Las formas importan…
Las formas importan…
En el medio está la gente...
La sociedad sabe que hay crisis y que nada se logra
sin sacrificio. El Gobierno precisa lucidez.
En un sistema republicano las cuestiones de forma hacen a su esencia. La
división de poderes es un pilar fundamental sobre el que se asienta la
estructura institucional de la Argentina. El objetivo de tal condición es
claro: evitar que alguien tenga la suma del poder total. En el transcurso de la
historia, esa fue una aspiración que tuvieron varios líderes políticos: Juan
Manuel de Rosas, Julio Argentino Roca, Juan Domingo Perón, Carlos Menem y,
últimamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de
los Kirchner fue esa división de poderes la que evitó que el proyecto chavista
que encarnaban se concretara.
Algunos puntos del
decreto deben pasar por el Congreso inevitablemente
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) nacieron como un instrumento
que, bajo la justificación de una necesidad extrema y excepcional dieron pie a
una aberración que permitió al presidente de turno eludir la participación del
Congreso en la elaboración de instrumentos legislativos. Menem abusó de los
DNU, lo que llevó a que, con un intento de limitarlos, se reglamentara su uso
en la reformada Constitución de 1994.
Imaginemos por un momento que, en vez de Javier Milei, esto lo hubiese hecho la expresidenta. Desde
esta columna se estarían exponiendo las mismas críticas. De hecho, destacados
abogados profesores de Derecho Constitucional de afinidad ideológica declarada
con el actual gobierno no dudaron en calificar a alguno de los puntos del
megadecreto como inconstitucional. Por lo tanto, hay algunos puntos del decreto
que deben pasar por el Congreso inevitablemente. Si así no fuera, se exponen a
que en el futuro un gobierno de signo contrario elimine también de un plumazo
lo que hoy se quiere imponer del mismo modo.
Los resultados de todas medidas serán los que terminarán de darles su
vigencia. Si los prometidos beneficios se hacen realidad, las ideas de Milei
tendrán terreno fértil y cambiarán la cultura política de la sociedad. Si no,
retornará lo mismo que se acaba de ir, pero mucho peor. Es un riesgo demasiado
grande como para cometer errores de forma que condicionan todo el armado.
El Gobierno sabe que el
momento de acelerar con medidas antipáticas es ahora
“Si el Presidente hubiese enviado una parte del decreto como proyecto de
ley al Congreso de la Nación, no tengo dudas de que hubiese tenido mejor
recepción general y que habría tenido el apoyo de la mayoría en ambas Cámaras.
Estoy de acuerdo con el Fondo de las medidas, pero no puedo aceptar el camino
elegido para imponerlas”. La reflexión pertenece a una diputada nacional del
ala dialoguista de Juntos por el Cambio y demuestra claramente que las cosas
podrían haberse hecho mejor. Al fin y al cabo, parte del peronismo no
kirchnerista también habría apoyado las medidas en el Parlamento dejando en
soledad al kirchnerismo duro y los sectores más radicalizados de la izquierda.
Sin embargo, para el Presidente este DNU es algo más que una batería de medidas
políticas. Forma parte de su concepción del poder, y de su batalla contra la
burocracia de “la casta”. Victoria Villarruel, desde el Senado, y el presidente
de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya están tejiendo alianzas para intentar tomar
el control de la comisión bicameral permanente que controla los DNU. En el
Gobierno son optimistas y alegan que “en los 40 años desde el regreso de la
democracia nunca se rechazó un DNU”. El problema es que esto no termina aquí.
Apenas una parte de lo que viene es la ley de reforma tributaria. Son, al
menos, 10 capítulos con decenas de artículos que versan sobre el blanqueo,
retenciones, posibles moratorias, impuestos internos y la polémica vuelta de
ganancias. Quienes conocen el derrotero de leyes, decretos y normas para
desregular la economía y todos los aspectos que hacen a la vida en sociedad que
eran controlados por el Estado aseguran que el camino será áspero por lo menos
hasta fines del mes de mayo. En el Gobierno saben que el momento de acelerar
con medidas controvertidas o antipáticos es ahora. La pregunta sigue siendo la
misma: ¿podrá la gente de a pie soportar algunas de las consecuencias de estas
medidas de apertura? Es cierto que la liberación de precios es consecuencia
directa de los desastres del gobierno anterior. La inflación –que recrudecerá
al menos hasta marzo– es responsabilidad del gobierno de los Fernández y, en
especial, de la irresponsabilidad del exministro candidato Sergio Massa, pero las
consecuencias actuales las sufre la gente, y es una incógnita el tiempo que
podrán sostenerse en pie ante la llegada del sinceramiento de precios percibido
como un ajuste descomunal.
