© Escrito por Sergio Palazzo (*) el domingo 31/12/2023 y publicado por el Diario La Voz de la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina. (Fuente primaria: El Cohete a la Luna)
Como grosera contrapartida y haciendo gala de una total desmesura y aversión a la sociedad argentina, se dedica a imponer un brutal ajuste contra los ingresos de las familias argentinas en indisimulado favor a los grandes formadores de precios y acreedores externos como el FMI.
Lo hace desde una mega devaluación que licúa salarios, jubilaciones, ahorro e ingresos, declara diversas emergencias de dudosa o inexistente necesidad y urgencia pero no declara la emergencia alimentaria para garantizarle al menos la comida a todas y todos los argentinos.
Siempre se pensó y se sostuvo que los gobernantes, especialmente los elegidos conforme al sistema democrático, existían para defender a sus pueblos, aliviar sus padecimientos y trabajar para su bienestar; el presente autocrático de Milei, sus desplantes cesaristas y su soberbia mesiánica, que echa mano a entelequias tales como “las fuerzas del cielo”, señalan delirantemente a quien se siente y se cree superior a sus conciudadanos hasta el punto de convertirse en enemigo del pueblo que lo ungió a la primera magistratura de la República. Porque el ser primer mandatario no significa, bajo ningún aspecto, excusa o consideración, ser el primer mandamás. Es preciso hablar con propiedad y no limitarse a creer, rayando ya en la obscenidad política, que circunstanciales mayorías electorales consienten la instauración del poder absoluto y la destrucción de vectores y valores comunitarios que son legítimo patrimonio de ese pueblo que la altanería a ultranza ilusoriamente pretende ignorar.
En el caso del Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, la calificadora de riesgos Fix SCR, perteneciente al grupo Fitch, otorgó a dicha señera institución la máxima calificación, reconociendo su solvencia, relaciones técnicas y eficiencia, además del hecho cierto de haber generado fuertes ganancias en dólares; esto es: que cualquier intento de privatización está encaminado solapadamente a favorecer a algún aportante de campaña o a algún “hermano de la vida”, o a premiar alguna singular o muy particular relación con el beneficiado, tal como viene sucediendo con todas las medidas que toma el señor Milei en uso de una Presidencia que a todas luces aparece enfrentada con el pueblo argentino y sus legítimos e irrenunciables derechos.
Los regímenes que el gobierno estigmatiza nacieron y crearon una realidad laboral normada regularmente por los legisladores como representantes del pueblo, tal como lo determina la Constitución y la división republicana de poderes, habiendo funcionado de manera absolutamente compatible con la producción y posibilitando la paz social y el crecimiento económico del país.
Es dramáticamente claro, entonces, que estamos ante un burdo y gigantesco atropello no sólo a los principios liminares del derecho del trabajo, sino –como ya adelantáramos– a la Constitución, a la democracia y a la república. Mientras, se vulnera groseramente el artículo 29 de nuestra Carta Magna que fulmina con la nulidad insanable los actos por los cuales la vida, el honor y las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Y aquí englobo, porque así corresponde, el protocolo de Patricia Bullrich, sucedáneo del estado de sitio y elaborado con el claro objetivo de impedir la libre difusión de la protesta ciudadana.
Hay que estar muy atentos a lo que resuelva la Justicia con respecto al DNU, ya que el mismo subvierte el orden jurídico de la Argentina. Si el Poder Judicial da por correcto el DNU, cada cuatro años habrá un cambio del orden jurídico. Incluso se podrá avanzar en una reforma del propio sistema judicial por la vía de un decreto de necesidad y urgencia y el Poder Judicial habrá perdido legitimidad y autoridad moral y legal para oponerse a tanta aberración.