El avance de los truchos…
En los últimos ocho años, se triplicó la cantidad de
colectivos truchos en el área metropolitana. Son 250 las víctimas fatales de
este sistema.
En 2004 la Federación Argentina
del Transporte Automotor de Pasajeros había contabilizado 3.500 unidades de
“transporte alternativo”, eufemismo que alude a aquellos colectivos y combis
ilegales que circulan por el conurbano bonaerense. En ese momento, los
empresarios del sector aseguraban que este sistema les causaba un perjuicio de
300 millones de pesos por año. Seguramente, hoy esa cifra se habrá triplicado
ya que el negocio se expandió y actualmente se estima que 9800 unidades
clandestinas circulan por distintos puntos de La Matanza, Florencio Varela
y Gregorio Laferrere.
En la práctica, el término “alternativo”
significa que los coches no cuentan con seguro, ni con las condiciones técnicas
para circular, que los choferes no tienen habilitación de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte y que muchas de las empresas responden a
cooperativas no registradas de las que se desconoce sus responsables.
A pesar de no contar ni con número de
línea, muchas de ellas tienen paradas en distintos puntos de su recorrido y
según representantes de organizaciones y familiares de víctimas de tránsito
“nadie las controla”. Como resultado, desde 2008, 250 personas fueron víctimas
fatales de accidentes de tránsito, según un relevamiento de la Comisión Nacional
de Víctimas del Transporte Público (CNVTP).
¿Quién se hace responsable? “Nadie, nadie
en lo inmediato. Después pueden haber responsabilidades terciarias, como por
ejemplo el Municipio”, admitió el concejal de La Matanza Gustavo
Ferragut.
Martín Lescano, presidente de la CNVTP apunta directamente a
responsabilidades políticas y judiciales: “La justicia es cómplice de estas
corporaciones que nosotros denunciamos: son narcotraficantes vinculados a
viejos intendentes del peronismo del conurbano, con el aval del sistema
judicial y de la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La CNRT sabe que para trabajar
en zona sur, para que no ingresen a la ciudad autónoma de Buenos Aires,
tendrían que poner inspectores, pero cobra 300 pesos por unidad para seguir
circulando. Se maneja muchísima plata. Hemos advertido a los funcionarios de
diferentes formas”.
Zona franca
Lescano presentó en 2008 una denuncia penal
contra Eduardo Sícaro, interventor de la CNRT y el jefe de fiscalización, Alejandro
Rusconi por incumplimiento a los deberes de funcionario público. Después de la
muerte de Yamila Morán, la justicia ordinaria de Quilmes ordenó una
investigación sobre el transporte ilegal, que nunca se llevó adelante. La causa
1245 fue hecha ante la
Justicia Federal, porque la CNVTP considera que las faltas de controles por
parte de la CNRT
ha permitido que los truchos sigan funcionando.
Desde 2003, la Comisión realiza un
extenso trabajo de campo basado en material fotográfico, filmaciones, testimonios
y documentos. Mediante las pruebas que serán presentadas en la causa, se
demostraría la complicidad de inspectores del organismo de control con los
truchos y el pago de coimas.
Los ex trabajadores de líneas truchas
avalan esta hipótesis. “Daniel Parisi (uno de los dueños de la línea Verde)
tiene una flota de 100 colectivos o más que opera en González Catán y Virrey
del Pino, lo más evidente que hay es el recorrido al Mercado Central, en donde
tienen parada. En todo el recorrido no hay una sola inspección”, explica
Roberto un ex chofer de la línea.
Sin inspecciones, es difícil tener un
panorama de situación. Ferragut, que presentó un proyecto para crear una
Comisión especial destinada a regular el transporte alternativo, dice que en La Matanza, uno de los
municipios con mayor circulación de truchos, “no se sabe exactamente cuántas
unidades son, solo tenemos un estimativo. En lo que es transporte de colectivos
son entre 50 y 70 unidades y alrededor de 900 remises también en esas
condiciones”.
Por qué existen los truchos
El éxito de estos transportes estuvo en un
principio vinculado a los costos y a las distancias. Viajar mal, pero más
rápido y barato era para muchos la mejor opción. Sin embargo, actualmente la
situación se ha revertido ya que el boleto mínimo de los truchos es de $ 1,50,
mientras que el transporte regular pelea, con ayuda del subsidio, un mínimo de
$1,10. Para la Cámara
de Transporte de la
Provincia de Buenos Aires, ésta podría ser una de las causas
de la disminución de este tipo de transporte.
Martín Lescano, por su parte, no opina lo
mismo: “Rodolfo González, secretario de la Cámara de Transporte me dijo en el 2004 que esta
gente de los irreglulares se iba a caer en tiempo porque no recibían subsidios,
pero hoy hay más unidades, entonces quiere decir que el negocio es redituable
para ellos y para los funcionarios”.
