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domingo, 16 de septiembre de 2018

Carlos Fernando Rosenkrantz... @dealgunamanera...

Los lazos del nuevo presidente de la Corte Suprema con el Grupo Clarín…


Tras la renuncia de Ricardo Lorezetti, asumirá Carlos Fernando Rosenkrantz. El elegido del Gobierno. Su participación en la defensa legal del multimedio.

© Escrito por Carlos Claá el sábado 15/09/2018 y publicado en la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horas después de haber ganado la votación de la presidencia de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz viajó a Estados Unidos. Tenía programado un curso en Yale, el centro de estudios superiores donde hizo su doctorado tras haber estudiado en la Universidad de Buenos Aires. Era el preferido del Gobierno para ocupar ese lugar, principalmente de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el brazo jurídico del presidente Mauricio Macri.

Si bien es considerado como un hombre del grupo Clarín, en su entorno se encargan de explicar que la relación viene porque su socio Gabriel Bouzat defendía al multimedios en casos de defensa de la competencia. Lo desligan.

Rosenkrantz quiere devolverle horizontalidad a la Corte y despolitizarla. Buscará copiar ciertos aspectos del sistema estadounidense, en el que se especializó, donde el órgano supremo no es una tercera instancia a la que se accede fácilmente a través de un recurso extraordinario, sino un lugar donde se brinda jurisprudencia.

No tener miles de casos para fallar, sino menos de una centena y dedicarse a estudiarlos a fondo, para que sean un faro para los jueces de primera y segunda instancia.


El padre del flamante presidente de la Corte había muerto poco tiempo atrás, por lo que negoció su nuevo cargo en medio del dolor personal.



sábado, 19 de mayo de 2018

El país entre la espada y la pared… @dealgunamanera...

El país entre la espada y la pared… 


Desgraciadamente para el presidente Macri, la realidad política, es decir, lo que la gente está dispuesta a soportar, acaba de chocar contra la lamentable realidad económica.

© Escrito por Jaime Neilson el sábado 19/05/2018 y publicado en la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tiene razón Mauricio Macri cuando dice que “el Estado no puede gastar más de lo que tiene”. También la tiene cuando insiste en que no hay ninguna alternativa aceptable al “gradualismo”, o sea, de permitir que el Estado siga gastando mucho más de lo que tendrá en los años próximos con la esperanza de que, de un modo u otro, una marejada de dinero fresco llegue a tiempo para evitar una catástrofe. Acaso sueña con un golpe de suerte parecido al boom de la soja y otras commodities que tanto benefició a Néstor Kirchner, pero en tal caso le convendría recordar que, antes de producirse aquel milagro, el país se había visto sometido a un ajuste extraordinariamente brutal que hizo factible una etapa no muy larga de crecimiento rápido con superávits gemelos que Cristina no pudo prolongar.

Desgraciadamente para el presidente Macri, la realidad política, es decir, lo que la gente está dispuesta a soportar, acaba de chocar contra la lamentable realidad económica como ha sucedido tantas veces en la aún breve historia nacional. Aunque la Argentina dista de ser el único país en que las expectativas populares se han alejado de las posibilidades genuinas, ya que algo similar está provocando tensiones crecientes en América del Norte y Europa, aquí la brecha es mucho mayor que en otras partes, motivo por el que el país siempre figura entre los favoritos para ganar el campeonato mundial de inflación. Es tan fuerte el deseo de los sectores dominantes de convencerse de que la sociedad está en condiciones de darse ciertos lujos que a menudo el país se asemeja a la rana de la fábula de Esopo que, para hacerse tan grande como un buey, se hinchó hasta tal punto que explotó.

Desde hace ochenta años o más, la clase política nacional se comporta como sí la Argentina fuera mucho más rica de lo que haría pensar la evidencia. Para convivir con la disparidad creciente entre las pretensiones en tal sentido de dicha clase y el país que efectivamente existe, sus líderes de turno han probado suerte con distintas fórmulas.

