Infierno cercano… @dealgunamanera...

Infierno cercano…

Ricardo Jaime y Leonardo Fariña pusieron en la mira a la ex presidenta. Comodoro Py y Panamá Papers.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 10/04/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Leonardo Fariña abrió la puerta del infierno para la familia Kirchner y su núcleo más cercano, que, en forma planificada, tomaron al Estado como un botín destinado a enriquecerlos en niveles que no dejan de producir asombro. En su extensa declaración, el así apodado “valijero” aportó datos que impactaron tanto al juez de la causa, Sebastián Casanello, como al fiscal, Guillermo Marijuan. Fariña cumplió así su promesa de que hablaría.

Néstor Kirchner montó una aceitada máquina de corrupción que funcionó a pleno durante los 12 años que duró el kirchnerato. Fue algo pensado e instrumentado por un hombre que, además de haber sido un corrupto, exhibía frente al dinero conductas patológicas. Le gustaba tocar la plata, ante cuya presencia enloquecía. “Desconfiaba de los bancos y por eso le gustaba guardar la plata en cajas fuertes”, recordó Ricardo Cirielli, quien fue subsecretario de Transporte Aéreo durante la gestión del ex presidente.

El sistema que montó Kirchner una vez que llegó a la Presidencia fue simple: la plata le ingresaría a sus bolsillos a través de la obra pública. En esa operatoria, Lázaro Báez jugó un papel clave: el mismo que tuvo durante los dos períodos en que el ex presidente se desempeñó como gobernador de la provincia de Santa Cruz.

Austral Construcciones, la nave insignia del emporio montado por Báez, fue creada en mayo de 2003, poco antes de la asunción de Néstor Kirchner, ocurrida el 25 de mayo de ese año. A partir de ese momento, tanto uno como otro comenzaron a desandar un camino que los hizo inmensamente ricos a costa de sobreprecios de la obra pública. El volumen de dinero es a estas horas incalculable.

Por eso, la imputación a Cristina Fernández de Kirchner que ha hecho el fiscal Guillermo Marijuan no sorprende. Como tampoco sorprenderán las que seguramente hará a otros conspicuos personajes del universo K.

En su maratónica declaración, Fariña mencionó además al ex ministro de Planificación Julio De Vido, y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Hizo alusión también al fideicomiso del Banco Nación –con el que Báez tenía una deuda de 350 millones de pesos y a la que contribuyó a reestructurar– y a Ernesto Clarens, otro empresario que formó parte del universo K. Aportó documentación y describió la forma utilizada para la implementación de las maniobras de lavado de dinero.

Puntualizó que el banco Lombard Odier, con sede en Ginebra, fue utilizado como vehículo para llevar adelante toda esta operatoria de corrupción. Al respecto, vale recordar que Federico Elaskar ya había mencionado a esta casa bancaria en la declaración que le hizo a Jorge Lanata en el programa PPT en 2013. Como dato significativo, hay que señalar que el Lombard Odier aparece involucrado en dos hechos relevantes de corrupción: el caso Bárcena –el tesorero del Partido Popular de España que transfirió 25 millones de euros de origen espurio– y el caso del Petrolão, que sacude a Brasil. Dio el nombre de una persona de quien dijo que podría corroborar toda la información presentada en su declaración.

Ratificó la veracidad del video de La Rosadita, en el que se ve a Martín Báez, a Daniel Pérez Gadín, a Esteban Pérez Gadín y a Fabián Rossi contar dinero, y describió el modus operandi para movilizarlo dentro del país.

La detención de Lázaro Báez ordenada por el juez federal Sebastián Casanello le dio a la causa de la ruta del dinero K un vuelco copernicano. La medida adoptada por el magistrado produjo estragos dentro de ese submundo de complicidades que se armó entre el ex cajero del Banco de Santa Cruz y los Kirchner.

“Seguramente esto también terminó de convencer a Fariña para que hablara”, señalaba un funcionario judicial de los tribunales de Comodoro Py que conoce el significado de todo lo que pasa allí. “Si la mujer de Báez habla o no es ahora de menor valor; la revelación de los negocios compartidos entre su esposo y los Kirchner ya ha sido detallada por Fariña”, agregaba la misma voz. Para decir todo esto, Fariña pidió entrar en el régimen del arrepentido. Esta figura que, como tal, aún no existe en la legislación argentina tiene una posibilidad de aplicación fáctica en las causas por lavado de dinero. Para otorgarle este beneficio –que representa la posibilidad de una quita significativa de la pena– es necesario que el acusado aporte datos que sean verificables o tengan sustento documental.

