Causas pendientes…

2x1= -3 Elena Highton de Nolasco. Foto: Pablo Temes

La Corte debe atender sus cuentas internas, además del 2x1. Denuncias made in Brasil.

Hacía mucho tiempo que el Congreso no era protagonista central de la vida institucional del país. Ese rol lo retomó en la semana que pasó cuando, con conciencia política, apuró la sanción de un instrumento legal que clausura definitivamente la posibilidad de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La marcha del miércoles fue un hecho contundente. El repudio social terminó de legitimar las críticas a la aplicación del 2x1 que ya habían sido expresadas por la mayoría del arco político y por muchos de los integrantes del Poder Judicial. La aprobación en forma unánime por parte del Congreso de la norma mencionada en el párrafo anterior sirvió para bajarle el volumen político al documento que en la Plaza de Mayo leyeron Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.

Un experimentado juez acostumbrado al diálogo y a la generación de consensos expresó lo que está en la mente de muchos miembros de la Justicia: “El fallo fue desastroso, innecesario e incomprensible. Para ser juez supremo, además de un conocimiento técnico sostenido, hay que tener cintura política. El prestigio de esta Corte se acabó por los tres que votaron de forma extraña”.

En los pasillos de muchos tribunales se piensa que Elena Highton de Nolasco –la ministra que junto a sus pares Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz votaron a favor de otorgar el beneficio del 2X1 al condenado Luis Muiña– deberá hacer malabarismos para permanecer en su cargo porque ahora tiene puesta sobre sí la lupa del bloque peronista del Senado. La especulación política sobre el porqué del fallo y su oportunidad estuvo a la orden del día.

¿Tuvo Mauricio Macri algo que ver con el fallo? Tres fuentes distintas que conocen al dedillo lo que pasa en el seno de la Corte coincidieron en una respuesta: “No”. De todas maneras, el Presidente reaccionó tardíamente. Su rechazo al fallo debió haber sido inmediato. En el interior de la Corte se vive un estado de revuelo como hacía mucho tiempo no se veía. Sobre sus miembros también recae la sospecha de maniobras con trasfondo político. Del lado del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti –cuyo voto, que terminó siendo el más razonable en cuanto a los argumentos lo dejó, junto con Juan Carlos Maqueda, mejor parado ante la opinión pública–, parecería demasiado rebuscado pensar el fallo como una jugada para conservar el poder.

El día de acuerdo de la Corte, los secretarios letrados acercan a la sala las fojas con las decisiones para su revisión y firma final. No es usual que un juez deje firmado de antemano un fallo de esta envergadura, es decir que todos pudieron revisarlo y firmarlo. Por lo tanto, si algún ministro advirtiera o sospechara una maniobra conspirativa tendría la oportunidad de discutirla con sus pares. Además, los jueces del voto mayoritario no son tan ingenuos.

“Del lado de los tres jueces que conformaron la mayoría –asegura otra fuente de vasto conocimiento de los pasillos de Talcahuano 550– sería un costo muy alto para una maniobra política. Aunque hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente, cuando no había apuro para hacerlo”. En esa línea dos de los tres ministros que firmaron fueron Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Uno fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kirchner entre 2004 y 2005, la otra, nombrada por el mismo presidente en 2004.

Cuando parecía que el fin de la semana traería alivio para el Gobierno, se reabrió el caso que compromete a Gustavo Arribas.

Repasémoslo brevemente. La causa se inicia por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, a raíz de una publicación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en la que se manifiesta que el actual jefe de inteligencia argentino recibió en cuentas suyas en Suiza por lo menos cinco transferencias por US$ 600 mil de parte de Leonardo Meirelles, operador financiero condenado en Brasil por el escandaloso Lava Jato.

La causa cayó en manos del fiscal Federico Delgado y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Para demostrar efectivamente dichas transferencias era necesario por lo menos tomar dos medidas de prueba: por un lado, pedir al banco suizo los movimientos bancarios de Arribas y por otro, pedir la declaración del arrepentido Meirelles como testigo. El fiscal Delgado impulsó la investigación y le pidió al juez que se realizaran estas medidas que, sin embargo, no fueron efectuadas. Dos meses después de iniciada la causa, el juez Canicoba Corral sobreseyó a Arribas. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Sostuvo que el fiscal había propuesto “una investigación abierta”, con lo cual faltaba un delito concreto para imputarle a Arribas.

