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domingo, 21 de julio de 2013

YPF + CHEVRON = Capitalismo serio... De Alguna Manera...


YPF + CHEVRON = Capitalismo serio...


“El estado moderno cualquiera que sea su forma, es una maquina esencialmente capitalista, es el estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal” Friedrich Engels.

Hace poco más de un año, el Estado anunciaba la llamada “estatización” de YPF, que se reducía a la compra del paquete accionario mayoritario (51%) perteneciente a Repsol. Proclamada por el gobierno y sus adictos como “estatización” de la empresa, en defensa de la “soberanía energética”, la medida respondía, en realidad, a las necesidades de acumulación del capital en el país en un momento determinado, de las cuales el Estado es siempre garante a través de mecanismos diferentes.

Dicho rol del estado se expresa hoy en el lobby entablado para producir un acuerdo entre YPF y la firma norteamericana Chevron y la cruzada iniciada para evitar el embargo a esta petrolera dictado por la justicia ecuatoriana.

El pasado 15 de julio finalmente se concretó la firma del acuerdo para la exploración conjunta de pozos no convencionales de petróleo y gas en los yacimientos de la región de Vaca Muerta localizada en Neuquén, para la que Chevron utilizará la técnica del fraking o fractura hidráulica. Se trata de un intento de cubrir los magros márgenes del mercado interno, y de un negocio redondo para la firma extranjera líder en el mercado mundial, que con una inversión pequeña y, utilizando equipos y técnicas obsoletas en su país de origen, obtendrá jugosas ganancias en la base de la rapiña de los recursos del suelo argentino.

Por mucho que le pese al progresismo y a cierta “izquierda” oportunista que ante la compra del paquete accionario había salido a festejar junto a las organizaciones Kirchneristas, y ahora ensaya la pose de desencanto, este acuerdo no es ninguna sorpresa. Las tratativas por parte de funcionarios del gobierno con la petrolera norteamericana comenzaron hace más de un año, incluso previamente a la compra del paquete accionario de Repsol.

En Ecuador, Chevron perdió un juicio por los desastres ambientales que provocó la exploración y extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales con la técnica de fractura hidráulica en la zona de la Amazonia, registrando un total de 500.000 hectáreas contaminadas, 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y lagos, y 30 mil afectados con enfermedades de diversa índole de las que sobresalen cáncer, malformaciones y abortos espontáneos. La pena que dictó la justicia ecuatoriana consistía en un embargo de activos de Chevron por 19.000 millones de dólares. Sin embargo, ante esta situación YPF y el Estado Nacional iniciaron una campaña de presión para evitar el embargo dictado por la justicia ecuatoriana y defender los intereses de la petrolera norteamericana, campaña por demás exitosa ya que la Suprema Corte de Justicia dejó en suspenso el embargo.

Los mismos que hoy cierran el acuerdo con Chevron son los que hace un año proclamaban la “estatización” a partir de la compra del paquete accionario de Repsol, los que en 2005 hablaron de una “argentinización” de YPF cuando le regalaron una parte de las acciones al lumepnburgues Eskenazi, y los que en los 90 impulsaron la privatización. No hay que ver en esto contradicción alguna: cada medida tomada por el gobierno  es la requerida por necesidades particulares del capital, y por lo tanto se desarrolla en continuidad respecto de las anteriores. Bajo diferentes formas, la política ha sido, una y otra vez, la de la entrega y el saqueo. Y una y otra vez nos han llamado a recibir con entusiasmo distintas medidas consagradas a llevar adelante la misma política.

En el marco de esta política sin historia, de la que participan tanto el kirchnerismo como cierta “oposición”, el fuerte efecto simbólico que generó la compra de YPF apuntó a señalar el fin de “un Estado ausente”. La antinomia estado presente/estado ausente es falsa y ha sido parte de un discurso funcional a la política represiva del Estado ya que, en la “nueva argentina K”, donde el Estado “está presente”, la lucha social no tiene lugar.

El Estado siempre interviene en la economía, valiéndose de mecanismos diversos.De modo que el mismo Estado que “expropió” a los “imperialistas españoles” de Repsol, es el que defiende a los “imperialistas norteamericanos” de Chevron. Es que, considerado desde el punto de vista económico el Estado es el capitalista colectivo ideal, es el Estado de los capitalistas como clase social y es, por tanto, expresión de las necesidades de acumulación del capital. Por esto mismo puede -debe- ir contra los intereses de uno o varios capitales individuales (en este caso, Repsol) para garantizar las condiciones generales del proceso de acumulación, del mismo modo que puede volcar todo su aparato para la protección de un capital individual cuando esto es lo necesario, como sucede con la acérrima protección de Chevron.

