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sábado, 23 de febrero de 2019

Espejos invertidos de Macri… @dealgunamanera...

Espejos invertidos de Macri…

Vidal y Larreta, distintos al Presidente. Fotogafía: Cedoc Perfil

La decisión de no desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires explica por qué María Eugenia Vidal tiene mayor aprobación que Macri. Es una cuestión de valores más que de políticas o ideologías.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 23/02/2019 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A diferencia de su jefe, la gobernadora está dispuesta a conceder y a comprender las necesidades del otro, capacidad empática imprescindible en la política para poder llegar a acuerdos sin los cuales no se puede gobernar con eficacia ni mucho menos pretender cambios.

A pesar del prejuicio social hacia “los chetos”, Vidal no es diferente solo porque nació en un hogar de clase media. Horacio Rodríguez Larreta nació en uno de clase alta y sin embargo tiene la misma capacidad de Vidal para establecer vínculos con propios y ajenos, y es reconocido por opositores y adversarios como alguien confiable y con quien se pueden alcanzar acuerdos.

El gradualismo fue la única opción porque el Gobierno no quiso acordar reformas con el PJ no kirchnerista.

En el caso de Larreta, la evidente falta de carisma lo obligó a sobrecompensar  desarrollando otras formas de contacto emocional con  aquellos a quienes tenía que seducir. Lo que los economistas llaman “ventaja de la adversidad” en países como Japón, que al no tener recursos naturales convirtió carencia en motivación para desarrollar otras ventajas competitivas, o la de los países fríos, generalmente más desarrollados que los cálidos por la necesidad que impone la propia inclemencia climática.

Cuentan que Macri le dijo a Larreta hace unos años, sin la menor diplomacia, que nunca iba a llegar a ser electo en un cargo por su falta de carisma, pero que podía lograrlo si era su ladero. Ese abuso de  “sinceridad” mortal de Macri tiene otras anécdotas, como cuando tuvo la primera reunión con Monzó, a quien trataban de “contratar” para el PRO, y al terminar de “examinarlo” le dijo “podés retirarte” como si fuera una entrevista laboral poco amigable.

Macri no considera a ningún argentino par (ni al Papa, ni en su momento a su padre), ese es su mayor talón de Aquiles. Su gobierno fracasó económicamente por ese conflicto que tiene con la autoridad. El gradualismo con el que se desmoronó no era la única alternativa sino la única posible si no se quería acordar con la oposición, tratando a los demás políticos como pares.

El gradualismo no es la estrategia fundante de una política sino la consecuencia de la verdadera causa primigenia: no querer negociar con la oposición, sin la cual es inviable cualquier reforma porque en los tiempos actuales es casi imposible que un solo partido tenga mayoría en ambas cámaras del Congreso sin pasar por una alianza poselectoral.

Y no solo con la oposición. Que una persona con las credenciales de Ernesto Sanz, artífice del acuerdo con el radicalismo que permitió a Macri ser presidente y luego contar con más legisladores, tras haber sido casi el padre de Cambiemos se retirara de la escena política apenas se ganaran las elecciones de 2015 muestra las dificultades que Macri tiene con sus propios aliados, los radicales, que se sienten maltratados.

En el PRO explican el gradualismo como la herramienta necesaria para haber llegado a 2019 y romper con el maleficio sobre todo gobierno no peronista de no poder terminar su mandato y menos aún ser reelecto. Y también explican que el Macri que surgiría el 10 de diciembre de 2019, si fuera reelecto, sería diferente porque, al no tener la posibilidad de otra reelección podrá ser más generoso con la oposición sin temor a crear sus propios competidores electorales.

De ser así, no hizo los cambios prometidos desde el comienzo de su primer mandato el 10 de diciembre de 2015 para poder llegar al 10 de diciembre de 2019 y recién allí hacer los acuerdos necesarios con la oposición para instrumentar la reforma laboral, tributaria y previsional que hace Bolsonaro e hizo Temer en Brasil al comenzar cuando contaban con toda la fuerza.

Resulta paradójico que el país deba perder cuatro años para que el Presidente sea reelecto y recién allí gobierne bien sus últimos cuatro años desnaturalizando el sentido de la relección como continuación de lo exitoso. Obviamente, si los cambios que hubiera que hacer hubieran sido exitosos, sería reelecto por mayor diferencia, y si no lo fueran, tampoco querrá hacer esos cambios en su segundo mandato porque a nadie le gustaría irse vapuleado después de ocho años.