Todo se da en el marco de múltiples investigaciones relacionadas al posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La causa mayor es la del presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña a funcionarios de nuestro país en el marco del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

El contrato del soterramiento lo ganó una unión transitoria de empresas que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (en ese momento empresa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y Comsa-EMTE. Es curioso que la declaración de Meirelles se dé en la causa que parece ser la menos trascendente de todas, la de Aysa. Por eso será que cuando les preguntaron a los arrepentidos si conocían a Carlos Ben (presidente de Aysa) o si recordaban algo de la planta de Aysa dijeron que no.

Pero lo más llamativo es que no recordaban ningún nombre salvo el de Gustavo Arribas. Es decir, al ser consultados por Julio De Vido, por Ricardo Jaime o por José López (los investigados en la causa a cargo de Martínez de Giorgi) ninguno reconoció conocerlos ni recordar sus nombres. De todos modos, no cerraron la puerta respecto de la participación de ellos; sostuvieron que van a chequear la documentación y ver los nombres.

Todas estas incógnitas deberán ser esclarecidas por la Justicia. Mientras tanto, la situación de Arribas es complicada. La reapertura de la investigación ha sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal en lo Penal y Correccional integrada por el cuestionado juez Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglio. También Elisa Carrió y Graciela Ocaña, flamante incorporación de Cambiemos, pidieron lo mismo. El Presidente está en problemas.

Producción periodística: Santiago Serra, con la contribución de Lucía Lopreiato. 

Fin de hegemonías… @dealgunamanera...

Fin de hegemonías…

“CORTO SUPREMAS” Ricardo Lorenzetti. Foto: Pablo Temes.

Cristina y Lorenzetti parecen enfrentar nuevos vientos internos. De la sucesión política al 2x1. 

El peronismo de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por la puja de intendentes que van y vienen negociando el armado para presentar la mejor opción electoral, implosionó. Las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en las que habló de su posible no participación en las elecciones legislativas de octubre próximo –“me excluyo” dijo– generaron no sólo revuelo sino también dinamitaron el hormiguero y abrieron negociaciones, acercamientos y traiciones como las que en los momentos de crisis arrecian en el peronismo para el cual el llano significa ni más ni menos que un verdadero calvario.

Los militantes kirchneristas enfervorizados ya piensan en un operativo clamor, pero también en la redacción de un nuevo relato triunfador que justifique “el reposo del guerrero o la heroína” –asegura un disidente que hoy mira desde el otro lado del peronismo.

De todos modos hubo muchos a quienes lo que sorprendió no fue la determinación de CFK sino la antelación con la que comunicó la novedad. Por eso, esto cayó como una bomba que generó disgregación en los intendentes del Conurbano tanto en los que juegan a dos puntas como en los que no. En ese universo variopinto muchos se han acercado en estos días a Florencio Randazzo. Entre los que juegan a dos puntas hay figuras como Julio Pereyra, el eternizado intendente de Florencio Varela, quien llegó a decirle al equipo del ex ministro del Interior que para apoyarlo debía tener la potestad de diseñar el armado de la lista. “No. La lista es de unidad. Si no es así armamos una que les compita a ustedes y te aseguro que ganamos” –fue la tajante respuesta de Randazzo al barón del conurbano bonaerense.

Entre los que van y vienen, a los que en la jungla de la interna del PJ se los denomina infieles –si es que en política en general y en la interna peronista en particular la fidelidad sigue siendo un valor– Martín Insaurralde está generando cierto malestar. Aunque es entendible que ambicione lo mejor para su futuro, se junta con los principales referentes del ex ministro pero mantiene contactos fluidos con Daniel Osvaldo Scioli, hoy más que nunca envalentonado con la decisión de su ex jefa política.

Desde el randazzismo aseguran que el intendente de Lomas de Zamora sigue con un pie adentro de su espacio pero le achacan su incorregible vedetismo, puesto a relucir por las promesas del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires que le ofrece mejor cartel. Como se ve, en la vida de Insaurralde los tiempos del Bailando por un sueño no quedaron atrás. Claro que las cosas son un poco más complejas aún, ya que si la candidata bendecida por el Frente para la Victoria –denominación en vías de una posible extinción– fuese la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, el futuro político de Insaurralde quedaría en abierta disputa con la mujer fuerte del Gran Buenos Aires.

Hay quienes creen que, en verdad, CFK espera –y anhela–un operativo clamor, un ruego de los fieles que le permita volver con la épica kirchnerista. Lo cierto es que, mientras tanto, Scioli y Randazzo brindan con champagne, cada uno por su lado: Scioli porque tendría algo más de libertad para el armado de su lista, aunque no son pocos los que están convencidos de que no faltará mucho para que “la jefa” le haga sentir el peso del poder que aún conserva. Randazzo porque se tiene más fe compitiendo contra el ex motonauta que contra la ex presidenta a los fines de obtener que, si las cosas salen como se espera, el kirchnerismo quedará atrás.

