Desorden en el Gobierno… @dealgunamaneraok…

Falsa épica contra el FMI 

Perfil presidencial, Alberto Fernández. Dibujo: Pablo Temes 

Ante el avance de CFK, los ministros que responden al Presidente expresan una mezcla de impotencia y furia. 

©Escrito por Nelson Castro el sábado 27/03/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de Los Argentinos. 

En los plazos y con las tasas que se pretenden no podemos pagar porque no tenemos plata para hacerlo”. Esta fue la frase textual que la ex presidenta en funciones –a quien la locutora llamó Señora Presidenta sin haber sido corregida– pronunció en el acto por el Día de la Memoria que se llevó a cabo en la localidad de Las Flores, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encontraba en Washington en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional para tratar de reestructurar la deuda con ese organismo por 44 mil millones de dólares. 

Casi en paralelo el presidente Alberto Fernández mantenía desde la residencia de Olivos una videoconferencia con el titular del Banco Mundial (BM), David Malpass, a quien le ratificó que la Argentina “honrará sus deudas”.  

El primer mandatario pareció pedalear en el aire una vez más. Lo que dijo CFK es dramáticamente cierto, aunque aprovechó la tribuna que significaba una fecha tan importante para regalarles a sus acólitos otra pincelada crítica contra el FMI.  

Un reconocido economista nos recuerda que el país tiene unos 10 mil millones de dólares de reservas netas. Debe afrontar este año vencimientos con el Club de París y el propio FMI por 5 mil millones. Los números no cierran. Sin embargo, CFK sabía que ya no es tan urgente la necesidad de cerrar un acuerdo antes de las elecciones. El organismo de crédito internacional distribuirá –no solo a la Argentina sino a todos sus deudores– los Derechos Especiales de Giro que en buen romance es un instrumento financiero interno que puede canjearse bajo ciertas condiciones por dólares. Nuestro país podría hacerse con 4 mil trescientos millones, suma suficiente para respirar con cierta tranquilidad ante los próximos vencimientos de deuda.  

A ese primer salvavidas que llegará –no solo para la Argentina– se le suma el segundo instrumento para mantenerse a flote que comenzará a desembarcar a hacia fines de abril: la liquidación de la cosecha. Si bien el juego se abre para el Gobierno con algunos respiros, desde el Ministerio de Economía deberán decidir cómo usar esos dólares en al menos tres direcciones: mantener el dólar estable; dinamizar las exportaciones de insumos para no frenar la actividad económica o intentar volver a fortalecer las reservas del Central. “No todo es fortuito en este panorama. 

En algo Martín Guzmán se salió con la suya: logró implementar parte del ajuste contra el sector privado y los particulares vía presión impositiva. Por eso CFK, furiosa, salió a complicarlo en público con sus declaraciones respecto al pago de la deuda”, aseguró otro economista que sigue de cerca el culebrón. Por estas horas, Guzmán ha perdido el favoritismo que supo recibir de CFK. Conocedores de esa situación, en ese cerrado núcleo de las altas esferas del mundo de las finanzas, algunos ya han hecho correr la voz de que el ministro está evaluando futuras posibilidades laborales allende las fronteras. 

La furia y la crítica de CFK se extienden también al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.   

El triunvirato del poder kirchnerista. En ese mismo acto, el 24 de marzo se vio la foto perfecta de las nuevas relaciones de poder dentro del oficialismo de cara al futuro. Mientras CFK hablaba, intentando dar cátedra sobre diversos temas, detrás suyo, justo en el plano que mejor tomaba la cámara, asentían ante cada afirmación sus predilectos: Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Nada es casualidad.  

El primogénito ya tiene asegurada la presidencia del PJ bonaerense, lo que le permitirá construir poder y relaciones incluso con los líderes territoriales que hoy le dan vuelta la cara. Ya no se trata solo de La Cámpora: la proyección sugiere otros planes. El gobernador bonaerense sigue entre los elegidos de la ex presidenta en funciones y dispuesto a disputar todos los rincones del poder. Un tercer jugador ya movió sus fichas: Sergio Massa, quien tiene un acuerdo explícito de unidad con Máximo Kirchner.  