Argentina pelea por volver a ser un país normal. Los 20 años de kirchnerismo
hicieron estragos. Se libra una batalla cultural que tendrá en pie de guerra a
los Belliboni de la vida, los D’Elía y los Grabois. Lo peor que puede pasar es
quedarse a mitad de camino. El Gobierno deberá tener la lucidez suficiente para
administrar dos años de tragos amargos. Nada se logra sin sacrificios, pero en
el medio está la gente.
Medidas económicas de Luis Caputo: 10 datos para entender lo que anunció…
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció 10 medidas económicas que marcan el inicio de
la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza). En esta nota, Chequeado te explica todas ellas con datos de contexto para
entender qué fue lo que anunció el flamante ministro.
© Escrito por Manuel Tarricone, Lucía
Gardel y José Giménez el miércoles 13/12/2023 y publicado por Chequeado.com de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
El
Ministro de Economía emitió un mensaje grabado en el que anunció las primeras
medidas económicas de la gestión del presidente Javier Milei. Tipo de cambio,
subsidios, obra pública, importaciones, empleo público, publicidad oficial,
transferencias a las provincias, planes de empleo y políticas sociales. En esta
nota, datos de contexto sobre los 10 anuncios de Caputo.
1- “Se decreta la
suspensión de la pauta oficial”
Caputo
señaló que el Gobierno nacional suspenderá por un año la publicidad oficial en
medios de comunicación, algo que ya había adelantado el
vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa matutina.
De
acuerdo con datos oficiales del
Ministerio de Economía de la Nación, en lo que
va de 2023 el Estado nacional gastó $ 33.477 millones en “Prensa y Difusión de
Actos de Gobierno”. Los datos llegan hasta el 4 de diciembre
último, es decir, antes de la asunción de Milei. El presupuesto anual vigente
de este ítem es de $ 40.807 millones, es decir que hasta ahora se gastó el 82%
del presupuesto. En 2022 se gastaron $ 13.121 millones en este programa. Si se
ejecuta todo el presupuesto previsto para 2023, las partidas para publicidad
oficial registrarán un aumento real del 34,6%.
En
la Argentina no existe una ley que regule los criterios de reparto de la
publicidad oficial. Hay resoluciones de la Secretaría de Comunicación Pública de
la Nación que determinan requisitos para que los medios reciban pauta oficial y
establecen criterios de reparto, como el alcance del medio, zona geográfica,
pertinencia del mensaje y fomento del federalismo y pluralidad de voces.
2- “Los ministerios bajan
de 18 a 9”
Javier
Milei formó su
gabinete con 9 ministerios, la mitad de los que existían al
final de la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos). Así,
a partir de esta semana el Poder Ejecutivo cuenta con los siguientes
ministerios: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
Defensa; Economía; Seguridad; Salud; Justicia; Infraestructura y Capital
Humano. Seis de los ministerios ya existían con ese nombre y uno cambió su
denominación. Por su parte, Capital Humano e Infraestructura son nuevos y
concentran varias áreas.
El
gabinete de Fernández comenzó en
2019 con 20 ministerios y finalizó con 18; Mauricio Macri (Cambiemos) arrancó
con 20 y terminó con 11. Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la
Victoria) terminó su mandato con 16 ministerios. Eduardo Duhalde (PJ) y Néstor
Kirchner (Frente para la Victoria) gobernaron con 10 ministros,
respectivamente.
En
términos de género, Milei conformó un gabinete que cuenta con un 33% de
representación femenina. Si se tienen en cuenta todas las
designaciones de ministros y ministras a lo largo de cada administración, hasta
el momento la de Milei es la que cuenta con un mayor porcentaje de
representación femenina. En términos absolutos, teniendo en cuenta toda la
gestión, el gobierno del Frente de Todos fue el que más ministras mujeres tuvo
(9).
En los primeros 10 meses de 2023 el Gobierno destinó $ 2,1
billones a los subsidios a la energía.
Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP), esto
representó una caída real (es decir, contemplando el efecto de la inflación)
del 25,2% con respecto a igual período de 2022.
