Carrera de obstáculos… @dealgunamanera...

Carrera de obstáculos…

‘Sparring’ Florencio Randazzo. Dibujo: Pablo Temes

Cristina, más atenta a borrar a Randazzo que a la elección. A Macri le cayó la ficha.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 11/06/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La fecha de cierre de las listas para las elecciones legislativas de octubre se acerca en forma inexorable. Es un tiempo de tensiones internas dentro de todos los partidos y agrupaciones políticas. El punto máximo se da dentro del justicialismo. Nada que sorprenda. Se mezclan allí diferentes factores, en un contexto que le era desconocido al peronismo desde hace 15 años: el estar en el llano.

En el año y medio transcurrido desde la asunción de Mauricio Macri, el peronismo ha ahondado sus divisiones. Y una persona determinante para esas divisiones ha sido, es y será Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta es alguien que divide, siempre divide. Es la consecuencia de una personalidad narcisista que, como tal, cree que el mundo gira alrededor de sí. A eso se le deben agregar sus contradicciones, que afloran por doquier.

He ahí lo que está sucediendo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueron creadas por ella durante su primera presidencia y a las que ahora desespera por evitar. En esta semana, lo definió muy bien Felipe Solá cuando dijo que “Cristina en vez de una ex presidenta se cree que es una reina”. Esto explica la increíble historia que se ha generado alrededor de la precandidatura de Florencio Randazzo.

Veamos. ¿Cómo es la jugada del cristinismo para intentar dejar afuera de la competencia a Florencio Randazzo y qué posibilidades hay de concretarla?

Cerrar filas.

Hasta el día de hoy todo es una especulación electoral que no asegura la supremacía de un candidato sobre otro, sino que responde exclusivamente al deseo –a la necesidad– de la ex presidenta de evitar un cruce en las PASO. Sucede que el PJ es uno de los componentes principales de un frente electoral más amplio que incluye variantes cristinistas como Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella; Miles de Luis D’Elía, el Movimiento Kolina y otras agrupaciones menores.

Recuérdese que hay tiempo para inscribir los frentes hasta el 14 de junio y que el cierre de listas será el sábado 24 de este mes. Los apoderados de Randazzo ya tienen los papeles y avales para cumplir el formalismo de incorporar su partido, que se llamará Hacer por el Progreso Social (HPS) al frente electoral que, hasta ahora encabezará el PJ. Esta formalidad se concretará mañana.

La movida del FpV para intentar dejar fuera de la competencia a su rival consiste en borrar al PJ del frente electoral ya que, como el ex ministro juntó avales de afiliados peronistas, si el peronismo no integra el frente, sus avales no sirven para nada. Parece increíble, pero es así.

Fuentes allegadas a ambos contendientes aseguran que “la jugada es arriesgada porque –de concretarse– implicaría que termine siendo CFK la que vaya por afuera con los partidos que queden formando el frente ciudadano. En ese caso Randazzo se quedaría con el PJ y con los fondos, los recursos de campaña y los espacios de publicidad, lo que terminaría siendo un perjuicio para el Frente para la Victoria (FpV). Además, los intendentes no querrán perder el sello del PJ”.

Ni un PASO atrás.

Florencio Randazzo no cederá un centímetro. Su decisión de competir es irreversible. La tarde del jueves le dijo a un intendente de su grupo que: “No importan las especulaciones que hagan los demás. Voy a ir a fondo, y si ellos van por afuera nosotros nos quedaremos con el sello del Partido Justicialista, y ahí veremos quién se sube y quién se baja del barco”, desafió con seguridad. En el entorno del ex ministro aseguran que “allegados a CFK están buscando vericuetos para burlar la ley. El espíritu de la ley de las PASO es de ampliación de la participación y no de restricción”.

¿Cuál sería el último intento del cristinismo si la idea de ir por fuera del PJ no prospera? Los seguidores del hombre de Chivilcoy creen que la ex presidenta baraja la posibilidad de que si el PJ llega a quedar dentro de los partidos que formen parte del frente, se dicte un nuevo reglamento en donde quede establecido que para inscribir un nuevo candidato sea necesario contar con avales de al menos, tres agrupaciones políticas. Sin embargo, eso iría en contra de lo que establece la propia ley de primarias que dice que para que una candidatura sea válida se necesita el aval de un solo partido. Un reglamento no puede ir en contra de una ley.

