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domingo, 15 de diciembre de 2019

Alberto une, Cristina divide… @dealgunamanera...

Alberto une, Cristina divide…

Él y Ella. Dibujo: Pablo Temes.

El Presidente multiplica gestos para cerrar la grieta; la vicepresidenta le marca la cancha para endurecer las relaciones con la oposición.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 15/12/2019 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Alberto Fernández ha comenzado su presidencia con un objetivo: unir. Tiene un problema: Cristina Fernández de Kirchner, que siempre divide. Casi como si fuera un slogan de campaña electoral, esa es la ecuación política que han dejado a la vista los primeros días del nuevo gobierno.

Alfonsín y Cristina. El discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa tuvo la impronta de aquellos que supo pronunciar Raúl Alfonsín y que constituyen su legado histórico. Un legado de pluralidad y respeto hacia el que piensa y opina diferente, virtudes esenciales de la democracia que el kirchnerismo pisoteó y que Mauricio Macri y su núcleo duro poco hicieron –más allá de las palabras– por revivir.

“Yo quiero ser el presidente de la escucha, del diálogo, del acuerdo para construir el país de todos”, dijo en la parte final de su discurso Fernández. Y dio en la tecla: como se ha dicho ya, una y mil veces, si esa grieta no se revierte, no habrá plan económico que pueda sacar a la Argentina del fangal en el que la han dejado la suma de los dos gobiernos de CFK y el de Macri.

Ese mensaje de unidad del Presidente, acompañado por los gestos que tuvo en el Congreso, tanto con su predecesor como con la vicepresidenta saliente –cuya silla de ruedas empujó hasta el estrado–, en nada fue acompañado por Cristina Kirchner.

Todo en ella –su gestualidad, sus actitudes, sus discursos y sus obsesiones– no ha hecho más que confirmar su narcisismo y egocentrismo, factores patológicos de su personalidad, de enorme y negativa influencia en sus conductas públicas y privadas.

A eso hay que agregarle una nueva falacia. En su libro Sinceramente cuenta que, en 2015, no le entregó los atributos del mando a Mauricio Macri porque quiso evitar la foto de ese momento histórico, porque a su juicio hubiera equivalido a una capitulación. Sin embargo, en las horas previas a la asunción de Alberto Fernández dijo que había sido la Justicia la que le impidió cumplir con ese acto protocolar de alto valor institucional. ¿Dónde estará la verdad?

No fue esa la única instancia en que la vicepresidenta puso su impronta. En el acto de asunción de Fernando Espinoza como intendente de La Matanza habló del complejo tema de la coparticipación con una alusión directa y crítica a la ciudad de Buenos Aires, que –oh, casualidad– gobierna Horacio Rodríguez Larreta. Más allá de la clara intencionalidad política de su declaración, lo que hizo fue marcarle la cancha al Presidente.

Es una mala manera de comenzar la gestión ya que, con actitudes como esta, la vicepresidenta no hace más que azuzar el dilema fundamental que se le presenta a este gobierno: ¿cuál es el poder real de Alberto Fernández? ¿Cuán exitoso podrá ser en vencer la grieta cuando CFK se empeña a diario en ahondarla?

Justicia. Uno de los puntos claves del discurso del Presidente fue el referido a la Justicia, donde la palabra de moda es “lawfare”, la utilización de la Justicia como instrumento de persecución política, una metodología que existe, es peligrosísima y repudiable.

Ahora, ¿es correcto decir que CFK, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Amado Boudou, Ricardo Jaime, son víctimas de una persecución política? ¿Los bolsos de José López son producto de la persecución política? ¿Las causas por los sobreprecios de las obras adjudicadas a la empresa de Lázaro Báez? ¿Lo descrito por Oscar Centeno en los cuadernos? ¿Las investigaciones por las coimas pagadas por Odebrecht? ¿Lo denunciado por Víctor Manzanares, el contador del matrimonio Kirchner? ¿La causa Ciccone? ¿Las condenas por la tragedia de Once?

Por si algo faltaba a ese menú, generó polémica la designación por parte de Axel Kicillof de dos funcionarios con procesos judiciales en marcha: Daniel Gollán, como ministro de Salud, y Cristian Girard, como director ejecutivo de ARBA. La justificación que dio el gobernador fue que esos funcionarios son víctimas del lawfare. Increíblemente, la Ley 10.430, que rige el ingreso del personal de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, exceptúa a los ministros, secretarios y subsecretarios de la aplicación del artículo 3, que expresa que no podrá ingresar a la administración pública “quien tenga proceso penal pendiente”.