De acuerdo con los datos de la empresa mixta Cammesa (la
distribuidora mayorista de energía eléctrica), en octubre de 2023 el Estado
cubrió el 60% del costo total de la energía. Es decir que los usuarios a través
de las tarifas pagaron el 40% de lo que costó efectivamente producir la
electricidad que consumieron. En el caso de los usuarios residenciales con
subsidios, sólo pagaron el 17% del costo total de la tarifa y el resto lo
cubrió el Estado.
En el caso del gas natural, los últimos datos disponibles del Enargas (de
principios de 2023) muestran que en promedio el Estado nacional asumiría en
2023 el 67,3% del total de la tarifa.
En cuanto al transporte, los subsidios insumieron hasta octubre
último $ 718 mil millones, lo que significó un
incremento del 12,4% real con
respecto a los primeros 10 meses de 2022.
De acuerdo con los cálculos del Gobierno anterior, actualmente el Estado
cubre el 90% del boleto promedio de colectivo, mientras que los usuarios pagan
sólo el 10%. Según estos cálculos, el precio promedio del boleto sin subsidios
para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sería de $ 422. Sin embargo,
la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) indicó
que en noviembre último el costo real del boleto fue de $ 541.
El presupuesto vigente de 2023 para el programa Potenciar Trabajo
es de $ 998 mil millones. En lo
que va del año se gastó el 89% de ese total, con datos actualizados hasta el 4
de diciembre.
Potenciar Trabajo es un plan de inserción laboral que
unificó iniciativas previas -como Hacemos Futuro y el Salario Social
Complementario-. Los titulares de este programa participan a través de
proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través
de la terminalidad educativa. El objetivo, según la web oficial del ex Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, es “promover la inclusión social plena para personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.
A partir del 1 de enero de 2024 se transfieren las
personas titulares del Programa Potenciar trabajo al Programa de inclusión
laboral. Los datos oficiales del ex Ministerio de Desarrollo Social indican
que hasta agosto de 2023 el programa contaba con
1,2 millones de beneficiarios. Los beneficiarios del
Potenciar Trabajo cobran mensualmente el 50% de un Salario Mínimo Vital y
Móvil. Actualmente, el salario mínimo es de $ 156 mil, es decir que los
beneficiarios del Potenciar Trabajo perciben $ 78 mil mensuales.
Caputo señaló que el Potenciar Trabajo se mantendrá “de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 2023”. Es decir que, en un
contexto inflacionario, se espera que el valor real del programa disminuya.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una suma
mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están
desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio
doméstico. El programa se creó en 2009 y a julio de 2023 cuenta con 4,1 millones de beneficiarios.
Según datos de la ASAP, entre enero y octubre de 2023 la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinó $ 548 mil millones al pago de la AUH. En
términos reales, agrega ASAP, esto representa una caída del 14,5% respecto del
mismo período de 2022. Desde diciembre de 2023, el monto de la AUH es de $ 20.661 mil, es decir que si se duplica, como anunció
Caputo, llevaría el monto mensual a $ 41.332.
Por su parte, el Programa Alimentar consiste en una
transferencia monetaria a familias para la compra de alimentos. Está dirigido a
personas con hijos de hasta 14 años que cobran la AUH y a embarazadas a partir
de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo o las personas con
discapacidad que perciben la AUH. El requisito para acceder al programa es ser
beneficiario de la AUH.
En lo que va de 2023, el ex Ministerio de Desarrollo Social
destinó $ 593 mil millones a este programa, con un presupuesto vigente de $ 611
mil millones. Actualmente, la Tarjeta Alimentar representa un monto de $ 22 mil mensuales para las
familias con un hijo; $34.500 con 2 hijos; y 45.500 con 3 hijos. Si se
incrementa en un 50%, como mencionó el ministro de Economía, la transferencia
mensual por hijo sería de $ 33 mil (un hijo), $ 51.750 (2 hijos) y $ 68.250 (3
hijos).
Hasta noviembre de 2023, los ingresos de una familia con
un hijo que cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar (un total de $ 34 mil) habían caído en términos reales un 24% con respecto a
igual mes de 2022.
Con los datos actualmente disponibles, no es posible saber cuánto
personal del Estado nacional tiene menos de 1 año de contrato, pero sí se puede
conocer cómo se compone el empleo estatal del Gobierno nacional.