Ante este panorama que ofrece la interna del peronismo, en el oficialismo están recalculando. Si finalmente CFK no se presenta, deberán esperar a saber quién será el nuevo candidato que asome para decidir si sostiene la polarización o se tendrá que cambiar de estrategia. Ante la sorpresa por lo que pareció un anuncio, se escucha en los ámbitos del Gobierno un análisis que claramente tiene más que ver con la psicología del poder alumbrada por las encuestas.

“Al día de hoy, y muy a pesar del retardo en el repunte de la economía, es más probable que Cristina pierda ante un candidato oficialista –Esteban Bullrich o cualquier otro– a que gane”–asegura un operador político del oficialismo. Allí se evalúa que no se trata de la figura personal del candidato sino de la tracción que ejerce sobre la elección la imagen personal de María Eugenia Vidal y del propio Mauricio Macri (éste último no por empatía o simpatías personales que el votante del Conurbano profundo pueda sentir por él, sino por asociación como líder del cambio). “CFK nacionalizaría la elección y hoy, después de la película de Santa Cruz, nadie está seguro de que eso sea bueno para ella”–asegura la antedicha fuente.

En el Gobierno ya se convencieron de que la economía no tendrá el tan esperado y tantas veces anunciado despegue. Hay un déficit fiscal fenomenal que no se ha reducido ni se reducirá en un año electoral como éste.

Fallos. 

La Corte Suprema de Justicia impactó a todos con su inesperado fallo que reinstaló el beneficio del 2x1 nada menos que para los delitos de lesa humanidad. Sorprendió que dos de los tres ministros que lo firmaron hayan sido Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Rosatti fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005 y Highton de Nolasco, a su vez, fue nombrada por el entonces presidente en 2004. El 2x1, artilugio legal que buscaba beneficiar a quienes sin tener una condena pasaban largo tiempo en prisión, fue derogado en 2001.

El muy criticado fallo hace una interpretación literal del artículo 2 del Código Penal. “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna” y no una lectura constitucional. Este último aspecto es clave, porque de este enfoque constitucional se desprende que, por el reconocimiento que hace la Constitución Nacional reformada en 1994 de los pactos internacionales, los delitos de lesa humanidad están fuera de esos eventuales beneficios. Pero, además de estos aspectos legales, el fallo representa una novedad en la vida interna de la Corte de alto impacto judicial y político: el fin de la hegemonía de su presidente, Ricardo Lorenzetti.

Producción periodística: Santiago Serra. 

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Conciencia de clase…

Las patronales y Macri, un compromiso vacío. Los sindicalistas, convidados de piedra. El Consejo del Salario, con cuchillo bajo el poncho. La protesta de los universitarios, otra marcha masiva. El oficialismo consigue la unidad de sus opositores. La asfixia presupuestaria como política educativa. Bonadio, un fallo a pedir del Gobierno.

© Escrito por Mario Wainfeld el domingo 15/05/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Quién piensa que el presidente Mauricio Macri gobierna para los ricos? Para empezar, los muy ricos. La escenografía del Salón Blanco de la Casa Rosada el lunes fue sintomática.

La flor y nata de las patronales puso el cuerpo para firmar un compromiso chirle y aplaudir el lacónico discurso presidencial. Si las elecciones se ganaran con mayoría de capitales, Macri tendría asegurado un futuro venturoso.

Se los convocó a las apuradas, se les pidió un gesto mínimo. Así y todo hubo resistencias de empresarios “que no despiden” y que rehusaban firmar la promesa de privarse de lo que no hacen… perdón por el trabalenguas: no es toda culpa del cronista. Se persuadió a los remolones: se trataba de un gesto sin sustancia. Los despedidores seriales, por su parte, corcovearon. Se los persuadió, era sencillo. No habrá pena alguna si violan la palabra empeñada: no reducir los planteles de trabajadores durante un trimestre. Tan es así, que ya están echando gente, con la tinta de la firma fresca.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, reconoció que para los burladores solo habría “sanción social”. La elocuencia no es su fuerte y le cuesta hasta sonreír. Cuando le preguntaron si el Estado firmaría un compromiso similar respondió que era una idea interesante. En fin.

Un vistazo sobre la concurrencia y sobre el elenco gubernamental mostraba una aplastante mayoría de varones, millonarios en dólares. Machista la derecha real existente.

El Gobierno se movió para promover la jornada. Dejó afuera al Estado que no debe entrometerse en la lógica virtuosa de los mercados.