En el fútbol ganar es un fin en sí mismo, al ser una actividad lúdica no es teleológica y no tiene un para qué. Si para el futbolero Macri ganar las elecciones es un trofeo, podría ser que un segundo período suyo en gran parte se agotara con consumar el segundo triunfo electoral a presidente.

El círculo rojo queda pasmado cuando se le pregunta al director general de la Anses si Macri, de ser reelecto, piensa el próximo 10 de diciembre llamar a extraordinarias en el Congreso y presentar una reforma previsional, y el economista de 38 años Emilio Basavilbaso responde que la reforma previsional ya se hizo y fue la de diciembre de 2017. No se entiende al director de la Anses porque en 2018 después de esa reforma hubo una devaluación del 130% por temor al déficit fiscal en gran medida producido por el gasto previsional que continúa representando el 60% del total del gasto público.

O cuando le preguntan lo mismo sobre la reforma laboral al ministro de Producción a cargo de Trabajo, Dante Sica, responde que no habrá reforma laboral en un próximo mandato de Macri, lo que permite que los sindicalistas de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, que había invitado a comer al ministro, anuncien con alegría que el Gobierno “garantizó que no habrá Ley de Reforma Laboral”.

Se podría suponer que Sica dice eso para calmar las aguas en año electoral y que el director de la Anses no tiene el panorama completo del Gobierno, pero no habría que descartar que digan la verdad y un segundo gobierno de Macri no tenga como objetivo producir una reforma económica que constituya un plan económico y continúe también con gradualismo.

Macri y los anti K prefieren 8 años del Plan Perdurar a hacer las reformas y que pueda volver el peronismo.

Esa es otra diferencia entre María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Macri, que los convierte en espejos invertidos: además de estar inclinados a llegar a acuerdos políticos con la oposición y construir alianzas poselectorales, también están más predispuestos a correr riesgos y ser más ejecutivos.

Pero es probable que la parte de la sociedad que, antes que nada, no quiere a Cristina tenga los intereses alineados con Macri y prefiera ocho años de una economía estancada a hacer las reformas económicas y que, de salir mal, se corra el riesgo del regreso del peronismo.


(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com

lunes, 24 de diciembre de 2018

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados… @dealgunamanera...

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados…


El tribunal rechazó la aplicación de un índice que proponía el Gobierno para calcular los haberes iniciales. A cuántos beneficiarios alcanza, cuál es el costo fiscal y cuánto repercute en el haber de los jubilados.

© Escrito por el martes 18/12/2018 y publicado por el Sitio Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el índice que utiliza la ANSES para el cálculo inicial de las jubilaciones y avaló el uso de un indicador que es más beneficioso para jubilados y pensionados. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos resoluciones emitidas por el actual gobierno y solicitó al Congreso que a través de una ley determine cuál es el índice que debe utilizarse. Datos para entender el fallo.

Qué resolvió la Corte.

El tribunal falló sobre un período específico: las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. El problema a resolver era cómo debía calcularse la jubilación inicial de los jubilados en ese período, ya que la ANSES en esos años no tenía reglamentado cómo ajustar el cálculo del primer haber. “Entre 1995 y 2001 regía la Ley de Convertibilidad, que prohibía las actualizaciones. Y a partir de 2002 se hizo alguna actualización, aunque insuficiente y sin marco jurídico”, explicó a Chequeado Claudia Danani, especialista en Seguridad Social e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS).

Por eso, en 2009 la Corte dictó el fallo “Elliff”, en el que ordenó el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) para actualizar la jubilación inicial de los jubilados del período 1995-2008.

En junio de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Reparación Histórica y la ANSES reconoció que las jubilaciones de ese período estaban mal calculadas. Aquellas personas que aceptaban mediante un acuerdo formar parte del programa debían renunciar a cualquier demanda en contra del Estado y aceptar otro índice diferente al ISBIC para calcular su haber inicial: el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que toma como referencia el incremento promedio de los salarios en actividad.

Sin embargo, en 2018 la ANSES estableció a través de una resolución que este índice también se le debía aplicar a las personas que no habían adherido a la Reparación Histórica, entre ellas las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. Esto fue lo que la Corte, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton (y la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz), declaró inconstitucional, por considerar que se trata de una potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo.

En la práctica, al utilizar este índice que proponía la ANSES, los jubilados que ingresaron en el programa tuvieron un índice de actualización más bajo que aquellos que no adhirieron y siguieron litigando. En el fallo, la Corte le pidió al Congreso que sancione una ley que establezca cómo calcular ese período, y le ordenó a la ANSES que mientras no exista ley aplique el ISBIC.

A cuántos jubilados alcanza.

