República Judicial. Excarcelandia…
“¡SALE OTRO!”
Carlos Zannini. Dibujo: Pablo Temes.
Las liberaciones de nombres
polémicos alientan la sensación general de impunidad.
© Escrito por Nelson
Castro el domingo 25/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
"Si
a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, creo que están equivocados”. Con
esas palabras Eduardo Farah, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional Federal, quiso justificar su decisión ante una
indignada sociedad que buscaba respuestas, luego de ver que Cristóbal López, empresario emblemático enriquecido de modo cuestionable
durante el kirchnerato, volvía a gozar del derecho más preciado para el hombre:
la libertad.
En
estos últimos años, la Justicia fue una protagonista indiscutida del
debate social. El destino de referentes políticos y sus allegados –que
alguna vez supieron representar la esperanza de muchos– se ve hoy comprometido
por bochornosas causas de corrupción, y la Liga de la Justicia que debe
defendernos de sus atropellos es un gran misterio para la sociedad. Se trata de
nombres resonantes que vemos a diario en los titulares de noticias, pero que
pocas veces podemos identificar con una cara y una voz. Esta es la encrucijada
que debió enfrentar el juez Farah, quien definió con su voto la libertad de
López para la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió romper el
manto de misterio con una nota televisada e intentar así apaciguar la lluvia de
críticas, tanto de la sociedad como hasta del propio presidente de la
Nación, Mauricio Macri. El efecto que logró fue
exactamente el contrario.
Contextos.
El
camarista se centró en explicar las resoluciones más polémicas del fallo: el
levantamiento de la prisión preventiva de López y su socio, De Sousa, y el
cambio de carátula de “defraudación al Estado” a “apropiación indebida de
tributos”, lo que implicaría que sea investigado bajo el fuero penal
económico, dándole la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago,
con quita de intereses, y pedir la extinción de la acción penal por pago. Farah
niega tajantemente que la sentencia sea beneficiosa para el imputado y aduce
que las penas no solo son las mismas, sino que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaría más complicado. Pero vale la pena repasar el
trayecto de la causa para comprender su contexto.
Factor
Carrió.
La causa se inició en marzo de 2016
tras una denuncia que Elisa Carrió realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la
instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, donde relató el modo en el que las
autoridades de la AFIP habrían permitido, en connivencia con Cristóbal López y
De Sousa, que la empresa Oil Combustibles no abonara el impuesto sobre
los combustibles líquidos y utilizara indebidamente ese dinero para
capitalizar otras sociedades del grupo Indalo. La intención de la diputada fue
sumar la denuncia a la causa madre, iniciada en 2008 en ese juzgado por la
asociación ilícita que encabezarían la ex presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, ex funcionarios públicos y sus empresarios amigos, elevada a juicio
oral el pasado 2 de marzo.
Unos
meses después de presentada la denuncia, el juez Ercolini se declaró
incompetente en favor del juzgado penal económico, aduciendo premisas
similares a las del fallo actual de la Cámara de Apelaciones. En dicha
oportunidad, fue por un recurso de Casación presentado por el fiscal de Cámara
Germán Moldes. La Cámara de Casación en noviembre de 2017 declaró la nulidad de
la resolución de la Cámara de Apelaciones y devolvió la causa al fuero federal.
Es decir, ya había existido un intento de que la causa fuese juzgada bajo la
órbita del fuero penal económico. Ahora, ¿cuál es el problema principal del
cambio de carátula, además de darle a López la posibilidad de financiar su
deuda y ser eximido de la acción penal? Que al ser juzgado bajo el fuero penal
económico, la defensa podría acogerse a éste para acceder a los beneficios que
ella prevé e intentar desligarse de la causa madre que inició Carrió en 2008.
Carátulas.
“La
hipótesis delictiva no se agota en un posible delito de naturaleza tributaria,
sino que comprende maniobras que suponen la intervención de diversos
funcionarios públicos”, cita el fiscal Pollicita en el recurso de apelación
presentado ante la declaración de incompetencia del juez Ercolini en 2016.
Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, al no ser vinculante, no cambiarán
la carátula sea cual sea la resolución de Casación.
“No
me voy a callar más, es algo de lo que me arrepiento”, decía un Cristóbal López enfurecido en la improvisada
conferencia de prensa luego de su liberación. Pero después de los consejos de
su abogado Carlos Beraldi, el empresario decidió mantener silencio para
planificar su estrategia de defensa ante los medios.
En
verdad, lo que sucedió es que frente a un coaching exigente el empresario K
pudo contestar con fundamentos solo un par de preguntas. Allegados a López
están convencidos de que la prisión fue de “alevosa arbitrariedad” y que detrás
de la maniobra está el presidente Mauricio Macri, quien “quiere ver al
empresario en quiebra para que sea un caso testigo”. “No se puede usar a la
Justicia para operaciones políticas”, dijo Beraldi. que sostuvo además que el
impedimento por parte de la Justicia y la AFIP de realizar el pago de la deuda
llevó a un intencional estrangulamiento de la empresa.
A la
calle.
Pero
como “sobre llovido, mojado”, ayer recuperaron su libertad Luis D’Elía
y el secretario de Legal y Técnica del kirchnerato, Carlos Zannini. Como
dijimos desde esta columna, ambas prisiones preventivas eran de débil
argumentación jurídica. Veamos la nómina de los liberados: Amado Boudou,
Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido– Cristóbal López, Fabián de
Sousa. Esto no hace más que agregar descrédito a una Justicia crecientemente
desprestigiada.
Las
sospechas de coimas corren por los pasillos de tribunales a la velocidad de un
rayo. Hay nombres, lugares y cifras exactas.
En
muchos casos, la ley se interpreta de forma sesgada y, a veces, disparatada.
Las causas están repletas de escaramuzas. Sentencias hay pocas y, en casos de
corrupción, cuando se producen ya son inocuas.
Un
ejemplo es el caso del ex presidente Carlos Menem y su exhibición de obscena
impunidad. Es hora de recordar –una vez más– que sin justicia no hay república.
Producción periodística: Lucía
Lopreiato.