Para los memoriosos, el cuadro evocó al juramento de Ricardo López Murphy como ministro de Economía de la Alianza, en marzo de 2001. López Murphy fue mucho más ovacionado entonces que Macri ahora anunciando un plan de ajuste feroz, que clavaba los dientes en las universidades. En aquel remoto entonces, se produjo un cisma en el oficialismo. Renunciaron ministros boinas blancas fieles a la mejor tradición radical, a la Reforma Universitaria. Federico Storani de Interior, Hugo Juri de Educación. Eran otros tiempos, fue tal vez un adiós digno de un sector de la UCR.

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Para la luz alcanza: Si el número de personas todavía cuenta, el oficialismo debería preocuparse por la movilización de la comunidad universitaria el jueves pasado. Las marchas son parte visible del fenómeno sin agotarlo: impactaron por la cantidad de participantes. También por la pluralidad de actores: docentes, no docentes, alumnos. La diversidad ideológica se expandió desde la izquierda hasta Franja Morada, pasando por el kirchnerismo y por gentes no encuadradas que reivindican sus derechos.

La movilización dista de ser un gesto aislado: forma parte de planes de lucha, paros activos, clases públicas dictadas en la calle.

Un mini milagro recurrente consigue el macrismo, semana tras semana. Provoca la “unidad en la acción” de agrupaciones, gremios o partidos distintos y hasta enfrentados. Las dos CGT y las dos CTA el 29 de abril, en un acto imponente. La Conadu y la Conadu histórica, en estos días.

La movilización tuvo impacto directo en las paritarias con el ministro de Educación Esteban Bullrich. En menos de 24 horas mejoró las mezquinas propuestas para los sindicatos docentes. No aceptaron la nueva oferta aunque sí las consultarán con sus bases. El Gobierno se avino a superar la falaz valla del 25 por anual, que nadie toma en serio, a esta altura de la soirée.

Los sueldos son un rubro importante del Presupuesto pero no lo agotan. Bullrich ensaya un discurso minimalista, irritante: aduce que es falso que los presupuestos universitarios no alcanzarán para pagar la luz. Tal vez ese sea el techo que sueña el gobierno para la educación pública: muy bajo para los niveles de conciencia y de derechos de quienes reclaman.

El desdén por la educación pública y la ofensiva contra las universidades, en especial las del Conurbano bonaerense, vienen en combo. Extrovertirlo queda feo, es “sarmientinamente incorrecto”. La asfixia presupuestaria parece ser el método adoptado, menos ostensible y franco que los cierres. La táctica instrumenta el viejo adagio “no te morirás pero te irás secando”.

Cuando Macri shoteó al impresentable Juan Cruz Ávila y nombró Secretario de Políticas Universitarias al radical Albor Cantard, hubo alivio de rectores y decanos. Más allá de las banderías, era un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral alguien de la comunidad, se imaginaba que obraría con coherencia. Por ahora no sucede. Habrá que ver si rectifica las políticas o si da un paso al costado decoroso como hizo en su momento el correligionario Juri.

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Si te hace falta un consejo…: Macri pretendió que dirigentes de las dos CGT participaran de la liturgia con los empresarios. Discriminó a las dos CTA, fea la actitud.

Se convocó a los jefes cegetistas con antelación irrisoria y se les pidió una adhesión imposible. Los gremialistas se negaron. Se llevaron como premio consuelo un par de berrinches presidenciales y una convocatoria al Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y móvil. Será el jueves 19 próximo.

La institución fue reflotada (o, mejor, recreada) por el presidente Néstor Kirchner en 2004 tras años de una hibernación que superaba a la de Walt Disney. Se reunió anualmente y se sumó a la CTA a los encuentros.

El ministro Jorge Triaca quiere sumar a la agenda del Consejo al ausentismo, las adicciones (que lo causarían) y la productividad. Bajo el poncho del tripartismo injerta demandas patronales y estigmatiza a los trabajadores, en especial a los jóvenes. Descontar parte del sueldo a huelguistas es un ítem de la agenda punitiva.

La Vulgata mediática periodística haragana dice que el Salario Mínimo Vital y Móvil rige solo para los formalizados. En verdad, es un derecho de todos los trabajadores, birlado por los empleadores que evaden las cargas sociales. El “trabajo en negro” es consecuencia de las evasiones o delitos de los patrones. Dista de ser un “flagelo”, una pseudo tipificación que funciona como coartada. Es un perjuicio contra una clase generado por otra. Las clases sociales existen, la explotación también.