La Corte falló sobre un caso concreto, el de Luis Blanco, un camionero de 73 años que se jubiló en 2003 y en 2012 inició un reclamo judicial para que su jubilación (entre 2003 y 2009) fuera calculada según el criterio establecido por la Corte en el fallo “Elliff”.

Según informó la ANSES a Chequeadoexisten otros 150 mil casos que se encuentran en la misma situación: son jubilados que tienen causas en trámite, obtuvieron el beneficio entre 1995 y 2008 y no adhirieron al Programa de Reparación Histórica que fue aprobado por el Congreso en junio de 2016. Estos litigantes están en condiciones de reclamar que se les aplique el mismo criterio que a Blanco.

Sin embargo, este grupo representa un porcentaje menor. Hoy en la Argentina hay más de 6,8 millones de jubilados y pensionados, de los cuales casi 4,5 millones reciben la mínima, de acuerdo con los datos oficiales. Por lo tanto, los 150 mil que podrían recibir el beneficio de cobrar su jubilación de acuerdo con el índice de la industria y la construcción como estableció la Corte representan sólo el 2% del total.

Qué impacto tiene en el haber de esos 150 mil jubilados…

El indicador que hoy avaló la Corte, el ISBIC, suele evolucionar por encima del que propone el Gobierno, el RIPTESegún la ANSESentre 2002 y 2008 el RIPTE registró una suba del 176%, mientras que la del ISBIC fue de más del doble: creció un 362 por ciento.

El Estudio Troccolli, especializado en Seguridad Social, realizó un cálculo sobre la diferencia entre ambos índices. Según esta estimación, un haber jubilatorio en julio de 2007 calculado por ANSES en $1.800 pasa a $2.490 calculado por RIPTE y a $3.435 calculado por ISBIC. El mismo informe suma otro ejemplo: un haber calculado por ANSES en $32.800 en octubre de 2018, asciende a $40.500 con el reajuste por RIPTE y a $55.900 por ISBIC.

¿…Y en el Estado?

En cuanto a la afectación a las cuentas públicas, la ANSES estima que el nuevo fallo de la Corte implicará “un gasto anual adicional de $72.600 millones”. Si se considera el presupuesto ejecutado en 2018 por el organismo encargado de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, esta suma representa un 5%, mientras que al tomar el presupuesto asignado a la ANSES para 2019 el porcentaje cae al 3 por ciento.

Según Rafael Flores, especialista en política fiscal y ex director de la ASAP, el Presupuesto 2019 ya tiene estimado un gasto de $34.500 millones para el pago de juicios. “Si se suma este adicional, en porcentaje de los fondos de la ANSES el costo es menor. Pero estamos hablando de un presupuesto con una meta de déficit cero donde sí se invierte más en jubilaciones se debe gastar menos en otros rubros o aumentar más los impuestos”, advirtió a este medio.


domingo, 26 de noviembre de 2017

Gracias Pichetto, no te hubieras molestado… @dealgunamanera...

Gracias Pichetto, no te hubieras molestado…


El costo de las Lebac duplica el monto de la poda de jubilaciones. La nueva fórmula de movilidad es peor que la versión inicial del Gobierno. La modificación de la movilidad le permitirá a la Anses desembolsar 100 mil millones de pesos menos en jubilaciones. El Banco Central emite deuda con Lebac que devengará intereses por un total de 210 mil millones de pesos en este año.

© Escrito por Alfredo Zaiat (alfredozaiat@gmail.com) el Domingo 26/11/1950 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El stock de Lebac es de 1,2 billones de pesos. Es deuda emitida por el Banco Central que devengará intereses por un total de 210 mil millones de pesos en este año. Es una suma extraordinaria que alimenta lo que se denomina déficit cuasi fiscal. Este espacio de especulación entregado al mercado financiero por el titular del Central, Federico Sturzenegger, es atendido con recursos públicos y está fuera del radar del ajuste que el gobierno quiere que sea aprobado en el Congreso. Ese recorte no alcanza al mundo de las finanzas. La mira fue dirigida hacia el sistema previsional y de seguridad social. El objetivo que planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es “ahorrar” unos 100 mil millones de pesos, disminuyendo las jubilaciones y las asignaciones (familiares y la AUH). Para conseguirlo, el gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad de las jubilaciones que significa una fuerte poda en el haber, que luego fue retocada por iniciativa del senador Miguel Angel Pichetto, cuyo resultado es también una fuerte poda en el haber. Este aporte para facilitar la aprobación del proyecto ha sido tan entusiasta que el saldo puede ser peor para los jubilados que la versión oficial.

