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miércoles, 1 de febrero de 2017

Los Panamá Papers de Franco y Mauricio... @dealgunamanera...

Por qué investigan a Mauricio y Franco Macri por los Panamá Papers…

Maurico y Franco Macri.

El fiscal Federico Delgado quiere saber si hubo “maniobras de lavado de dinero” en dos empresas offshore, Fleg Trading y Kagemusha.

© Publicado el miércoles 01/02/2017 por la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que se ahonde la investigación al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a su padre, Franco Macri, para determinar si fueron parte de operaciones de lavado de dinero. Macri fue imputado por el fiscal por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos sociedades en las que era director, Fleg Trading, en Bahamas, y Kagemusha, en Panamá.

En abril pasado, Franco Macri se presentó ante la justicia civil en abril pasado en un intento por deslindar a su hijo. Además lo hizo ante Casanello, el juez federal que también investiga el escándalo de Panamá Papers, revitalizado después de que el 21 de septiembre aparecieran los Bahamas Leaks.

El propio presidente había pedido en la justicia civil que su padre aclarara la propiedad de Fleg. Allí el octogenario empresario presentó un documento que indica que en octubre de 1998, siete meses después de constituir la empresa offshore, él y sus hijos Mauricio y Mariano, en su calidad de directores, nombraron a otras personas en su reemplazo. También presentó sus declaraciones juradas de impuestos entre 1998 y 2005, en las que reconoce como propias 1.950 de las 5.000 acciones de Fleg, con un valor de un dólar cada una, y en la que agrega que Mauricio y Mariano tuvieron 1.525 cada uno al constituirse la compañía pero ya no a partir del 31 de diciembre de 1998. El presidente sostiene que carecía de la obligación de mencionar esta sociedad en sus declaraciones juradas como jefe de Gobierno porteño (2007-2015) porque no era su accionista.

El diputado y contador neuquino del Frente para la Victoria Darío Martínez, que viene impulsando la causa,  amplió en octubre su denuncia con el argumento de que “las pruebas que muestra” el padre de Macri “no lo eximen sino que por el contrario lo comprometen”. Por un lado, el diputado se pregunta: “¿Si Francisco (nombre legal de Franco) Macri tiene el 39% de las acciones (de Fleg), quién tiene el restante 61%?”. Y recuerda que esta sociedad de Bahamas, como es habitual en las offshore, tiene acciones al portador, sin necesidad de registrarlas ante las autoridades, como sucede en la Argentina y en los demás países que no son paraísos fiscales. Por otra parte, el diputado señala que Mauricio Macri era director de Fleg cuando en septiembre de 1998 se cometió lo que él presume una maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares en Brasil. Esta operatoria también está siendo investigada por el fiscal Delgado.

Socma en Bahamas

Según información recabada por Martínez en registros públicos de Sâo Paulo, la sociedad Socma Americana le vendió el 21 de septiembre de 1998 a Fleg, que tenía un patrimonio inicial de 5.000 dólares, su parte en una empresa llamada Owners do Brasil por 9,3 millones de dólares. Nueve días después, Fleg y el otro accionista de Owners, otra empresa llamada Socma SA, redujeron el capital de la firma en común a 1,4 millón y retiraron 8,5 millones. El fiscal Delgado quiere saber si todo esto ha sido registrado por Socma en la Argentina y por eso ha pedido que auditen sus cuentas peritos de la Corte Suprema y además ha solicitado información a Brasil.

Los Bahamas Leaks revelaron la existencia de una nueva sociedad de Socma en Bahamas, viajeya.com, en la que no figuran ni Franco ni Mauricio Macri. En el grupo afirman que la operatoria de la empresa en cuestión estaba declarada ante las autoridades tributarias de la Argentina. “Por ahora en los Bahamas Leaks no detectamos nada llamativo”, comentan en el despacho del diputado Martínez.

En la Casa Rosada insisten con que la culpa de los Panamá Papers “es de Franco”.



domingo, 4 de diciembre de 2016

El boletín de Yrigoyen… @dealgunamanera...

El boletín de Yrigoyen… 
¡¿Cómo un 8...?! Mauricio Macri. Dibujo: Pablos Temes

Entre la autocalificación del Gobierno y la realidad hay distancias. Los pasos en falso.

