domingo, 21 de junio de 2020

Los enojos del Presidente… @dealgunamanera...

Los enojos del Presidente…

María Eugenia Vidal. Dibujo: Pablo Temes

La cuarentena ya golpea la popularidad de Fernández y el caso Vicentin muestra que el ‘volvimos mejores” es mentira.


© Escrito por Nelson Castro el sábado 20/06/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.


Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan”, es uno de los proverbios del Eclesiastés. Sería muy conveniente que el Presidente lo tuviera en cuenta. Sus enojos comienzan a ser una norma ante lo que lo disgusta: los runners, los comerciantes que en su necesidad de supervivencia desesperan por abrir sus negocios, la gente que necesita trabajar o ir a una consulta médica, o las preguntas de los periodistas que dejan expuestas la falta de fundamento de sus decisiones o su necesidad de una mejor lectura de la Constitución –algo increíble en un profesor de Derecho– como muy bien se lo hizo notar Cristina Pérez.   

La cuarentena, que supo darle al Gobierno altísimos niveles de aprobación, se ha transformado hoy en día en un galimatías que, a la manera de un boomerang, ha convertido ese apoyo en un hecho lejano. A esto contribuyen varias cosas demostrativas de una evidente planificación ausente o fallida que se verifica día tras día. Uno de los motivos para imponer la cuarentena temprana fue aprovechar el tiempo a fin de preparar al sistema  salud adecuadamente para hacer frente a la mayor cantidad de casos que se esperaba para esta época. Por eso sorprende escuchar que el Ministerio de Salud bonaerense hable de un posible colapso del sistema.

¿Qué pasó?

Uno de los problemas es que Axel Kicillof está en estado de pánico. Esa es una dificultad importante.   

Otro problema serio es el de las terapias intensivas. El inconveniente es doble porque no es solo la cantidad de camas sino también la disponibilidad de personal especializado –médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas– y los cuidados que se les proveen.

Enfrentar esta previsible circunstancia –que no se habría solucionado con la ideológica idea de los médicos cubanos– demanda planificación.   

Un caso desgarrador ha sido el del fallecimiento del jefe de Terapia Intensiva del Hospital Julio Perrando de Chaco, Miguel Duret, quien contrajo el Covid-19 como consecuencia de haber tenido que intubar a un paciente que padecía la enfermedad provocada por el virus, sin poder contar con la protección adecuada. Curiosa –y lamentablemente– no se lo ha escuchado al Presidente esbozar ni siquiera una crítica al gobernador Jorge Capitanich por las penosas y peligrosas condiciones en las que los médicos y el equipo de salud deben trabajar en ese nosocomio.

Recuérdese que, ante la queja de una médica a causa de esas carencias, la directora del hospital, Nancy Trejo, amenazó con sancionarla. Tampoco se lo escuchó a Fernández alzar la voz contra ese apriete. En su carta, los médicos residentes del Perrando fueron lapidarios: “‘No usan los elementos de protección personal’”. Podrido de escuchar y leer eso. Más que nadie sabemos lo que tenemos que usar o no. No es el primer microorganismo contagioso que se nos cruza.

Desde el primer día, nosotros sí, estamos leyendo sobre protección personal, y lo que debemos hacer y no hacer… Colocar un tubo en tórax a un paciente Covid-19 que se está muriendo, con un barbijo de tela vegetal y uno quirúrgico encima, no es por elección señores. ‘No usan los elementos de protección personal’. Basta. No hay”. ¡Lapidario! El peronismo gobierna Chaco hace 17 años.


Los casos de los políticos contagiados –Martín Insaurralde y María Eugenia Vidal, entre otros– hablan de irresponsabilidad. Insaurralde es un paciente de riesgo considerable: padeció un tumor de testículo, es asmático y sufre de insuficiencia renal. Su delicado cuadro clínico –fiebre que no cedía y trastornos de la función respiratoria– obligó a darle plasma de convalecientes para proporcionarle los anticuerpos necesarios para combatir al virus. No se entiende cómo, con sus antecedentes, no observó una conducta más prudente por él, su familia y quienes trabajan con él. Igualmente imprudente fue Vidal.