Una, la populista, se basa en dar a entender que el país está desempeñando un papel heroico en un gran drama cósmico e imaginar que la mejor forma de solucionar problemas concretos es organizar protestas callejeras multitudinarias. Por indignante que parezca a quienes prefieren cierta racionalidad, las fantasías confeccionadas por demagogos e ideólogos imaginativos pueden ayudar a hacer más tolerable la miseria en que viven millones de familias.


Otra fórmula, la que se ensaya cuando mucha gente llega a la conclusión de que desahogarse así sólo sirve para agravar todavía más la situación del país, consiste en tratar de convencer al mundo de que por fin los dirigentes políticos han sentado cabeza y que en adelante se esforzarán por respetar las reglas imperantes en los países avanzados. Apuestan a que estos, debidamente impresionados por el cambio así supuesto, darán al Gobierno relativamente cuerdo que acaba de reemplazar a otro populista toda la plata que necesita para perpetuar la ilusión de riqueza.

Es esta la opción elegida por Macri. A la luz de lo sucedido en las semanas últimas, parece cada vez más probable que sufra el destino de tantos otros intentos de “normalizar” el país sin violar los “derechos adquiridos” de quienes podrían ocasionarle dificultades. Reza para que el Fondo Monetario Internacional lo ayude en la misión imposible que ha emprendido. La mayoría no comparte el optimismo que tanto el Presidente como los integrantes más conspicuos de su equipo están procurando difundir. Sabe que pedirle algo al Fondo es una noticia muy mala.

Puede que la reacción pavloviana de muchos frente al regreso del Fondo se haya inspirado en la noción poco seria de que sea una institución congénitamente maligna cuyos técnicos anteponen los números a la gente, pero es comprensible que piensan así ya que la experiencia les ha enseñado que sólo aparece cuando el país se encuentra en graves apuros. Si bien por motivos prácticos quienes manejan el Fondo han aprendido que cometerían un error si pasaran por alto los factores políticos, saben que sería aún peor cohonestar estrategias que, andando el tiempo, tendrían consecuencias desastrosas.

No es culpa del FMI que, una vez más, la Argentina está pasando bajo las horcas caudinas. Tampoco lo es de Macri y, aunque el aporte de Cristina y sus socios a lo que está ocurriendo a más de dos años de su salida del poder ha sido enorme, sería escapista atribuir al gobierno kirchnerista toda la responsabilidad por la incapacidad del país para adaptarse a lo que ha sucedido en el mundo a partir de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Ya antes de aquella calamidad mundial, el país había comenzado a estructurarse de tal manera que no le sería dado aprovechar las oportunidades brindadas por el desarrollo, como hicieron tantos otros de cultura equiparable en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, o soslayar las trampas que se abrirían ante los tentados por el facilismo.

A esta altura, es evidente que el modelo al que el país se ha acostumbrado ha dejado de ser viable. Como hace poco nos recordó el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, “acá hay 10 millones de personas que trabajan y 17 millones que cobran un cheque del Estado”. Entre aquellos 17 millones están 11 millones que reciben la Asignación Universal por Hijo. Es una locura, claro está, pero dejar de pagarles lo que muchos precisan para sobrevivir y todos ya toman por un derecho irrenunciable no podría sino desatar una tormenta social y humanitaria de proporciones muy peligrosas.

También dinamitaría el proyecto oficial de seducir a los más pobres del conurbano bonaerense para que pueda prescindir del apoyo de la franja de la clase media que creía que Macri defendería sus intereses sectoriales y que, de sentirse agredida por los tarifazos y la inflación, estaría dispuesta a castigarlo votando por virtualmente cualquier alternativa. Puede entenderse, pues, la voluntad oficial de aferrarse al “gradualismo” –mejor dicho, al asistencialismo–, aun cuando no cuenten con los recursos necesarios.

No es ningún consuelo, pero a su modo la Argentina es un país pionero, porque muchos otros gobiernos se ven frente a los mismos dilemas. En Europa y Estados Unidos, están procurando reducir los costos de programas sociales que se instalaron cuando las circunstancias eran propicias pero que, en la actualidad, están resultando antieconómicas. Si bien los cambios demográficos han sido mucho menos negativos en la Argentina que en los países aún ricos que están envejeciendo a una velocidad alarmante, aquí también propende a ampliarse la diferencia entre una minoría menguante que está en condiciones de prosperar en el mundo feliz posibilitado por una serie de revoluciones tecnológicas y la mayoría que ha visto estancarse o disminuir sus ingresos.