“Me pongo un 8”, dijo sin pestañear el presidente Mauricio Macri al calificar el resultado de su primer año de gestión. Al poco tiempo, y en el mismo tren, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, hizo referencia a dicha calificación, asegurando que “faltan sólo dos puntos para el 10 (sic)”. ¿De verdad creerán eso? Tras estas muestras de autoindulgencia, vino el “retiro espiritual” del Presidente junto a sus ministros y secretarios de Estado en Chapadmalal, durante el que les fue posible hablar más francamente sin el agobio que les producen cámaras y micrófonos. Es que los principales problemas por los que atraviesa la gestión del Gobierno corren al ritmo de los vaivenes que producen las penurias de una economía que no repunta. Los “brotes verdes” tienen el aire borgeano de “una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido”.

“Hay una gran diferencia cuando se pasa de los números prolijos en la planilla de cálculos al plano real, donde la variable gente y la variable política echan por tierra las estimaciones más optimistas”, reflexiona un economista de consulta del Gobierno. El ajuste llegó pero los resultados positivos de ese “sinceramiento” aún no están a la vista. La verdad es que, en materia económica, el Gobierno está dando señales contradictorias. Por un lado, mantuvo altas tasas de interés, pretendiendo que la gente consuma igual –los libros indican que cuando esto ocurre los resultados son exactamente los opuestos–; por el otro, realizó una apertura de importaciones para intentar dominar la escalada de precios. A esto debemos sumarle la continuidad del déficit fiscal debido a que el gasto público sigue alto porque no encuentran la forma políticamente viable de reducirlo. 

Los desencuentros en materia económica acentúan la división entre los hombres del PRO de paladar negro y aquellos que están más abiertos a la inclusión de figuras periféricas. Esa discusión sobrevoló el convite de 
Cambiemos en la costa argentina. Un hombre de confianza del círculo rojo lanzó una frase determinante por lo cruda y lo preocupante: “Hoy Mauricio, a un año de gobierno, tiene menos poder real que Cristina en el último mes de su mandato”. Es cierto que CFK tenía políticamente controladas ambas cámaras y un control férreo sobre los gobernadores, que le temían y a quienes sometía a sus enojos y caprichos, con todo lo malo que ello fue. Macri carece de ese poder casi absoluto que tuvo CFK. El ejemplo más crudo es la cachetada al proyecto de reforma política que naufragó por obra de los caciques provinciales, que son lo más viejo del Partido Justicialista. 

A este paso, la billetera de Cambiemos está soportando la inexperiencia política. Se juntan con los gobernadores y entregan dinero, con los gremios y entregan dinero, con organizaciones sociales y entregan más plata... La lista sigue. La obsesión por alcanzar un fin de año en paz se está saliendo de control. Dos intendentes del justicialismo describieron la situación a la perfección: “Estamos en el mejor de los mundos. No tenemos problemas para hablar con Vidal, nos mandan obras, nos mandan plata y encima no nos piden lugares en las listas”.

En este contexto, las internas políticas dentro del Gobierno ya han superado a las que se expusieron en materia económica entre Prat-Gay y el presidente del Banco Central, 
Federico Sturzenegger. Este último estuvo ausente en el encuentro en la costa para evitar cruces técnicos y discusiones de política económica con el ministro de Hacienda. En Chapadmalal hubo un claro pedido de Macri: “Que los ministros se focalicen a fondo y se mantengan al frente de la gestión”. Es la receta predilecta de Jaime Duran Barba. Hoy el único que parece tener conciencia de la situación es Emilio Monzó. Pide a gritos que se hagan esfuerzos por sumar aliados políticos entre tanta generosidad. Hasta ahora, no lo han escuchado. 

Entre quienes quieren profundizar el modelo amarillo puro, están a la cabeza el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y Duran Barba. Consideran que, apoyándose en la gestión, podrán abrirse camino en la selva. En la otra vereda está la mayoría –Monzó, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Diego Santilli y los radicales–, quienes, a pesar de tener menor poder, pugnan por sumar aliados con el objetivo de abrir el juego y contener el avance de Sergio Massa. Un analista fue todavía más duro: “En el primer grupo, al cual hay que agregar a Horacio Rodríguez Larreta, a Federico Salvai y a Miguel de Godoy, siguen creyendo que ganaron porque son buenos, honestos, y porque hicieron una buena campaña de redes sociales que supo transmitir de manera simple la idea del cambio”. En el segundo grupo, por contrapartida, dicen otra cosa: “Muchachos –más allá de los aciertos de Duran Barba–, acá ganamos porque los demás se equivocaron. Así que: o abrimos el juego o nos complicamos”. Así están las cosas hoy, una verdadera discusión entre las opciones a seguir que se vio reflejada en el “retiro espiritual” a la hora de analizar la mejor forma de contener a los caciques del PJ y los gobernadores díscolos. Un problema que hasta el momento –en cuestiones claves– no ha tenido solución.

