El instrumento del miedo...
Corto supremas. Juez Juan Lorenzetti.
Dibujo: Pablo Temes.
Presiones K a la justicia. El Gobierno ha
comenzado a ir sin disimulo ni límites contra aquellos jueces que no fallen a
su gusto. Instituciones en riesgo.
La presencia del ministro de Justicia,
Julio Alak, en la tarde del jueves en la sede del Consejo de la Magistratura
será, por lo lamentable, para recordar. El ministro, a la manera de un
mandadero, irrumpió en ese ámbito para dar una conferencia de prensa en la que
descalificó a quienes se oponen a que la postulante María Lorena Glagliardi sea
nombrada en el juzgado que debe resolver la controversia por los artículos 161
de la Ley de Medios. Alak no podía ni debía estar dando una conferencia de
prensa ahí, ya que el Consejo de la Magistratura es un organismo absolutamente
independiente del Poder Ejecutivo. El ministro actuó, ni más ni menos, como un
usurpador. He ahí, pues, el significado de esa presencia: el del
avasallamiento.
Es que el Gobierno siente que es en la
Justicia donde queda uno de los pocos espacios institucionales de oposición a
su ahora desembozada y desesperada necesidad de lograr la suma del poder
público. Por eso, el “Aló Presidenta” del miércoles pasado tuvo un objetivo
claro: el de presionar al Poder Judicial para convalidar el intento final del
Gobierno destinado a destruir al grupo Clarín. Con eso, la Presidenta busca
acallar las voces de la prensa libre a través de las que se expresan las
ponencias críticas de la sociedad. De lograrlo, el oficialismo habrá dado un
paso decisivo en su afán de consolidar un modelo chavista que, después del
categórico triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, representa
para el Gobierno el ejemplo a seguir.
La renuncia-denuncia del juez Raúl
Tettamanti al Juzgado Civil y Comercial N°1, que debe entender en la causa
Clarín en la que se discute el artículo 161 de la Ley de Medios, es de una
enorme gravedad. El juez había sido convocado en cumplimiento de las disposiciones
de la legislación vigente que, entre otras cosas, obliga a los jueces jubilados
a hacerse cargo de juzgados vacantes cuando esto es dispuesto por la Cámara del
fuero o por la Corte. La obligación es tan fuerte que los jueces convocados a
esta tarea sólo pueden rechazar su nombramiento en caso de causales que deben
estar muy bien justificadas. De no hacerlo así, el magistrado en cuestión puede
llegar a ser sancionado hasta con la pérdida de su jubilación. La misma ley
establece que los jueces jubilados no pierden el acuerdo del Senado por el que
fueron designados. Por lo tanto, gozan de todas las garantías que ese acuerdo
otorga a los magistrados.
En relación con el tema específico, además,
el doctor Tettamanti tiene en su haber dos fallos adversos al Grupo Clarín: uno
por Fibertel y otro vinculado a un supuesto incumplimiento de la cautelar por
parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca). Lo que
ocurrió con el juez representa un ejemplo claro del avasallamiento institucional
que practica el kirchnerismo. Los fundamentos de la recusación presentados por
el ministro Alak hablan de una voluntad de impedir cualquier posibilidad de que
un juez falle en contra de los deseos del Gobierno. Si eso es grave, lo que
ocurrió en la trastienda fue mucho peor. Lo que hubo directamente allí fue un
apriete sobre el hermano del magistrado, el almirante Rodolfo Tettamanti,
retirado en 1988 tras la sublevación de los carapintada. Por eso el juez habló
de una situación de “violencia familiar”. ¿Es éste el modelo de país que
pretende construir la doctora Fernández de Kirchner?
Pero volvamos al “Aló Presidenta” del
miércoles. Allí dijo la doctora Fernández de Kirchner que no existe ningún cepo
cambiario, sino que existe un cepo a la democracia en relación con la actitud
de Clarín de discutir en sede judicial la validez o no del artículo 161 de la
Ley de Medios. Lo primero es mentira; lo segundo, también. No hace falta
explicarles a los lectores la existencia del cepo cambiario. Muchos de ellos ya
lo han padecido. Con respecto a lo segundo, hay que decir que sería ominoso
para el país que Clarín o cualquier otra empresa no cumpliera con la ley (tan
ominoso como eso es que un gobierno no cumpla con la ley, cosa que hace el
actual cuando les paga a los gendarmes y prefectos en negro, cuando no acata
las resoluciones de la Corte para reponer al procurador de Santa Cruz o cuando
no paga las sentencias de los jubilados).
Lo que sí puede ocurrir –y ello es
perfectamente legal y legítimo– es que una ley contenga artículos
controvertidos que puedan vulnerar derechos consagrados por la Constitución
Nacional, por lo que quienes se sientan damnificados acudan a la Justicia para
que ella defina la constitucionalidad o no de tales artículos. Eso es lo que
está ocurriendo ahora. El control de constitucionalidad de una ley es una tarea
que le corresponde a la Justicia. Esto, que es un concepto elemental que conoce
cualquier estudiante de primer año de la Facultad de Derecho, es lo que está en
discusión ahora. Por ello es que el Gobierno quiere desesperadamente nombrar en
el Juzgado Civil y Comercial N° 1 a la doctora María Lorena Gagliardi,
funcionaria del Gobierno que se desempeña en el Onabe bajo la dependencia
directa del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Embarga a la Corte Suprema un sentimiento
de creciente preocupación por esta embestida furibunda de la Presidenta contra
la Justicia. Tanto allí como en otros estamentos de la magistratura hay
conciencia de que lo que está en juego en esta causa originada por la guerra
del Gobierno contra Clarín trasciende el caso en sí y se expande hasta afectar
el verdadero concepto de República. Es el “vamos por todo y por todos”, resumen
de una concepción profundamente antidemocrática del ejercicio del poder. Eso se
vive también al interior de un Gobierno en el que la posibilidad de que las
voces autocríticas sean escuchadas es nula. El miedo como instrumento de
gestión es malo para cualquier gobierno. La discrepancia no es un factor
destituyente sino constituyente de las sociedades democráticas y libres en las
que “ninguna fuerza doma, ningún tiempo consume, ningún mérito iguala, el
nombre de la libertad” (Nicolás Maquiavelo).
Producción periodística: Guido Baistrocchi
© Escrito por Nelson Castro y publicado por
el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 11 de Octubre
de 2012.