Tal y como están las cosas, abundan los motivos para prever que el futuro de buena parte de la clase media norteamericana y europea se parezca mucho al presente de la argentina, de ahí la irrupción de Donald Trump en Estados Unidos y el auge de movimientos habitualmente calificados de derechistas, como la Liga italiana, en casi todos los países de Europa. No extrañaría, pues, que el eventual fracaso del “gradualismo” de Cambiemos provocara el reordenamiento del tablero político o que peronistas “racionales” como Pichetto y Juan Manuel Urtubey terminaran asumiendo posturas que, según la geometría ideológica convencional, los ubicaría bien a “la derecha” de Macri, ya que la alternativa sería resignarse a que el país se hundiera en el caos.




domingo, 15 de abril de 2018

Los que fallan… @dealgunamanera...

Los que fallan… 
Nicolás Dijovne. Dibujo: Pablo Temes.

Actitudes confusas de Dujovne y Servini. La eterna pelea de Carrió contra Lorenzetti.

© Escrito por Nelson Castro y publicado el domingo 15/05/2018 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un poco de historia. 

El presupuesto de 2018 elaborado calculaba la inflación en 15,7%. Al mismo tiempo, el Banco Central daba una cifra que variaba del 8% al 12% anual. A esta altura, está claro que las dos proyecciones del Gobierno han fallado. Hoy, solo los más optimistas hablan del 18. El resto se va al 20 y a hasta al 23. A principios de marzo, Mauricio Macri recibió un informe reservado del Indec que le advertía que la inflación de marzo rondaría el 2,3%. En los últimos días de la semana que pasó, recibió otro que le indica que la de abril sería aún mayor.

El ajuste de los precios relativos como los que necesita nuestro país deriva en procesos inflacionarios. Sabido eso, lo que se espera de un gobierno es un plan sólido para enfrentar la contingencia con medidas que permitan acotar su efecto nocivo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es lo que no se percibe.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla como si fuera un comentarista de la realidad, su anterior oficio. La tarea de un ministro es otra. Debe para ello tener solidez técnica y volumen político. De esto último carece absolutamente. Y mucho menos después de la investigación periodística publicada por Noticias –que no fue desmentida– en la que se denuncia la calidad de evasor del ministro hasta el blanqueo de 2016, dispuesto por el actual gobierno.

Es difícil que quien tiene la mayoría de sus fondos en el exterior y fue hasta ayer nomás un evasor pueda ser reconocido como una persona de jerarquía moral para ocupar un ministerio, y mucho menos para el de Hacienda, que es el que precisamente se encarga, en última instancia, de velar por la recaudación fiscal.

Gente de ley. 

Semanas atrás hablamos de la muerte de Montesquieu, el padre de la división de poderes. Dos semanas después, Montesquieu ha vuelto a morir. La intervención de la jueza electoral María Romilda Servini al Partido Justicialista traspasó de manera dantesca los límites de nuestra democracia. Con frases como “la historia del peronismo se encuentra plagada de traiciones” y “el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha” intervino el PJ, en un fallo de tono político y de notable inconsistencia judicial.

La jueza Servini es una jueza amiga del poder. De lazos fuertes con José Torello, apoderado del PRO y de Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py, se mueve cómoda en las sendas del oficialismo. En 2016, propuesta por Juan Mahiques –representante del Poder Ejecutivo en el Consejo–, fue nombrada jueza subrogante electoral de la provincia de Buenos Aires, sumando así esta competencia a la nacional y a la de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el interior del PJ denuncian que existe un accionar conjunto entre el Gobierno y la jueza detrás de esta decisión. La designación de Luis Barrionuevo como interventor desinfla esa aseveración.