Se entiende que los dirigentes con cargos se reúnan presencialmente –guardando las distancias y usando barbijos– en una sesión de trabajo. Pero el almuerzo del que participó Vidal con Rodríguez Larreta, Lousteau y Monzó fue una típica mesa de rosca política. ¿Cómo pedirle después al que no puede ir a trabajar que no se indigne?

El caso Vicentin.

A medida que el caso Vicentin se complejiza, su volumen político crece. Ahora que se conoce mejor su trama, la figura del Presidente se va desdibujando. No es novedad que fue un proyecto de la vicepresidenta. Se sabe ahora que AF no estuvo muy convencido de la conveniencia de avanzar con la medida. Si no estaba seguro, ¿por qué lo hizo? ¿No se animó a contradecir a CFK? ¿Le teme?

La reacción contraria que desde el primer momento generó esta iniciativa fue de alto impacto. Las manifestaciones de protesta de los habitantes de Avellaneda y Reconquista, donde la empresa tiene su sede, fueron el puntapié inicial. La postura firme de los empresarios cordobeses exigiendo a los cuatro diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti a votar en contra de la expropiación, más la posición contraria y categórica de Roberto Lavagna, auguraban el fracaso del proyecto en la Cámara baja.

Era otra 125 en potencia. En un reportaje con el periodista Roberto Navarro, advirtió que la solución pasaba por la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, o por la expropiación. Se sabe que el kirchnerismo no se ha dado por vencido: “El objetivo principal es entrar en Vicentin, más allá de que no se pueda expropiarla”, es el textual que se escucha entre su filas. ¿Qué hará AF?

Promesas incumplidas. Éramos pocos y apareció Carlos Zannini. Zannini se desempeña como procurador general del Tesoro. Como ya se dijo aquí, la suya ha sido una de las peores designaciones que hizo Alberto Fernández.

El procurador del Tesoro es el abogado del Estado; es decir, el que debe velar por el cuidado de sus intereses. Siendo esa su función, no se entiende cómo ha expresado una opinión favorable a que con los dineros públicos se le pague una pensión vitalicia a Amado Boudou, condenado en primera y segunda instancia por el caso Ciccone no solo a la cárcel, sino también a una inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

La resolución de Zannini es una más en la búsqueda de impunidad, objetivo claro del kirchnerismo en el poder. Esta decisión del procurador del Tesoro demuestra que, cuando el Presidente dijo que volvían para ser mejores, mintió.





lunes, 15 de junio de 2020

A 65 años del bombardeo de la Plaza de Mayo... @dealgunamanera...

A 65 años del bombardeo de la Plaza de Mayo que precipitó la caída de Perón…

Bombardeo. Fueron cinco horas de ataques en varias oleadas.
Hubo unos 300 muertos y más de 700 heridos. Fotografía: Cedoc

Bombas sobre la Casa de Gobierno, ataque terrestre de la infantería de Marina, incendio de iglesias, agitación en las calles, detención y muerte de un médico comunista en Rosario: todo eso ocurrió en esas jornadas de junio del 55 que antecedieron al derrocamiento de Perón.

© Escrito por Santiago Senén González y Fabián Bosoer (*) el domingo 13/06/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República e los Argentinos.


Buenos Aires se estremeció esa mañana del 16 de junio de 1955 por el rugido de cuadrillas aéreas y el bramido de bombas y ruidos de metralla. No era un ataque de un ejército invasor sino de la propia Infantería de Marina nacional, por cielo y por tierra, en un nuevo levantamiento militar contra el gobierno del general Juan Domingo Perón, que había cumplido nueve años en el poder y transitaba el último tramo de su segundo mandato presidencial. Nunca había ocurrido en la Argentina un hecho de esas características, comparable con bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa o la Guerra Civil española. Un antecedente del bombardeo al Palacio de la Moneda en Chile, el 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento y muerte de Salvador Allende.

Corpus Christi. Así sucedieron los acontecimientos en aquella jornada sangrienta. Días antes, el 11 de junio se había producido una gran movilización opositora estimada en 250 mil personas durante la procesión religiosa de Corpus Christi, desplazándose desde la Catedral al Congreso Nacional. Grupos que simpatizaban con Perón chocaron con los núcleos opositores católicos; esos activistas dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón, la líder popular fallecida dos años antes por un cáncer, a quien los peronistas consideraban “santa y mártir de los pobres”. 