En este capítulo queda demostrado una vez más que el kirchnerismo fue y es perro guardián de las ganancias empresarias y, ante ello, se reafirma la necesidad de reforzar constantemente la lucha política e ideológica contra el Estado capitalista.

© Publicado el sábado 20/07/2013 por Praxis-Misiones y Prisma y Estrella Roja Buenos Aires. 

 

martes, 2 de julio de 2013

Chevron, Chevron... ¡¡¡Que Grande Sos!!!... De Alguna Manera...


“El fallo de la Corte a favor de Chevron es funesto para los pueblos de América Latina”…

Indígenas ecuatorianos acusan a la petrolera por desastre ambiental. El gobierno impulsó que se retire un embargo multimillonario.

 “Escuchamos a Cristina acusar a los jueces de que siempre toman decisiones para favorecer a las corporaciones… Parece un poco contradictorio el discurso, ¿no?”. Julio Prieto es abogado y vive en Ecuador, pero en poco menos de una semana, el lapso que pasó entre Buenos Aires y Neuquén, parece haber comprendido uno de los temas centrales planteados por el gobierno nacional durante los últimos meses: el rol de la Justicia y su relación con el poder político y económico del país. Sin embargo, su opinión no es la de alguien lejano a la cuestión. Prieto es uno de los abogados de los 30 mil pobladores originarios de la Amazonia ecuatoriana que fueron perjudicados, en la década del ’90, por la contaminación con petróleo que provocó la empresa petrolera Texaco, luego adquirida por Chevron, en ríos y reservas de agua subterráneas.

“Los campesinos extraen el agua de pozo con olor a combustible, o cavan un metro y sacan la mano con petróleo. Así están viviendo”, relató Prieto a Plazademayo.com.

En 2011, luego de casi 20 años de litigio, dos instancias judiciales en Ecuador condenaron a la compañía petrolera a pagar a las víctimas 19 mil millones de dólares en concepto de resarcimiento, y para garantizar la efectividad del fallo embargó sus activos en todo el mundo. A pesar de este pesado antecedente, que aparecía como una sentencia definitiva para la concreción de futuros negocios, Chevron, por medio de su representación en el país, selló en poco tiempo un acuerdo con YPF un acuerdo inicial de inversión por 1.500 millones de dólares para explorar en forma conjunta el yacimiento de hidrocarburos no convencional neuquino Vaca Muerta, o “Vaca Viva”, según el último pedido realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El convenio fue firmado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y su par de Chevron para América Latina y África, Ali Moshiri. Según la compañía nacional, “Vaca Muerta” produciría unos 7.000 barriles de petróleo por día. El acuerdo entre las empresas, sin embargo, fue posible gracias a la rapidez de dos resoluciones legales que favorecieron claramente a los intereses de Chevron y le permitió operar en el país pese al embargo internacional emitido desde Ecuador. Primero fue la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, referente de la agrupación oficialista “Justicia legítima”, quien aseguró que la medida judicial, en caso de aplicarse en el país, podía “producir agravios de carácter irreparable a (los) intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional”, consideró la jefa de los fiscales.

Tras la aseveración, pidió a la Corte Suprema de Justicia, por medio de un recurso extraordinario, que suspendiera la aplicación del embargo. En pocos días, el máximo tribunal que preside Ricardo Lorenzetti avaló la petición y dejó sin efecto el fallo dictado en Ecuador al opinar que Chevron Argentina, subsidiaria de la compañía estadounidense, no había tenido derecho a defensa y que el dictamen, de ese modo, “afectaba los principios que integran el orden público internacional argentino”. La determinación fue firmada por todos los jueces de la Corte aunque Carlos Fayt se expresó en disidencia parcial y votó por rechazar el recurso de la procuradora. En seguida, la Presidenta, llamándolo “el casi centenario miembro de la Corte, que pertenece al histórico y también centenario Partido Socialista”, recordó por Twitter que el magistrado, de 95 años, superó en dos décadas el plazo legal para que un juez se mantenga en funciones.