¿Cuál es la ventaja?: “Ese consumo no
corresponde al costo del boleto, es más, al no estar subsidiados el costo sería
aún mayor que del transporte común; sino que los ramales legales no llegan a
esas zonas, entonces a la mayoría de las personas no le queda opción”, asegura
Marta Rodríguez, coordinadora general de la Comisión de Seguridad de La Matanza.
Un tiro por una moneda
Los usuarios no son las únicas víctimas de
este sistema. Los trabajadores conviven todos los días con episodios de
inseguridad que en varias oportunidades les ha costado la vida. Alejandro
Sinchicay era chofer de la Verde,
una línea que recorría desde el Mercado Central hasta el kilómetro 38 de la
ruta 3 en Virrey del Pino. La semana pasada estaba volviendo de su recorrido
cuando, tras resistirse a un asalto, fue asesinado.
Al no contar con máquinas expendedoras de
boletos, los choferes deben hacerse cargo de la caja diaria de cada unidad:
“Nosotros cobrábamos los boletos, trabajábamos con el viejo sistema en el que
el pasajero subía con el dinero y le pagaba al chofer. Había mucha inseguridad,
nosotros estábamos con efectivo todo el día, desde que empezaba el primer coche
a las tres menos diez, hasta la doce de la noche”, explica Leonardo, ex
compañero de Sinchicay. La línea Verde respondía a la Cooperativa La
Esperanza, también llamada 1 de Enero, una empresa no registrada en INAES que,
según los trabajadores, tenía como presidente a Mario Belfiore, y de socios a
Daniel Parisi, José Espejo y Jorge Eduardo Rossi.
Desde la Unión de Tranviarios Automotor indicaron que
desconocían las condiciones en que se operaba el servicio. Carlos Franco,
integrante del consejo de la UTA
en La Matanza
admitió que si bien “estaban al tanto de la situación y a pesar del tiempo que
queremos legalizar (las líneas) todo se apresuró como consecuencia de la muerte
de uno de los trabajadores. Hace años que la gente se queja, nosotros solo
conocemos algunas denuncias por parte de los sindicatos pero no sabíamos en qué
condiciones trabajaban las personas”.
Trabajo en negro, jornadas de diez u once
horas, suspensiones injustificadas, amenazas y violencia por parte de los
empleadores, colectivos sin luces, ni frenos, ni embrague, fueron algunas de
las cuestiones que denunciaron los compañeros de Alejandro Sinchicay durante un
corte de ruta.
De mafias y mafiosos
A Roberto, ex chofer de la línea Azul que
respondía a la misma cooperativa, le tocó asistir a otro episodio de violencia:
“en una oportunidad me tocó socorrer a un compañero que se llama Martínez
porque dos supuestos delincuentes en un Falcon le reclamaron la plata, y a
pesar de que se las dio, le pegaron dos tiros en el estómago. Hoy todavía no
está curado, tiene que hacerse una operación bastante riesgosa, se quedó sin
trabajo, nadie se hizo responsable de lo que le pasó. Yo no sé quién los mandó,
pero que la mafia se mueve adentro no va a ser la primera vez. En algunos otros
casos se supieron quiénes eran los chorros y en vez de entregarlos a la
justicia, se los llevaban a un galpón X y los reventaban a golpes para que no
volvieran a afanar, pero al chofer nunca se le devolvía la plata. No había una
investigación y alguien que se hiciera cargo de lo que perdía el chofer. Era un
ajuste de cuentas”.
Según Roberto y Leonardo, los “ajustes de
cuentas” y las amenazas a los choferes eran frecuentes. Los inspectores de la
empresa portaban armas y algunos tenían antecedentes.
Roberto: “Las armas estaban dentro del
control de la empresa, en la portación de un inspector (llamado Edgar), que en
más de una oportunidad subió al colectivo a gritarme y exhibía el arma”.
Leonardo: “Los inspectores que subían a
recaudar estaban armados. Si uno tenía un error en el trabajo, lo abofeteaban y
hay un compañero al que quisieron tirar para abajo de un primer piso, el
compañero zafó y salió corriendo”.
Durante el corte de ruta que mantuvieron la
semana pasada, una patota que respondía a los dueños de la empresa intentó
levantarlo. Daniel Parisi fue identificado por los trabajadores portando un
arma y según ellos los amenazó de muerte. La denuncia será radicada ante la
fiscalía de San Justo.
Mientras tanto, se desconoce el destino de la
cooperativa y de sus responsables. Alrededor de cien trabajadores de La Esperanza están
desempleados, esperando que se efectivice un acuerdo laboral con la Municipalidad de La Matanza. La UTA tomará
intervención a través del municipio y dicen que se comenzará a regularizar la
situación.
© Escrito por Paloma Navarro Nicoletti y
Marina Dragonetti y publicado por plazademayo.com el viernes 27 de Abril de
2012.
