La ley y los medios…
A veces estando demasiado cerca no se ve
bien. El fallo de la Corte Suprema que adelantó –para el 7 de diciembre de
2012– un año el plazo que se suponía iba a terminar siendo la fecha límite para
que estén concluidas la ventas de los medios que no se adecuen a la nueva Ley
de Medios dejó con dudas a muchos menos a Clarín y al Gobierno.
Para Clarín este
fallo no cambia mucho porque mientras no esté resuelto el tema de fondo –que es
la inconstitucionalidad de la Ley de Medios, trámite que todavía está en un
juzgado de primera instancia– podrán apelar a nuevas cautelares que le permitan
no tener que vender medios hasta tanto ese fallo se produzca.
Para el Gobierno, la
Corte Suprema fue muy clara respecto de que lo único que justificaría una nueva
prórroga de este plazo sería un “cambio de circunstancias”, o sea, algo
significativo como un fallo a favor de Clarín en la cuestión de fondo sobre la
inconstitucionalidad que se tramita en el juzgado de primera instancia.
Expertos en derecho
interpretan que lo que la Corte le dijo a Clarín con su fallo fue “basta de
cautelares y de apelar a argucias procesales para atrasar y dejar indefinida la
cuestión de fondo; si quieren que la Ley de Medios no se aplique deben lograr
que la Justicia la declare inconstitucional”, algo no imposible pero mucho más
difícil.
Pero Clarín y el
Gobierno interpretan la señales de la justicia, o lo que saben de ella, de
manera totalmente contradictoria pronosticando un final muy ruidoso. Clarín
insiste en no ir poniendo en venta los medios a los que la nueva ley lo obliga.
Para lo que le
quedaría sólo 6 meses y 12 días, tiempo insuficiente aún si comenzaran hoy con
los métodos clásicos de dar mandato a un banco vendedor (el equivalente a una
inmobiliaria si se vendiera una casa), quien a través de un procedimiento de
oferta pública interesa a los potenciales candidatos y los hace competir para
obtener el mejor beneficio para el vendedor.
En el otro extremo,
el Gobierno: a través del subsecretario general de la Presidencia, Gustavo
López, quien además dirigió el Comfer, sostuvo en un reportaje a Página/12 que
si el 7 de diciembre Clarín no presentó su plan de venta, el Estado le ordenará
vender de oficio y, de no hacerlo, le rescindirá las licencias y así perderá
hasta el derecho de haber vendido y recibir dinero a cambio.
Trate, lector, de
imaginarse esa escena: va la Gendarmería a El Trece, corta la onda y se acabó.
A lo Chávez con RCTV en Venezuela y simbólicamente más virulenta que la
nacionalización de YPF. Cuesta creerlo.
Aunque se volviera a
licitar la onda a otros oferentes, obviamente amigos del Gobierno, ¿qué pasaría
con las más de mil personas que trabajan en El Trece? Ya hace un año desde
Clarín se decía que –en esa hipótesis– no se harían tanto problema porque lo
único que el Gobierno podría quitarle es la señal de aire LS85, mientras que
Clarín pasaría todos los contenidos de lo que hoy es El Trece al canal de cable
Metro (que además es el 13 de la grilla) con igual rating, porque la gente
vería Tinelli o las novelas de Suar un canal más adelante (pero tendría que
ceder TN porque la ley permite sólo una señal de cable).
De alguna manera
algo así vislumbró Alejandro Romay cuando decidió vender su canal porque –según
argumentó– ya no estaba más en el 9 de la grilla sino en el 8 del cable.
Entonces, ¿qué
diferencia hay entre un canal de aire y uno de cable? Si la onda no vale, el
valor está en los contenidos. Algo similar a lo que se vaticina para dentro de
algunos años, cuando toda la televisión se vea por Internet y ya no importen
más los números sino las marcas en palabras como Sony, Warner, etc. Quizás no
haya sido casual que LS85 Canal 13 fuera rebautizado El Trece. Y siguiendo con
esa conjetura, a quien el Gobierno eventualmente le asignara LS85 Canal 13 no
tendría ni los programas de Tinelli o Suar porque tanto Ideas del Sur como
Pol-ka –las respectivas productoras de ambos– son casi integralmente de Clarín
y donde Tinelli y Suar son socios minoritarios.