Acuerdo y unidad son las palabras claves para sostener el poder en la Provincia y avanzar hacia un nuevo armado nacional. Allí descansará en la construcción de las opciones electorales el líder del Frente Renovador. Massa siempre apuesta al caballo ganador.  

¿En este escenario qué papel queda reservado para el presidente Alberto Fernández?  

“Ahora estamos ocupados en gobernar. El ruido político no nos puede determinar. Es natural que el cristinismo ya esté pensando en su esquema para 2023. Lo que no es natural es que esa interna se dirima ahora y condicione la gestión. No hubo peleas pero sí hubo gestos y decisiones políticas. Y las decisiones que se vienen tomando nos dejan con un pie fuera de cualquier armado futuro”, aseguran desde el albertismo.  

Al interior del Poder Ejecutivo impera el desorden. En la semana que pasó, el canciller Felipe Solá y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, hablaron de restricciones por el rebrote del coronavirus que luego fueron desmentidas desde la Casa Rosada.  

Ante la evidencia del avance de CFK, los ministros que responden al Presidente expresan una mezcla de impotencia y furia. La designación de Martín Soria aún les es indigerible. Esos funcionarios que creyeron en el “volvimos para ser mejores” se sienten absolutamente defraudados. Saben que CFK los desprecia y ningunea. Es un vilipendio permanente que se hace ya en voz alta. Saben que no forman parte de su proyecto.  

Hablando de la Justicia, la semana no ha sido buena para los planes del kirchnerismo de cooptar el Poder Judicial. La Cámara de Casación confirmó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once al mismo tiempo que, en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo perdió la posibilidad de acceder a los dos tercios necesarios para la designación de jueces. Este último hecho fue una respuesta contundente al estilo confrontativo que pretende imponer Soria. “A las piñas no van a lograr nada”, señala un conocedor profundo del ánimo reinante en los despachos de los tribunales.  

El lema adoptado por la coalición que hoy gobierna fue “Frente de Todos”. A la luz de los hechos tal vez deberían cambiarlo por el de “Frente Contra Todos”.  

Producción periodística: Santiago Serra.

Odiadores. La grieta que nunca se fue…@dealgunamanera...

Odiadores. La grieta que nunca se fue…

La ira. Dibujo: Pablo Temes

Cristina Kirchner es el pasado; Mauricio Macri, también. Y, como parte de ese pasado, los dos son sinónimo de fracaso.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 11/07/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

En la mitología griega, Sísifo es conocido por el castigo que recibió, que consistía en empujar una y otra vez por la ladera de una montaña una pesada piedra que, a poco de llegar a la cumbre, volvía a caer. A esta narración se la conoce como “el mito” o “el trabajo de Sísifo”.  En los hechos, se trata de un suceso frustrante y absurdo que, como se mencionó antes, es el producto de un castigo.

La Argentina parece estar condenada a un castigo similar: la repetición de los acontecimientos frustrantes y absurdos que la condenan al fracaso. Es lo que viene sucediendo desde los orígenes mismos de nuestra nación.

Los episodios políticos de la semana que pasó estuvieron impregnados del mito de Sísifo que, como tales, nos conducen al pasado. Y la división –que ha recrudecido– forma parte de ese tiempo pretérito. Cristina Fernández de Kirchner es el pasado; Mauricio Macri, también. Y, como parte del pasado, los dos son un sinónimo del fracaso. Los dos dividen interna y externamente. CFK les hace daño a los sectores moderados que anidan en el oficialismo. Lo mismo les sucede a los dialoguistas de Juntos por el Cambio con Macri. Es lo que ocurrió con el comunicado que se emitió a raíz del asesinato del ex secretario de los Kirchner, Fabián Gutiérrez.  

Cuando cada uno de ellos habla, sus opositores celebran.