“El campo” es el sector productivo puntero en negrear trabajadores. También se lleva medalla de oro en el mal llamado “trabajo infantil”. El “flagelo” podía haber comenzado a mermar el lunes si la arenga de Macri hubiera conmovido al ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile y al titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere o las corporaciones que representan. Pero la “responsabilidad social” es un mito urbano. No hay que esperar milagros.

La Corte Suprema mínima que preside Ricardo Lorenzetti ahondó la indefensión de los trabajadores rurales al sentenciar contra la constitucionalidad del Registro Nacional de trabajadores y empleadores agrarios (Renatea), creado por el kirchnerismo. La sensibilidad laboral nunca fue el fuerte de Lorenzetti.

La Corte interesante que construyó Kirchner se desvirtuó con el fallecimiento de Enrique Petracchi y la renuncia de Raúl Eugenio Zaffaroni. Los dos mejores magistrados del Tribunal ya no están. Tampoco la fallecida Carmen Argibay y el renunciante Carlos Fayt. La merma es cualitativa, no solo cuantitativa.

No se cierra un organismo oficial como Renatea en un santiamén. Lo primero que hizo el gobierno fue frenar sus actividades: regulación del trabajo agrario, garantizar la lucha contra la explotación y la trata laboral. Como frutilla del postre: se discontinuaron las inspecciones que realizaban el Ministerio de Trabajo y la AFIP. La explotación y la evasión se liberaron del control estatal.

Para cerrar un círculo, los trabajadores de Renatea se declararon en estado de asamblea permanente anteayer. Denuncian que el gobierno ha resuelto cesar a todo el personal. Son centenares en todo el país, revistan en planta. Un par de días antes el ministro de Planeamiento, Andrés Ibarra, había prometido el fin de los despidos en el Estado.

El paradigma neo con se plasma por doquier. La clase alta va al Paraíso, aupada por dos poderes del Estado democrático.

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Agenda y despidos: La ley de emergencia ocupacional se discute con subterfugios y contrasentidos. El oficialismo se desespera porque limitará los despidos, aunque afirma que no los hay. Y alerta que se desalentará la creación de nuevos empleos, que quedan excluidos de la cobertura de la posible ley.

El macrismo se exaspera porque la oposición parlamentaria ha dejado de funcionar a su antojo. El sindicalismo y la comunidad universitaria también. Son reacciones pluri clasistas, consecuencia de las políticas públicas.

Muchos de los quejosos habrán votado por Cambiemos el año pasado. El contrato electoral catch all fue traicionado por un gobierno que quita derechos, aumenta tarifas y llevó la alta inflación preexistente a la estratósfera.

Claro que la inflación previa iba a la par de aumentos del salario real y un nivel de consumo elevado. La actual convive con recesión, y la merma del consumo popular.

Un catedrático de la Universidad Torcuato Di Tella, Juan José Cruces, remarcó un dato importante en un reportaje concedido al periódico El Cronista: “cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario”. No fue magia, ni es casualidad.

La intención del gobierno neocon “desarrollista” es un boom de inversiones capital intensivas, ligadas a la exportación o al consumo de las clases medias altas para arriba.

El turno de los trabajadores, el crecimiento masivo del empleo y la redistribución de la riqueza no asoman en el horizonte. Ni en la hoja de ruta.

Los argentinos que se suman a las distintas facetas de la protesta social empiezan a notarlo y a hacerse oír.

Chauchas y palitos… @dealgunamanera...

Chauchas y palitos…

Es indiscutible que la cultura organiza de un modo concreto el mundo que nos rodea y a partir del cual se articulan formas de relación social. Es así que la cultura, no sólo se corresponde con el acondicionamiento estructural de esa socio-espacialidad que nos habita, sino que también interviene en su producción.

© Escrito por Mariana Mansilla (*) el jueves 17/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo que, este proceso, no está ajeno al trabajo permanente del sentido. De acuerdo a ello, el lenguaje, las prácticas políticas tanto como las instituciones se desacoplan de cualquier determinación esencialista - de un contenido adjudicado a priori- para lanzarse a la arena de las luchas por el significado en donde su especificidad es solo relativa y por lo que, todo análisis de lo particular, debe hacerse tomando como referencia un horizonte contextual. 

Esta perspectiva parece adecuada para advertir el modo en que, este nuevo gobierno, liderado por Mauricio Macri, a través de los discursos, de las estrategias, de los modos en que articula y objetiva la toma de decisiones, organiza la puesta en forma de lo político también como una puesta en sentido.

Así es que, durante estas horas, una de las primeras disputas, ha girado en torno a la interpretación del marco legal que regula el procedimiento elegido por el nuevo gobierno para designar a dos de los cinco jueces que integran la Corte Suprema. Esto, mientras permanece candente en la memoria colectiva el aluvión de jueces - en total sesenta y nueve- que fueron nombrados por Decreto - según el procedimiento - por la ex-presidente Cristina Kirchner, a poco de finalizar su mandato.