Economía. La presentación del ministro de Economía Martín Guzmán había generado una gran expectativa. Por eso su conferencia de prensa decepcionó. El planteo del problema de la deuda y sus anuncios genéricos fueron un compendio de buenas intenciones. Pero se quedó ahí. No podía hacer ningún anuncio concreto por dos razones: porque falta aún la sanción de la ley que declare la emergencia económica y, fundamentalmente, porque no había ninguna medida buena para anunciar. Todo lo que viene son pálidas”, expresó con toda crudeza una voz del Gobierno.

El botón de muestra de esto se vio ayer con el anuncio del aumento de las retenciones a las exportaciones de granos: 18% para los cereales y 30% para la soja.

El asunto de la deuda es el tema esencial sobre el que está trabajando el flamante ministro, quien, cuando su posible designación no era más que un rumor, tuvo una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el economista venezolano Luis Cubeddu, reemplazante del italiano Roberto Caldarelli como jefe de misión del Fondo para la Argentina. De su presentación hubo dos datos rescatables: la confirmación de que no habrá emisión monetaria, y que se irá a una renegociación amigable de la deuda con el FMI y los acreedores privados.

Guzmán enfrenta un problema similar al que tuvieron sus antecesores durante la presidencia de Macri: su ministerio está devaluado porque deberá negociar medidas de su incumbencia con el Ministerio de Producción, el de Transporte y con el Banco Central.

El apellido Guzmán es motivo de polémicas entre los estudiosos de la etimología de los apellidos, algunos de los cuales sostienen que tiene origen germano y que su significado es “hombre bueno”. Ojalá lo sea y que la palabra “bueno” aquí sea sinónimo de honestidad y eficacia en el diseño de las medidas que le permitan superar a la Argentina el drama de esta hora.




sábado, 10 de noviembre de 2018

“Tortuga” Casanello dictó falta de mérito de CFK en la causa de la ruta del dinero K… @dealgunamanera...

“Tortuga” Casanello dictó falta de mérito de CFK en la causa de la ruta del dinero K… 

Solo en Argenzuela.

Este viernes, el juez federal K Sebastián Casanello dictó falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la cual se investiga por lavado de activos y asociación ilícita al empresario santacruceño Lázaro Báez, en un caso denominado como la Ruta del dinero K, informaron hoy fuentes judiciales.

© Escrito por Mónica Filippi el viernes 09/11/2018 y publicado por el Sitio Periodístico Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el juez le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte más información para determinar si hubo un vínculo entre el titular de Austral Construcciones y la ex mandataria.

Para el juez Correccional y Criminal 7, “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, añadieron los informantes en base a su resolución.

Asimismo, Casanello solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.

La investigación comenzó en abril de 2013, y la ex presidenta fue imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuan después de la declaración brindada por Leonardo Fariña el 8 de abril de 2016 en carácter de imputado colaborador.

En abril de 2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti (los ex funcionarios involucrados en la causa conocida como Vialidad.

En su fallo, Casanello sostiene que existen elementos sobre el lavado de dinero por parte de firmas vinculas a Baez, y advierte que la investigación sobre la ex presidenta no está clausurada, pero advierte que “debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida” de que Cristina Kirchner estaba implicada en estas maniobras.

“Por eso ordenaré medidas de prueba orientadas en ese sentido, que se sumarán a las que se encuentran en pleno curso”, reafirmó el magistrado en su resolución, no casualmente dada a conocer un viernes a última hora.




sábado, 22 de septiembre de 2018

El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”… @dealgunamanera...

El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”…


El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 41 imputados. Qué delitos se investigan, qué jueces intervienen, cómo le fue a los arrepentidos y cuánto dinero está bajo sospecha.

© Escrito por Manuel Tarricone y publicado el miércoles 19/09/2018 por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.

¿Qué se investiga?

En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el reparto de obras públicas. La actual senadora del Frente para la Victoria (FPV), que ya había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades, fue procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El delito de asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene penas de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes a dos años.

El caso salió a la luz el 1° de agosto último, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y allanamientos a partir de las revelaciones que publicó el diario La Nación de los cuadernos de viaje de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

¿Cuántos imputados hay en la causa?