Pero si cuesta
imaginarse toda esa operación, y aunque el plazo fuera mayor a 6 meses y 12
días, tampoco es fácil imaginarse muchos posibles compradores con solvencia
financiera para sostener los costos de un canal de aire líder más capacidad
empresaria y cierta experiencia en el medio. Eduardo Eurnekian, el cuarto
hombre más rico de la argentina con un patrimonio de 1.800 millones de dólares
y experiencia de una década en televisión antes de vender América TV, sería uno
de los pocos que calificaría, pero estaría inhabilitado por ser titular de
Aeropuertos 2000, ya que la nueva ley prohíbe ser dueño de medios audiovisuales
a quienes tengan más de 10% de la propiedad de una “licencia, concesión o
permiso de un servicio público, nacional, provincial o municipal”.
La controversia
sobre qué es un “servicio público” separa fronteras entre Clarín y todos los
demás dueños de medios audiovisuales. Para Clarín, Cristóbal López debería
vender los medios que recién le compró a Daniel Hadad porque tiene el 20% de la
concesión de peajes de las rutas 2 y 11 (Eurnekian también es dueño de una
parte de esa concesión) y empresas de recolección de residuos.
Para Clarín, también
Vila-Manzano tendrían que vender todos sus medios porque tienen concesiones
petroleras y además Manzano es dueño del 10,8% de Andes Energía. Pero no sería difícil para Cristóbal López
vender el 10% de su concesión de peajes o Manzano el 0,8% de su empresa de
energía para no incumplir el tope de 10% de empresas de servicios públicos que
dispone la Ley de Medios. El problema está en aquellas empresas donde las
participaciones de un dueño de medios o eventual candidato a serlo fueran
importantes y deshacerse de ellas sea una pérdida que pueda no justificarlo.
Y hay que
diferenciar “servio público” de “servicio de interés público”: los aeropuertos,
la recolección de basura y la concesión de peajes son servicios públicos y
tiene razón Clarín, que inhabilita a sus propietarios para acceder a medios de
comunicación audiovisual. Pero no es así en la concesiones petroleras, que son
un servicio de interés público, que no inhabilita, excepto las que producen gas
licuado que sí son un servicio público.
El problema para
Vila-Manzano está en la total imposibilidad de superposición entre una empresa
de televisión por cable y otra de TV abierta. En la edición de ayer, PERFIL
informó que fuentes del Grupo Uno de Vila-Manzano sostuvieron que no precisarán
vender América por ser dueños de Supercanal, la segunda mayor empresa de cable,
porque cuando se concluya el concurso de acreedores de Supercanal ellos
quedarán con un porcentaje accionario minoritario. Sin embargo, abogados especialistas
en la Ley de Medios sostienen que ni siquiera podría tener el 1% de acciones
para cumplir con ella. Sí podrían ser dueños del 100% de un cable y de 100% de
un canal de TV de aire, pero en diferentes zonas, por lo que no hay impedimentos para que mantengan
América, ya que no tienen cable en la
Provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí tiene esa superposición en
Mendoza y San Juan (De Narváez, que por ser diputado no podía continuar como
accionista de América, ya pasó sus acciones a los hijos).
La que de cumplirse
la ley no tendría escapatoria es Telefónica, que no podría continuar como dueña
de Telefe, no sólo ya por ser una empresa extranjera sino porque tendría que
vender la propia Telefónica de Argentina, que claramente es un servicio
público. Imposible imaginar que en 6 meses y 12 días, simultáneamente, pasarán
a otras manos El Trece y Telefe que juntos controlan el 80% de toda la torta
publicitaria.
Le haría falta otro
candidato, entonces, al Gobierno, ya no sólo eventualmente para El Trece sino
también para Telefe. Dicen que Cristóbal López justifica su compra de los
medios de Hadad como una etapa de preparación y acumulación de experiencia para
luego adquirir un canal abierto. En ese caso
–y de aplicarse la ley– además del 10% de los peajes y la recolección de
basura tendría que deshacerse de C5N, pero por Telefe podría valer la pena.
