martes, 5 de febrero de 2013

Viaje al pasado… De Alguna Manera...


Viaje al pasado…

El dólar de ya no ser, CFK y GW. Dibujo: Pablo Temes.

Dólar, cortes de luz, aumento del mínimo no imponible y acuerdo con Irán: tarde o mal.

En el viaje al pasado al que día tras día va llevando Cristina Fernández al país, revivió en esta semana, como nunca desde el comienzo de la era de los Kirchner, la fiebre del dólar. En medio del mal humor producido por el calor agobiante y los cortes en el suministro de energía eléctrica, tanto el jueves como el viernes que pasaron, como sucedió otras veces en la historia argentina, el valor que hora tras hora alcanzaba la divisa estadounidense en el mercado paralelo fue marcando el pulso de la actividad económica. No importa si eran grandes inversores o el señor o la señora de barrio. Nadie estuvo, en esas horas, indiferente al destino del blue.

Es curioso este fenómeno generado por la mala praxis económica llevada adelante por funcionarios kirchneristas que, con sus medidas y sus dichos, contradicen uno de los postulados básicos –la estabilidad del dólar– que formaban algo así como el manual de la gobernabilidad que Néstor Kirchner aplicaba como un concepto casi “bíblico”. El ex presidente, que se había preocupado por estudiar economía y por aprender sus principios básicos, sabía también que el superávit fiscal era un pilar fundamental para asegurar una buena administración gubernamental. En fin, cosas de sentido común que Kirchner había tenido el tino de aprender y poner en práctica.

Todo eso se ha tirado por la borda. Y aparece aquí, entonces, un verdadero desafío para el Gobierno: la necesidad de hacer correcciones. Y ésta es una alternativa para la que la Presidenta ha demostrado tener poca aptitud. Y esa poca aptitud se manifiesta, entre otros hechos, en la manera como se reacciona desde el oficialismo cuando alguien se atreve a desnudar la citada mala praxis gubernamental que ha generado un enorme problema cuya solución habrá de ser cada vez más costosa. Es lo que le pasó a Mario Wainfeld a raíz de su última columna dominical en Página/12. Mario, a quien nadie podría tildar de opositor y al que se lo valora por su pluma y por su respeto a la pluralidad, no hizo más que narrar el sinsentido de lo que hoy vive la mayoría de los ciudadanos que quieren o necesitan comprar dólares. Ante la enunciación de esa realidad, el Gobierno actuó como siempre, es decir, la descalificación. Eso fue lo que significó la “respuesta” que le dio la AFIP, en la que lo que faltó fue una contestación al planteo hecho por nuestro colega. Fue un calco del caso de la carta de la Presidenta a Ricardo Darín en la que lo que menos hizo la remitente fue responder al interrogante sobre su fortuna personal que se había planteado el actor.

La desilusión reinante en las filas de la CGT Balcarce luego del anuncio hecho por la Presidenta a través de la cadena nacional de la suba del mal llamado mínimo no imponible ha sido un termómetro de lo insuficiente de la medida. Es más o menos lo mismo que pasa con una enfermedad: cuando un remedio se da a destiempo y en cantidades insuficientes, aun cuando contenga la droga adecuada para el mal en cuestión, terminará siendo ineficaz. Es lo que está sucediendo ahora con la decisión del Gobierno. La suba anunciada del mínimo no imponible –del 20%– llega tarde y es insuficiente. Es más, dependiendo de los aumentos salariales que se acuerden en las negociaciones paritarias, a muchos trabajadores los terminará perjudicando. Al lado de este problema que afectará a muchos asalariados, está el de la inflación, que también los perjudica. “Este dinero irá al consumo”, señaló Fernández de Kirchner el lunes pasado. El problema es que, en el marco dentro del que se desenvuelve la actividad económica, el aumento de la demanda es hoy un factor inflacionario más. Por otra parte, como consecuencia de esa dinámica, en la Argentina de hoy todo es consumo, nada es ahorro. Por eso es que la irrealidad de los índices del Indek ya no sirve más. Y esto va más allá de la censura que acaba de aplicarle al país el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía acaba de anunciar que se creará un nuevo índice. ¿Quién le creerá?