La relación entre el monto del déficit generado por las Lebac y la reducción del dinero que la Anses destinará a pagar jubilaciones sirve como referencia para exhibir la escala de prioridades en la gestión del gobierno de Cambiemos. No significa que si se dejase de pagar tantos intereses de Lebac ese dinero podría ir a los bolsillos de los jubilados. Esta comparación sólo deja al descubierto que en la obsesión por el ajuste de las cuentas fiscales, el gobierno eligió arremeter contra los jubilados y cuidar los privilegios del mundo de las finanzas.

Fórmula Pichetto

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tardó apenas 15 minutos en aceptar la fórmula Pichetto, luego que el senador facilitador de la tarea del gobierno en la Cámara Alta hiciera un discurso muy crítico de la propuesta oficial que modifica la actualización de las jubilaciones. Fue la puesta en escena para permitir la inmediata adhesión del gobierno, que el ministro Dujovne agradece. Con el esquema del 70 por ciento de evolución de la tasa de inflación y el 30 por ciento de variación del salario formal privado (RIPTE), el “ahorro” previsional puede ser mayor al presupuestado por Hacienda. Si es más elevado, significa que los jubilados recibirán un ingreso aún más recortado.

En el suplemento económico Cash de esta edición, el especialista en materia previsional Miguel Angel Fernández Pastor ofrece un par de datos que demuele la fórmula Pichetto: en los 21 primeros meses del gobierno de Macri, el RIPTE creció 59,08 por ciento, mientras que la inflación lo hizo en 71,3 por ciento. Unos simples cálculos revelan que la muy desfavorable versión oficial para los jubilados es mejor que la fórmula Pichetto:

La propuesta del gobierno era un ajuste trimestral por inflación y un insignificante aporte adicional del 5 por ciento del PIB real en junio de cada año. En el acumulado de esos 21 meses, el aumento hubiera acumulado 71,3 por ciento más 0,15 por ciento (el 5 por ciento de la variación del PIB del 3 por ciento: 0,15 por ciento. Las caídas de PIB no se calcularían, según la versión oficial, entonces el retroceso de 2016 no contaría). El saldo sería 71,45 por ciento.

Con el esquema de actualización Pichetto para ese período, el aumento hubiera sido 67,63 por ciento. Casi cuatro puntos porcentuales menos que la versión inicial.

El 70/30 perjudica a los jubilados, más en un gobierno conservador como el de Cambiemos que tiene como objetivo explícito que el salario suba menos que la inflación. Para las paritarias 2018 ya envió el mensaje a través de medios oficialistas de que pretende un alza del 10 por ciento, variación que se ubica por debajo de la estimación de inflación.

Esta es la fórmula que la mayoría de los gobernadores avalaron en el dictamen en el Senado, conversado en apenas cuatro horas sin abrir el espacio a la consulta de especialistas. La comparación con un solo trimestre entre una y otra fórmula de rebaja de las jubilaciones, además de que entrega una diferencia insignificante, no es correcta. En un período más prolongado, como el mencionado arriba, el saldo del nuevo acuerdo es más desfavorable para el jubilado.

El pacto además avala que se aplique la actualización con seis meses de retraso, pues el ajuste de marzo del año próximo será con la inflación del trimestre julio-septiembre de este año. Es otra disposición que perjudica a los jubilados puesto que la nueva fórmula sería retroactiva. La presente movilidad se devenga en el semestre julio-diciembre, lo que implica que a esta altura esta casi completa, pero en el proyecto de ley se la descarta para que en marzo de 2018 se utilice la nueva. Esto implica que en lugar de un aumento de las jubilaciones del 12 al 13 por ciento, el ajuste sería de 5,2 por ciento (con la versión oficial) o de 5,7 por ciento (con la fórmula Pichetto). 

Las jubilaciones perderían así unos 7 puntos porcentuales, deteriorando su poder adquisitivo y brindando el “ahorro” previsional que el gobierno busca. Al haber mínimo de 7246 pesos se le podaría 455 pesos del aumento. Como precisó David Cufré en el Panorama Económico en la edición de ayer de este diario, la jubilación mínima quedaría en 7660 pesos en lugar de los 8115 pesos que hubieran correspondido.

Bicicleta

Mientras en el Congreso empezó el debate del proyecto oficial para recortar jubilaciones y asignaciones (familiares y AUH), la bicicleta financiera sigue rodando a velocidad. El viernes la paridad cambiaria terminó la semana con una caída de diez centavos, para ubicarse en 17,69 pesos, el mismo nivel que hace dos meses. Ese retroceso fue explicado por operadores de la city por el ingreso de dólares a la plaza local para aprovechar las muy elevadas tasas de interés que regala el Banco Central con las Lebac.