En el mástil del Congreso arriaron la bandera argentina e izaron la bandera pontificia (blanca y amarilla), reflejo del conflicto entre el Gobierno y la Iglesia –debido a las recientes leyes de Divorcio y de reconocimiento legal de los hijos extramatrimoniales, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la regulación de las prostíbulos y la iniciativa impulsada desde el oficialismo de convocatoria a una convención constituyente que decidiera la separación de la Iglesia y el Estado.

La Policía Federal denunció que una bandera argentina fue quemada durante la procesión. Y al día siguiente se publicaría en los diarios la fotografía de Perón acompañado por su ministro del Interior Ángel Borlenghi observando los restos de la bandera quemada. El 13 de junio, Perón expulsó del país a los obispos Manuel Tato y Ramón Novoa, que partieron en avión el día siguiente con destino a Roma. El lunes 13 de junio, ambas Cámaras del Congreso entraron en sesión extraordinaria para repudiar la quema de la bandera. El martes 14 de junio hizo lo propio la CGT, en un acto en el que Perón agradeció a los trabajadores a través del secretario adjunto Hugo Di Pietro. Su titular, Eduardo Vuletich, se encontraba en Ginebra, en la asamblea anual de la OIT. 

Puerto Belgrano. Mientras tanto, en los ámbitos militares se ultimaban los planes para un nuevo levantamiento, con uno de sus epicentros en la Base Naval de Puerto Belgrano. El cabecilla era el jefe de la Infantería de Marina, el contralmirante Samuel Toranzo Calderón. Después de consultas con un sector del Ejército, encabezado por el general León Bengoa, se involucró a distintos núcleos de la Fuerza Aérea. Las operaciones mostraron fallas de coordinación y desajuste de los diversos grupos complotados. 

En la mañana del jueves 16, en el Ministerio de Marina los infantes sublevados se preparaban para tomar la Casa de Gobierno. La Aeronáutica mandó un helicóptero con un alto oficial para informarle a la Armada que efectivos de Punta Indio habían tomado el Aeropuerto de Ezeiza, y se disponían a bombardear Plaza de Mayo. A último momento, el contralmirante Aníbal Olivieri, a cargo del ministerio y con parte de enfermo, y el comandante de Infantería de Marina, vicealmirante Benjamín Gargiulo se plegaron a la conspiración. Como asistente de Olivieri se encontraba el teniente de navío Emilio Massera. El vicepresidente Alberto Teisaire también un hombre de la Marina retirado, buscaba una mediación con los insurrectos en la Escuela de Mecánica (ESMA).

El bombardeo tuvo un público que no esperaban sus ejecutores: era el acto de desagravio que había convocado el Gobierno en Plaza de Mayo para esa misma jornada antes del mediodía. El ministro de Aeronáutica, brigadier mayor Juan Ignacio de San Martín, dispuso que la aviación testimoniara su adhesión al presidente de la República en un acto cívico-militar. Para esto decidió que una formación de aviones sobrevolaría el área céntrica. El anuncio del desfile reunió a numeroso público. Se trataba de un acto en solidaridad con el Gobierno frente a los embates de la oposición. Pero sería una trampa mortal.

A la hora señalada. A las 12:40, del aquel jueves 16 de junio de 1955 la escuadra de treinta aviones de la Marina de Guerra (veintidós North American AT-6, cinco Beechcraft AT-11, tres hidroaviones de patrulla y rescate Catalina), inició la serie de bombardeos y ametrallamientos al área de la Plaza de Mayo. Muchos de los aviones habían sido pintados con el signo de “Cristo Vence”, una cruz dibujada dentro de una letra V. Perón había dejado su despacho al iniciarse el ataque y se refugió en la sede del Ejército, junto al ministro Franklin Lucero. 

Fueron lanzadas más de cien bombas –con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos– la mayoría de ellas sobre las Plazas de Mayo y Colón y la franja de terreno comprendida entre las avenidas Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Ejército (Edificio Libertador) y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones (Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el noroeste. 