Archivo. Cristina designó por decreto 69 jueces, conjueces, fiscales y defensores

Sin embargo, este escenario resulta paradójico pues, las disputas en torno al proceso de designación de los supremos nos remite a la historia reciente. A la experiencia vivida durante más de una década en la cual se hubo organizado una cultura política signada por la exclusión de la disidencia.

Claro está, que en el último balotaje presidencial, se otorgó a "Cambiemos", la posibilidad de reinventar un significado a partir del cual inaugurar una cultura política novedosa y se rechazó la continuidad del proyecto kirchnerista como forma de habitar lo social.

Por otra parte, si bien es cierto que el orden de las transformaciones exige un trabajo sobre el sentido y que, en la mayoría de los casos va en rezago de las urgencias políticas, es necesario, al menos, trazar un orden de rupturas.

Si hay algo indiscutible en torno al último balotaje es que las preferencias ciudadanas por el cambio fueron mayores a las que optaron por la continuidad, pero en ajustada diferencia.

Esto implica pues, que en ningún caso, el gobierno de Mauricio Macri debe hacer uso de los signos habitados por la continuidad que fue derrotada en las elecciones pasadas; pero menos aún, reducir la lectura del resultado a una mera cuestión de chauchas y palitos.

Macri se reunió con Lorenzetti: postergaron los nombramientos de la Corte Suprema

En este orden, pero en una dimensión más operativa; tal como el proceso de designación de los postulantes para integrar la Corte Suprema es que pueden identificarse, por ejemplo, cuáles son los aspectos concretos que se involucran así como el sentido que socialmente organiza el significado del cambio.

(*) Socióloga (UBA). Profesora ordinaria e Investigadora tiempo completo en la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB). 

Temas claves del nuevo Código Civil y Comercial... @dealgunamanera...

Siete temas claves del nuevo Código Civil y Comercial...

La norma reformula conceptos como matrimonio, convivencia, hijos, sucesiones o herencias. La responsabilidad del Estado.

Dalmacio Vélez Sarsfield creó, a fines del siglo XIX, primero un Código de Comercio que se sancionó en 1859 y luego uno Civil, que entró en vigencia en 1869. Eran los tiempos de las carretas, con un concepto de familia conservador y en el que lo más moderno en comunicaciones era el telégrafo. El 1º de agosto de 2015, 146 años después, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial (CCC), que como señaló Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los responsables de la nueva legislación junto con la vicepresidenta de la Corte Elena Highton de Nolasco y la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, “es un Código del siglo XXI que se inserta en un sistema complejo, caracterizado por el dictado incesante de leyes especiales, jurisprudencia y pluralidad de fuentes. Lo importante es que el Código defina los grandes paradigmas del derecho privado a través de principios que van estructurando el resto del ordenamiento, y ésa es la proposición metodológica central de este nuevo Código”.

Aprobada el 1º de octubre de 2014 por la Cámara de Diputados tras su paso por el Senado, la norma reúne 2.671 artículos que abarcan desde cómo se compone una sociedad comercial a la adopción. O los derechos humanos, que antes no existían como concepto relevante en el Código, que presentaba pautas para regir la vida en sociedad en derechos privados. La Constitución Nacional establece grandes principios y éste CCC, al estar referido a ella, incorpora conceptos modernos y establece otras reglas.

Para llegar a la redacción final, el CCC atravesó desde la redacción (de la que participaron 109 personas), denuncias por presiones de legisladores, la opinión de la Iglesia Católica, audiencias públicas y cambios en la redacción original por parte del Poder Ejecutivo. Aún hoy, se alzan voces críticas sobre su redacción final. Lo que no se discute es que rige desde hoy en todo el país.

Un cambio necesario. De las carretas de Vélez Sarsfield a la protección de la intimidad en internet hay un abismo en todos los órdenes. Aunque se dice que las leyes siempre van detrás de los cambios sociales, en este caso el accionar de la Justicia había sido durante años regido por el Código de 1869 más la jurisprudencia y la doctrina locales, más los derechos que emanan de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Pero en muchos casos dependía de cada juez, al fallar, el uso de fuentes distintas al Código Civil. El nuevo CCC incorpora los artículos constitucionales, por lo que los magistrados no podrán desentenderse de ellos.