Más problemas.


La prisión de Milagro Sala se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno, que, increíblemente, no lo advirtió. Las causas contra la líder de la Tupac Amaru abundan en evidencias. Las razones para su prisión preventiva indefinida, no.  

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual el Presidente modificó un artículo fundamental de la ley que habilitó el blanqueo de capitales –medida moralmente siempre cuestionable– sigue produciendo revuelo. No es cualquier artículo. Es el que había dejado excluidos a los familiares de vínculo directo –padre, madre, hijo, cónyuge– de la persona que se desempeña en un cargo público. Con ver todo el entramado familiar de la corrupción del kirchnerismo –en el que abunda la participación de hijos, tíos, primos, cuñados–, no hacen falta demasiadas explicaciones para comprender la importancia del artículo de marras.  

¿A quién o a quiénes buscó beneficiar Macri con este DNU? ¿Por qué no lo hizo mediante un proyecto de ley, para que dicha modificación se hubiera discutido y tratado en ambas cámaras del Congreso? ¿Cómo evitar sospechar de la medida cuando el padre del jefe de Estado, Franco Macri, es investigado por el delito de evasión impositiva en el affaire de los Panamá Papers?

Estas cosas las hacía el kirchnerismo. Cambiemos prometió otra cosa. ¡Inquietante!


Producción periodística: Santiago Serra. 


domingo, 26 de junio de 2016

Nombre del Juego... @dealgunamanera...

La historia de un ambicioso corrupto…


Si Mauricio Macri se convierte en el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se hará realidad una frase que se exhibe en los negocios donde prevalece el trato fraternal con los clientes: "Atendido por sus propios dueños".

© Escrito por Carlos Forte el lunes 21/07/2003 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Al día de hoy, y sólo a través de un puñado de las más de 30 empresas que componen el holding familiar, Macri tiene negocios con el gobierno porteño por un valor anual que supera largamente los 100 millones de pesos. Es decir que si gana será patrón de sí mismo.

En ese caso se daría la contradicción de que velaría por los intereses del Estado, que se beneficia con él. 

Un breve repaso sobre los actuales negocios de SOCMA –Sociedad Macri de la cual Mauricio es el vicepresidente– con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela hasta qué punto podría existir un choque de intereses privados y públicos.

O dicho de otro modo: cuántas razones tiene Mauricio para querer manejar el Gobierno de la Ciudad.

A través de INTRON –en la actualidad 60 por ciento de Siemens y 40 por ciento de SOCMA –, el holding accedió, durante la intendencia de Carlos Grosso, al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad.

Lo hace a través de UTE-Rentas. La empresa emite, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y del impuesto automotor.

El contrato es de 10 millones de pesos anuales. También a través de INTRON maneja una de las dos empresas de control fotográfico de vehículos.

La licitación es por cinco años. La facturación promedio, cuando se licitó, fue estimada en 5 millones de pesos.

Dentro de SOCMA, INTRON   forma parte de una especie de sub holding que también integran SEPSA y SISTEMAS CATASTRALES. A través de esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios y las ampliaciones no declaradas en viviendas.  También la aprobación de planos. Se trata de un contrato por 20 años, firmado también durante la intendencia de Grosso.

SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta. IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones.

La firma se presentó en dos licitaciones sobre las cuales ya pasó los requerimientos técnicos. Se está a la espera de la apertura del sobre número 2, es decir, el que tiene la oferta monetaria.

Una de las licitaciones, por 70 millones de dólares, es para la construcción de los denominados "reservorios", a través de los cuales Aníbal Ibarra espera mitigar las inundaciones en la ciudad.    La otra es por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna. 

El Correo Argentino se presenta en todas las licitaciones a las que llama el gobierno porteño. En la última estuvo a punto de adjudicarse la entrega domiciliaria de las facturas de rentas. Finalmente el servicio quedó en manos de OCA, su principal competidora. Este negocio, de 10,5 millones de dólares anuales, se renueva cada dos años. A través de la empresa FAX S.A., el grupo controlaba gran parte de la inversión publicitaria.