Mientras tanto, los sublevados intentaron asaltar la Casa Rosada. Su accionar se desarrolló ante una población sorprendida. Estos grupos de civiles armados, llamados “comandos civiles”, cuyo concurso estaba previsto en apoyo de las fuerzas militares atacantes, intervinieron solo en acciones colaterales. Una de ellas fue la ocupación momentánea de Radio Mitre, desde donde lanzaron una proclama que daba por muerto a Perón, tildado como “tirano”. No tuvieron el protagonismo previsto. Tampoco, los militantes convocados por la CGT para defender al presidente en medio del asedio. 

Cinco horas. El ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas durante cinco horas. Tuvo como objetivo la Casa Rosada –donde estimaban que estaba Perón–, la Plaza de Mayo y sus adyacencias, donde se registró el mayor número de víctimas, el Departamento Central de Policía y la residencia presidencial, que estaba donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. Más de trescientos muertos y alrededor de setecientos heridos fue el saldo estimado del ataque. Al menos medio centenar de ellos se encontraban dentro de la Casa de Gobierno, en la que impactaron 28 bombas. Pero el levantamiento fue un fracaso. Los cabecillas huyeron a Uruguay o fueron detenidos. El contralmirante Oliveri fue destituido por un tribunal militar, Gargiulo se suicidó, tras entregarse a las fuerzas leales. 

Una imagen retrató la trágica jornada: la fotografía de un trolebús cargado de pasajeros, ardiendo en llamas tras el impacto de una bomba, a metros de la Plaza de Mayo. El reportero gráfico que produjo la foto, que es su ícono, que recuerda esta brutal acción de guerra contra la población civil fue una joven que caía cerca del vehículo, que muestra su pierna destrozada por la metralla. Quien la sacó era el reportero gráfico del diario Democracia, enviado para cubrir el desfile de aviones. Quedó tan traumatizado que nunca se refirió al tema. Años después, tras la recuperación de la democracia en 1983, era el jefe de fotógrafos de la agencia estatal Télam. También allí mantuvo su reserva y silencio sin brindar mayores detalles. 

Noche de Brujas. Esa noche, sofocado el movimiento insurgente, fueron atacadas y ardieron varias iglesias del centro de la Ciudad de Buenos Aires incluyendo la propia sede de la Curia metropolitana junto a la Catedral, por grupos de choque, exhibiendo la extrema radicalización del conflicto, mientras se especulaba sobre la intención de la CGT de distribuir armas para apoyar al Gobierno. Aconsejado por los altos mandos del Ejército, Perón lanzó un mensaje de conciliación. El Estado de Sitio fue levantado, cesaron los ataques a la Iglesia y se sustituyeron las figuras del gabinete más cuestionadas. Los dirigentes de la oposición fueron invitados a discutir una tregua. A sus seguidores, Perón declaró: “La Revolución Peronista ha terminado. Comienza una nueva etapa que es de carácter constitucional. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”. Este llamado a la pacificación momentáneamente tuvo eco con el cambio de Gabinete y se ofrecieron espacios radiales a políticos de la oposición. 

El impasse solo duró un par de semanas. Los planes para su derrocamiento avanzaban y Perón, en una verdadera declaración de guerra, advierte el 31 de agosto ante la multitud en Plaza de Mayo aquello de que “por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos”. El nuevo conflicto agregó nafta a las llamas. El secretario de la CGT Di Pietro, que reemplazó a Vuletich, propone la creación de milicias populares, lo que es rechazado de plano por el ministro de Guerra, Franklin Lucero. Pero la suerte parecía estar echada y la caída, inminente, se produciría tres semanas más tarde. 

De las bombas que cayeron en la plaza y los ametrallamientos al Palacio de Hacienda esa jornada del 16 de junio del 55 quedaron marcas visibles por largos años. Una placa colocada en el restaurado frente recuerda a los muertos por los trágicos sucesos. En 2005 se dictó la ley 26.564 de indemnización para los deudos de las víctimas. El bombardeo fue llevado al cine por Leonardo Favio, en Sinfonía de un sentimiento, estrenada en el 2000 en el cine Atlas Recoleta.