Archivo: Con oposición ausente, el kirchnerismo sancionó el nuevo Código Civil

Además, incorpora a las reglas los estándares y los principios. Esto suscitó algunas críticas, como explica Patricio Nazareno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Andrés: “Cualquier norma conecta un caso con una solución: te chocan el auto, te tienen que pagar. Algunos critican la forma de regular, cuál es el movimiento jurídico intelectual detrás de los estándares y los principios, ya que en esos casos el nuevo Código no dice qué tiene que hacer el juez”. “Da un amplio margen de intervención a los jueces, que lo van a usar de acuerdo con sus características e ideología. E incorpora muchas normas federalmente, pero creo que se deben tener en cuenta las particularidades de cada lugar”, agrega Leonardo Glikin, abogado especialista en Planificación Patrimonial y Sucesoria y director de CAPS Consultores.

Equidad y protección. Matrimonio, convivencia, hijos, sucesiones, herencias: todo se reformuló. “El nuevo Código viene a responder una necesidad de actualización sobre la base de nuevas generaciones con nuevas maneras de conducirse en la vida”, detalla Glikin. “Propende a la regularización del estatuto jurídico desde dos perspectivas: otorgando la posibilidad de que la convivencia dé terminados derechos amparados por el orden público, el primero es la protección universal de la vivienda. Por un lado, en caso de que exista un acuerdo convivencial registrado la vivienda no va a poder ser vendida ni hipotecada sin el consentimiento del otro conviviente. Y por otro lado, la defensa de la vivienda frente a los acreedores, similar a lo del bien de familia. Esto permite acuerdos amplios respecto de temas patrimoniales y no patrimoniales. Hay una exageración en nuestra realidad de la litigiosidad para evitar que los acuerdos sean posibles, con una corriente que evita las conductas preventivas que le hacen daño a la sociedad. El nuevo Código trata de evitar situaciones de violencia y de desamparo”, explica Glikin.

Archivo: Lorenzetti celebró el nuevo Código Civil: "Va a facilitar los procesos de adopción"

Respecto del matrimonio, el CCC brinda la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal, “pero creo que un defecto es que sólo se puede llegar a un acuerdo según el inventario y sobre el régimen patrimonial. El inventario de lo económico es algo que se hace antes de casarse para evitar que luego se quede uno con lo que le corresponde al otro. La convivencia da mayor libertad a las personas de hacer acuerdos preventivos al matrimonio”, dice Glikin, refiriéndose a lo que se conoce como acuerdos prenupciales.

Frente a una separación, el CCC toma en cuenta temas que eran fuente de injusticia en muchos casos. “Una de las novedades del nuevo régimen incorpora que el cuidado de los hijos y del hogar tiene que ser considerado un valor económico. El 30% del ingreso del hogar es por el aporte de quien se queda cuidado a los hijos. El CCC recoge situaciones muy injustas, como por ejemplo, que uno de los dos estudie soportado por el otro, y luego uno se queda con una profesión y a lo mejor a la otra persona que aportó no le queda nada. El CCC toma en cuenta todo el aporte, con las compensaciones matrimoniales, y esto es muy importante porque hasta el Código anterior se hablaba de alimentos y hoy se contemplan otros factores”, enumera Glikin.

Divorciarse ahora es más simple, pero no tanto como para que se denomine exprés. “Es en realidad el divorcio ‘no exprese’, porque no necesita expresión de causa. No hay que explicar nada, no hay que esperar tiempo, sino presentarse unilateralmente con el solo requisito legal de presentar una propuesta de convenio regulador. Esta no expresión de causa va a generar consecuencias no deseadas, porque así como es un valor el hecho de que dos personas en crisis no estén condenadas a continuar juntas, el nuevo régimen va a generar situaciones muy abruptas donde no hay un espacio previsto para el duelo”, alerta Glikin.

La reforma más importante desde el punto de vista de la sucesión es que se amplía la voluntad testamentaria, pasando del 20% a la tercera parte del patrimonio y quienes tienen padres vivos y no tienen hijos pasa de un tercio al 50% del patrimonio. La manera en que actualmente se resuelven estas situaciones es a través de un fideicomiso, que si bien puede ser impugnado permite que los padres lo dispongan y que uno disponga del patrimonio como quiere. “Este cambio resulta muy importante porque para la sociedad argentina la disponibilidad del 20% era muy escasa, al punto que sólo el 15% era testamentario y la mayoría era de personas que no tenían hijos. Esto hará que más gente decida hacer una planificación sucesoria”, agrega Glikin.

El costado comercial. Daniel Roque Vítolo, director del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la facultad de Derecho de la UBA, explica que en materia de sociedades comerciales el nuevo CCC modifica 25 artículos de los 389 originales de la Ley 19.550. “Las reformas son sustanciales desde el momento en que el nuevo Código reserva la figura y la estructura de las sociedades sólo para las empresas, derogando el régimen de sociedades civiles.