La falta de autocrítica que exhiben la vicepresidenta y el ex presidente espanta. Sus gobiernos han sido involutivos para el concepto de democracia. El problema es que ninguno de ellos acepta esa realidad.  

Alberto Fernández prometió –y sigue prometiendo– la búsqueda de la unidad. “Vengo a terminar con los odiadores seriales”, dijo en su discurso conmemorativo del día de la Declaración de la Independencia. El inconveniente es que, como Sísifo, debe empujar una pesada piedra que, a poco de llegar a la cima de la montaña, vuelve a caer. La piedra son los “odiadores” que habitan en el Gobierno y a los que nunca ha desautorizado. Su discurso, entonces, queda solo en eso: un discurso.

Hay odiadores también dentro de Juntos por el Cambio. Por eso, en verdad, el objetivo debe ser terminar con el odio. Eso exige mucha autocrítica y respeto por el otro. Esa responsabilidad es aún mayor en el caso del Presidente porque lo es de todos los ciudadanos, de los que lo votaron y de los que no. Por eso, el tuit del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi –“Libres de vos y tu inutilidad que nos hubiera llevado a contar muertos de a miles dentro del país fundido que dejaste. Por respeto a los argentinos que votaron hace menos de un año (capaz que no te acordás). Silencio”–, careció de esos atributos. No hubo por parte del Dr. Fernández la más mínima crítica hacia los dichos de su vocero. El que calla, otorga.

Más allá de los muchos y graves errores cometidos en su gobierno, Macri obtuvo el 41% de los votos. Biondi parece haberlo olvidado. ¿Respetará él a esos ciudadanos? ¿Los respetará AF? Por otra parte, el ex presidente, cuyas últimas apariciones públicas han sido decididamente inoportunas, tiene todo el derecho a expresarse cuando quiera y como quiera. Criticarlo es válido; querer silenciarlo –como lo exige el vocero presidencial–, no.

La grieta política se trasladó también al seno de las entidades del agro. La presencia de Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, junto a Alberto Fernández en el discurso por el Día de la Independencia, no cayó del todo bien entre algunos dirigentes de la Mesa de Enlace.

“Lo que salió en medios ya hizo el ruido necesario. Más que suficiente”, se escuchó decir por estas horas desde una de las entidades que la conforman y que no fue invitada.

Las demostraciones callejeras que hubo en todo el país el 9 de julio, en las que muchos de los que manifestaron no respetaron el distanciamiento social y un grupúsculo de personas agredió a periodistas –hecho siempre repudiable– sorprendieron e inquietaron al Gobierno, sobre todo a algunos sectores kirchneristas que evitaron salir en los medios con los tapones de punta. Quienes se movilizaron no hicieron más que ejercer sus derechos ciudadanos a expresarse a favor o en contra de algo o de alguien. Al kirchnerismo duro le molestó que le hayan ganado la calle. “Van a ver lo que va a ser la plaza cuando tengamos la vacuna”, es el mensaje que en respuesta a lo del jueves repiten dirigentes y militantes K. Poner la posible vacuna contra el coronavirus bajo el marco de la grieta sería un disparate. Pero atención: todo es posible.

La impunidad siempre está. Amado Boudou, Julio De Vido, Lázaro Báez y en el futuro seguramente Cristina Fernández de Kirchner. Representan la consagración de la impunidad. El caso de Báez, que representa un hito mayúsculo en esta escalada que indigna, interpela en primer lugar a la Justicia argentina. Que con la abundancia de evidencias en su contra, esta persona devenida rica de la noche a la mañana durante los 12 años del kirchnerato, no haya completado ningún juicio y esté libre de condena, es ominoso. El fiscal que no apeló esta libertad es el Dr. Jorge De Luca, un conspicuo miembro de Justicia Legítima alineado sin ruborizarse con el kirchnerismo. Tampoco la Unidad de Información Financiera, a cargo de Carlos Cruz, apeló, hecho increíble que se completa con el lamentable fallo de los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky de pobrísimos fundamentos.