Desaparición y muerte de Ingalinella

El mismo jueves 16 de junio, la Policía de Rosario comenzó a detener a dirigentes opositores y al día siguiente se llevan de su domicilio al doctor Juan Ingalinella, un médico afiliado y militante del Partido Comunista. Lo condujeron a la División Investigaciones de la Jefatura de Policía junto con otras sesenta personas. La casa de Ingalinella había sido allanada en repetidas oportunidades y él había sufrido ya varias detenciones. Pero esta vez, sería diferente. Los detenidos fueron retornando a sus hogares, pero no el médico. 

Ante las gestiones de su esposa y de sus camaradas, la Policía aseguró que había salido por sus propios medios de la jefatura. Hubo protestas, movilizaciones y paros reclamando su aparición. Recién el 20 de julio el interventor federal de la provincia, Ricardo Anzorena –quien hasta entonces había negado la veracidad de la denuncia– ordenó la detención del jefe y del subjefe de investigaciones y de otros policías, así como el reemplazo del jefe de Policía de Rosario, Emilio Vicente Gazcón, por Eduardo Legarreta quien exoneró a los policías involucrados. El 27 de julio de 1955, el ministro de gobierno de Santa Fe dio un comunicado oficial: [Ingalinella] “habría fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio”. Murió en la sala de torturas.

Periodistas bajo fuego 

El periodista Roberto Di Sandro, que cubría en ese momento la actividad de la Casa Rosada (lo hace hoy todavía), llegaba con otros colegas (los hermanos Almonacid, Aulio Sila, de France Press y Enrique, de Clarín). Ellos fueron protagonistas y víctimas de las bombas de Plaza de Mayo. Las páginas de Di Sandro en su libro A mí no me lo contaron, testimonian esos sucesos. El colega las recuerda en muchas de las reuniones que se efectúan habitualmente con viejos periodistas del círculo conocido como Veteranos en su tinta”. 

Cuenta Di Sandro que escuchó al teniente coronel Oscar Goulú, jefe de la guardia, dar las órdenes para la defensa de la Casa Rosada. Mientras Perón, acompañado del general Sosa Molina se dirigía al Edificio Libertador, situado cruzando la avenida Paseo Colón, el personal de la Casa de Gobierno se refugió en los túneles aledaños al edificio donde hoy está el Museo del Bicentenario. En el camino se encontraron con el embajador Ildefonso Cabaña Martínez quien dijo “parece que es la Marina contra el Ejército”. Un juicio similar tuvo otro alto funcionario que compartió el refugio, el subsecretario del Interior, Abraham Krislavin, cuando salían del Patio de las Palmeras hacia los túneles. Era común entre los periodistas hablar del túnel que había facilitado a Perón su llegada al Ministerio de Guerra, donde lo esperaba el general Franklin Lucero, pero no fue así: llegó allí “a cielo abierto”, acompañado por Sosa Molina. 

Uno de los autores de este artículo (N. de la R.: Santiago Senén González) estaba acreditado en la Sala de Periodistas de la Policía Federal y acompañó al jefe de Prensa en una recorrida para ver los estragos de las bombas en Plaza de Mayo. Antes, pasó por la sede central de la Asistencia Pública, ubicada en Esmeralda al 100 y volvió a ver la misma escena de columnas de activistas disfrazados con atuendos religiosos, al parecer militantes de la Alianza Libertadora Nacionalista, y uno de ellos con el cáliz alzado como si fuera un partido de fútbol gritaba, eufórico…” ya quemamos cinco”.

*Periodistas e historiadores.

Fotografías:





domingo, 14 de junio de 2020

Ideología que atrasa… @dealgunamanera...


Oscuros nubarrones…

Cuidando la producción, Matías Kulfas. Dibujo: Pablo Temes

La Argentina parece condenada a una dirigencia llena de clichés y, por ende, pendular y carente de planificación.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 13/06/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.


La conferencia de prensa del lunes pasado, en la que el Presidente anunció la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, amerita un análisis para entender su trama. Cuando comenzó a hablar del tema, el Dr. Alberto Fernández dijo “Vicentin”, pero cuando anunció la intervención, dijo "Grupo Vincentin". Luego repitió cuatro veces más “Grupo Vincentin”. Solo una vez dijo “Vicentin”.