Ello quiere decir que –en principio– sólo se admitirá la creación de sociedades bajo la Ley 19.550 en el caso de que en ellas exista una empresa subyacente y, además, se flexibiliza la organización empresarial, al permitirse la creación de sociedades atípicas, libres y simples, bajo las normas y cláusulas que acuerden las partes, sin ajustarse a los tipos previstos en la ley, y se eliminan las duras sanciones que se imponía a las sociedades irregulares y de hecho”.

Según Vítolo, la reforma favorece las sociedades entre cónyuges, y la posibilidad de reactivar o reconducir sociedades disueltas o en estado de liquidación, siempre que sean económica y socialmente viables.

“Otra novedad es que se admite la creación de sociedades unipersonales, aunque sólo bajo el tipo de sociedad anónima y con una compleja estructura de administración y fiscalización, pues se requiere como mínimo un directorio compuesto de tres miembros y una comisión fiscalizadora integradas por tres síndicos, lo que permitirá limitar la responsabilidad y dar funcionalidad operativa a los grupos empresarios y a las empresas inversoras multinacionales, creando o manteniendo sociedades subsidiarias totalmente controladas. Pero no debe descartarse que el pequeño y mediano empresario busque recurrir a las sociedades unipersonales valiéndose indirectamente de las normas que regulan las sociedades simples, libres o residuales, constituyendo sociedades unipersonales atípicas”, dice Vítolo.

Luis Combal, abogado especializado en derecho comercial y seguros, aclara que “el CCC incorpora leyes como la del Fideicomiso, pero la Ley del Seguro no se ha tocado. Los contratos de seguros no fueron afectados: la relación entre compañía y asegurado queda igual. Puede afectar la parte de prescripción, que en la Ley de Seguros es de un año y en la de Defensa del Consumidor es de tres años”, explica, y advierte que “las discusiones serán más por el tema de las deudas en dólares. Pero la jurisprudencia será la que marque el camino”.

Daños, reparación y prevención. El capítulo tercero tiene 73 artículos en un esquema orgánico, que está sistematizado, de normas en responsabilidad civil.

“El punto neurálgico es la introducción de la noción de prevención del derecho de daños. Antes estaba anclado en el resarcimiento a la víctima. El CCC dice que las funciones de la responsabilidad civil son la reparación y la prevención, y la prevención tiene autonomía: están en pie de igualdad”, destaca María Guadalupe Martínez Alles, profesora de Derecho de Daños de la Universidad de San Andrés. “No hay casi explicación de esta función de prevención, y ésta es una de las partes en las que no hay alto grado de consenso, porque no parece que sea tan claro cómo va a funcionar porque son normas súper abiertas”, agrega Martínez Alles. Principios como deber de no dañar, de prevenir, de dar reparación plena e integral se derivaban del artículo 19 de la Constitución y hoy están positivizados en el NCC, aunque junto con los estándares dejan un amplio campo para el juez. “Por ejemplo, el interés razonable.

Cuando establece qué hace el juez, que puede actuar de oficio, le da funciones de ponderación al juez. La reparación y la prevención queda en la interpretación del juez. Aquí va a haber cambios en el rol del juez y las acciones que se van a iniciar. Esta acción no tiene que estar ligada a otra acción, antes era accesoria y ahora es autónoma. Por ejemplo, María Belén Rodríguez, que pidió a Yahoo! y Google que se desvinculara su imagen de sitios pornográficos, hoy podría acceder a una acción preventiva sin necesidad de hacer una acción por daños”, dice Martínez Alles. “Cuando está en juego la libertad de expresión, el juez deberá limitarse en los dos derechos, el de la intimidad y el de la libertad de expresión. Hay que apelar a la razonabilidad de la aplicación de los jueces, que tienen mayores facultades de prevención”.

Uno de los cambios que realizó el Poder Ejecutivo a la redacción original fue el de reducir la responsabilidad del Estado, como al no obligarlo a responder por concesionarios de servicios, como transporte. “El Ejecutivo dijo que lo que es responsabilidad del Estado sale del ámbito del Código Civil y se regula por el derecho administrativo. El impacto de esto es que va a haber distintos regímenes de responsabilidad del Estado de acuerdo con la jurisdicción. Es una diversidad de regímenes de responsabilidad del Estado; se va a regular por cada jurisdicción y serán los administrativistas y no los civilistas los encargados de litigar”, concluye Martínez Alles.

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© Escrito por Victoria Pellegrinelli el sábado 01/08/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.