tanto, también pasan otras cosas en el ámbito de Comodoro Py. La cárcel comienza a despuntar en el horizonte de varios integrantes del gobierno de Mauricio Macri. Uno al que le avisaron sobre esa posibilidad es el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

“En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás”, dice una célebre frase de Haruki Murakami. Sin embargo, la Argentina parece ser la excepción.





domingo, 23 de febrero de 2020

Impunidad: la peligrosa trampa que, por ahora, no logra eludir Alberto Fernández… @dealgunamanera...


Impunidad: la peligrosa trampa que, por ahora, no logra eludir Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández. Fotografía: Télam

El miércoles por la tarde ocurrió un hecho que no tuvo, ni por lejos, una repercusión acorde a su relevancia. Los abogados de la AFIP pidieron ocho años de prisión para Lázaro Báez, y condenas también para sus tres hijos, luego de acusarlos de lavar 60 millones de dólares provenientes de la adjudicación irregular de obra pública.

Ese reclamo, pronunciado por abogados del Estado, que ahora no comanda Mauricio Macri sino Alberto Fernández, es un inesperado reconocimiento al trabajo de Jorge Lanata porque evidencia que todo lo denunciado en aquel programa de Periodismo para Todos, en 2013, fue cierto. Luego de siete años de debate enardecido sobre si la denuncia se trataba de una mentira urdida por los enemigos del pueblo o de un trabajo periodístico riguroso, fueron los abogados de la AFIP de este gobierno quienes se inclinaron por la segunda opción.

© Escrito por Ernesto Tenembaum el domingo 23/02/2020 y publicado por el Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

La presentación de la AFIP ante la Justicia tiene una significación política tremenda, porque más allá de la distribución de responsabilidades que se puedan debatir en los tribunales, la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner ha sido íntima y pública al mismo tiempo. Lázaro Báez fue, por ejemplo, el constructor de uno de los sitios más sagrados para esa familia: el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. En su primera visita al lugar, la vicepresidenta fue escoltada por el hombre que ahora aparece acusado de lavado de dinero por el abogado del gobierno que ella misma integra. No está Mauricio Macri en el poder. No hay relato conspirativo posible. Parece haber concluido una discusión que sacudió a la Argentina durante años.

El episodio podría ser un símbolo de salud republicana porque la llegada al poder del sector que lidera Cristina Kirchner no influyó para que la AFIP retirara la grave acusación. Sin embargo, nadie exhibirá ese gesto como un mérito porque pertenece a un territorio de extrema sensibilidad que amenaza con dañar severamente las relaciones internas de la coalición gobernante. Ese territorio es la revisión judicial de los delitos cometidos entre 2003 y 2015 y, particularmente, el destino personal de los dirigentes que aún permanecen detenidos. Con el correr de los días, ese tema se ha vuelto crucial y, si no es bien manejado, sus consecuencias pueden ser muy dañinas para el Gobierno que, lentamente, empieza a hacer pie por sus desempeños en otros ámbitos.

En los primeros dos meses de su Gobierno, Alberto Fernández debió convivir con una intensa campaña que le reclamaba que libere a los supuestos presos políticos. Una seguidilla de pronunciamientos lo obligaron a defender con énfasis, y cierto enojo, la idea de que su gobierno no tiene presos políticos. Es un debate que, decididamente, no le conviene al oficialismo. Lo muestra dividido, obliga a focalizar en los vericuetos de la relación entre los Fernández, coloca en el centro del debate a personajes muy controvertidos de la década anterior y a hechos realmente muy trágicos, como por ejemplo la tragedia de Once o el escándalo que involucró a un ex vicepresidente. Sin embargo, como si no tuviera demasiados desafíos, desde el frente interno le imponen a Fernández la agenda del lawfare. Cualquier político sagaz desearía salir rápidamente de esa encerrona.

Lázaro Báez y Julio De Vido. Fotografía: Juan Mabromata / AFP


El fin de semana pasado, luego de su gesto de autoridad, el Presidente parecía haberlo logrado: no hay presos políticos sino detenciones arbitrarias, y solo la Justicia puede decidir cuáles son. Punto. Sin embargo, el martes fue el propio Fernández quien difundió un video donde reclama que quienes son víctimas de detenciones arbitrarias “soporten” los procesos en libertad. Ese video incorpora calificaciones contra el gobierno anterior que contrastan con la convivencia que se negocia con sutileza en el Congreso y otros ámbitos.