En el expediente figuran 66 imputados, de acuerdo con el Observatorio de Corrupción del Centro de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ese total se compone de cerca de 20 ex funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner y ex empleados de organismos públicos y más de 40 empresarios y directivos de compañías acusados de pagar coimas a funcionarios. Esta semana Bonadio resolvió la situación procesal de 50 imputados.

Hay otros involucrados, como Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete entre 2011 y 2013, y Martín Larraburu, ex funcionario de esa misma dependencia, que ya declararon en indagatoria y el juez aún no resolvió si los procesa, sobresee o dicta su falta de mérito. Y hay otros imputados, como los diputados nacionales del FPV, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro; el diputado provincial por Peronismo Kirchnerista, José Ottavis; y el ex titular del Grupo Veintitrés, Sergio Szpolski, que prestarán declaración indagatoria la próxima semana.

El recorrido de la causa penal.

¿Cuántas personas fueron procesadas ayer?

Bonadio dispuso el procesamiento de 42 imputados. Hay 17 de este total que son ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empleados públicos durante el kirchnerismo, como la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Baratta y Oscar Parrili, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Otros 25 son empresarios o directivos de empresas que presuntamente pagaron coimas a funcionarios. Entre ellos se encuentran el primo del Presidente, Ángelo Calcaterra (ex CEO de IECSA), Carlos Wagner (Esuco), Luis Betnaza (Grupo Techint), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Benito Roggio (Benito Roggio e Hijos SA).

Hay seis empresarios a los que se le dictó falta de mérito (cuando no hay suficiente prueba para procesar o sobreseer) y un empresario al que se lo sobreseyó, Raimundo Peduto (Industrias Secco). El restante es el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio declaró su incompetencia respecto de este imputado y remitió estos hechos al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi por conexidad con una causa que tramita en su tribunal.

¿Cuántos detenidos hay?

El fallo de Bonadio dispuso la detención de 16 imputados, sin contar a la ex presidenta, sobre quien se dictó prisión preventiva, aunque no se hará efectiva (al menos por el momento) porque tiene fueros. En realidad, estas 16 personas ya se encontraban detenidas a disposición de Bonadio desde antes del procesamiento. Son 11 ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, como Baratta y De Vido, y seis empresarios, como Ferreyra y Carlos Mundin (BTU SA). A estos 16 se sumó ayer el ex funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, que se encontraba prófugo y hoy fue detenido en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuántos imputados firmaron un acuerdo de colaboración?

Desde que surgió la causa “Cuadernos” muchos empresarios y ex funcionarios acordaron con el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli, para declarar como arrepentidos y mejorar así su situación procesal, como establece la Ley 27.304Hasta el momento hay 23 imputados que firmaron acuerdos de colaboración que fueron homologados por el juez Bonadio, aunque en la resolución de ayer se resolvió la situación procesal de 20 de ellos.

De los 20 arrepentidos sobre los que falló ayer el juez, ninguno quedó detenido, salvo el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que está preso por otro expediente. Por su declaración como arrepentido, López fue incluido en el Programa Nacional de Protección de Testigos y no se conoce su paradero actual.

Aunque no fueron detenidos, hay 14 de los arrepentidos que fueron procesados, todos por asociación ilícita y a la mayoría se le suman los delitos de cohecho o dádiva. Por otro lado, hay cinco arrepentidos a los que se le dictó la falta de mérito, entre ellos, Héctor Sánchez Caballero (IECSA), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Grupo Pescarmona).

¿Cuánto dinero hay en juego?

Según Bonadio, “los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

¿Qué jueces y fiscales intervienen en cada instancia?

La instrucción de la causa está a cargo del juez federal Bonadio y del fiscal Stornelli, dos magistrados con más de dos décadas en sus actuales cargos (para conocer más sobre su trayectoria ingresá a Justiciapedia).

Los procesamientos dispuestos por Bonadio, en caso de ser apelados, quedarán a cargo de la Sala I de la Cámara Federal. Esta sala la componen Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, pero este último se excusó de intervenir porque en la causa está detenido su primo, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación. En su reemplazo intervino hasta ahora Martín Irurzun, miembro de la Sala II, aunque hoy el Poder Ejecutivo oficializó el traslado a esta Sala del juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, que recomendó el Consejo de la Magistratura la semana última.

En la última instancia del fuero penal, la Cámara Federal de Casación Penal, intervienen el fiscal Ricardo Wechsler y la Sala I del tribunal, que componen Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.