El azoro de la semana lo produjo la inesperada decisión del Gobierno de disponer que tanto el juez como el fiscal que tienen a su cargo la investigación por el brutal atentado terrorista contra la AMIA deberán trasladarse a Teherán para interrogar a los funcionarios del gobierno iraní incriminados en el hecho. Al respecto, lo que no hay que olvidar es que ese atentado se produjo en territorio argentino, que fue hecho contra una entidad argentina, y que las víctimas fueron en su mayoría ciudadanos argentinos junto con algunos ciudadanos extranjeros residentes en la Argentina. No es, por lo tanto, similar al atentado contra el vuelo 103 de Pan Am que se desintegró, el 21 de diciembre de 1988, en pleno vuelo al estallar una bomba colocada en el Boeing 747 cuando se hallaba sobre la localidad escocesa de Lockerbie, durante la travesía Londres-Nueva York. En ese atentado murieron los 243 pasajeros, los 16 miembros de la tripulación y 11 personas más en tierra. La acusación por el hecho recayó sobre integrantes del gobierno del dictador libio, Muamar Kadafi. A pesar de que la aeronave pertenecía a una empresa estadounidense, el juicio lo llevaron adelante jueces de Escocia en un país neutral –Holanda– al que Kadafi entregó a los dos oficiales de inteligencia acusados.

Que la Presidenta haya hecho este anuncio de tamaña trascendencia por Twitter es una desagradable muestra de banalización de un tema grave y doloroso: una cosa es utilizar el contenido de 140 caracteres para apreciaciones críticas o sarcásticas y otra, hacerlo sobre el caso AMIA. Decir que aceptar que los interrogatorios se hagan en Irán es una reafirmación de la soberanía es como afirmar que lo que es blanco es negro. E imaginar que por esta vía se logrará que el régimen de Mahmud Ahmadinejad entregue a sus funcionarios parece quimérico. ¿Será el próximo paso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pedirle disculpas a Irán?

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 02/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


lunes, 4 de febrero de 2013

Cultura Dólar… O "Sorete Verde"... De Alguna Manera....


Cultura Dólar…


Hace dos semanas, los pronósticos de dólar blue futuro se dividían entre los kirchneristas que apostaban a que después de las vacaciones bajaría a 6 pesos y quienes vaticinaban que hasta podía llegar a los 10 pesos. Sólo quince días después, y cuando recién pasó la mitad del verano, quienes previeron un dólar sin techo parecen estar más acertados: ya alcanzó los 8 pesos y en determinadas operaciones se lo termina pagando hasta 8,25 pesos. Y no resulta fruto de un deseo destituyente pronosticar que el dólar termine el año a 10 pesos porque con sólo agregar el 25% de inflación anual, los 8 pesos de enero se transforman en 10.

Desde el Gobierno hay perplejidad y cada vez son menos quienes defienden la idea de que la cantidad de operaciones en dólar blue hace a ese mercado marginal y no afecta la economía real, que sigue su curso por el dólar oficial de 5 pesos. El propio columnista de Página/12 Mario Wainfeld, que ha venido defendiendo las políticas kirchneristas desde su inicio, salió a criticar el método de autorización de compra de moneda extranjera para viajes que implementa la AFIP. Es que, desde que se instrumentó el cepo cambiario, el dólar blue aumentó más de 70%, haciendo la brecha cambiaria cada vez más amplia, aunque se haya aumentado el ritmo de devaluación del peso frente al dólar oficial. Y todo parece indicar que ya no resulta inimaginable una brecha cambiaria del ciento por ciento donde el dólar blue cueste el doble que el dólar oficial, como sucede en Venezuela.

Quizás el problema sea intrínseco al modelo populista; el sábado pasado se dedicó esta contratapa al efecto que la confianza producía en la economía, y precisamente el que ejerce sobre el precio del dólar (ver: http://e.perfil.com/dolark).