Para hacer todo más grotesco, la fianza de 632 millones de pesos impuesta a Báez debería originar una pregunta: ¿cuál será su origen?

Mientras tanto, también pasan otras cosas en el ámbito de Comodoro Py. La cárcel comienza a despuntar en el horizonte de varios integrantes del gobierno de Mauricio Macri. Uno al que le avisaron sobre esa posibilidad es el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

“En un mundo donde existe el tiempo, nada puede volver atrás”, dice una célebre frase de Haruki Murakami. Sin embargo, la Argentina parece ser la excepción.

Impunidad: la peligrosa trampa que, por ahora, no logra eludir Alberto Fernández… @dealgunamanera...

Impunidad: la peligrosa trampa que, por ahora, no logra eludir Alberto Fernández…

El presidente Alberto Fernández. Fotografía: Télam

El miércoles por la tarde ocurrió un hecho que no tuvo, ni por lejos, una repercusión acorde a su relevancia. Los abogados de la AFIP pidieron ocho años de prisión para Lázaro Báez, y condenas también para sus tres hijos, luego de acusarlos de lavar 60 millones de dólares provenientes de la adjudicación irregular de obra pública.

Ese reclamo, pronunciado por abogados del Estado, que ahora no comanda Mauricio Macri sino Alberto Fernández, es un inesperado reconocimiento al trabajo de Jorge Lanata porque evidencia que todo lo denunciado en aquel programa de Periodismo para Todos, en 2013, fue cierto. Luego de siete años de debate enardecido sobre si la denuncia se trataba de una mentira urdida por los enemigos del pueblo o de un trabajo periodístico riguroso, fueron los abogados de la AFIP de este gobierno quienes se inclinaron por la segunda opción.

© Escrito por Ernesto Tenembaum el domingo 23/02/2020 y publicado por el Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

La presentación de la AFIP ante la Justicia tiene una significación política tremenda, porque más allá de la distribución de responsabilidades que se puedan debatir en los tribunales, la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner ha sido íntima y pública al mismo tiempo. Lázaro Báez fue, por ejemplo, el constructor de uno de los sitios más sagrados para esa familia: el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. En su primera visita al lugar, la vicepresidenta fue escoltada por el hombre que ahora aparece acusado de lavado de dinero por el abogado del gobierno que ella misma integra. No está Mauricio Macri en el poder. No hay relato conspirativo posible. Parece haber concluido una discusión que sacudió a la Argentina durante años.

El episodio podría ser un símbolo de salud republicana porque la llegada al poder del sector que lidera Cristina Kirchner no influyó para que la AFIP retirara la grave acusación. Sin embargo, nadie exhibirá ese gesto como un mérito porque pertenece a un territorio de extrema sensibilidad que amenaza con dañar severamente las relaciones internas de la coalición gobernante. Ese territorio es la revisión judicial de los delitos cometidos entre 2003 y 2015 y, particularmente, el destino personal de los dirigentes que aún permanecen detenidos. Con el correr de los días, ese tema se ha vuelto crucial y, si no es bien manejado, sus consecuencias pueden ser muy dañinas para el Gobierno que, lentamente, empieza a hacer pie por sus desempeños en otros ámbitos.

En los primeros dos meses de su Gobierno, Alberto Fernández debió convivir con una intensa campaña que le reclamaba que libere a los supuestos presos políticos. Una seguidilla de pronunciamientos lo obligaron a defender con énfasis, y cierto enojo, la idea de que su gobierno no tiene presos políticos. Es un debate que, decididamente, no le conviene al oficialismo. Lo muestra dividido, obliga a focalizar en los vericuetos de la relación entre los Fernández, coloca en el centro del debate a personajes muy controvertidos de la década anterior y a hechos realmente muy trágicos, como por ejemplo la tragedia de Once o el escándalo que involucró a un ex vicepresidente. Sin embargo, como si no tuviera demasiados desafíos, desde el frente interno le imponen a Fernández la agenda del lawfare. Cualquier político sagaz desearía salir rápidamente de esa encerrona.