El último reporte del balance cambiario del Banco Central indica que las inversiones de cartera de no residentes (capitales extranjeros especulativos) sumaron en forma neta 420 millones de dólares en octubre pasado, siendo uno de los meses de más ingresos del año. Esos fondos fueron destinados a colocaciones en pesos, detalló la entidad monetaria, para aprovechar la renta que ofrece la tasa de interés en moneda local. La consultora macrista Elypsis calculó que el inversor que canjeó dólares por pesos en enero de 2016 y fue renovando ese capital en Lebac hoy tiene acumulado una ganancia en dólares del 17 por ciento. Es una rentabilidad extraordinaria de la bicicleta de las Lebac. Como ilustra la prensa internacional, Argentina se ha convertido en un paraíso financiero para el capital especulativo.

La emisión de esos títulos de deuda en pesos de cortísimo plazo es utilizada por el Banco Central con el doble propósito de desalentar la compra de dólares al tiempo de retirar pesos del mercado con el esquivo objetivo de bajar la inflación. No consigue ni uno ni otro objetivo. Pero igual sigue con esa política seduciendo a los inversores con tasas de interés elevadas, que tuvieron su pico del 38 por ciento en marzo de 2016 y hoy se ubican casi en el 30 por ciento anual. Esas tasas han invitado a inversores extranjeros a participar del negocio que se denomina currency carry trade sobre el peso argentino: ingresar dólares a la plaza local, luego venderlos y con los pesos obtenidos comprar Lebac, para que en un plazo determinado recomprar más dólares con el capital e intereses de esa inversión en pesos. 

Esta estrategia monetaria y cambiaria que recibe críticas de economistas de diferentes vertientes ideológicas tiene un costo altísimo para las cuentas públicas, en este caso las del Banco Central. Desde diciembre de 2015, la deuda con Lebac aumentó 245 por ciento y devengó intereses por más de 310 mil millones de pesos. Sólo en este año sumarán 210 mil millones de pesos. Esta cifra más que duplica el monto que el gobierno quiera “ahorrar” en el sistema previsional recortando aumentos de las jubilaciones.

Trabajadores

Sin tocar las ganancias privilegiadas del mundo de las finanzas, la administración Cambiemos arrastra del cuello a un grupo de gobernadores para impulsar una reforma que no sólo castiga a los jubilados, sino que avanza sobre derechos previsionales de trabajadores activos. Instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años, y pretende disminuir el cálculo del haber inicial del futuro jubilado. 

Fernández Pastor indica que en el artículo segundo del proyecto de ley se establece que los salarios con que se efectúa el promedio de ingresos del que surgirá el haber inicial de los futuros jubilados ya no se efectuará por la fórmula de movilidad, sino por el índice combinado aplicado para la actualización de las sentencias en la Ley de Reparación Histórica (inciso b, artículo 5 ley 27.260) que, como es reconocido por el propio gobierno, implica una quita muy importante. El especialista previsional señala que en el mencionado artículo se especifica que la actualización de los salarios se efectuará por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). ¿Qué significa esto? Si los salarios disminuyen, los trabajadores que quieran jubilarse tendrán un haber inicial más bajo del que surgiría aplicando la ley de movilidad. En base a la evolución de la inflación y el RIPTE desde diciembre de 2015, cifras detalladas arriba, hoy la pérdida acumulada es de 12,22 puntos porcentuales en apenas dos años.

Modificar la movilidad jubilatoria para atarla a la evolución de la inflación, disminuir la tasa de sustitución (la relación entre el último salario del trabajador con el haber inicial como jubilado) y elevar la edad jubilatoria son las recomendaciones del FMI al gobierno argentino, incluidas en el informe de noviembre de 2016, y que pasaron a formar parte de la reforma previsional. 

No deja de ser notable como la Alianza Cambiemos decidió empeorar la calidad de vida de los jubilados, con el aval de gobernadores, siendo que se trata de su núcleo electoral más intenso. La apuesta oficial es que el cambio de clima político les permita naturalizar la reducción de las jubilaciones hasta pensar que no tiene costos afirmar que son muy elevadas, mientras le sigue ofreciendo al mercado financiero la rentable fiesta especulativa de las Lebac.



sábado, 27 de mayo de 2017

Reforma previsional… @dealgunamanera...