42 PROCESADOS
17 son ex funcionarios y 25 son empresarios o directivos de empresas que pagaron coimas.

17 DETENIDOS
Son los imputados que actualmente están presos en esta causa. Ayer se sumó Oscar Thomas, que estaba prófugo desde hace casi 50 días.

23 ARREPENTIDOS
Son los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. La mayoría son empresarios. Ninguno quedó detenido tras el fallo, a excepción de José López.

US$ 55,4 MILLONES
Es el total de coimas que, según Bonadio, recibieron los recaudadores de la asociación ilícita.

Fuente: elaboración de Chequeado en base al fallo del juez federal Claudio Bonadio.

*Datos actualizados al 19 de septiembre de 2018.


miércoles, 15 de agosto de 2018

El octavo desafuero… @dealgunamanera...


El octavo desafuero…


Qué dice la Constitución Nacional sobre desaforar a un Senador, en este caso a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

© Escrito por Félix Lonigro el miércoles 15/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La historia de la corrupción en la Argentina no ha comenzado a escribirse con la recuperación de la democracia en 1983, sino que arrancó con el contrabando que los porteños desarrollaban desde la época de la colonia. Pero sí puede decirse que ha crecido y se ha consolidado en los últimos 30 años a partir de la inmoral gestión de Carlos Menem, y que adquirió ribetes escandalosos y alevosos durante las presidencias de Néstor Kirchner y su viuda Cristina Fernández.

La justicia de los hombres, por imperio de la muerte, se ha perdido la posibilidad de poner en el banquillo de los acusados al cabecilla de la fenomenal banda que asoló al país a partir de 2003, pero Menem y Fernández, condenado sin sentencia firme uno y procesada la otra, viven y se cobijan en el seno de una institución republicana como lo es el Senado de la Nación, que lejos de ser una guarida de sospechados de haber incurrido durante sus respectivas gestiones en delitos dolosos contra el Estado, por haberse enriquecido con recursos públicos –y por lo tanto de haber atentado contra la democracia en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional-, debiera expulsar a los elementos política e institucionalmente impuros, para mostrar a la sociedad que no todos sus representantes son iguales.

La Ley Suprema ha conferido a  los legisladores dos inmunidades: la de expresión y la de arresto. Lo ha hecho para proteger el vínculo entre representantes y representados; para alentar los debates en ambas Cámaras, protegiendo a los legisladores por eventuales delitos de calumnias e injurias que pudieran cometer en el fragor de los discursos, y para impedir que las pujas políticas puedan provocar improvisadas denuncias contra representantes que, a raíz de ello, pudieran ser suspendidos, expulsados, desaforados y luego detenidos, provocando una merma en la representación. Pero el desarrollo de la corrupción ha sido tan exponencial, que dichos privilegios institucionales parecieran haber mutado a personales, convirtiéndose hoy en día en un escudo protector de quienes han cometido delitos en ejercicio de la función pública. Es por ello que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores deben ser muy estrictas a la hora de conferir protecciones especiales a quienes no hacen más que desprestigiar a las instituciones republicanas.

La atención se concentra hoy en la expresidente Cristina Elisabet Fernández, quien merced a graves imputaciones, está siendo exhaustivamente investigada en sede judicial. Es senadora, y por lo tanto, para que el juez Bonadío pueda proceder a su arresto, resulta indispensable que la Cámara de Senadores la desafore.

Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores deben ser muy estrictas a la hora de conferir protecciones especiales a quienes no hacen más que desprestigiar a las instituciones republicanas.

Según la Constitución Nacional, ello requiere de la existencia de una causa penal en su contra y de la voluntad de los dos tercios de los senadores. La causa está y es escandalosa, pero el oficialismo en el Senado no alcanza a los dos tercios y por lo tanto necesita el apoyo de parte de la oposición, concretamente del peronismo federal.

Si bien es cierto que la Ley Suprema no exige que el juez requiera el desafuero de la senadora sospechada, el sentido común indica que no tiene sentido que la Cámara ponga a Cristina Fernández a disposición de Bonadío si éste no tiene la intención de detenerla. Es por ello que resulta lógico exigir un pedido fundado de desafuero por parte del juez interviniente. Pues a partir de ese eventual pedido, desaforar es potestad del Senado. Es por ello que los jueces, “piden” el desafuero, pero no pueden exigirlo.