Esta semana ha sido mala para Cristina Fernández de Kirchner, no sólo por la imputación que le ha hecho el fiscal Marijuan sino también por la declaración que ante el juez federal Julián Ercolini hizo el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Allí, el ex funcionario dijo que en la operatoria de la compra de trenes a España y Portugal –que eran chatarra y por los que se pagaron sobreprecios escandalosos– obró siguiendo estrictas instrucciones del ex presidente y de la ex presidenta. Todos estos hechos exponen cómo, durante el kirchnerato, el país estuvo a merced de un grupo de corruptos provenientes de Santa Cruz.

Seguramente la detención de Báez terminó de convencer a Fariña para que hablara.

La revelación sobre los documentos de Panamá (Panamá Papers) salpicó a Mauricio Macri, que demoró en darse cuenta de su exacta dimensión. Recién cuando el fiscal federal Federico Delgado actuó, el Presidente reaccionó como correspondía y encomendó a sus abogados hacer una presentación ante un juez de la documentación que diera respaldo a sus explicaciones sobre la empresa offshore de la que fue director junto a su padre, Franco Macri.

Dicho sea de paso, tampoco la Justicia actuó en tiempo y forma. Conocida la información el domingo, un fiscal debió haber actuado de oficio el mismo lunes. “Nuestra reacción fue mala”, le reconoció a un confidente Marcos Peña. Contribuyó a ello la actitud de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, más preocupada por justificar a Macri que por cumplir con las obligaciones de su cargo.

Por esas cosas del destino, en la Justicia Federal se vive un momento particular. Algunos de sus jueces son conscientes de la gravedad de la hora. “La sociedad, que está harta de la corrupción, nos está mirando”, reconoció uno de ellos. Es que, como nunca antes, la sociedad ha comenzado a tener noción exacta del impacto negativo que sobre aspectos concretos de su vida tiene la corrupción.

La tragedia de Once, rutas en mal estado, obras mal hechas o inconclusas, obras anunciadas y o nunca concretadas, son parte de una realidad que en unos casos ha costado vidas, y en otros las ha afectado y las complica y pone en riesgo aún hoy.

“Nadie piensa donde todos lucran. Nadie piensa donde todos roban” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

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Modelo para armar…

Las dos semanas iniciales del presidente Mauricio Macrì permiten apreciar algunas características de la primera administración de la derecha argentina que no se inicia por la fuerza de las armas. Esta diferencia en la legitimidad de origen no prejuzga sobre la legitimidad de ejercicio, pero obliga a la mayor cautela a la hora de discernir de qué clase de gobierno se trata.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más medianías.

Otro tanto podría decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas, y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con decenas de muertos en todo el país.

No sólo por la vía de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar, medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York, y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri. 

De regreso al presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa.

La herencia

Ningún gobierno recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en 2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público, renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde. Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien días de gracia.

Ni necesidad ni urgencia

Hasta ahora se las ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia, explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.

A confesión de parte

La decisión del juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba parte de la denuncia.

El coronel Luis César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.

Larga vida al juez Julián Ercolini.

Vuelos de la muerte: Las hormiguitas del capitán Hess… @dealgunamanera...

Las hormiguitas del capitán Hess…

El avión Ushuaia, usado para arrojar prisioneros al mar, exhibido en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca.

A cuatro años de concluida la investigación sobre el relato del capitán Emir Sisul Hess como piloto de los vuelos de la muerte, la justicia nunca lo citó a declarar. Una demora que muestra la escasa voluntad judicial en avanzar con esas causas.

Son centenares, tal vez miles. Miembros de las tres Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad y también civiles. Los más jóvenes tienen poco más de cincuenta años. Los mayores rondan los noventa. Un puñado está en prisión. Algunos enloquecieron. Varios trabajan en aerolíneas, nacionales y extranjeras. 

La mayoría disfruta de hijos y nietos, va a misa y recorre las calles como cualquier vecino. Sólo ellos y sus íntimos conocen el secreto que los degrada: arrojaron a personas vivas, drogadas, indefensas, desnudas, desde aviones en vuelo hacia el vacío. Treinta años después, los vuelos de la muerte aún rinden frutos. Existen casos probados a partir del hallazgo, en costas bonaerenses y rioplatenses, de cadáveres de personas que pasaron por Campo de Mayo, ESMA y Olimpo. Existen miles de desaparecidos a los que se privó hasta de una tumba sin nombre. Existen confesiones públicas y privadas que coinciden en la rotación del personal para sellar el pacto de silencio. No existe, sin embargo, ninguna estrategia judicial para identificar a pilotos y tripulantes.