“En el fondo lo que la ex presidenta busca con esta jugada es una herramienta para acorralar a Randazzo y hacerlo quedar como el culpable de una ruptura que genere enojo en los votantes del FpV a los que Randazzo quiere interpelar y cooptar. Es decir un perjuicio electoral”, señala una fuente del PJ que conoce el pensamiento de CFK.

Cuenta regresiva. Mientras tanto el Gobierno va tomando conciencia de la verdadera dimensión de las elecciones de octubre: le preocupa la demora en la mayoría de las inversiones de fuste que necesita para reactivar la economía. De estas cosas habló con la canciller Angela Merkel cuyo corta estadía en Buenos Aires significó un claro gesto de apoyo a Macri.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, trajo de Washington alguna información confidencial referida al escándalo del caso Odebrecht que no cubrió las expectativas suyas ni las del Presidente.

Por eso las negociaciones con la empresa son duras y difíciles. El lunes habrá una reunión entre los representantes de la empresa y funcionarios del Gobierno. Las filtraciones de los nombres de los integrantes del anterior gobierno circulan por todos lados. Ahí están los nombres de los funcionarios de los gobiernos del kirchnerato que recibieron coimas. Entre esos nombres figurarían, entre varios, los de Julio De Vido, José Francisco López y Ricardo Jaime.

En verdad, nada que sorprenda. El otro dato es que el monto de los sobornos superaría los 35 millones de dólares. Lo que falta es la documentación respaldatoria. Ese es el problema. La falta de una legislación que reduzca significativamente las penas para los arrepentidos como la existente en Brasil –la ley de leniencia– es lo que lleva a Odebrecht a guardar un silencio que representa un pasaporte a la impunidad.

Producción periodística: Santiago Serra.

Como se gestó el 2 x 1. Los complotados… @dealgunamanera...

Los complotados…

El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. 

Gobierno, Iglesia y Corte Suprema: cómo se gestó el fallo destinado a liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Las movidas que prepararon el terreno, las negociaciones con Elena Highton y el voto de la nueva mayoría en el Tribunal.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 07/05/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado.

El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj.

La nueva mayoría

La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.

Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte:

Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.

Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.

Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal.

Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer.

En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.

Hipocresía permanente

En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio. 

Como la Corte demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad de cruzarse en la calle con sus apropiadores.

Lo que las víctimas sí han exigido siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad entre noviembre de 1976 y enero de 1977.

Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley, implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de la gravedad de un delito determinado.

Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla) es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957 codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron. La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral. Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.

No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por encima del resto.Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines carcelarios en demanda de iguales beneficios.

También es llamativo que la Corte Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad  “de manera que  no se haga ilusoria la justicia penal”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. 

La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1. 

Pero además porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser “adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”. 

Al solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos. En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas horas para rechazar el pedido de Girbone.

Dada la indiferencia de la nueva mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso hasta un piso más abajo.

"Manos Arribas"... Cal y arena… @dealgunamanera...

Cal y arena…

Manos Arribas. Dibujo: Pablo Temes.

La denuncia sobre el jefe de la ex SIDE empañó el efecto blanqueo.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 15/01/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En estos primeros quince días del año, la economía le dio al Gobierno dos buenas noticias: la primera, los números del blanqueo que confirmaron las expectativas optimistas de los que predijeron un alto nivel de adhesión a esta iniciativa; la segunda, el relanzamiento de Vaca Muerta, una gema energética del subsuelo argentino que se había visto paralizada por las malas políticas de la administración kirchnerista. Las cifras del blanqueo son de un impacto tal que permitirán reducir en algo el alto déficit fiscal que exhiben las cuentas públicas que constituye, a la vez la raíz de la alta inflación que hoy castiga el bolsillo de la población.

El Presidente espera otros beneficios del blanqueo, beneficios que tienen como base a la construcción. Una de las necesidades imperiosas es la reactivación del sector en sus distintas formas. Un de ellas es la obra pública. Mauricio Macri sabe que de su reactivación va a depender la suerte de su administración en la elección de octubre venidero.