Lázaro Báez y Julio De Vido. Fotografía: Juan Mabromata / AFP

El fin de semana pasado, luego de su gesto de autoridad, el Presidente parecía haberlo logrado: no hay presos políticos sino detenciones arbitrarias, y solo la Justicia puede decidir cuáles son. Punto. Sin embargo, el martes fue el propio Fernández quien difundió un video donde reclama que quienes son víctimas de detenciones arbitrarias “soporten” los procesos en libertad. Ese video incorpora calificaciones contra el gobierno anterior que contrastan con la convivencia que se negocia con sutileza en el Congreso y otros ámbitos.

Parecía que el Presidente intentaba calmar al sector interno que lo azuzó en las semanas previas y, tal vez, a su propia vicepresidenta. En el mismo momento, un senador por Jujuy pidió la intervención del poder judicial de esa provincia, el Presidente volvió a colocar el sistema de testigos protegidos bajo la órbita del Poder Ejecutivo y un grupo de senadores oficialistas presentó un proyecto para que no se pueda aplicar prisión preventiva a un acusado cuyo caso hubiera sido difundido por los medios. Elisa Carrió acusó a Cristina de querer dar un golpe contra la Justicia. La oposición denunció un intento de copamiento de la Justicia. Tal vez sea una exageración pero, como sucedió en otros tiempos, el kirchnerismo hace todo lo posible para que la denuncia sea verosímil.

En el fondo de todo esto, hay un problema al que Alberto Fernández no le puede encontrar solución, porque tal vez no la tenga, como ocurre con muchos problemas en la vida: la sabiduría consiste en convivir con ellos. En el sistema democrático, a un presidente se le concede el poder de gobernar, no el de impartir justicia. Fernández puede dar una opinión sobre tal cosa o tal otra, pero quienes juzgan a Cristina, por ejemplo, son otras personas: tienen sus tiempos, sus puntos de vista, su dignidad. Eventualmente, pueden ser sometidas a presiones, pero reaccionarán de manera imprevisible ante ellas. Entonces, una presión torpe puede ocasionar una derrota al Gobierno en lugar de resolver el conflicto. Esa limitación presidencial se podría resolver con un indulto en cadena. Pero el Presidente ya dijo que no está dispuesto. O con una ley de amnistía. Pero, ¿se sometería el oficialismo al escarnio que sería ese debate? ¿Cómo defenderían sus diputados la liberación de José López, por ejemplo? ¿Por qué ningún legislador se atreve a presentar una ley de amnistía por delitos de corrupción?

La vicepresidenta Cristina Kirchner. Fotografía: Agustín Marcarian / Reuters

Si no hay indulto ni amnistía, el tema queda en manos de los jueces. Pero resignarse a ello es muy delicado. Para Cristina lo es, porque varias causas la involucran personalmente, a ella y a sus dos hijos y porque cada pronunciamiento -la acusación contra Lázaro, por ejemplo- es un veredicto sobre su Gobierno, una versión de la historia distinta a la que ella pretendería imponer. Para muchos de sus seguidores también es delicado, porque cada día que pasa con Amado Boudou o Milagros Sala detenidos es una afrenta a lo que ellos quisieran que haga un gobierno peronista. Entender que no está en manos del Presidente su liberación es someterse a las leyes de la democracia. Pedir un indulto es empujar al Presidente a un conflicto social lacerante que durará meses. No hay salida visible.