Reforma previsional…

Imagen: Guadalupe Lombardo

La reforma del sistema de jubilaciones que prepara el Gobierno contempla la segmentación de las prestaciones en tres niveles. El primero será de carácter universal y lo constituye la nueva pensión por vejez creada el año pasado con la ley de “reparación histórica”. Se empieza a cobrar a partir de los 65 años tanto en hombres como en mujeres, sin necesidad de aportes previsionales. El monto de ingresos equivale al 80 por ciento de la jubilación mínima.

© Escrito por David Cufré el sábado 27/05/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciuad Autónoma de Buenos Aires.

En la práctica, este cambio constituye un deterioro notable para los adultos mayores respecto del estado de derechos que habían alcanzado con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, cuando se aprobaron distintas moratorias que les permitieron a más de 3 millones de personas saldar su deuda de aportes con la Anses –muchos no habían efectuado ninguno– y percibir como piso el haber mínimo. La diferencia es de más de 1200 pesos en este momento, ya que la jubilación mínima se encuentra en 6394 pesos y la pensión por vejez es de 5115 pesos.

Además, esta última no genera el derecho de pensión para los familiares del titular. En el caso de las mujeres, la modificación entraña un perjuicio sustancial porque implica un aumento de cinco años de la edad a partir de la cual pueden obtener ingresos, dado que con las moratorias podían jubilarse desde los 60 años y ahora tendrán que esperar hasta los 65 para cobrar la pensión por vejez. Es un recorte de gastos en línea con los reclamos de ajuste fiscal que el FMI y los mercados le formulan al Gobierno permanentemente.

Esta prestación será financiada por rentas generales. Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Social y de la Anses que diseñan el proyecto establecerían como línea de corte para la pensión por vejez un nivel de aportes previsionales inferior a los 15 años, aunque el número exacto todavía no está definido.

Esto significa que los hombres y mujeres que lleguen a los 65 años y queden por debajo de ese nivel de años de aportes tendrán la opción de pasar a cobrar automáticamente este beneficio, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, como se explicó más arriba. Sin embargo, la iniciativa les daría la posibilidad de mejorar esos ingresos al autorizar por ley que sigan trabajando y aportando más allá de los 65 años, sin que sus empleadores puedan forzarlos al retiro como ocurre en la actualidad. Todo lo que sumen por arriba de los 15 años de aportes –si finalmente fuera ésa la línea de corte– significaría un plus para su ingreso mensual, cuyo financiamiento saldría del régimen jubilatorio solventado con aportes y contribuciones.

Con esta medida, el Gobierno empezaría a correr los límites de la edad jubilatoria, haciendo caer en las espaldas de los trabajadores que padecieron la informalidad laboral o el desempleo la responsabilidad de trabajar más años para cobrar un haber más alto que la devaluada pensión por vejez. Para superar la resistencia empresaria, el Estado resignaría el cobro de contribuciones patronales por esos empleados cuando sigan trabajando más allá de los 65 años. De todos modos, estos puntos son aún materia de debate entre los funcionarios que trabajan en la reforma.

El segundo pilar del nuevo régimen jubilatorio, en tanto, seguirá siendo el sistema de reparto. La novedad en este caso viene por la modificación de la fórmula de cálculo para determinar el haber inicial de cada jubilado; es decir, lo que una persona empieza a cobrar cuando se retira. En lugar de los componentes actuales –PBU, PC y PAP–, se avanzaría con un esquema conformado por la prestación universal –la pensión por vejez– más el plus asociado a los años y al nivel de aportes al sistema. Un aspecto clave en este caso es si habrá un tope sobre la proporción del salario afectado a los aportes previsionales que sea más bajo que el actual.

Es una posibilidad, para incentivar a los trabajadores a realizar aportes voluntarios al tercer pilar del sistema y, sobre todo, para bajar la presión de gastos al Estado nacional, que pagaría a los nuevos jubilados haberes más bajos que los actuales.

El tercer pilar, en el proyecto en estudio, cumplirá la función de elevar los montos de las jubilaciones de aquellos trabajadores que hagan aportes voluntarios a este sistema. Estará constituido por cajas complementarias bajo un esquema también de reparto y, según dicen los funcionarios, no se baraja la posibilidad de volver a habilitar mecanismos de capitalización individual. Las cajas complementarias existentes –como las profesionales o de distintas actividades– o las que se creen ofrecerían a los trabajadores la administración de aportes voluntarios para mejorar sus jubilaciones.