“Entendemos que el acuerdo con Chevron tiene la apariencia de un buen negocio para la economía argentina, pero el fallo de la Corte Suprema viene provocado por razones políticas y es un precedente funesto para los pueblos latinos, que no van a poder demandar nunca ni a Chevron ni a otra multinacional porque todas operan bajo estos sistemas corporativos basados en múltiples niveles de subsidiarias. Es imposible enjuiciar a todas, por eso está garantizada la impunidad de cualquier multinacional que haga extractivismo”, señaló Prieto. El abogado ecuatoriano, además, expresó su sospecha acerca de los verdaderos intereses de Chevron en “Vaca Muerta”, un yacimiento que, a su criterio, “no le interesó a nadie más”. “Qué casualidad que a Chevron le resulta atractivo invertir en Argentina recién después que le confirmaron el embargo. Por eso dijo ‘si me lo levantan, invierto’. Yo desconfío de cómo el Estado argentino hará cumplir esa promesa”, sostuvo.

Prieto llegó al país para participar de un encuentro organizado en la ciudad de Neuquén por el Observatorio de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas (ODHPI). No lo hizo solo, sino que estuvo acompañado por su compatriota Luis Yanza, líder de las poblaciones originarias que fueron damnificadas en Ecuador por la contaminación petrolera. Yanza, como Prieto, también duda del vínculo entre YPF y Chevron. “Creo que después de que consiguió el objetivo de evitar el embargo, Chevron va a ir disminuyendo el interés en el yacimiento y finalmente no hará ninguna inversión”, indicó. Yanza es uno de los fundadores del Frente de Defensa de la Amazonia, y en 2008 fue reconocido con el Premio Goldman, uno de los galardones más importantes del mundo para luchadores por el medioambiente. En 2012, la distinción fue para Sofía Gatica, integrante de la agrupación Madres de Ituzaingó, que denunció los efectos contaminantes de los agrotóxicos arrojados desde avionetas en los campos de soja cercanos al Barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba.

En Neuquén, Yanza y Prieto explicaron su experiencia a los pobladores originarios de la Patagonia, especialmente los habitantes de zonas cercanas a Vaca Muerta. “Les contamos cómo fue que Chevron llegó a la Amazaonia, la saqueó, la destruyo y luego nos abandonó. Aquí en Argentina quién dice que la cosa va a ser diferente, si ya la Corte Suprema les entregó impunidad. Nosotros decimos que no sólo están en juego los derechos de los 30 mil ecuatorianos que fuimos afectados, sino que han entrado en riesgo los derechos de los argentinos. Esperamos – dijo Yanza- que los jueces recapaciten”.

© Escrito por Gabriel Tuñez el lunes 01/07/2013 y publicado por Plazademayo.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

jueves, 31 de enero de 2013

Corporaciones y modelo K… De Alguna Manera...


Corporaciones y modelo K…


Los comienzos de año suelen ser agitados en nuestro país. Hace un año se producía la pueblada de Famatina, en La Rioja, la cual visibilizaba a nivel nacional las luchas contra la megaminería que desde 2003 vienen disputando las poblaciones, de cara a las grandes corporaciones, avaladas por los gobiernos provinciales. Poco después, la presidenta Cristina Fernández dejaría en claro la posición del Gobierno nacional sobre el tema: con argumentos muy débiles y denigratorios, fustigaría al ambientalismo, evocaría una vacua idea de “sustentabilidad”, apoyaría a rajatabla a los gobernadores promineros y reafirmaría su alianza estratégica con las corporaciones mineras. Después de este claro alineamiento con las empresas transnacionales, las luchas se tornaron aún más desiguales, pero el Famatinazo tuvo un efecto político y simbólico mayor, pues desnudó uno de los grandes puntos ciegos del discurso épico del oficialismo, a la hora de hablar de las corporaciones.

Algo similar sucedió con la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la vida de 51 ciudadanos, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las ganancias de  los empresarios, con total desprecio por la vida de los usuarios. Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los familiares y amigos de las víctimas anunciaron una gran movilización hacia Plaza de Mayo para el mes próximo. Los familiares leyeron un duro documento donde expresaban su satisfacción por el avance de la causa penal, y subrayaban “el silencio del Poder Ejecutivo”. Pocos días antes, el Gobierno había acordado la compra directa de 409 vagones a la empresa china CRS y un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para municipios. El anuncio, que no hizo alusión alguna a las víctimas de la tragedia de Once, vino a refrendar también la convicción de que el Gobierno no está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la industria nacional.