Hablando de ese tema, las encuestas que se conocieron esta semana representan una alerta para el oficialismo. Concretamente se trata del trabajo de la consultora Management & Fit que muestra la foto de finales del 2016 con alto impacto sobre las perspectivas de los 815 consultados en la provincia de Buenos Aires con edades que van desde los 16 a los 70 años. Tres tópicos se destacan: el primero, tiene que ver con la situación económica; ahí hay un casi 45% que cree que las cosas estarán peor o mucho peor contra un 30% que piensa que en los próximos meses habrá alguna mejoría.

En la enumeración de los problemas principales que padece la población el ranking es encabezado por la inseguridad (44,7%), seguido por la desocupación (13%), y la pobreza (9%).

La imagen de la gestión muestra una diferencia significativa entre Macri y María Eugenia Vidal. A la gestión del Presidente la desaprueba el 52% y a la de la gobernadora la aprueba casi el 57%.

El último dato relevante lo da la pregunta sobre a quién votaría si la elección fuera hoy. Ahí el binomio Cristina Fernández de Kirchner-Daniel Scioli se impone con 31% sobre el de Roberto Lavagna-Margarita Stolbizer quien obtiene el 28%. Este último dato no sólo supone un alerta para Cambiemos sino también para Sergio Massa, ya que lo pone ante la realidad de tener que competir en las legislativas si es que pretende mantener intactas sus aspiraciones no sólo de liderazgo dentro del Frente Renovador sino también presidenciales. Por supuesto que falta mucho para las elecciones. Las dos últimas –las legislativas de 2013 y las presidenciales de 2015– se definieron en los tres meses finales del proceso electoral, a pesar de lo cual mal haría el Gobierno si hiciese la vista gorda ante estas luces amarillas.

Lo de la ex presidenta es un ejemplo claro de lo que representan los fanatismos por un lado y los déficits de gestión del actual gobierno por el otro. En ese combo, ninguna de las fundadas denuncias de corrupción que comprometen a CFK y a su entorno ha logrado mellar su figura y su ascendencia y vigencia dentro de los que hoy la votarían con absoluto fervor. También es una muestra de la falta de liderazgo que exhibe la dirigencia del justicialismo.

Sospechas. 

La denuncia que ha recaído sobre el titular de la Agencia de Federal de Investigaciones no es menor. Hay que tener en cuenta que todos los que han delatado a los participantes del Lava Jato lo han hecho de una manera que se vio corroborada por el trabajo de la Justicia brasileña. Ha hecho bien Elisa Carrió en presentarse ante la Justicia y pedir que se investigue al funcionario.

Ha hecho mal el ministro de Justicia, Germán Garavano, en opinar apresuradamente para minimizar la denuncia e intentar cubrir a Arribas. Esas cosas las hacía el kirchnerismo que, mostrando su inconsistencia, ha pedido que se investigue al funcionario. Es el mismo kirchnerismo el que, ante cada denuncia que compromete a CFK y a su entorno familiar, a los Báez y a Cristóbal López, se apresura a denostarla, minimizarla o ignorarla.

Hay que subrayar que la diputada Carrió no suele caracterizarse por tener un mal olfato político. Y es bueno que ese olfato siga activo durante el gobierno de Cambiemos. Ya en agosto de 2016 había pedido al Presidente disolver la AFI y separar las tareas de investigación de las de inteligencia. En realidad había criticado desde el primer momento la designación de Arribas por “falta de idoneidad”.

A la líder de la Coalición Cívica no sólo le molestaban en la ex Secretaría de Inteligencia los resabios menemistas –con Silvia Majdalani en la cúpula del organismo–, tampoco era sólo el descontrol de la SIDE kirchnerista, era entre aquéllos la presencia de Arribas la que evidentemente no le cerraba.