La Constitución tampoco prevé si el desafuero exige condena firme, simplemente condena o procesamiento, motivo por el cual es cada Cámara la que debe adoptar un criterio sobre dicha cuestión a la hora de tomar la medida. Para desaforar a De Vido, a la Cámara de Diputados le resultó suficiente que el mismo tuviera más de un procesamiento; pero parece ser que el Senado, en la actualidad exige sentencia firme. El Senado tiene el derecho de adoptar ese criterio, pero resulta escandaloso, porque si bien la sociedad no quiere que sus representantes se vean privados de ejercer esa “representación”, tampoco debe aceptar que sus mandatarios estén tan seriamente sospechados de la comisión de graves delitos.

Los jueces, “piden” el desafuero, pero no pueden exigirlo.

Y algo más: desaforar a un legislador no implica echarlo, sino solo suspenderlo para ponerlo a disposición de un juez que lo requiera con el fin de proceder a su arresto. Es cierto que ello es potestad de cada Cámara, pero no significa que, individualmente, el legislador no pueda presentar un escrito al juez poniéndose a su disposición, lo cual equivaldría a resignar su inmunidad de arresto en el caso concreto. Nada impide que así sea, porque el constituyente asignó a las Cámaras dicha facultad para evitar que el legislador sospechado se niegue a un eventual arresto amparándose en sus fueros, que son individuales y no de la Cámara a la que pertenece, pero no le puede impedir a quien es titular de la inmunidad que la resigne para esclarecer su situación judicial. Lo que es inexplicable es que la situación sea al revés: que el legislador tenga la voluntad de entregarse y que la Cámara a la que pertenece se lo impida.

En el caso de Cristina Fernández, ni ella quiere ponerse a disposición del juez, ni el Senado quiere hacerlo, lo cual indigna a la democracia y desprestigia al Congreso.

En la historia parlamentaria de nuestro país, a nivel nacional se han producido siete desafueros: seis diputados y un senador. El primer desaforado fue Ricardo Balbín en 1949 durante la presidencia de Perón. Le siguieron los diputados Reynaldo Pastor, Miguel Angel Zavala Ortiz, Mauricio Yadarola y Silvano Santander en 1951, también durante la primera presidencia de Perón. Los dos últimos fueron en el período democrático a partir de 1983: Eduardo Angeloz en 1996 con la gestión de Menem y Julio de Vido en 2017, durante la actual gestión. La espantada sociedad argentina merece y anhela que el octavo desafuero se concrete cuanto antes. Sería justo y necesario.


  
(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com 

domingo, 12 de agosto de 2018

Confesión Clave... @dealgunamanera...

Confesión clave…


Ante el juez Bonadio, dejó ver la punta de un iceberg. Cómo bendecía Kirchner.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 12/08/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cierto día, siendo intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez recibió un llamado del entonces presidente Kirchner. “Hay 2.500 viviendas para tu ciudad”, le dijo Néstor. “Hablá con Julio por los detalles”, completó. Julio era –es– Julio de Vido, ministro de Planificación e Infraestructura. Y así lo hizo Juez, quien por ese entonces comulgaba con el incipiente kirchnerismo.

La reunión con el poderoso ministro lo puso frente a una realidad muy distinta. “La obra  la va a hacer Electroingeniería”, fue la orden que emanó del ex funcionario hoy –y seguramente por bastante tiempo más– preso. “Si hacemos eso vamos todos a parar a la cárcel. Hay que hacer una licitación y cumplir la ley”, respondió Juez. Fue el final de aquel proyecto.

Días después el mismísimo Kirchner le recriminó: “¿Qué tiene de malo que Electroingeniería haga la obra?”.

Manos a la obra.

La ciudad de Córdoba se quedó sin esas 2.500 viviendas que fueron a parar a otro lado en donde las autoridades seguramente dijeron amén a esta orden de Kirchner y a su ministro De Vido. Juez contó eso hace muchos años, pero casi nadie le prestó debida atención.  Lo que se está viviendo en la Argentina de hoy es inédito. Los cuadernos de Centeno han producido un efecto dominó que es imparable en su dinámica e imprevisible en su alcance y consecuencias. En ese devenir incierto hay varias cosas que señalar. Una de ellas, la declaración de Carlos Wagner, que ha sido una bisagra. Hasta su testimonio, toda la plata negra circulante de la que se habla en los cuadernos habían caído dentro del rubro aportes para las campañas electorales. A partir del testimonio de Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, la escena cambió. Ya no se habla solo de aportes de campaña sino de coimas para logra la adjudicación de obras públicas. Pero el poderoso empresario hizo algo más: reconoció también la cartelización. Se presentaban siempre las mismas firmas a una licitación de resultado ya fijado y acordado de antemano. Señaló que quien arreglaba esa distribución era De Vido con la aquiescencia de todos los participantes de esta pantomima.