El sistema financiero podría encontrar aquí una puerta para volver al negocio de la gestión de recursos previsionales. Por otra parte, fuentes del Gobierno sostienen que por ahora no se analizan cambios en la ley de movilidad jubilatoria, que va actualizando los haberes en marzo y septiembre de cada año.

Con esta división en tres pilares –universal, de reparto y complementario– se reproducirían en la tercera edad las diferencias salariales de la etapa activa, dándole un sesgo más marcado de diferenciación entre ciudadanos de primera –aquellos que pudieron completar los años de aportes para acceder a la jubilación plena, con haberes aún más altos para quienes realizaron aportes voluntarios– y de segunda, que deberían conformarse con la pensión por vejez.

En la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo se reúnen un miércoles por mes el titular de esa dependencia, Juan Carlos Paulucci (un hombre que llegó al puesto de la mano de Gerónimo “Momo” Venegas), funcionarios de la Anses y de la AFIP, junto con delegados empresarios, sindicales (de la CGT, CTA y distintos gremios) y especialistas para debatir sobre los cambios que necesita el sistema jubilatorio.

Allí trascendió la posibilidad de que el Gobierno modifique también el régimen de autónomos y monotributistas en su aspecto previsional, unificando a esos sectores en una sola categoría. La “armonización” de las cajas jubilatorias provinciales con la nacional es otro de los objetivos del oficialismo. E

n varias provincias creen que ello implicará presiones del gobierno nacional para forzarlos a disminuir prestaciones y a subir la edad jubilatoria en línea con el régimen de la Anses. Gremios como el docente, a su vez, están alertas por si aparece la pretensión de las autoridades de modificar los estatutos especiales como el que tiene el sector.

Por otra parte, Paulucci informó en el último encuentro de esa comisión asesora que se creará otro cuerpo para elaborar un Código de la Seguridad Social. Sería un digesto de normas nacionales y provinciales. El funcionario indicó que fueron seleccionados para esa tarea dos ex camaristas de la Seguridad Social, Mabel Maffei de Borghi y Bernabé Chirinos, y el constitucionalista Félix Loñ.

La velocidad y profundidad de los cambios en materia de jubilaciones dependerá del resultado de las elecciones de octubre.

Una buena performance del oficialismo le dará margen para ir más a fondo. Como en los ‘90, las prestaciones de la seguridad social vuelven a estar en el centro de los planes de ajuste neoliberales.



domingo, 7 de agosto de 2016

Acuerdos y bochorno… @dealgunamanera

Acuerdos y bochorno…

Pesadillas compartidas, Hebe de Bonafini. Foto: Diego Temes.

El Gobierno ganó más con el circo del entorno de Bonafini que con sus arreglos con provincias y CGT.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 07/08/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tiempo de restituciones. En una semana sumamente agitada política y judicialmente, el Gobierno logró exhibir como victoria dos hechos de fuerte contenido político: uno de ellos fue el acuerdo con los gobernadores para devolverles a las provincias el 15% de coparticipación que la Nación les retenía para uso de la ANSES, a cambio de una carta de intención cuyo objetivo es el fortalecimiento del federalismo; por ese acuerdo, los mandatarios provinciales se comprometieron a contener el gasto y a mejorar los ingresos y la inversión para llegar a 2019 más cerca del equilibrio fiscal.

El otro hecho relevante fue la restitución a las obras sociales sindicales de fondos adeudados por el Estado más un conjunto de iniciativas volcadas a la creación de un plan universal de salud. Pero no todo fue alegría. No bien se alza la vista, aparecen cabos sueltos que el Gobierno no debería dejar librados al azar.

La CGT acaba de anunciar su unificación en un triunvirato representado por Juan Carlos Schmidt (Transporte); Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Garajes y Estaciones de Servicio). Desde el interior de esta conformación tripartita, fueron tajantes: “No sé qué se está celebrando. Esto parece la lógica del que te devuelve lo que es tuyo y cree que te está haciendo un favor” –señalaron–.

En realidad, el documento que han dado a publicidad y en las charlas puertas adentro resalta la “disconformidad con el tarifazo, la inflación, la apertura de importaciones y la excesiva tendencia a volcar el apoyo a la agroindustria”. El Gobierno no debería descuidar un frente que, de no mediar nuevos acercamientos, en un plazo más corto que largo podría derivar en un paro general.

En ese contexto, las declaraciones de Elisa Carrió no hicieron más que agitar las de por sí revueltas aguas por las que navega la administración de Mauricio Macri.

Tras los fallos judiciales, técnicamente la situación tarifaria está casi en el punto inicial. “La Nación sigue absorbiendo los costos. Pronto llegará el problema de la luz. Hoy hay más subsidios que cuando estaba Cristina, y el Gobierno no deja de poner plata para sostener todo esto.