Hasta el 2000, año en que fue vendida a la empresa española CARAT, formaba parte de SOCMA AMERICANA S.A. Es decir, del mismo sub holding en el que Mauricio figura, aún hoy, como vicepresidente.

MANLIBA es la empresa de recolección de residuos que perdió la última licitación convocada por Fernando de la Rúa cuando este estaba a cargo del Ejecutivo porteño.

A través de esta firma, Franco Macri se alzó, en 1979, con una de las pocas y más suculentas privatizaciones dispuestas por el gobierno militar. El convenio inicial entre la municipalidad y MANLIBA fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco.

Pero esta concesión terminó en un verdadero escándalo cuando la intendencia del radical Julio Saguier quiso aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó con el Plan Austral. La empresa protestó porque consideraba que no se debía aplicar este descuento.

El litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el menemista Carlos Grosso llegó al gobierno y el litigio se dirimió a favor de MANLIBA.

La llegada de Grosso a la intendencia fue una bisagra para los negocios de don Franco y su hijo Mauricio. Grosso no sólo fue escondido por la familia Macri cuando era perseguido por los grupos de tareas de la dictadura militar por su militancia en Montoneros, sino que también fue nombrado directivo de SOCMA.

Macri, desde sus empresas, realizó contrabando, es el "dueño" de las autopistas más caras del mundo, compró el correo en una oscura licitación, NO paga el canon estipulado, y pretende presentarse en convocatoria de acreedores.

Como dirigente de fútbol, mal vendió a los pocos jugadores de éxito que tenía el club. Ejemplo: Riquelme, lo dejó estar hasta que lo vendió a la mitad de lo que podría haberlo hecho, Palermo, es otro caso igual o peor. Él y sus "socios" son dueños del 90% de los jugadores de las inferiores, Boca los mantiene, les enseña, será la vidriera nacional e internacional, y si alguna vez los vende.... Macri cobrará la parte del león.






jueves, 23 de junio de 2016

Cómo la dictadura benefició a los Macri… @dealgunamanera...


Cómo la dictadura benefició a los Macri…

Deuda Externa privada pasada al Estado Argentino.

Las empresas que pertenecían a Franco Macri, padre del jefe de gobierno porteño (N.R.: hoy Presidente de la República), forman parte de un extenso listado de compañías favorecidas con la estatización de su deuda privada. Cifras de un negocio vil y millonario.

© Escrito por Manuel Alfieri el lunes 14/01/2013 y publicado por el Diario Tiempo Argentino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.




“Si tu papá era empresario y se hicieron cargo de su deuda, por lo menos hay que guardar respetuoso silencio". Las palabras pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández el pasado jueves desde la Casa Rosada y dirigidas al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hacían alusión al oscuro prontuario financiero de las empresas Socma y Sevel. Ambas firmas fueron beneficiadas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, y todavía eran propiedad del empresario Franco Macri.

Sin embargo, no fueron las únicas favorecidas en los años de plomo. Socma y Sevel forman parte de un extenso listado de más de 70 empresas que traspasaron sus pasivos hacia las arcas del Estado entre 1979 y 1983. La disposición, tomada por los sucesivos presidentes dictatoriales, benefició a grandes corporaciones y grupos económicos que, hasta hoy, y pese a la intervención de la justicia, nunca fueron llamados para dar explicaciones en los Tribunales.

Según consta en la causa que investigó esta espuria maniobra, entre las firmas nacionales más importantes se encuentran la mencionada Sevel, que a fines de 1983 adeudaba 124 millones de dólares; Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, con 649 millones; Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc, con 211 millones; y Loma Negra, de los Fortabat, con 62 millones. También hay corporaciones multinacionales como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, el listado incluye al sector financiero: Banco Río, Francés,  Citibank y Supervielle, entre otros.

Algunas de las empresas favorecidas estaban vinculadas a la Fundación Mediterránea, un think tank liberal nacido al calor del menemismo, que tuvo como líder a Domingo Cavallo, el orquestador de la estatización de la deuda externa. Allí aparecen Astra, Alto Paraná SA, Banco Galicia, Grupo SADE e Industrias Metalúrgicas Pescarmona, entre otras.

El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en 1983: 23 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.100 millones de dólares.