En los últimos días, figuras importantes del Gobierno comenzaron a analizar la idea de sostener que una sentencia firme solo es aquella dictada por la Corte Suprema de Justicia y, por lo tanto, deberían estar libres los ex funcionarios que tienen condenas de tribunales inferiores: en este caso, serían todos ellos. Esa doctrina debería ser avalada, una vez más, por los tribunales. Hasta ahora, la jurisprudencia de la Corte sostiene que sentencia firme es la dictada por la Cámara de Casación. Por eso, los ex funcionarios más comprometidos son Amado Boudou, Luis D’Elía y los secretarios de transporte y empresarios juzgados por la tragedia de Once. Julio De Vido tiene condena de un tribunal oral y Milagro Sala de la Corte de su provincia. José López y Lázaro Báez solo están procesados. Ahora, suponiendo que esa idea se imponga: ¿de verdad cree alguien que eso no sería un escándalo con alto costo político?

En el Gobierno conviven dos agendas: una pertenece al pasado y otra al presente. En la agenda del presente, el Gobierno enfrenta desafíos gigantescos pero donde se avizoran algunos logros significativos: las primeras señales de desaceleración inflacionaria, el crecimiento del consumo en algunas áreas, la recomposición de relaciones con el mundo occidental, la instalación de una sensación de alivio porque el dólar se mantiene estable, la existencia de un clima político de convivencia. Pero el pasado no lo suelta: desde allí vuelven ideas de copamiento del poder judicial, de indultos, reformas constitucionales, personajes muy comprometidos con hechos de corrupción, heridas que no han cerrado y algunos gritos de guerra. El pasado es simbolizado, por ejemplo, por Julio De Vido y Amado Boudou. El presente, por Alberto Fernández. Cristina oscila con ambigüedad entre el uno y el otro.

El presente no es nada sencillo. Pero la irrupción del pasado lo puede tornar insoportable.

 

Si hay lawfare, hay presos políticos… @dealgunamanera...

Si hay lawfare, hay presos políticos…

Cristina en Comodoro Py acusa a jueces que la juzgan. | FOTO: CEDOC

Para el filósofo alemán Boris Groys, toda “revolución es la transferencia de la sociedad desde el medio del dinero al medio del lenguaje”: toda economía opera con cifras y el medio en el que funciona la política es la lengua. Y Ludwig Wittgenstein hablaba de “juegos de lenguaje”: palabras que definen su significado a través de otras palabras, diferentes a las pocas palabras que se definen designando un objeto.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 15/02/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.
 

Juegos de lenguaje que reflejan “experiencias del pensamiento”: creaciones que forman parte de actividades y estilos de vida. Una disciplina requiere un juego de lenguaje. Una ideología, también. Pero que sea “juego” no quiere decir que no tenga reglas, y para Wittgenstein era su uso lo que legitimaba el significado de las palabras.

Alberto Fernández se introdujo en campaña en un dilema difícil de eludir siendo presidente sin pagar costo político.

Lawfare también es un juego de palabras: en la palabra inglesa warfare (“ir a la guerra”) se cambia law (ley) por war y se lo traduce como “guerra judicial”. En la campaña electoral del Frente de Todos, el útil aporte que produjeron el uso y la instalación de la palabra lawfare, convertida en exitosa herramienta proselitista, se convierte en el primer gran problema de Alberto Fernández durante la luna de miel de cien días de que gozan todos los presidentes recién elegidos (lleva 66 días, le quedan 34).

Porque el candidato Alberto Fernández se sumó a la denuncia sobre la existencia de lawfare contra funcionarios de los gobiernos kirchneristas y el ahora presidente Fernández se enfrenta a la contradicción: ¿cómo pudo haber lawfare y no haber habido responsabilidad de una parte de fiscales y jueces? Y si hubo lawfare, ¿cómo no se promueven ahora denuncias por los delitos que esos jueces y fiscales cometieron?

Si hubo delitos de jueces y fiscales al juzgar y procesar sin pruebas a dirigentes por el solo hecho de pertenecer a un campo político, entonces hay detenidos políticos.