Al ministro de la Producción, Matías Kulfas, se lo vio notablemente incómodo intentando explicar el porqué de la decisión. Nadie entendió por qué no estuvo allí el ministro de Agricultura, Luis Basterra, un cooperativista que conoce muy bien lo que pasa con la empresa y los cooperativistas.

Tampoco se comprendió por qué estuvo ausente en ese estrado el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Costamagna. Es difícil hacer una transformación de una compañía de noventa años sin consultar a las autoridades de la provincia en la que tiene su sede. Y para completar el espectro de lo inentendible, hay que decir que el gobernador, Omar Perotti, se enteró a través de la televisión. Otra ausencia fue la del sector privado cooperativo, que además de tener una presencia de décadas en Santa Fe –que es cuna del cooperativismo–, es acreedor de Vicentin. Es decir, estuvo la senadora Anabel Fernández Sagasti, que estaba trabajando en este malhadado proyecto –que es representante de la provincia de Mendoza–, y nadie de Santa Fe.

Dentro del gabinete nacional, más de uno quedó atónito. “Habíamos prometido otra cosa”, dijo uno de sus miembros más conspicuos, quien con un dejo de amargura, expresó: “Son las cosas de la señora”, en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner.
“Vamos a defender la soberanía alimentaria” fue una de las desafortunadas frases que pronunció el Presidente. Fue una de las cosas que se decían por parte del Gobierno durante el conflicto del campo por la Resolución 125. Por si alguien lo olvidó, eso sucedió hace 12 años.

A ello hay que agregar otra declaración inquietante del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien en la semana fue prolífico en frases desafortunadas. “Hay muchas empresas concursadas, pero no las vamos a estatizar a todas” (sic). Nótese que no dijo no vamos a estatizar a ninguna más sino que no a todas.
Entre las empresas más endeudadas con el Banco Nación, figuran las siguientes:

- Molinos Cañuelas debe 20 mil millones de pesos. El 20% se lo adeuda al BNA. Y según las categorías del Banco Central, entra en el lote de las número 5, que son las “irrecuperables”.

- Compañía Argentina de Granos, dependiente del Grupo Navilli, debe 7.700 millones de pesos. El 40% es deuda con el BNA. Es Categoría 5.

- Ieasa (ex Enarsa) debe 11 mil millones de pesos. Es categoría 5.

- ARSA (Alimentos Refrigerados SA) es una empresa que Vicentin creó en 2016 como parte de su plan de expansión hacia nuevos rubros. Le compró a Sancor el negocio de yogures, postres y flanes por US$ 100 millones.

- Impsa metalúrgica de Pescarmona en Mendoza debe 3.800 millones de pesos y el 80% le corresponde al BNA. Es categoría 5.

¿Serán estas firmas las próximas a ser estatizadas?

Todo ha sido hecho de manera tan desprolija que hasta el mismísimo Guillermo Moreno salió a darle al Presidente una lección de derecho administrativo.

Hasta Guillermo Moreno le dio una clase de derecho administrativo al Presidente.

La reacción de la ciudadanía de Avellaneda y Reconquista debería ser para el Gobierno una advertencia. La designación del subinterventor, Luciano Zarich, también trae malos recuerdos. El colega Matías Longoni fue víctima de una patoteada por parte de Zarich, a quien mencionó en una investigación periodística en 2015 por la emisión de los Registros de Operaciones de Exportación (ROE) a empresas truchas.

Dato curioso: cuando Aníbal Fernández se sentía ya como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo en el Teatro Argentino de La Plata la presentación de su futuro gabinete. Entre los postulantes a ocupar cargos estuvieron Zarich y el interventor designado, Gabriel Delgado.    

La situación de Vicentin y los préstamos que recibió por parte del Banco Nación tienen que ser investigados a fondo. Esa investigación debe incluir los préstamos otorgados a la empresa durante el kirchnerato.

El trasfondo de toda esta operación tiene de oscuros nubarrones toda la gestión de Alberto Fernández. La aparición de Eduardo Duhalde, criticando fuertemente al Presidente no es un dato menor. Como tampoco lo fue el de las críticas de Roberto Lavagna. Ambos son hombres de consulta de Alberto Fernández.