Quienes lo han conocido “en la política” esto es, ya en funciones y no de otras épocas, no se han llevado una buena impresión del cuestionado funcionario. “Molestan sus formas, es desconfiado y perseguido, aunque lo disimula bastante bien. Prefiere ir al ataque y no deja cabo suelto. Es meticuloso pero no parece confiable. Por algo está donde está”. Así lo describe un hombre del entorno macrista que lo conoció en la función pública, quien agrega: “¡Olvidate! es prolijo, serio, pero no tiene nada que ver con el coro de carmelitas descalzas que nos quisieron vender desde Cambiemos respecto del fin de los funcionarios corruptos y la nueva forma de hacer política. No creo que tenga cosas graves, pero los grises se empiezan a matizar a tonos cada vez más oscuros y, después de tanta promesa, sin duda será un dolor de cabeza para el Gobierno”.

Es el momento de Carrió para ir a fondo, y en esta puja por refundar la República no está sola: desde Mario Negri hasta Graciela Ocaña, pasando, como ya se ha dicho, por algún kirchnerista sin memoria y todo el arco opositor, alzaron la voz pidiendo que la investigación vaya a fondo. No debe olvidarse nunca que la corrupción mata.

Producción periodística: Santiago Serra.

Aguante la ficción… @dealgunamanera...

Aguante la ficción…

Cristina, durante el acto. Foto: Pablo Obregón

La ex Presidenta montó su escena a caballo del marco económico. El escenario legal.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 17/04/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y un día, Cristina Fernández de Kirchner volvió. Fue el miércoles pasado. Su retorno a la escena política demostró dos cosas: la primera, que nada en ella cambió; y la segunda, que nada aprendió de lo que pasó en el país en los ocho años que duró su paso por el poder. En su discurso ante el núcleo duro de la militancia que se extendió por más de una hora aparecieron todos sus tics y todas sus obsesiones a la cabeza de las cuales estuvieron –para sorpresa de nadie– los medios. El relato K se desplegó en toda su dimensión: las virtudes les pertenecen; los males, en cambio, son de los otros. En  ese universo –el de los otros– está Mauricio Macri.

Es verdad que el marco socioeconómico fue propicio para la reaparición de CFK: aumentos de tarifas, inflación, devaluación, caída de la actividad económica, despidos son parte del duro presente que atraviesa nuestro país. Son los mismos problemas que se originaron especialmente durante el último gobierno de la ex presidenta. La diferencia fue que durante ese período, el gobierno K  dedicó tiempo, esfuerzo y plata del Estado para “dibujar” una ficción –a la que se quiso presentar como la “realidad”– en la que ninguno de estos males se reconocían. En la construcción escénica de su relato de fantasía, CFK se consideró una perseguida política y se comparó con Yrigoyen y Perón, otra notable tergiversación de la historia: a ambos ex presidentes se los derrocó por medio de golpes de Estado, cosa que a CFK, afortunadamente para la República y para ella, no le sucedió.

Lo que la ex presidenta debe enfrentar son las consecuencias de las investigaciones judiciales que giran en torno de un hecho: la corrupción que imperó durante el kirchnerato. Si con el acto del miércoles CFK creyó haber condicionado al juez federal Claudio Bonadio, se equivocó de medio a medio. Los que hablaron con él ese día lo encontraron tranquilo y de buen humor. El magistrado, que alguna vez supo portarse bien con los Kirchner, se siente seguro y convencido de su investigación sobre la ilicitud de la venta de dólares a futuro instrumentada en las postrimerías del último gobierno, operatoria que le costó al país unos 58 mil millones de pesos.

Un experimentado fiscal que conoce los movimientos de Comodoro Py afirma que “en ese ámbito hay una voluntad de cambio real. En verdad, la Justicia Federal siempre debió tener la celeridad que hoy muestra en algunas de las causas más resonantes, pero algunos jueces se han venido manteniendo ocupados en alcanzar sus propias ventajas miserables que van desde una nueva impresora para el despacho hasta los más descabellados favores políticos”.

La misma fuente ahonda y sostiene que “el gobierno de Macri no está ayudando a este cambio en materia de calidad judicial. Hay voluntarismo en el discurso pero una falta total de profesionalismo. Si bien la Justicia es y debe ser independiente del poder político, debe haber algún interlocutor válido dedicado no a apretar a jueces sino a saber qué es lo que está pasando en el complejo mundo de la Justicia Federal. No lo hay. Angelici no tiene la altura, es impresentable. Nadie figura, nadie ha aparecido. No saben cómo hacerlo, es algo preocupante”.