De todos modos, una oposición fragmentada sin la posibilidad de elegir un candidato en una gran interna es la clave que, según el oficialismo, necesitan para un Macri 2019. “Intervinieron para que estemos de cautelar en cautelar, mientras el PRO esté en plena campaña; y si logran que Barrionuevo se quede, buscan que el PJ no se presente a la unidad” –se quejan referentes opositores. Eso le serviría al Gobierno si ganase en primera vuelta, no es tan claro qué pasaría de haber segunda vuelta.

Elisa Carrió, uno de los eslabones más importantes de Cambiemos, arremetió otra vez contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La relación (o no relación) de Lilita con el juez de la Corte comenzó alrededor de 2004 cuando Lorenzetti era candidato a presidirla, en un encuentro en el Instituto Hannah Arendt, en donde –aseguran desde el entorno del alfil de Cambiemos– no hubo una primera buena impresión. Desde ahí, Lilita denunció varios hechos que desembocaron en lo que es hoy: el pedido de juicio político del presidente del Máximo Tribunal.

Furia. 

El primer caso que enfureció a Lilita fue en 2013, cuando Cristina Kirchner lanzó la reforma judicial llamada “democratización de la Justicia” que buscaba modificar al Consejo de la Magistratura: se pretendía aumentar sus miembros, que fueran electos por elecciones populares y bajar las mayorías necesarias para remover jueces.

De haber prosperado, el kirchnerismo hubiera quedado con un exagerado dominio sobre el Consejo.

Jueces y camaristas se reunieron con los tapones de punta y le presentaron a Lorenzetti una carta en donde enumeraron todas las inconstitucionalidades del proyecto, que tenía, sin embargo, un punto que era oportunista, pero constitucional: le devolvía al Consejo la administración del presupuesto judicial, que pertenecía a la Corte. Lo que denunció Lilita es que el magistrado negoció con el kirchnerismo no modificar el proyecto a cambio de mantener la facultad de administrar el presupuesto.

En 2014 Lilita comenzó a investigar corrupción en la obra pública del Poder Judicial, en donde denunció que Lorenzetti mantendría una estructura financiera paralela, manejada a través del comité de inversiones, un ente que se creó bajo la órbita del Consejo y la Corte Suprema encargado de licitar las obras del Poder Judicial. En su pedido de juicio político sostiene que el magistrado vive en un departamento de Puerto Madero que “no incluyó como propio en el apartado ‘bienes inmuebles en el país o en el extranjero’”. El tercer punto de inflexión en la relación fue el fallo de la CSJN apenas asumido Mauricio Macri como presidente, que instaba al Gobierno a devolver 45 mil millones de pesos a las provincias. Esto fue, para Lilita, un claro mensaje de poder de Lorenzetti para “marcar la cancha”.

Nadie del Gobierno ha salido a respaldar a Carrió, como tampoco fueron muchos los que la acompañaron cuando, en sus albores, denunció los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerato ante la inacción de muchos jueces y fiscales temerosos, ineptos y/o corruptos.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.     



domingo, 18 de junio de 2017

Malvinas: errores de la diplomacia a 35 años de la guerra… @dealgunamanera...

Malvinas: errores de la diplomacia a 35 años de la guerra… 


De poco y nada sirven las estrategias que adoptó la Argentina, propias del siglo pasado, para con las Malvinas. Pero hay espacio para redefinir la estrategia.

© Escrito por Claudio Negrete (*)  el miércoles 14/06/2017 y publicado por la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego del 82, el Foreign Office llevó adelante una política de congelamiento del reclamo argentino hacia los países centrales y supo producir hechos de valor jurídico y diplomático que debilitó aún más nuestra posición.

El primero de ellos, y quizá más significativo, fue la inclusión de un nuevo y decisivo actor: los isleños. Y lo hizo al reconocerles su autonomía con la sanción de la Constitución del Territorio Británico de Ultramar de las Islas Malvinas aprobada el 5 de noviembre de 2008 por la reina Isabel II.

En el primer capítulo, de los 22 que tiene, se establecen los derechos y las libertades fundamentales de los isleños, poniendo énfasis en el derecho de la libre determinación. Y con este reconocimiento legal, la Unión Europea ratificó con el Tratado de Lisboa que las Malvinas son territorio británico de ultramar siendo incluido en los mapas oficiales de la comunidad.