La situación es delicada, ya ni siquiera Bolivia nos da gas porque debe por contrato abastecer a Brasil, lo que le resulta más conveniente por el mayor volumen que compra y por la mayor rigurosidad en el cumplimiento de reciprocidades”.

En este contexto adverso, fue muy importante lo que, puertas adentro, ocurrió en la reunión con los gobernadores. El acuerdo y el mejoramiento de las relaciones con los mandatarios provinciales le dio oxígeno al Gobierno.

En el interior de Cambiemos resaltan el gesto hacia la promoción del federalismo real: “En siete meses, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con los gobernadores en seis oportunidades. Al cabo de esos encuentros, los líderes provinciales no fueron a reclamar sino a recibir”.

De todas maneras, hay matices que merecen ser consignados. Varios borradores circularon antes de llegar al feliz desenlace que representó el acuerdo de marras. La fórmula final llegó a manos de algunos gobernadores y sus ministros de Economía la noche anterior a la foto tan promocionada. De inmediato, todos los recipiendarios observaron que en el texto no había demasiadas respuestas a los planteos de las provincias.

Esto generó disgusto y preocupación por lo que se firmaría a tal punto que el mismo día de la reunión hubo dos encuentros paralelos previos al cónclave final. El acuerdo se caía. Rápido de reflejos, un gobernador cuyano y al menos dos de sus pares peronistas convocaron a una reunión de urgencia esa misma mañana en el Hotel Savoy. “No queríamos desairar a Rogelio Frigerio, que había estado trabajando en gran sintonía con la mayoría, pero necesitábamos garantías”, dijo un ministro provincial que presenció la discusión.

Casi todos. Esa mañana estuvieron presentes casi todos los gobernadores peronistas menos el salteño, Juan Manuel Urtubey.

Hasta Alicia Kirchner fue de la partida. Además, asistieron Adolfo Rodríguez Saá y el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini –todo un gesto de parte del socialismo–. Esta suerte de liga peronista logró negociar e imponer algunas de sus condiciones. Los puntos de la discordia eran al menos dos: una interpretación de los primeros borradores sostenía que, tal como estaba redactado, la Corte podría excluirlos de cualquier reclamo por la coparticipación, llevando la discusión a un acuerdo obligado con la Nación.

El otro de los puntos tenía que ver con la carga que implicaría a nivel federal la restitución de los fondos del Conurbano a la provincia de Buenos Aires. Una avanzada de mandatarios se entrevistó con Rogelio Frigerio luego de la cumbre del Savoy. Una solución casi semántica terminó de acercar las posiciones. Lo que inicialmente era un “acuerdo para el fortalecimiento del federalismo” derivó en una carta de intención. “Los acuerdos requieren de ratificación por ley y después no se puede retroceder, quedando sujetos a acciones judiciales”, explicó el ministro de Economía de uno de los gobernadores de mayor protagonismo.

La carta de intención para el fortalecimiento del federalismo que finalmente se consensuó expresa deseo y buena voluntad, algo mucho más flexible y sujeto a revisión según los avatares de la realidad. El peronismo jugó fuerte y encontró su mejor expresión en un momento que, políticamente, favoreció tanto a las provincias como al gobierno nacional.

Todo un gesto para sostener la pax política que transita el peronismo, a la espera de tiempos mejores para rearmarse de cara a las legislativas del año próximo.

En ese peronismo, el episodio que protagonizó Hebe de Bonafini el jueves pasado se vivió con espanto. “Las imágenes de todo ese bochorno no hacen más que beneficiar al Gobierno”, reflexionaba una voz que supo ser sostén de la campaña de Daniel Scioli.

Escuchar a legisladores nacionales, que deberían ser pilares del respeto a la ley, defendiendo y promoviendo la desobediencia a la citación de un juez, fue patético. Ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner lo hizo frente al comparendo que le ordenó el juez Claudio Bonadio. Más allá de la falta de tino del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien debió haber mensurado las consecuencias de citar a la presidenta de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo el día en que hacen sus rondas habituales, lo ocurrido habla del desprecio profundo del kirchnerismo duro hacia preceptos institucionales básicos de un país democrático, como es el de la igualdad ante la ley.

A Hebe de Bonafini no se la está juzgando por su trayectoria de lucha en el campo de los derechos humanos sino por el proyecto Sueños Compartidos, otro hito de la corrupción imperante durante los doce años del kirchnerato.

Producción periodística: Santiago Serra.