Lo apodan “la
Justicia”...
Democratización,
una consigna que pateó el avispero. El poder más elitista del Estado. Los que
piensan que eso es un mérito y algunas ideas para mejorarlo. La familia
judicial, habría que agrandar la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y
vacaciones, jueces trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la
visibilidad.
Al Poder
Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi unánime. El
cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa sinonimia, propone llamarlo
por su nombre, no más. La justicia es un anhelo, una plenitud que las
instituciones no logran. La actuación del Poder Judicial, si se la mira bien,
no la consigue casi nunca. Y casi no hay que reprocharlo. Su finalidad esencial
es restaurar equilibrios supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a
dar certezas, fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más
difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la impunidad por
el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable cantidad de casos que se
resuelven por formalidades. Una apelación presentada un rato después de la hora
prevista (o en otro juzgado, por error material) es un mejor camino a la
derrota absoluta que la falta de derechos.
La presidenta
Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar” el Poder Judicial (PJ en
lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un avispero. El oficialismo suele
obrar así, acomete respecto de poderes cristalizados, intocables o poco
tocados. Genera un revuelo descomunal, desata polémicas, batallas culturales.
El fallecido ex presidente Néstor Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín?
¿estás nerviosho?”. Y miren todo lo que sobrevino.
Las revueltas
que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas,
pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades
políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya
arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien
se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.
La convocatoria
es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores
implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de
magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las
vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista,
instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y
escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se
reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se
reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión
contra una cultura del silencio.
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Tropa de elite:
Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio,
vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su
Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año
XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del
Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de
Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio
constitucional de intangibilidad de sus salarios.
El elitismo
deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados.
Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el
sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo
neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y
sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los
legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo
tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.
El cronista se
adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la
boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la
diversidad y atenúe su elitismo.
En un trabajo
profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema
judicial?” http://www.sistemas judiciales.org), el jurista Alberto Binder
clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que
debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes,
gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto
popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella
Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un
servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no
presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La
cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los
académicos, de los abogados como mucho.
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Lo importante es
la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con
lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias
familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos.
Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra
entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los
tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es
tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman
jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de
grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos
bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad
de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales.
Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos
por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida.
Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.
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Hablo para que
no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de
expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del
receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.
Binder da en la
tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información
irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la
comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante
demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y
preocupación”.
A diferencia de
legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para
progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y
les crea.
La notificación
judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con
buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un
mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar
que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el
vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.
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Cuestiones de
(in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario.
Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia
abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear
los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el
fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava
las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los
magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar
decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva,
detallista, restrictiva.
Pero en chocante
contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier
lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar
la inconstitucionalidad de cualquier ley.
Usted, imagino,
supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara
Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con
lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun
en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.
El mecanismo es
ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a
otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que
ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir
inseguridad jurídica...
Una solución que
(horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal
constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar
inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley
se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y
para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en
Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución
es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia
cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.
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Cautelar fácil:
Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también
el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de
protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.
Las prisiones
preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las
cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos
periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante
el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El
saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un
juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.
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La cultura del
trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y
medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un
mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los
ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en
invierno.
Según las normas
vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se
extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es
una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y
jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.
Desde luego, es
un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez,
organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron
desoladoras: ausentismo casi perfecto.
Los magistrados
afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de
hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así,
hay otros que no. El control sistémico es cero.
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Sean eternos
(solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias
frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.
La cantidad de
jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados
vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.
Otro núcleo son
los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo
vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales
diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo
acentúa.
Y los desempeños
de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y
de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la
atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia
comprueba que los factores personales pesan mucho.
Los plazos para
el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por
ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal
superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad
que la Corte se autorregulara y se los impusiera.
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Y mucho más:
Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos
que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de
vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían
comenzarse a trabajar.
No habla,
tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a
satisfacción de nadie.
No se centra en
responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino
porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra
diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos
bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos
señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se
da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática,
inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las
discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.
Ya que de
cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de
procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial.
Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del
pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones
especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su
cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad
sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.
Democratizar la
democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más
sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio
debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.
© Escrito por Mario Wainfeld (mwainfeld@pagina12.com.ar)
el domingo 03/02/2013 y publicado por el
Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