Otro punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Este proceso ha significado mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes económicos poderosos, más desforestación, más criminalización, más desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Este verano, por ejemplo, los qom, que mantienen un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, volvieron a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de ello, están circulando declaraciones de repudio y cartas abiertas a la Presidenta, de parte de la comunidad académica, que demandan, además de la implementación de medidas urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes.

Un último ejemplo del rol cada vez mayor que asumen las corporaciones es la llegada del fracking, a partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera. Recordemos que la estatización de YPF reverdeció el discurso épico del Gobierno, que venía en baja, luego de lo sucedido con la megaminería y la tragedia de Once. Lo cierto es que, más allá de los anuncios ditirámbicos, la YPF Modelo 2012 apuesta a la asociación con grandes empresas extranjeras, como la americana Chevron (que, a través de Texaco, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas, en Ecuador).

YPF apunta a la explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una metodología muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida como fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia, Bulgaria e Irlanda del Norte.

La geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de “geocoincidencias” entre cuencas gasíferas y cuencas hídricas, “ya que los proyectos más avanzados coinciden con importantes fuentes de agua potable (y el agua es el insumo de mayor importancia para la “eficiencia” en la explotación de gas no convencional)”. Argentina cuenta con varias geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina, donde está Vaca Muerta (acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la del Chaco-Paraná (acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San Jorge (cuenca del río Senguer). Más claro, imposible…

Nada indica que el Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo contrario, como ya sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta así a sumar nuevos conflictos socio-ambientales que preanuncian un enfrentamiento directo, ya no sólo con las transnacionales, sino con una empresa nacional, YPF Modelo 2012. Pero la acumulación de luchas en defensa del agua es tal que la población ya comienza a movilizarse: esto sucede en Entre Ríos, provincia en la cual distintas organizaciones promueven una ley que prohíba el fracking; en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han organizado en asambleas –siendo Allen la localidad más amenazada–, y donde la ciudad de Cinco Saltos acaba de convertirse en el primer municipio en el país  en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las comunidades mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la Lata.

En fin, enero de 2013 nos recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál es verdadero rol que el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a los grandes actores económicos en el esquema del extractivismo dependiente.

© Escrito por Maristella Svampa, socióloga y escritora, miembro de Plataforma 2012, publicado el sábado 26/01/2013 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


martes, 15 de enero de 2013

El Secreto de su Lengua... De Alguna Manera...

Hecha una furia...

El Secreto de su Lengua, Ricardo Darín. Dibujo: Pablo Temes.

Dardos a Darín, a dirigentes no acólitos, a jueces y a empresas. La culpa siempre es de los demás.

Los tuits contra los jueces y la reivindicación de los asados en la ESMA; la carta a Ricardo Darín; las alusiones despreciativas hacia Daniel Scioli en el acto propagandístico con el que se recibió en Mar del Plata a la fragata Libertad; las críticas, acusándolos de ser los responsables de la inflación, tanto a Mauricio Macri como a gobernadores e intendentes en el Aló Presidenta del jueves. Todos mojones de una semana en la que Cristina Fernández de Kirchner hizo, con su fenomenal despliegue de furia incontenible, una exhibición de perfecto kirchnerismo. Tal despliegue abarcó también los carpetazos, que incluyeron los depósitos en dólares del gobernador bonaerense, la estatización de las deudas de Socma y de Sevel –Macri– y la causa por supuesto contrabando de automóviles para discapacitados en la que Darín –a quien no debería sorprenderle si en algún momento futuro le cae encima una inesperada visita de la “Gestafip”– fue sobreseído.

Según pasan los días, los meses y los años, la riqueza extraordinaria de los Kirchner, alusión que tanto molesta a la Presidenta, va reafirmando una certeza: es inexplicable. Es decir que, desde el punto de vista de la fundamentación lógica de cómo se gestó y cómo se consolidó, esa fortuna no resiste el más mínimo análisis. Fue por ello que en su momento la AFIP envió a cuatro supervisores a reunirse en Santa Cruz con el contador del matrimonio presidencial, Víctor Manzanares. Urgía arreglar una serie de inconsistencias groseras de la declaración jurada anual presentada en el año 2008. Por eso es que, en la larga carta que Fernández de Kirchner le envió a Darín motivada por sus dichos –en los que manifestaba que le gustaría que la jefa de Estado explicara el origen de su fortuna– no había respuesta alguna al respecto. Es que existe allí un combo explosivo en el que se mezclan cobros de algunos alquileres a precios que no parecen ser los del mercado, intereses devengados por plazos fijos en dólares a tasas que no se pagan en el mundo y la compra de terrenos en El Calafate a valores bajísimos que hacen acordar a la época en que, después de la segunda Campaña del Desierto, el general Julio Roca vendió a precio vil esas tierras –hasta entonces habitadas por aborígenes– a amigos y familias afines a su gobierno. La investigación judicial por la compra de esos terrenos por parte de los Kirchner fue rápidamente cerrada por la fiscal de la causa, Natalia Mercado, casualmente hija de Alicia Kirchner.