Otro hecho jurídico-político a favor de Gran Bretaña fue el ocurrido en diciembre de 2012 cuando la diplomacia inglesa declaró que “el territorio antártico británico es parte importante y único de los 14 territorios que el Reino Unido tiene en ultramar”, entre los cuales para ellos se encuentran las Malvinas.

Lo hizo con motivo del anuncio de que 271.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico fueron bautizados como la “Tierra de la Reina Isabel” como un regalo en honor a los 60 años de la soberana en el trono, área que también asumen como propias Chile y Argentina.

La zona en disputa, que hasta el momento no tenía nombre, aparece ahora como “Tierra de la Reina Isabel” en todas las cartografías británicas y de los países europeos. “Es un gran honor asociar de forma permanente a la Antártica con su Majestad y de esta forma reconocer el compromiso que el Reino Unido tiene con este territorio”, explicó el Foreign Office.

Fracaso

En más de un siglo y medio desde que Inglaterra usurpó las Malvinas, la Argentina sólo puede exhibir una serie de fracasos en su intento de retrotraer la situación a febrero de 1833, cuando ejercía la plena soberanía heredada de España.

A 35 años del fin de la guerra, es decir de una rotunda derrota argentina en todos los campos, la única salida que se presenta a la propia impotencia y a la encrucijada de la constante frustración pasa, ineludiblemente, por la construcción de un dialogo directo, firme, sin ambigüedades con británicos e isleños, al que pueden aportar otros actores internacionales.

Abordar una nueva relación que amalgame confianza abrirá caminos  hacia un futuro acuerdo que necesariamente contemple sesiones y satisfacciones mutuas. O como define el historiador Luis Alberto Romero: “no debemos conquistar su territorio sino a su pueblo, sus corazones y su razón”.

Es desbloquear la tensión con un diálogo franco y sin que ello implique debilidades identitarias. La intransigencia unilateral impuesta por el kirchnerismo por más de una década, que fue absolutamente funcional a los intereses de Gran Bretaña ya que congeló su posición favorable de fuerza por aquello de “ellos no quieren hablar”.

La actual iniciativa del gobierno argentino, que debería ser complementada con una generosa y amplia convocatoria interna para consensuar una política de largo plazo, saca al país de una actitud infantil defensiva y victimizante, instando ahora a Gran Bretaña a exponer su real interés ante la opinión pública mundial. Se empieza así a hablar de muchas nuevas cosas y reaparece, al menos en la formalidad simbólica, la palabra soberanía.

Sin embargo, el comienzo de un nuevo diálogo político entre los gobiernos no alcanza pero sí reconoce lo que venía sucediendo desde hace muchos años en la base social. Hoy los ex combatientes de ambos países se reconocen, se admiran, comparten recuerdos, duelos, experiencias y amistades.

Con la voluntad de las dos partes se acordó construir un cementerio con los restos de nuestros combatientes cuyos familiares viajan libremente a las islas para homenajearlos. La Cruz Roja garantiza el proceso de identificación de restos de soldados argentinos; y se avanza con información argentina en el retiro de las miles de minas diseminadas en todo el territorio. Competencias deportivas unen a isleños y argentinos.

Alumnos del continente viajan para conocer las islas; y contingentes de turistas son recibidos como un hecho natural. Investigadores y periodistas producen en los mismos lugares de la guerra toda clase de documentos testimoniales. Es decir, el diálogo está siendo cincelado por la gente y los mismos protagonistas del conflicto bélico. Un proceso humano que en el fondo tiende a cerrar un pasado doloroso para todos a partir de la convicción de que nadie quiere más una guerra.

Hay un elemento exógeno nuevo que inesperadamente beneficia a la Argentina. Gran parte del sustento de los derechos de los isleños era su condición de nacidos y criados en las islas y por varias generaciones. Pero ese argumento fue perdiendo fuerza con los años. Desde 1985, Gran Bretaña condujo una campaña para atraer y radicar inmigrantes en las islas.