Como se explica en esta nota, esa
información está contenida en la Base Integrada
de Empleo Público (BIEP) de la Subsecretaría de Empleo Público
de la Nación, que cuenta con información detallada de los puestos de trabajo de
cada una de las dependencias nacionales, desde 2010 hasta la fecha.
De acuerdo con esta base, en mayo de 2023 (último dato disponible)
se registraron 403 mil
empleados en el Poder Ejecutivo Nacional
(incluyendo organismos autárquicos, como el PAMI o la AFIP, y el personal de
las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas).
De ese total, 202.300 corresponden a fuerzas de seguridad; 98.500
a personal de planta permanente (es decir, que cuentan con estabilidad en el
cargo); 23.800 es personal concursado (que se sometió a un proceso de selección
en competencia con otros postulantes); y 5.800 son empleados de planta temporaria
(no cuentan con estabilidad total).
En relación con la medida anunciada por Caputo, en mayo de
2023 existía un total de 72.500 personas contratadas, de las cuales 70.100 eran a plazo fijo (es decir, que contaban
con fecha de finalización y el Gobierno podría decidir no renovarles), mientras
que casi 2.400 eran por tiempo indeterminado.
Como se explica en esta nota, se llama
“transferencias discrecionales” a aquellas que no están reguladas por la Ley de
Coparticipación Federal y pueden ser repartidas según la
voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad
establecido de antemano.
Este tipo de transferencias pueden ser “corrientes” (destinadas a
solventar gastos tales como el pago de sueldos, por ejemplo) o “de capital”
(utilizadas para la realización de obras públicas).
De acuerdo con datos de la
ASAP,
hasta octubre de 2023 el Gobierno nacional giró a las provincias poco más de $
1 billón destinados a gastos
corrientes. Se trata de
una caída real del 5,7% con respecto a igual período de 2022,
principalmente a raíz de menores giros en concepto de asistencia financiera y
de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En tanto, las
transferencias de capital a las provincias acumularon en los primeros 10 meses
del año $ 387 mil millones, una caída real del 4,9%.
Como se explica acá, para medir
el nivel de inversión en obras públicas es necesario sumar 2 indicadores que se
informan junto con la ejecución del presupuesto nacional: la inversión real
directa (que incluye los gastos en obra pública y otras erogaciones de capital,
como la compra de equipos y maquinaria) y las transferencias de capital (que
suman los recursos que el Gobierno nacional gira a las provincias y los
municipios para la realización de trabajos de infraestructura).
De acuerdo con los últimos datos oficiales, hasta
octubre último las transferencias de capital totalizaron casi $ 1,4 billones,
mientras que la inversión real directa fue de $ 562 mil millones. Se trata de un
incremento real del 2,4% con respecto a igual período de 2022.
No hay una única forma de ponderar si el valor del dólar está
atrasado o no respecto de otras variables de la economía, como se explica en
esta nota.
Una de las formas de saberlo es a través del Índice de Tipo
de Cambio Real Multilateral. Esta estadística, que se expresa a través
de un índice elaborado por el Banco Central, mide el precio relativo de los
bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los de sus 12
principales socios comerciales para determinar cuál es el valor real de la
divisa.
Los datos del índice se comparan con respecto a diciembre de 2015.
De acuerdo con la serie histórica, el punto más alto se registró en mayo de
2002, cuando superó los 200 puntos luego de la salida de la Convertibilidad decretada por el
entonces presidente Eduardo Duhalde (PJ), que produjo una devaluación que llevó
el valor del dólar inicialmente por encima de los $ 3.
El tipo de cambio real multilateral se ubicaba, previo a la
devaluación anunciada por Caputo, en 81,2 puntos, el registro más bajo registrado desde el
final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria)
en diciembre de 2015.
El Sistema de
Importaciones de la República Argentina (SIRA) comenzó
a funcionar en octubre de 2022 en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo
de Importaciones (SIMI).
El SIRA es un procedimiento de permisos electrónicos para
gestionar las importaciones, coordinado por la AFIP. Los importadores deben
llenar una planilla en la que tienen que detallar los productos a importar y
demostrar que cuentan con los fondos necesarios para hacer frente a la compra.
La AFIP cuenta con 90 días para aprobar la importación y, si no lo
hace en ese plazo, el trámite queda anulado.
El uso del SIRA fue cuestionado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que denunció
demoras de más de un mes en la autorización de las importaciones y la existencia
de una deuda comercial (es decir, importaciones que se efectuaron pero no se
pagaron) de más de US$ 40 mil millones.