Sobre Cristóbal se hacen dos comentarios: que es cristobalista (significa que
venía de antes del kirchnerismo y pretende sobrevivirlo) y que se equivocaría
si creyera que con Cristina Kirchner podrá negociar como lo hacía con Néstor
Kirchner (ya se va a enfrentar a lo que no pudo soportar Hadad si es que quiere
mantener a Longobardi y cierto mínimo disimulo de independencia).
Para concluir con
los canales de televisión abierta, quedaría la paradoja de que el canal con
menos adecuaciones sería justo el de un extranjero, que por tener su empresa
sede en Estados Unidos y ser ese país el único con un tratado de reciprocidad
para medios de comunicación, puede no ser de un argentino. Parece un chiste que
el dueño de Canal 9, el empresario mexicano Remigio Angel González González,
fuera el único que podría continuar sin cambios.
Volviendo a Clarín,
aunque terminara aceptando desprenderse de El Trece para poder continuar con
Cablevisión/Fibertel, el negocio más rentable, igualmente tendría que “vender”
1.500.000 abonados para cumplir el tope de la ley de un máximo de 35% del total
de abonados de una zona.
Para tener una
dimensión de lo que eso significa, vale prestar atención a que sólo Fibertel
tuvo ganancias operativas de más de 150 millones de dólares anuales y que,
consolidadamente con la venta de abono de cable, Cablevisión totaliza una
ganancia operativa de alrededor de 600 millones de dólares por año. Si fueran
ciertos los últimos datos que el Gobierno viene informando sobre cómo encontró
las finanzas de YPF, hubiera sido más negocio para el Estado nacionalizar
Cablevisión que YPF.
Cablevisión es la fusión
de esa empresa que había quedado en manos del inversor mexicano, egresado de
Harvard y experto en compra de empresas endeudadas, David Martínez, con
Multicanal de Clarín. Entre las muchas especulaciones se rumorea que Martínez
desearía vender su parte y una solución sería que Clarín le devuelva los
abonados que exceden al 35% del tope
legal y Martínez arme otra empresa de cable sumando eventualmente algunos otros
operadores y se la venda a otro empresario argentino. Aquí de nuevo aparece la
limitada cantidad de personas que disponen de capital para operaciones de
varias centenas de millones de dólares. Entre los candidatos se menciona a los
Werthein, quienes están inhibidos por ser parcialmente dueños de Telecom, pero
también se especula con que sus socios italianos que ya le compraron la mayoría
de Telecom podrían terminar comprándole el resto de sus acciones.
¿Será el 7 de
diciembre de 2012 el Día D? La respuesta más probable es que no. Y que aunque
no se dieran todas las esperanzas de Clarín, debería haber igualmente otras
posposiciones. Por ejemplo, quedan dos cautelares más sobre las que la Corte
Suprema aún no se pronunció. Una del Codelco (Comité de Defensa del
Consumidor), tramitada en la justicia de Salta, y otra del Grupo Uno de
Vila-Manzano que tramita la justicia de
Mendoza. Y entre sí son muy diferentes.
La de Codelco es una
cautelar general que beneficia a todos los dueños de medios, mientras que la
del Grupo Uno sólo aplica a las empresas de Vila-Manzano, al igual que la
cautelar de Clarín sólo beneficiaba a ese conglomerado.
La cautelar de
Codelco sí llegó a la Corte Suprema y ese tribunal podría ponerle fecha tope
como hizo con la de Clarín. No así con la del Grupo Uno, que aún no llegó a la
Corte y podría tardar un año más en llegar sin que el máximo tribunal pudiera
hacer nada (hoy un per saltum sería inimaginable). Pero esa cautelar sólo
beneficiaría a Vila-Manzano, quienes tendrían un año más que el resto para
adecuarse.
Por último, el
Gobierno por simple resolución puede prorrogar los plazos a todos o a algunos,
y en ese último caso siempre el discriminado podría apelar a la justicia.
Todo es posible.
Dependerá de las ganas del Gobierno y de la Justicia. Lo cierto es que la
situación está un poco más difícil para Clarín.
© Escrito por Jorge Fontevecchia y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el domingo 27 de Mayo de 2012.