"Fue una de las mayores estafas al pueblo argentino. El Estado fue usado para negocios privados y para innumerable cantidad de operaciones turbias", aseguró uno de los más rigurosos investigadores del tema, el ex diputado nacional Mario Cafiero.

Pero, ¿cómo fue posible que estos privados transfirieran sus pasivos en el exterior a las cuentas públicas? Según el historiador Alejandro Olmos Gaona, que demandó a un centenar de firmas favorecidas con la estatización de sus deudas en la dictadura, la respuesta está en los llamados seguros de cambio. "Permitían que una empresa se endeudara con el exterior a un dólar uno a uno. Cuando el dólar subía y la empresa debía pagar su deuda, el Estado se hacía cargo de la diferencia", explicó Olmos Gaona.

Mediante este régimen, el Banco Central les garantizó a estos deudores el tipo de cambio vigente en aquel momento, con el objetivo de protegerlos en caso de que hubiera una devaluación que incrementara el valor de estos pasivos. Eso, justamente, fue lo que sucedió. 

"El tipo de cambio aumentó diez veces en un año, con lo cual el Central les cobró a los privados en pesos y a la tasa inicial, lo que produjo un descomunal subsidio estatal para los deudores externos privados. Fue una estafa, pero una estafa legal", sostuvo el historiador y economista Eduardo Basualdo, autor del libro Deuda externa y poder económico en la Argentina.

La trama de esta operación fue investigada por el juez Jorge Ballesteros. "Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio", afirmó el magistrado en la causa Nº 14.467, donde pesquisó el crecimiento de la deuda bajo el gobierno militar.



Además, Ballesteros determinó que en muchos casos las empresas ni siquiera pagaron los créditos obtenidos, pero los funcionarios estatales jamás reclamaron el dinero. Así, según las pericias, "con fondos del Tesoro Nacional se cancelaron obligaciones de varias empresas privadas en distintas monedas". Pero ni el Central ni el Banco Nacional de Desarrollo "iniciaron actuaciones judiciales para el recupero de las sumas"

El empresariado no sólo fue favorecido con lo dispuesto por el Central durante los años de plomo, sino también con los escasos controles sobre la actividad financiera. El juez Ballesteros detectó infracciones a la ley penal cambiaria, confusión entre deudor y acreedor, sumas no ingresadas al país, anomalías en la concertación de seguros de cambio, aportes de capital encubiertos como préstamos financieros, subfacturaciones y autopréstamos. Entre las entidades acusadas de realizar esta última maniobra estaba Socma, del Grupo Macri. 

También fueron señaladas Cargill, Selva Oil, Sideco Americana, Suchard Argentina, Celulosa Jujuy, Ford Motors Argentina, Sudamtex, Textil Sudamericana y Renault.

Otras irregularidades fueron atribuidas a Cementos NOA SA que, de acuerdo con la causa, de los 50 millones de dólares que acusaba en concepto de deuda con bancos en el exterior, "sólo ingresaron al país 6.169.086, es decir, el 12,20%, entregado por el Banco Exterior de España para la compra de maquinarias. El resto adeudado, más de 44 millones de dólares, jamás ingresó y debió ser asumido por el Estado".

Pese a los intentos por condenar a los políticos y empresarios que participaron de esta oscura operación, la causa judicial se cerró en 2000, sin condenas. Apenas hubo, por un tiempo, un procesado: Martínez de Hoz. Después de su contundente fallo, Ballesteros se limitó a enviar una recomendación al Congreso de la Nación para que determine a los posibles culpables, algo que nunca sucedió.

A fines de 2011, en el marco de un nuevo expediente abierto en 2005, el fiscal Federico Delgado presentó un escrito para volver a investigar la estatización de la deuda privada. Allí planteó la evaluación del inicio de acciones de reparación,  no sólo contra funcionarios públicos sino también contra empresas. Pero, hasta el momento, el pedido del fiscal no fue considerado.

En su discurso del pasado jueves, la presidenta Cristina Fernández dijo: "Tengo el listado de las empresas en las cuales el gobierno argentino se hizo cargo de la deuda privada". Si el Estado Nacional decidiera tomar las acciones necesarias para condenar a los responsables de esta gran estafa, al menos una deuda quedaría saldada: la de la justicia.

Buscamos vida, los crímenes en Campo de Mayo. (Fragmentos del documental)