Esta declaración y lo que sucedió con los directivos de Techint terminó por alertar a otros empresarios que no habían aparecido aún en el caso, que comprendieron la gravedad de lo que estas declaraciones significaban también para ellos. Por eso, el viernes se vivió un clima de frenesí en los tribunales de Comodoro Py. Se comprende: cuanto más tarde declara un protagonista de esta historia delictiva más datos comprobables tiene que aportar para poder ingresar al régimen del arrepentido. “Mire que los boletos de la clase económica se agotaron; ahora quedan solo los de clase ejecutiva”, es la frase con la que en los pasillos de Tribunales se grafica esta situación. Hay un detalle que no es menor: ninguno de los que se han presentado a declarar conocen qué y cuánto saben el juez y el fiscal. Este es un dato para tener muy en cuenta. Stornelli ha recabado y obtenido un sustancioso cuerpo probatorio. El trabajo que se hizo desde el mismo momento en que nuestro destacado colega Diego Cabot presentó las copias de los cuadernos a la Justicia ha sido intenso y fructífero. Por eso, cuando en su desesperación por desacreditar toda la investigación el kirchnerismo furioso cuestiona la ausencia de los cuadernos originales, comete un error de apreciación grosero. Los testimonios han sido tan contundentes y resonantes que la etapa de los cuadernos como elemento de prueba ya ha sido superada. En verdad –y para hablar con propiedad– ya no son testimonios sino confesiones.

El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli supieron tener una relación tormentosa en otros días de sus carreras judiciales. Esto ha cambiado y hoy lo que impera entre ellos es la armonía. La incorporación del fiscal Carlos Rívolo es un hecho positivo para la investigación.
   
Es importante tener noción de que lo que estamos viendo es una novela trágica por capítulos, de cuya dimensión no todos tienen una idea acabada. Hay que entender un dato: el halo del “Club de la Obra Pública” se extiende sobre todo el país. Esto quiere decir que, los mismos fenómenos de corrupción que se están descubriendo en obras a nivel nacional, se van a encontrar en muchas otras de nivel provincial y municipal. Y, en este marco, es relevante recordar que todavía falta el “Capítulo Odebrecht”.

Hay temas de fondo. Lo que ponen sobre la mesa los cuadernos no es solo la corrupción del kirchnerismo, sino el financiamiento de las campañas políticas de todos los partidos. El “Club de la Obra Pública” no limitó sus aportes solo al kirchnerismo. Esta situación tiene además consecuencias económicas directas. Uno de los temas en los que se había sembrado una fuerte expectativa es el sistema de PPP (Participación Público Privada). Para lo que fuera el último trimestre de este año, había que empezar a mostrar cierta actividad en las obras.

Cristinizados.

Hoy, todos los participantes en las PPP, tienen directa o indirectamente involucramiento con el tema de los cuadernos, tanto Roggio como Techint, como Esuco, y tantas otras, están todas directa o indirectamente –porque lo hicieron en forma de UTE (unión transitoria de empresas) – en el pasado alguna de las obras vinculadas al kirchnerismo. El riesgo país en 620 puntos indica que hay mucha gente vendiendo títulos de Argentina, sacándoselos de encima y perdiendo plata.

La presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado es una carga pesadísima para el Partido Justicialista. Durante la sesión del miércoles pasado en la que se debatió el proyecto sobre despenalización del aborto, en los pasillos del Senado el tema era el pedido de allanamiento a las oficinas de la ex presidenta. Fuera de su núcleo duro, su figura genera en el peronismo un rechazo profundo. Más allá de lo que se le pueda comprobar, gobernadores y legisladores del peronismo conocen el sistema de corrupción edificado durante el kirchnerato. Muchos de ellos también debieron sufrirlos a Julio de Vido y a José López. Y muchos de ellos buscan explicaciones sobre la fortuna que amasaron los Kirchner durante sus 12 años en el poder.

Es el momento de la Justicia que tiene una deuda enorme con la sociedad. Solo con una Justicia honesta, independiente y con responsabilidad republicana, se podrá recorrer el largo y arduo camino para la construcción de un país más decente y libre de una corrupción que asquea y mata.

Producción periodística: Lucía Di Carlo

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