El Gobierno, en este caso siguiendo la tradición clásica del peronismo, tiene una dificultad para entender que la clase media piensa en dólares y la relación que esto tiene con el ahorro. El mejor ejemplo es que el kirchnerismo quiere cambiar la cultura inmobiliaria dolarizada, pesificándola, y logra solamente parar la construcción y el mercado inmobiliario. Es que los argentinos piensan en propiedades como una forma de mantener sus ahorros. Comprar propiedades es como comprar dólares, una forma de asegurar que sus ahorros no serán comidos por la inflación.

Enrique Pinti, al decir que “el dólar es el sorete verde que todos tenemos en el cerebro porque hace treinta años nos enseñaron que el dólar es lo único seguro, y ahora esta loca quiere que pesifique”, desnuda con la frontalidad inimputable que permite el humor la cuestión de fondo. Los ahorros son un seguro y, desde antes de existir los billetes, todas las culturas buscaron atesorar sus excedentes de la forma más segura posible.

Es cierto que en Brasil, a pesar de haber tenido también alta inflación como la Argentina durante los treinta años de economía convulsionada a los que se refería Pinti, la sociedad no piensa en dólares como sí se hace en nuestro país, y se maneja en la moneda local, el real, como le gustaría al kirchnerismo que hicieran los argentinos. Es que en la comparación con Brasil se devela el secreto de por qué al peronismo clásico y ahora al kirchnerismo les cuesta seducir a la clase media y sólo lo logran en momentos de mucha bonanza económica o excepcionalmente. 

La clase media es media porque tiene capacidad de ahorro, sus ingresos le permiten un excedente del que la clase baja no dispone porque gasta todo lo que recibe en su vida cotidiana. Ser clase media se podría sintetizar en poder ahorrar. En Brasil no hubo clase media hasta recién avanzada la era Lula, los pobres no podían ahorrar ni en reales, en esa época cruceiros, ni mucho menos pensar en dólares. Aquella pregunta de Perón en la Plaza de Mayo en los años 50 ironizando sobre “¿quién del pueblo ha visto un dólar en su vida?” en Brasil siguió valiendo hasta la actualidad. Y los ricos de Brasil, como los de la Argentina, siempre tuvieron formas de ahorro más sofisticadas que la clase media.

Dólar, propiedades y ahorro son sinónimos de clase media, el gran problema del peronismo. Hay un abismo cultural más que económico, que la economía simplemente desnuda cada vez que hay escasez.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 02/02/2013 y publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Lo apodan “la Justicia”... De Alguna Manera...


 Lo apodan “la Justicia”...


Democratización, una consigna que pateó el avispero. El poder más elitista del Estado. Los que piensan que eso es un mérito y algunas ideas para mejorarlo. La familia judicial, habría que agrandar la mesa. Cuestiones de competencia. Horarios y vacaciones, jueces trabajando. Se abrió el debate en un poder poco afecto a la visibilidad.

Al Poder Judicial lo apodan “la Justicia”. Es un uso extendido, casi unánime. El cronista libra una cruzada poco exitosa contra esa sinonimia, propone llamarlo por su nombre, no más. La justicia es un anhelo, una plenitud que las instituciones no logran. La actuación del Poder Judicial, si se la mira bien, no la consigue casi nunca. Y casi no hay que reprocharlo. Su finalidad esencial es restaurar equilibrios supuestamente quebrados. Se orienta prioritariamente a dar certezas, fijar las relaciones, que a aspiraciones más profundas y, ay, más difíciles. Por eso la prescripción que cristaliza un derecho o la impunidad por el mero transcurso del tiempo. Por eso la innumerable cantidad de casos que se resuelven por formalidades. Una apelación presentada un rato después de la hora prevista (o en otro juzgado, por error material) es un mejor camino a la derrota absoluta que la falta de derechos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a “democratizar” el Poder Judicial (PJ en lo sucesivo, con perdón de la sigla): pateó un avispero. El oficialismo suele obrar así, acomete respecto de poderes cristalizados, intocables o poco tocados. Genera un revuelo descomunal, desata polémicas, batallas culturales. El fallecido ex presidente Néstor Kirchner preguntó “¿qué te pasa Clarín? ¿estás nerviosho?”. Y miren todo lo que sobrevino.