Hoy una porción importante de sus mil habitantes son de otros lugares. Llegaron de países como IrlandaRepública Checa, Inglaterra, Alemania, África, Australia, y Nueva Zelanda, entre otros. Todos conservan su propia nacionalidad y logran sus residencias por ser europeos o integrantes de la Commonwealth británica. Además, hay que sumar la inmigración latinoamericana principalmente de Chile y Perú.

En las islas viven alrededor de 1.000 militares retirados que se jubilaron y que se quedan allí por los beneficios sociales que obtienen. Asimismo, existe una enorme base militar que es, de hecho, el principal empleador de los isleños y los residentes extranjeros. Todos los años, las islas atraen a 1.500 soldados que rotan, gastan sus ingresos en alquileres de casas, coches, comidas y turismo.

Junto a los parientes que los visitan constituyen el llamado turismo militar para el cual se usa la base como estructura logística. Entonces, ¿son los mismos derechos históricos que tenían los isleños de la época de la guerra que los actuales que no la vivieron y, además, provienen de otros países? En un futuro, ¿los actuales habitantes querrán ser argentinos y dejar de ser ciudadanos de sus naciones? Como se ve, el conflicto por las Malvinas también quedó impregnado por el problema de la inmigración mundial.

Fronteras

El mundo no es el mismo de antes. Como consecuencia del Brexit, Gran Bretaña dejará la comunidad europea en dos años y perderá apoyo político del bloque al aislarse de su continente. Cerca del 70% de la actividad económica de los isleños depende de los accesos al mercado europeo.

El nuevo poder de los Estados Unidos de Donald Trump está poniendo a prueba el statu quo de contención y seguridad internacional. Las instituciones surgidas al fin de la Segunda Guerra Mundial y sus burocracias viven en crisis y han sido superadas por la velocidad de los nuevos acontecimientos.

En política internacional nada es estático como tampoco permanente. El mundo está con una crisis sistémica y en un proceso de transición hacia una nueva organización con otros jugadores y, por lo tanto, una ampliación de espacios de decisión que renueva pujas y tensiones. Con este fenomenal escenario en movimiento, de poco y nada sirven las estrategias que adoptó la Argentina, propias del siglo pasado, para con las Malvinas. Hoy, las relaciones personales son determinantes.

El sujeto toma centralidad, un protagonismo quizá desmedido, en los acontecimientos locales y mundiales, y se instala como un factor decisorio de nuevos liderazgo que prescinden de visiones dogmáticas; son pragmáticos y por eso crecen por fuera de las viejas estructuras políticas conservadoras que los promueven e intentan contener. Un buen ejemplo de ello es la llegada al poder francés de Emmanuele Macron.

Este es el actual escenario internacional sobre el cual la Argentina debe repensar una nueva estrategia de su ubicación mundial y que contemple el tema Malvinas. Por fuera de los laberintos de la burocracia diplomática racionalista se desarrolla una diplomacia humana, de contacto directo, marcada más por vínculos de confianzas personales que por ideologías y prejuicios que ponen límites.

Y en esta dimensión ahora se igualan tanto la influencia del funcionario de un gobierno como la del isleño y de la multitud de individualidades que conforman los nuevos movimientos sociales y una opinión pública que elimina anonimatos y al mismo tiempo presiona a los poderes a escala planetaria con las redes sociales.

Son evidentes los límites de la lógica de la política tradicional para resolver conflictos irresueltos por década o centurias.

Se abre paso la construcción de acuerdos sociales locales y mundiales con los involucrados directamente en cada crisis. En definitiva, el camino hacia una solución al complejo problema de Malvinas es un montaje de conjunto, horizontal, desprovisto de manipulaciones políticas, que permita llegar a acuerdos duraderos en el tiempo basados en la aceptación del otro y también de concesiones mutuas.

Porque, en última instancia, las guerras suelen instigarse casi siempre por intereses inconfesables del poder, pero alcanzar una paz justa y permanente desde la verdad histórica sólo es posible de lograr con legitimidad cuando ese proceso lo protagonizan las víctimas.