Desde una de las organizaciones ocupadas en la transparencia judicial aseguran que lo de Angelici está frío así como también lo de Carrió. “Ni uno es el diablo ni la otra la salvadora”. Para ser justos habría que decir que son sectores en pugna que se desconfían mutuamente; ambos quieren colocar a sus amigos y hombres de confianza como interlocutores judiciales. El que a causa de todo esto no la está pasando bien es el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien viene haciendo equilibrio para no quedar en medio de la línea de fuego. “No puede darse el lujo de ofender a los amigos del Presidente ni tampoco arriesgarse a quedar bajo la línea del fuego amigo de Carrió”, señalan los conocedores de ese microcosmos.

Buscan despegarse del papelón en el control de la calle en la visita de Cristina a los tribunales

En el off the record miembros de los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y la Nación buscan despegarse del papelón en materia de control de la calle en los hechos vinculados al despliegue de la ex presidenta Kirchner. Desde la Ciudad aseguran que la Metropolitana sólo prestaba colaboración a la Federal no transferida. La seguridad estaba a cargo de la Nación. “Quienes conocen la interna afirman que Patricia Bullrich no la pasó bien, pero que la falta de decisión recorrió todas las esferas del Gobierno. Se preocuparon por la seguridad puertas adentro de Comodoro Py para garantizar la acción judicial, pero afuera no supieron qué hacer ante la muchedumbre. Afortunadamente todo salió bien”.

Una fuente que conoce el accionar del Presidente desmiente que Macri haya retado en la reunión de gabinete a Bullrich. “No es su estilo. No hubo gritos ni reproches en público, pero se notaba en el aire que nos habíamos tragado un sapo”.

Un oficial perteneciente a la Brigada Rápida de Intervención de la Metropolitana (BRI) denunció por agresión física en la comisaría 46ª al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. El texto de la denuncia, que recayó en el Juzgado de Primera Instancia N° 1, ilustra acerca del sesgo patoteril no sólo del personaje sino también del kirchnerismo duro. “Procedimos a detener a un hombre de vestimenta gauchesca que estaba subido a las tarimas montadas para los equipos de televisión. El masculino amenazaba con un cuchillo a todo el que le pedía que se bajara. Al avanzar sobre él para su detención un grupo de unas cincuenta personas nos rodeó y comenzó a insultarnos. Para mi sorpresa entre ellos reconocí al ex funcionario Guillermo Moreno –de tez blanca, nariz ganchuda y ojos saltones– según consta en la descripción. Estaba exaltado y amenazante. Hasta que me propinó un golpe de puño a la altura del plexo”. Por el accionar de esta patota el sospechoso logró escapar y luego fue recapturado. Más tarde, Moreno fue llevado en andas por dos patovicas que lo acompañaban hasta un lugar cercano al escenario donde hablaba la ex presidenta.

El Gobierno viene atravesando su hora más difícil. El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fue una buena noticia que abrió el camino para liquidar el conflicto con los holdouts que tanto daño le produjo a la Argentina. Comienza ahora el verdadero desafío para Mauricio Macri: revertir una situación económica dominada por la inflación, la caída de la actividad y el desempleo que está castigando duramente a los pobres, que ahora son más.

Producción periodística: Guido Baistrocchi, con la contribución de Santiago Serra.

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La extorsión…

La Procuraduría contra la violencia institucional dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión. También apuntan contra Cristina.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Gerardo Morales. 

El ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña. 

La ofensiva oficial también se cierne sobre CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. 

La intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más.

La peor violencia

El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales.

Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima. 

Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad jurídica”. 

Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos 269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen de la PROCUVIN.

Las ilegalidades

La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis Paz:

- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.

- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno provincial.

- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero.

- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.

- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR.

- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.

- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.

- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.

- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23 de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.

- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales.

- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San Salvador ahora.

- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.

- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.

- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones, competencias ni formalidades.

- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).

- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les avisó que de este modo se autoincriminaban?

- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada 213 su turno había terminado el 15 de enero.

- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.

- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La identidad de domicilio aún no es un tipo penal.

- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían iniciado.

- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.

- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.

- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e ilegalidad.