Las revueltas que provoca el kirchnerismo no siempre encuentran implementaciones perfectas, pueden derrapar a desmesuras, casi siempre son respuesta a necesidades políticas tácticas. Como sucedió con la ley de medios, siembran en terrenos ya arados o en polémicas ya construidas. La diferencia, nada menor, es que quien se pone al frente es un gobierno dispuesto a desafiar lo establecido.

La convocatoria es válida, aviva pasiones y motiva alineamientos, desafía a los sectores implicados. El hermetismo del PJ se sacudió en estos días. Organizaciones de magistrados se arrogaron la representación de todos sus pares y se rasgaron las vestiduras. Muchos de sus colegas reaccionaron contra la movida unanimista, instada por varios integrantes de la Corte Suprema que tiraron la piedra y escondieron la mano. Jueces, secretarios y fiscales les respondieron que no se reconocían en sus pretendidos representantes. El 27 y 28 de este mes se reunirán en la Biblioteca nacional, a plena luz del día. Una saludable rebelión contra una cultura del silencio.

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Tropa de elite: Hablamos del único poder del Estado cuyos integrantes son, en principio, vitalicios y no surgen del voto popular. A los jueces se los moteja de “Su Señoría”, un vocablo nobiliario (dos siglos después de la Asamblea del Año XIII) chocante a cualquier criterio republicano. Son, lejos, el poder del Estado más aristocrático. Para colmo, se agrega la autoexención del pago de Impuesto a las Ganancias, surgida de una capciosa interpretación del principio constitucional de intangibilidad de sus salarios.

El elitismo deriva de la propia conformación de la magistratura: sólo la componen abogados. Es una obviedad, dirá usted, por las tareas que desempeñan. Así es, pero el sesgo del elenco judicial no debe pensarse como una virtud o como un rasgo neutral sino como un lastre. Fuerza a tratar de compensar su elitismo y sectarismo, digamos congénitos. Asombra la asimetría de los jueces con los legisladores del Congreso nacional (la Cámara de Diputados en especial) en lo tocante a diversidad ideológica, cultural y social de sus integrantes.

El cronista se adelanta a suspicacias. No está proponiendo un cambio copernicano, “a la boliviana”. Apenas señala un escollo para que un poder público propenda a la diversidad y atenúe su elitismo.

En un trabajo profundo y recomendable (“¿Cómo y sobre qué debe rendir cuentas el sistema judicial?” http://www.sistemas judiciales.org), el jurista Alberto Binder clava una pica en Flandes. “El Poder Judicial tiene una legitimidad frágil que debe ser custodiada por los propios jueces.” La legitimidad de presidentes, gobernadores, intendentes, parlamentarios o concejales se supedita al veredicto popular. En un interesante reportaje con Página/12 la defensora oficial Stella Maris Martínez afirma que la legitimidad del PJ debe surgir de prestar “un servicio público digno a la gente”. La mayoría de magistrados y funcionarios no presta atención a los litigantes. Muchos no los ven jamás o casi nunca. La cultura judicial es “leerse” en las valoraciones de sus pares, de los académicos, de los abogados como mucho.

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Lo importante es la familia: La expresión “familia judicial” es sugestiva. Pinta a un grupo con lealtades firmes más allá de lo funcional y a un poder donde las presencias familiares se reproducen merced a ingresos nepotistas por los tramos más bajos. Stella Maris Martínez y el juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni (en otra entrevista concedida a este diario) abogaron por abrir las puertas de los tribunales a más aspirantes. Desde adentro, la tendencia prevaleciente es tapiarlas. Las universidades del conurbano bonaerense, en las que se forman jóvenes que son la primera generación de su familia en acceder a un título de grado, serían un buen “semillero” de oxigenación. Más concursos en rangos bajos, una herramienta posible, aunque la entorpece la significativa cantidad de personal contratado que revista en los tribunales federales o nacionales. Los concursos para secretarios en materia federal o nacional fueron abolidos por la aciaga Corte Suprema menemista, sería interesante revisar su medida. Abrir, ventilar, pluralizar desde abajo, son buenos objetivos.