El acto de recibimiento de la fragata Libertad fue para el Gobierno una oportunidad perdida. Una más. La Presidenta pudo haber hecho de esa circunstancia una muestra de integración y participación popular. Terminó transformándolo en un episodio minúsculo. Fue un acto de campaña en el que todo fue aparato. Aun así, varios intendentes peronistas del Conurbano se negaron a participar de un acontecimiento al que se le quiso dar tono de gesta épica y terminó siendo algo cercano a la pantomima.

Comienza a verse en ese universo del peronismo que conforman varios intendentes del Gran Buenos Aires un hastío ante ese estilo de gestión basado en el “relato”. Ese hastío todavía no se hace visible sino muy a cuentagotas. He ahí el caso, por ejemplo, del intendente de Olavarría, José Eseverri, quien se negó a participar del último Aló Presidenta en el que la jefa de Estado inauguraba una fábrica que, en verdad, ya había sido inaugurada treinta días antes. La situación que están atravesando las gestiones municipales –kirchneristas o no– se complica día tras día. “La Presidenta cree que con la promesa de obras públicas se solucionan todos nuestros problemas, y ése es un grave error de concepto. Nosotros debemos prestar servicios, sostener la administración y comprar insumos”, se quejaba un intendente K que ve cómo la inflación hace más costosa su gestión. Muchos de esos jefes comunales se sienten humillados por la forma en que se los ignora olímpicamente desde el centro del poder. “Estoy cansado de que me llamen sólo para movilizar gente”, se quejaba el miércoles un intendente K del sur del Conurbano que se negó a poner micros y empleados públicos con rumbo a Mar del Plata.

La novedad de la semana fue que, en su Aló Presidenta del jueves, Fernández de Kirchner reconoció la existencia de la inflación. Lo hizo, por supuesto, a su manera; es decir, echándoles la culpa de ello a los demás. Esta realidad –la de la inflación– está complicando la vida de los caciques de la CGT Balcarce. La presión de las bases va en aumento, y este crescendo no hace más que robustecer la postura de Hugo Moyano.

Los números de la economía van mostrando inexorablemente los flancos débiles de la actual gestión con uno de los pilares del así llamado modelo: el superávit fiscal, algo que Néstor Kirchner cuidaba a rajatabla. La disparada del dólar que no cede es otro punto contradictorio con los postulados del ex presidente. Los acuerdos de YPF con Chevron y Bridas están también en contraposición con el “relato”. En todos los casos, las compañías que se asocian con la renacionalizada petrolera lo hacen asegurando ganancias de nivel internacional que van a traer como consecuencia un aumento paulatino del precio de los combustibles. Curiosamente, al echar culpas sobre las causales y los causantes de la inflación, la Presidenta olvidó mencionar este ítem, sobre el cual la responsabilidad del Gobierno es absoluta. Hay que recordar que el área de hidrocarburos está bajo la tutela de Axel Kicillof, quien desde su cargo de titular de la Comisión de Planificación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones supervisa, a la manera de un auditor, las inversiones, los costos y los precios de las ventas de todos los productos del sector petrolero.

La Presidenta viaja por estas horas con rumbo a Emiratos Arabes e Indonesia. Se traslada en un avión alquilado a la empresa británica Chapman Freeborn, que tiene contratos con Desire Petroleum, Falkland Oils & Gas y Oil Spill Response, que hacen tareas de exploración petrolera en nuestras Malvinas. Lo llamativo es que la Ley 26.659 prohíbe, tanto al Estado como a los particulares argentinos, contratar a cualquier empresa que colabore con la búsqueda de petróleo en las Malvinas sin la autorización del gobierno argentino. Esta ley fue sancionada el 26 de marzo de 2011 y respondió a un proyecto impulsado por Fernández de Kirchner, quien ahora no tiene problemas en violarla. Kirchnerismo puro.
 
Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 13/01/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.