Si la clandestinidad, la destrucción de pruebas y el silencio impiden poder investigar a fondo cada eslabón del Estado terrorista, identificar a quienes participaron en los vuelos tiene un escollo adicional: no hubo testigos en los aviones. Un sondeo entre querellantes, antropólogos y magistrados sugiere sin embargo que el fin no es utópico. Entre las pruebas disponibles tiene un valor central la confesional, la admisión ante terceros. ¿Alguien pudo no haber relatado la experiencia límite de arrojar a una persona al mar? ¿Morirán los confesores en la complicidad del silencio?

Página/12 publicó ayer la historia de dos aviones Electra en exposición, relatos sobre vuelos de los propios represores y la confesión de un suboficial naval que admitió su participación ante compañeros de trabajo. A cuatro años de concluida la instrucción sobre el relato del capitán de corbeta Emir Sisul Hess como piloto de vuelos de la muerte, la justicia no lo citó a declarar.

“Tipos muy pesados”

Nacido en Bahía Blanca en 1949 y miembro de la promoción 102 del comando naval, Emir Sisul Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora pero mencionada por el cabo Raúl Vilariño, que ya en 1984 denunció los vuelos, como una cobertura de represores de la ESMA.

Hess era aviador naval y paracaidista. Tenía el grado de teniente de corbeta. Sus jefes eran el capitán de corbeta Néstor Santiago Barrios y el teniente de navío Miguel Angel Robles. En 1978 pasó a la Escuadrilla Aeronaval de Propósitos Generales, bajo el mando del capitán de corbeta Enrique Carlos Isola y del teniente de navío Ernesto Proni Leston.

En 1984, citado a declarar por el contralmirante Horacio Mayorga en un sumario para desacreditar al cabo que describió la vida interna de la ESMA, dijo desconocer a Vilariño. Pasó a retiro en 1991 como capitán de corbeta, con 41 años, e incursionó en el rubro turístico como gerente del complejo Lago Espejo Resort S.A. en Villa La Angostura. En aquel paraíso y en pleno menemato, cuando la impunidad parecía irreversible, tuvo lugar su confesión, el primer relato de un piloto sobre los vuelos que llega a la justicia.

“Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró José Luis Bernabei, que trabajaba en el complejo frente al lago. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó ante el juzgado de Juan José Galeano.

La base de Palomar es la misma que Rodolfo Walsh vinculó a los vuelos en su Carta Abierta a la Junta Militar. “Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto”, calculó en marzo de 1977. Detalló el hallazgo de cuerpos mutilados en costas uruguayas y acusó a las tres Fuerzas Armadas “de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea”. Identificó como jefe al brigadier Hipólito Mariani, condenado a 25 años de prisión por crímenes en Mansión Seré pero libre hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la sentencia, y apuntó que “usaron transportes Fokker F-27”.

El testimonio ante la Conadep de Arnoldo Bondar, empleado civil en Palomar, sugiere que no sólo los cautivos de la Armada despegaban desde la base de la Fuerza Aérea. “En reiteradas oportunidades vi llegar camiones de la policía de la provincia cargados de jóvenes de ambos sexos que eran embarcados en aviones a motor de dos hélices, generalmente de la Armada. Desconozco el destino. Esta operación se realizaba al costado de la pista principal y casi siempre llegaban antes algunos patrulleros para montar guardia alrededor del avión”, declaró.

Cuando Galeano comenzó a investigar a Hess descubrió que no sólo Bernabei había escuchado la confesión. Un empleado sacó el tema después de leer el Nunca Más y Hess reiteró el relato. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, era un tipo íntimamente trastornado”, recordó.

–¿No sentía lástima por esa gente? –le preguntaron.

–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess en tercera persona–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.

En 2002, cuando trascendió en la prensa que la Cámara Federal porteña había ordenado investigar el caso, el almirante Horacio Zaratiegui afirmó en una carta de lectores de La Nación que en la Armada no existió nunca un oficial Hess. “No sé si existe pero no importa. Sería un capitán de corbeta retirado, aviador naval”, lo invocó con precisión el fallecido Florencio Varela en una conferencia ante militares. El abogado, que según el condenado general Santiago Riveros tardó seis años en comprender la lógica castrense, citó un escrito de Hess en el que renegaba por la impopularidad de su oficio. “Un militar se capacita para matar o morir, por supuesto que en salvaguarda de valores superiores. Perder de vista nuestra razón de ser nos puede convertir en cirujanos con aversión a la sangre”, lo citó Varela.