El hecho ha encendido las alarmas de todos los sectores empresariales con los que el Presidente se había reunido una semana atrás.

Las ideas que expresó tanto AF como la senadora Fernández Sagasti, en el sentido de buscar imponer la soberanía alimentaria forman parte de una concepción ideológica que atrasa, como la mayoría de las concepciones ideológicas del kirchnerismo y las de sus oponentes. La Argentina parece condenada a una dirigencia llena de clichés y, por ende, pendular y carente de planificación y previsibilidad. Esto incluye, obviamente, a parte de quienes integraron el gobierno de Mauricio Macri, de catastróficas consecuencias económicas y sociales.





Aislamiento social y privación del acceso a la Justicia… @dealgunamanera...

Aislamiento social y privación del acceso a la Justicia…

Corte Suprema de Justicia de la Nación

El abogado y querellante en la causa ESMA, Ariel Noli, analiza la parálisis del Poder Judicial decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y qué significa una privación del derecho de acceso a la Justicia.

© Escrito por el Doctor Ariel Noli (*) el sábado 13/06/2020 y publicado por Portal de Info Nativa Periodismo Nacional y Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Desde el 20 de marzo pasado, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decretado un feria judicial extraordinaria, la cual se viene prorrogando en la medida que el Poder Ejecutivo prorroga el ASPO y que implica concretamente el cierre del acceso a los tribunales de la Nación.

Entiendo que ante dicha circunstancia la pregunta que corresponde hacerse es:
¿El acceso a la Justicia un servicio esencial? ¿Resulta razonable y/o lógico, sostener que uno de los Poderes del Estado resulta no esencial?

El acceso a la Justicia como servicio esencial

Entiendo que no cabe la menor duda que el acceso a la justicia resulta un servicio esencial. A mi parecer resulta una obviedad.

Sin embargo, no resulta menos obvio y no podemos dejar de señalar, que el acceso a la justicia de gran parte del pueblo argentino ya estaba vedado con anterioridad al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

No se entiende el motivo por el cual la sociedad acepta sin mayores resquemores que los Jueces nos digan que el acceso a la Justicia se encuentra cerrado por la pandemia de Covid – 19

Es más, haciendo un análisis más fino aún, llamar “Justicia” a los Tribunales argentinos, es un absurdo. JUSTICIA es otra cosa

No existe en la Argentina nada más alejado de la problemática del pueblo argentino que la “justicia” que imparten nuestros jueces.

No obstante lo señalado, en este caso, dejaremos para otra oportunidad esos debates sin dejar de manifestar que hay que tenerlos en algún momento y he de ceñirme al análisis de la situación de la “Justicia en cuarentena”, dado que ese alejamiento del Poder Judicial respecto de la problemática de gran parte del pueblo argentino se ha generalizado y hoy día abarca a todas y todos.

No existe argumento lógico y/o jurídico que pueda justificar la no esencialidad de uno de los tres Poderes del Estado.

Podemos válidamente discutir sobre distintas formas de gobierno, pero si entendemos que la forma de gobierno elegida por la Nación Argentina, como señala nuestra Constitución Nacional, es la representativa, republicana y federal, según mi parecer no podemos discutir la esencialidad de uno, o mejor dicho, de cada uno de los tres poderes del Estado.

Establecida la esencialidad y contrastando con la realidad objetiva de la situación actual del ASPO en la ciudad de Buenos Aires, debemos decir que resulta cuanto menos un absurdo que en la C.A.B.A. se encuentre a la fecha prácticamente todo habilitado a excepción del Poder Judicial, los colegios y las reparticiones del Estado.

Entiendo que resulta cuanto menos paradójico que se establezcan como excepciones al aislamiento, por poner algunos ejemplos, la venta de flores, las casas de juegos de azar o las jugueterías y no se establezcan como excepciones verdaderas actividades esenciales como el acceso a la justicia o la educación primaria que, en otro contexto, hasta habilitarían la intervención federal de una provincia.

Quiero dejar expresamente aclarado que lo señalado anteriormente no implica de ninguna manera una crítica al modo en que el Gobierno Nacional ha decidido enfrentar la pandemia de Covid – 19, esto es el ASPO.