(*) Periodista y escritor. Magíster en Relaciones Internacionales (FLACSO) y miembro del Club Político Argentino.



miércoles, 1 de febrero de 2017

Los Panamá Papers de Franco y Mauricio... @dealgunamanera...

Por qué investigan a Mauricio y Franco Macri por los Panamá Papers…

Maurico y Franco Macri.

El fiscal Federico Delgado quiere saber si hubo “maniobras de lavado de dinero” en dos empresas offshore, Fleg Trading y Kagemusha.

© Publicado el miércoles 01/02/2017 por la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que se ahonde la investigación al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a su padre, Franco Macri, para determinar si fueron parte de operaciones de lavado de dinero. Macri fue imputado por el fiscal por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos sociedades en las que era director, Fleg Trading, en Bahamas, y Kagemusha, en Panamá.

En abril pasado, Franco Macri se presentó ante la justicia civil en abril pasado en un intento por deslindar a su hijo. Además lo hizo ante Casanello, el juez federal que también investiga el escándalo de Panamá Papers, revitalizado después de que el 21 de septiembre aparecieran los Bahamas Leaks.

El propio presidente había pedido en la justicia civil que su padre aclarara la propiedad de Fleg. Allí el octogenario empresario presentó un documento que indica que en octubre de 1998, siete meses después de constituir la empresa offshore, él y sus hijos Mauricio y Mariano, en su calidad de directores, nombraron a otras personas en su reemplazo. También presentó sus declaraciones juradas de impuestos entre 1998 y 2005, en las que reconoce como propias 1.950 de las 5.000 acciones de Fleg, con un valor de un dólar cada una, y en la que agrega que Mauricio y Mariano tuvieron 1.525 cada uno al constituirse la compañía pero ya no a partir del 31 de diciembre de 1998. El presidente sostiene que carecía de la obligación de mencionar esta sociedad en sus declaraciones juradas como jefe de Gobierno porteño (2007-2015) porque no era su accionista.

El diputado y contador neuquino del Frente para la Victoria Darío Martínez, que viene impulsando la causa,  amplió en octubre su denuncia con el argumento de que “las pruebas que muestra” el padre de Macri “no lo eximen sino que por el contrario lo comprometen”. Por un lado, el diputado se pregunta: “¿Si Francisco (nombre legal de Franco) Macri tiene el 39% de las acciones (de Fleg), quién tiene el restante 61%?”. Y recuerda que esta sociedad de Bahamas, como es habitual en las offshore, tiene acciones al portador, sin necesidad de registrarlas ante las autoridades, como sucede en la Argentina y en los demás países que no son paraísos fiscales. Por otra parte, el diputado señala que Mauricio Macri era director de Fleg cuando en septiembre de 1998 se cometió lo que él presume una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares en Brasil. Esta operatoria también está siendo investigada por el fiscal Delgado.

Socma en Bahamas

Según información recabada por Martínez en registros públicos de Sâo Paulo, la sociedad Socma Americana le vendió el 21 de septiembre de 1998 a Fleg, que tenía un patrimonio inicial de 5.000 dólares, su parte en una empresa llamada Owners do Brasil por 9,3 millones de dólares. Nueve días después, Fleg y el otro accionista de Owners, otra empresa llamada Socma SA, redujeron el capital de la firma en común a 1,4 millón y retiraron 8,5 millones. El fiscal Delgado quiere saber si todo esto ha sido registrado por Socma en la Argentina y por eso ha pedido que auditen sus cuentas peritos de la Corte Suprema y además ha solicitado información a Brasil.

Los Bahamas Leaks revelaron la existencia de una nueva sociedad de Socma en Bahamas, viajeya.com, en la que no figuran ni Franco ni Mauricio Macri. En el grupo afirman que la operatoria de la empresa en cuestión estaba declarada ante las autoridades tributarias de la Argentina. “Por ahora en los Bahamas Leaks no detectamos nada llamativo”, comentan en el despacho del diputado Martínez.

En la Casa Rosada insisten con que la culpa de los Panamá Papers “es de Franco”.