El argumento de Alberto Fernández sobre que solo son presos políticos aquellos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo es otro juego de lenguaje. Puedo entenderlo bien porque fui el último puesto a disposición del Poder Ejecutivo a fines de la última dictadura, el 24 de marzo de 1983, luego de que el gobierno clausurara la publicación que dirigía por entonces. Y en aquellas circunstancias se trataba de un claro procedimiento donde no existían las garantías constitucionales, no intervenía ningún juez, no se podía apelar a una instancia superior y la orden de detención se ejecutaba sumariamente. Esa no es la situación de De Vido, Boudou, D’Elía y Milagro Sala.

Entre los argumentos contrarios a considerar “presos políticos” solo a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, se utilizó el ejemplo de la condena y detención de Nelson Mandela en Sudáfrica, que cumplió con el curso legal de ser dispuesto por los juzgados de ese país y no por su presidente e igual se trató de un claro preso político. Pero lo que le dio ese atributo fue el carácter no democrático del régimen sudafricano de entonces, porque no podía votar el 80% de la población que por el apartheid (“separación” en la lengua africana) segregaba a los negros como Mandela. Sudáfrica era una dictadura. 

El problema que tiene Alberto Fernández no es solo con la Justicia. Como le reclaman desde el kirchnerismo, podría como Alfonsín enviar una ley al Congreso, crear un tribunal especial que revisará las sentencias y los procedimientos y hasta llegar a juzgar a los miembros del Poder Judicial y a los fiscales que intervinieron. Pero no podría hacerlo sin también enjuiciar a los medios de comunicación, a los que se acusa de haber sido cómplices de los malos jueces y fiscales en el lawfare. En ese caso, Alberto Fernández se tendría que enfrentar a dos sectores al mismo tiempo, y la frágil economía se resentiría más con una nueva batalla del Gobierno contra los medios que contra parte de la Justicia.

Está en la memoria de Alberto Fernández el ejemplo de Alfonsín pagando el precio de contribuir al caos económico de entonces con el agregado de la inestabilidad política para poder hacer su juicio a las juntas militares.

Por su parte, Alberto Lugones, el flamante nuevo presidente del Consejo de la Magistratura e integrante de la Cámara Federal de San Martin, dijo a poco de ser designado que en Argentina “no hay presos políticos”, pero sí lawfare porque “hubo abusos en las prisiones preventivas”, aunque consideró necesario “esclarecer si el Estado estuvo detrás de perseguir” personas de distinta opinión política.

El juez Lugones, al igual que Alberto Fernández, queda él mismo prisionero de su juego de lenguaje porque no podría no haber sido comprometido el Estado si hubo lawfare, porque los jueces y los fiscales son parte del Estado.

Y no se trata de funcionarios aislados porque las prisiones preventivas, además de ser pedidas por distintos fiscales y dispuestas por distintos jueces, fueron confirmadas por diferentes tribunales superiores. Pero tampoco el problema de Alberto Fernández se extinguiría resolviendo “el abuso” de las prisiones preventivas, porque parte de los presos a quienes se asigna el calificativo de políticos están con condena y, en algunos casos, por más de una instancia. Y por último queda el problema de los juicios aún sin prisión preventiva, como los varios que tiene Cristina Kirchner.

Alberto Fernández dijo que se trata de una “discusión semántica”, pero escribió Isaac Reed en su libro Social Theory Now: “La acción humana tiene lugar dentro de un mar semántico y, para explicar lo que se hace, se debe decir algo sobre el agua en la cual se nada”. La única situación en la que, por lo menos idealmente, ninguno de los actores precisa saber qué significa para el otro la transacción es en un intercambio económico, porque el dinero es un lenguaje de cálculo y no de ponderación.

La discusión semántica de Alberto Fernández es discusión material para Cristina Kirchner y los condenados

Para complicarle más la vida a Alberto Fernández con los juegos de lenguaje, el filósofo Bruno Latour concibe la idea del “materialismo semiótico”. Y otros filósofos directamente piensan que producción sería igual a significación porque “todo proceso de producción y consumo social es y debe ser al mismo tiempo un proceso de significación e interpretación”.

En síntesis: la discusión semiótica es una discusión material y, para el kirchnerismo, la más importante de todas.