Haciendo un análisis más fino aún, llamar “Justicia” a los Tribunales argentinos, es un absurdo. JUSTICIA es otra cosa

Sino una crítica concreta a las prioridades otorgadas a las excepciones previstas a dicho aislamiento y al “rotulado” por decirlo de algún modo de lo que son, o que no son, actividades esenciales.

Vale decir establecido que el acceso a la justicia resulta un servicio esencial para el pueblo en su conjunto, no se puede comprender que los Jueces se nieguen a prestarlo en debida forma.

Tampoco se comprende el motivo por el cual gran parte de la sociedad acepta sin mayores inconvenientes, que los Jueces se nieguen a garantizar el acceso a la justicia por la existencia de la pandemia.

Considero que la pregunta que la sociedad debería formularse es, ¿aceptaríamos que una enfermera o un médico nos dijera que no va a prestar el servicio de salud porque estamos en pandemia? ¿Aceptaríamos que un chofer de una línea de colectivos nos dijera que no va a prestar el servicio de transporte público porque estamos en pandemia? ¿Aceptaríamos que un conductor de ambulancias nos dijera que no va a prestar el servicio porque estamos en pandemia? Claramente no.

Pues entonces no se entiende el motivo por el cual la sociedad acepta sin mayores resquemores que los Jueces nos digan que el acceso a la Justicia se encuentra cerrado por la pandemia de Covid – 19

Otra discusión que deberíamos darnos en algún momento, es la razonabilidad que los jueces en promedio ganen arriba de $400,000 mensuales y los docentes o los trabajadores de la salud no alcancen en su gran mayoría a un 20% de dicho ingreso.

El acceso a la Justicia como resguardo de los derechos

La Argentina venía sumida en una profunda crisis económica previo a la pandemia. Las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo indudablemente tienen como consecuencia no querida la profundización de dicha crisis económica, tal como pasa en todo el mundo.

Hoy el aumento desmedido e injustificado de precios, miles despidos, merma en el pago y pérdida del poder adquisitivo de salarios, argentinos que no llegan a obtener un plato de comida, son una realidad incontrastable.

Sostenemos que el acceso a la justicia resulta un elemento indispensable para el resguardo de los derechos de los trabajadores y el pueblo en su conjunto.

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional intentando morigerar dichos efectos, tales como la imposición de la doble indemnización por despidos y la prohibición de despidos resultan medidas abstractas en tanto el acceso a la justicia le sea negado a los despedidos y/o a quienes les redujeron el salarios de hecho.

Es por ello, entre otras cosas, que sostenemos que el acceso a la justicia resulta un elemento indispensable para el resguardo de los derechos de los trabajadores y el pueblo en su conjunto.

Es que la realidad siempre supera a la teoría, y si bien en teoría en la argentina están prohibidos los despidos, la realidad cotidiana nos marca que los despidos existen y que las personas que se quedaron sin trabajo ( y como consecuencia de ello sin obra social en medio de la pandemia) no tienen acceso al reclamo judicial para hacer valer sus derechos, debiendo aguardar con absoluta desprotección para efectuar su reclamo, el fin de la pandemia o que la Corte Suprema de Justicia, se decida a dar cumplimiento de su obligación de garantizar el servicio de justicia.

Del mismo modo sucede con las víctimas del terrorismo de estado, que siguen esperando una reparación de la justicia a través de los juicios de lesa humanidad que hasta la fecha han quedado “paralizados” en su mayoría, o los miles de jubilados, que están a la espera de la resolución de sus ajustes previsionales.

El alejamiento del poder judicial en general, y de los jueces en particular, con las problemáticas sociales y populares, se viene acrecentando año tras año, pero desde el 20 de marzo de 2020 dicho alejamiento se ha convertido directamente en la negación del acceso del pueblo a la defensa de sus derechos ante los tribunales.

Será entonces el desafío del momento, lograr en lo inmediato la apertura de los tribunales y en el mayor corto plazo posible producir una reforma estructural del poder judicial que pueda acortar el alejamiento actual del poder judicial con las problemáticas sociales del pueblo argentino.

(*) Ariel Noli es abogado, querellante en la causa ESMA e integrante de la lista Mariano Moreno del CPACF.