La causa por la confesión de Hess, que tiene 60 años, se inició en marzo de 2002. Se sentía perseguido por el juez Baltasar Garzón desde fines de la década del ‘90, cuando el español pidió las primeras detenciones. Su temor aumentó en 2004, cuando la policía comenzó a rondar su casa en El Atardecer 4491, barrio Las Colinas, a cuatro kilómetros de Bariloche. “Para la policía o la Justicia no estoy escondido. Lo que quiero evitar son periodistas y gente relacionada con los derechos humanos”, le explicó a un amigo en un llamado que interceptó la justicia.

En septiembre de 2005 el juez federal Julián Ercolini, que reemplazó a Galeano tras su renuncia, declinó la competencia y le envió la investigación a su par Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA, donde ya existía la causa 3227/02 sobre los vuelos, una recopilación de listados y legajos de marinos sin procesar. Allí, en un despacho de Comodoro Py, descansa desde hace cuatro años.

© Escrito por Diego Martínez el lunes 07/09/2009 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Morenito... ¿Hizo falta tanta agua?... De Alguna Manera...

Cómo (y por qué) se cocinó la renuncia de Guillermo Moreno…

Virtualmente acorralado, Guillermo Moreno decidió hoy renunciar a su cargo al frente de la Secretaría de Comercio Interior. Lo hizo un día después de haber pedido a la Justicia que lo sobreseyera en el marco del expediente en el que está procesado por multar a las consultoras privadas que difunden datos de inflación.

No fue casual su salida, sino más bien una de las exigencias de Jorge Miton Capitanich antes de asumir al frente de la emblemática Jefatura de Gabinete de Ministros. Debilitada, Cristina Kirchner no tuvo más remedio que entregar su cabeza.

Nadie extrañará su gestión, plagada de fracasos de diversa índole. Los precios congelados, los planes para todos, la presión por Papel Prensa, las cosechadoras “míticas” de Angola, la Moreno-Card, el dólar paralelo, la recuperación de la ex papelera Massuh, y los erráticos Cedin, fueron apenas algunas de esas decepciones.

¿Qué ocurrirá ahora con las causa judiciales que jaquean al otrora poderoso secretario? Nadie lo sabe, aunque es probable que la suerte que supo acompañarlo en estos años, comience a volverse esquiva.

Por caso, los camaristas K Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, se han negado hasta ahora a desprocesarlo penalmente en la causa por amenazas antes referida. Ello a pesar de sus súplicas persistentes.

No es el único expediente que lo complica: el juez Julián Ercolini lo investiga también por haber amenazado a los accionistas privados de la empresa Papel Prensa el día que concurrió a una asamblea de accionistas de la empresa portando guantes de boxeo.

A esas denuncias debe sumarse la que iniciarán en unas horas legisladores de la oposición por su inexplicable crecimiento patrimonial. Es que, según revela su última declaración jurada —presentada ante la ineficaz Oficina Anticorrupción—, Moreno afirma haber ganado $469.872,58. Lo suspicaz del asunto es que el ahora ex Secretario jura haber ganado esa diferencia luego de adquirir títulos públicos en dólares. Uno, inclusive, se rige bajo ley extranjera.

Hay quienes sospechan que este último dato no estaría desvinculado de su eyección del gabinete oficial.

Como sea, la suerte de Moreno ha cambiado de un día para otro y ni siquiera la lejana Italia, donde será designado como agregado en el área económica, podrá tapar el fiasco que dejó a su paso.

No obstante, hay un dato que no debe dejar de tenerse presente: Moreno siempre hizo lo que le indicaron Néstor y Cristina Kirchner. Ergo, su desempeño fue apenas una muestra de sumisión oficial. Mal que le pese a más de uno, toda la responsabilidad de sus actos persiste en las oficinas más relevantes de Casa de Gobierno.

El ex Secretario solía decirlo a sus pocos íntimos: “Soy un soldado de la causa”. Es el lema que llegó a pronunciar en actos oficiales y que hoy nadie parece querer recordar. Ni dentro ni fuera del gabinete de Cristina.

En psicoanálisis es un tópico muy conocido y fácilmente aplicable a esta situación: se denomina “represión de los recuerdos”.

© Escrito por Christian Sanz el martes 19/11/2013 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.