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Hablo para que no me entiendas: La jerga forense es otro factor elitista. Está plagada de expresiones ajenas al lenguaje común, poco atentas a la perspectiva del receptor. Otra característica antidemocrática y aun antipopular.

Binder da en la tecla de nuevo cuando describe “el modelo usual de sentencias”: “información irrelevante, formas expresivas arcaicas, nula, preocupación por la comunicación, defectos formales y carencia de razonamientos son una constante demasiado extendida”. Frente al problema detecta “poco entrenamiento y preocupación”.

A diferencia de legisladores, gobernadores, ministros o presidentes los jueces no dependen para progresar en su carrera, o para mantenerse, de que el judiciable los entienda y les crea.

La notificación judicial de casi cualquier acto es incomprensible aun para una persona con buena formación intelectual que no sea abogado. Una citación no se entiende, un mandato necesita ser traducido al castellano. A nadie se le ocurre predicar que, cuanto menos, en las comunicaciones a las partes se combinen el vocabulario formal con otro inteligible para el vulgo. Toda una señal.

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Cuestiones de (in)competencia: Lo críptico, lo cifrado es un atributo del poder autoritario. Vale también para las reglas de la competencia de los Tribunales. Materia abstrusa que proporciona un rebusque formidable a quienes aspiran a chicanear los trámites. Los peloteos de juzgado a juzgado muchas veces demoran más que el fondo del pleito. La cultura judicial es muy celosa con esas minucias, agrava las dificultades. El argumento-pretexto es la gran especialización de los magistrados. En rigor, el formalismo prima sobre el afán de prestar decorosamente un servicio público. La competencia es muy restrictiva, detallista, restrictiva.

Pero en chocante contrapartida, existe otra institución aun más incomprensible para cualquier lego. Es el “control difuso” que consiste en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley.

Usted, imagino, supondrá que un juez debe seguir la jurisprudencia constitucional de su Cámara Superior o de la misma Corte si han fijado un criterio. Usted piensa con lógica, vade retro: se equivoca. Aunque haya jurisprudencia en contrario, aun en la cúspide del PJ, cualquier juez puede decretar una inconstitucionalidad.

El mecanismo es ensalzado como prueba de autonomía cuando es anárquico, tiende a debilitar a otro estamento del Estado. Edifica una jerarquía “de facto” que nada tiene que ver con la afamada división de poderes. Y genera incerteza, por no decir inseguridad jurídica...

Una solución que (horror) simplificaría sería crear un método por el cual un tribunal constitucional –la Corte Suprema– fuera el único que pueda declarar inconstitucional una ley del Congreso. E impedir, para lo sucesivo, que esa ley se ejecutara. Sería una solución imperativa para el resto de los tribunales y para los otros poderes. Julio Maier es un destacado jurista, eminencia en Derecho Procesal Penal, docente universitario, ex juez. Afirma que esa solución es viable y no requiere reforma de la Carta Magna. La mayoría de la Academia cree que ese cambio solo podría provenir de una reforma constitucional.

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Cautelar fácil: Caso Clarín mediante, los abusos de medidas cautelares están de moda, también el debate respectivo. La explicación será entonces breve. Un mecanismo de protección se transforma en un sustituto perverso de la sentencia.

Las prisiones preventivas son uno de los abusos más repetidos y más preocupantes de las cautelares. Acá hay que distribuir responsabilidades: “la tribuna”, muchos periodistas, funcionarios y dirigentes políticos claman por detenciones durante el proceso, que deben ser excepcionales (ver asimismo recuadro aparte). El saldo de una prisión preventiva apresurada o injusta suele ser arrasador. Un juez no debe castigar a quien no ha sido condenado y se presume inocente.