Parecía que el Presidente intentaba calmar al sector interno que lo azuzó en las semanas previas y, tal vez, a su propia vicepresidenta. En el mismo momento, un senador por Jujuy pidió la intervención del poder judicial de esa provincia, el Presidente volvió a colocar el sistema de testigos protegidos bajo la órbita del Poder Ejecutivo y un grupo de senadores oficialistas presentó un proyecto para que no se pueda aplicar prisión preventiva a un acusado cuyo caso hubiera sido difundido por los medios. Elisa Carrió acusó a Cristina de querer dar un golpe contra la Justicia. La oposición denunció un intento de copamiento de la Justicia. Tal vez sea una exageración pero, como sucedió en otros tiempos, el kirchnerismo hace todo lo posible para que la denuncia sea verosímil.

En el fondo de todo esto, hay un problema al que Alberto Fernández no le puede encontrar solución, porque tal vez no la tenga, como ocurre con muchos problemas en la vida: la sabiduría consiste en convivir con ellos. En el sistema democrático, a un presidente se le concede el poder de gobernar, no el de impartir justicia. Fernández puede dar una opinión sobre tal cosa o tal otra, pero quienes juzgan a Cristina, por ejemplo, son otras personas: tienen sus tiempos, sus puntos de vista, su dignidad. Eventualmente, pueden ser sometidas a presiones, pero reaccionarán de manera imprevisible ante ellas. Entonces, una presión torpe puede ocasionar una derrota al Gobierno en lugar de resolver el conflicto. Esa limitación presidencial se podría resolver con un indulto en cadena. Pero el Presidente ya dijo que no está dispuesto. O con una ley de amnistía. Pero, ¿se sometería el oficialismo al escarnio que sería ese debate? ¿Cómo defenderían sus diputados la liberación de José López, por ejemplo? ¿Por qué ningún legislador se atreve a presentar una ley de amnistía por delitos de corrupción?

La vicepresidenta Cristina Kirchner. Fotografía: Agustín Marcarian / Reuters

Si no hay indulto ni amnistía, el tema queda en manos de los jueces. Pero resignarse a ello es muy delicado. Para Cristina lo es, porque varias causas la involucran personalmente, a ella y a sus dos hijos y porque cada pronunciamiento -la acusación contra Lázaro, por ejemplo- es un veredicto sobre su Gobierno, una versión de la historia distinta a la que ella pretendería imponer. Para muchos de sus seguidores también es delicado, porque cada día que pasa con Amado Boudou o Milagros Sala detenidos es una afrenta a lo que ellos quisieran que haga un gobierno peronista. Entender que no está en manos del Presidente su liberación es someterse a las leyes de la democracia. Pedir un indulto es empujar al Presidente a un conflicto social lacerante que durará meses. No hay salida visible.

En los últimos días, figuras importantes del Gobierno comenzaron a analizar la idea de sostener que una sentencia firme solo es aquella dictada por la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, deberían estar libres los ex funcionarios que tienen condenas de tribunales inferiores: en este caso, serían todos ellos. Esa doctrina debería ser avalada, una vez más, por los tribunales. Hasta ahora, la jurisprudencia de la Corte sostiene que sentencia firme es la dictada por la Cámara de Casación. Por eso, los ex funcionarios más comprometidos son Amado Boudou, Luis D’Elía y los secretarios de transporte y empresarios juzgados por la tragedia de Once. Julio De Vido tiene condena de un tribunal oral y Milagro Sala de la Corte de su provincia. José López y Lázaro Báez solo están procesados. Ahora, suponiendo que esa idea se imponga: ¿de verdad cree alguien que eso no sería un escándalo con alto costo político?

En el Gobierno conviven dos agendas: una pertenece al pasado y otra al presente. En la agenda del presente, el Gobierno enfrenta desafíos gigantescos pero donde se avizoran algunos logros significativos: las primeras señales de desaceleración inflacionaria, el crecimiento del consumo en algunas áreas, la recomposición de relaciones con el mundo occidental, la instalación de una sensación de alivio porque el dólar se mantiene estable, la existencia de un clima político de convivencia. Pero el pasado no lo suelta: desde allí vuelven ideas de copamiento del poder judicial, de indultos, reformas constitucionales, personajes muy comprometidos con hechos de corrupción, heridas que no han cerrado y algunos gritos de guerra. El pasado es simbolizado, por ejemplo, por Julio De Vido y Amado Boudou. El presente, por Alberto Fernández. Cristina oscila con ambigüedad entre el uno y el otro.

El presente no es nada sencillo. Pero la irrupción del pasado lo puede tornar insoportable.