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La cultura del trabajo: Un servicio público que, en lo primordial, cierra durante un mes y medio al año es algo chocante... fuera de Tribunales. La pésima costumbre de un mes y medio de “feria” combina privilegio sectorial con perjuicio a los ciudadanos. Acentúa la prolongación de los juicios, que hibernan en verano y en invierno.

Según las normas vigentes, el horario de los jueces y secretarios federales y nacionales se extiende de 7.30 a 13.30. Treinta horas semanales durante diez meses y medio es una carga modesta, para gente que hoy día cobra muy buenos sueldos y jubilaciones muy superiores aun respecto de quienes tengan similares ingresos.

Desde luego, es un milagro encontrar a un juez a la hora de iniciación. Más de una vez, organizaciones de abogados hicieron recorridas tempranas que resultaron desoladoras: ausentismo casi perfecto.

Los magistrados afirman que es ocioso llegar tan temprano, que laboran mucho y mejor fuera de hora, amén de llevar trabajo a sus casas. Hay numerosos casos en que es así, hay otros que no. El control sistémico es cero.

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Sean eternos (solamente) los laureles: La duración de juicios de todas las competencias frisa con la denegación del derecho, con estimables excepciones.

La cantidad de jueces puede ser parte de los motivos. La demora en la cobertura de juzgados vacantes (que pesa básicamente sobre el Ejecutivo) también.

Otro núcleo son los códigos procesales. La abrumadora predominancia de lo escrito y del papeleo vicioso. La proliferación de instancias. La existencia de códigos procesales diferentes en surtidas provincias no es el nudo del problema, aunque también lo acentúa.

Y los desempeños de los magistrados quizá sea la principal. Que dos juzgados del mismo lugar y de similar competencia produzcan resultados muy diferentes en calidad de la atención al público, duración de los expedientes y calidad de las sentencia comprueba que los factores personales pesan mucho.

Los plazos para el dictado de sentencias de primera instancia y de Cámara están fijados por ley. Para la Corte Suprema, no. Hay una lógica jerárquica: no hay tribunal superior que pueda sancionarla. Pero sería un gesto de autoridad y ejemplaridad que la Corte se autorregulara y se los impusiera.

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Y mucho más: Esta nota, que queda corta en temas a abordar, deja entre paréntesis aspectos que sólo podrían corregirse mediante reforma constitucional. No es un punto de vista valorativo sino un recorte tendiente a insinuar aspectos que ya podrían comenzarse a trabajar.

No habla, tampoco, del Consejo de la Magistratura, que es una calamidad y no funciona a satisfacción de nadie.

No se centra en responsabilidades o carencias de otros poderes. No porque no existan sino porque han sido y serán objeto de otros artículos. También hay que señalar otra diferencia. Los integrantes de los poderes políticos son cuestionados y puestos bajo la lupa por sus propios pares. Los dirigentes de distintos partidos señalan sin piedad las carencias o defectos del otro. Ese debate iluminador se da todos los días. Es una consecuencia de la competencia democrática, inaplicada en un poder donde no la hay. La cultura judicial, refractaria a las discusiones abiertas a la sociedad, empeora el problema.

Ya que de cultura hablamos. Es forzoso imaginar cambios en las leyes, en los códigos de procedimientos, en los mecanismos de control, en perforar el secretismo judicial. Pero nada cambiará si los magistrados no hacen introspección, se bajan del pedestal, elaboran un mínimo inventario de los beneficios y exenciones especiales de que gozan. Si no ponen en cuestión su cultura interna, su cerrazón, la escasa representatividad que tienen. No en términos de popularidad sino como expresión de un sector muy acotado de la sociedad.

Democratizar la democracia siempre es imperioso, en todos los ámbitos. A más oscuridad, a más sectarismo, a menos intervención popular es mayor la necesidad. Con amplio debate público, dentro de la ley, con afán de cambio y oxigenación.

© Escrito por Mario Wainfeld (mwainfeld@pagina12.com.ar) el domingo 03/02/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.