El "pase" de Nelson y Víctor por Continental... De Alguna Manera...

Convivencia basada en evitar la realidad…

Víctor Hugo Morales adhiere al oficialismo desde la Ley de Medios. Nelson Castro siempre se opuso al modelo. Foto: Cedoc Perfil

Tras la marcha de Magdalena de Continental, Víctor Hugo Morales hace un “pase” con Nelson Castro. En veredas políticas opuestas, esquivan hablar de cualquier tema donde puedan tener posiciones diferentes. Una tensa calma.

Ulises en la obra de Homero hizo tapar los oídos de sus compañeros para protegerlos del canto fatal de las sirenas. No obstante, Franz Kafka, siglos más tarde, descubrió que esas criaturas tenían un armamento aún más letal: el silencio.

A partir de febrero, Nelson Castro y Víctor Hugo Morales empezaron a ratificar el mito kafkiano de lunes a viernes. Porque en el “pase” entre sus programas radiales, salvo excepciones, en vez de cantar, cierran la boca como las sirenas de Kafka.

Antes y después de las charlas (generalmente por teléfono, debido a los viajes de Víctor Hugo), uno arroja denuncias y el otro elogia al gobierno actual. Pero apenas se encuentran, evitan los temas de fondo.

Nadie quiere que riñan (no lo desea quien escribe), pero tampoco resulta satisfactorio que hagan relaciones públicas que rozan el cinismo y que no entreguen a la audiencia lo que ella espera y necesita: capacidad crítica y tolerancia. 

Si esta nota fuese una novela, un autor podría pensar que hay una instancia superior que no les permite ir a fondo en sus temperados diálogos. Esa autoridad sería tal vez la misma emisora, temerosa de otra contienda en el aire (como la sucedida entre Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo).   

En el primer “pase” (3/2/14), que fue de los más extensos (18 minutos), hablaron sobre la falta de vacantes en los colegios y se advirtió algo que sería costumbre: siempre pregunta Nelson Castro (cuyo idioma se caracteriza por lo discreto: “necio”, “mentira”, “enojado”) y Víctor Hugo juega de contragolpe y responde (con su lenguaje que, para decirlo de alguna forma, tiene “menos cocción”: “mafia”, “porquería”, “gusano”).

Se sabe que los viajes de Víctor Hugo son funcionales a su programa (en los últimos días salió de Mar del Plata, visitó Lincoln y luego París). Pero sus notas “rebotan” contra el ciclo de Castro, porque no tienen relación directa con la agenda política del día. 

El 12 de febrero, Nelson Castro afirmó: “Lo que dijo Capitanich es un disparate, me gustaría discutirlo” (se refería al fallo de la Corte sobre Canal 13). Pero en el “pase”, segundos más tarde, hablaron exclusivamente sobre Julio Cortázar y los treinta años de su muerte.

Dos días después, luego de que por primera vez el gobierno nacional reconociera la inflación (noticia que recorrió el mundo), hablaron con entusiasmo sobre la fiesta de San Valentín y el amor.

Por momentos, parece el “pase” entre dos programas deportivos. Porque suelen hablar de fútbol. Pero ese tema también puede suscitar cuestiones políticas. El lunes 17, Castro le preguntó a su colega sobre la violencia en el fútbol y la relacionó con el Gobierno. Víctor Hugo respondió que violencia hubo siempre y lanzó una osada definición: “Los barrabravas son personas como vos o como yo, pero que en un momento se vuelven locos”.

El tema se puso tibio. De tal manera que prometieron continuarlo al día siguiente. Pero el martes, sin embargo, a pesar de la expectativa, hablaron de fútbol… pero de Boca, de Belgrano y de Carlos Bianchi.

Víctor Hugo es un vivo retrato del personaje que Walter Benjamin calificó como flaneur: viajero, espectador urbano, dandy, voyeur, etc. Pero resulta absurdo que, luego de que la Presidenta dijo que “quisieron hacer volar el país por los aires”, dos periodistas políticos, en su encuentro, sólo hablasen de Julio Cortázar.

Para colmo, y a propósito de San Valentín, el papa Francisco habló de “sociedad líquida”, recurriendo a un concepto de Zygmunt Bauman, filósofo que anuncia el fin de lo socialmente sólido y el triunfo de los mercados volátiles.

Pero ellos, impávidos, la siguieron con San Valentín.

¿Qué omitieron? Aquello que los filósofos y el propio Papa vienen anunciando sobre la “sociedad líquida” y “la era del homo sacer”. O sea: el tiempo de “los humanos que son sagrados y merecen amor, pero a los que cualquiera puede matar”. ¿Y no es esa la situación de un jubilado pobre que, con 11% de aumento, pasa a convertirse en un ser “matable”?

Nelson Castro y Víctor Hugo Morales, con este “pase” inventado por Continental, ingresan a un simulacro de charla. Y brindan un espectáculo penoso. Porque las palabras pueden callarse. Pero los síntomas siguen hablando.

© Escrito por Luis Frontera el Sábado 22/02/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reportaje a Laura Ginsberg... De Alguna Manera...

"Este acuerdo con Irán es una maniobra perversa"…

Decisión. "Yo denuncié a nuestro abogado patrocinante, el doctor Alberto Zuppi, porque él se incorporó como ministro de Justicia del gobierno de Rodríguez Saá."

Perdió a su esposo en el atentado a la AMIA y fue miembro de Memoria Activa. Considera que, desde Menem, todos los gobiernos han sostenido este crimen en la más absoluta impunidad, y que éste quiere ponerle punto final al tema. Mientras, ellos buscan el juicio y el castigo a los culpables.

El 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana, yo estaba viajando rumbo a mi trabajo –recuerda Laura–. Nosotros vivíamos en Villa Crespo y recuerdo que un gran estruendo había hecho vibrar las ventanas de mi dormitorio, pero recién cuando llegué a mi lugar de trabajo me dijeron que habían volado la AMIA... y bueno, me fui inmediatamente para allá.”

Laura tiene en la mirada sin lágrimas la huella de los que han sido golpeados por el destino.

—Durante tres días estuvimos buscando a quien era mi marido –explica–. Estuvimos buscando a José… Lo hicimos porque todas las explicaciones que provenían fundamentalmente de quienes nos brindaban algún dato acerca de las personas que trabajaban en el edificio coincidían en que habían visto a Cuqui (así llamábamos a José) aún con vida. Por eso, durante esos tres días estuvimos buscándolo en comisarías, en hospitales, con fotografías que mi hermana había fotocopiado y ampliado para repartirlas en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, el 31 de julio me avisan que lo habían encontrado muerto entre los escombros.

—Ustedes eran muy jóvenes.
—El tenía 43 años, y… –aquí se produce una larga pausa que no interrumpimos, claro–. En verdad, durante esos días de búsqueda yo recuerdo que me dije a mí misma: “Esta debe haber sido la misma sensación de los que buscaban desaparecidos”, por aquello de que “está” pero “no está”. “Está” pero “no lo encuentro”. “Nadie me dice adónde está”. Algo muy terrible, ¿no? Sobre todo después del crimen de la bomba… Fue devastador, sobre todo teniendo en cuenta que apenas dos años antes habían volado la Embajada de Israel.

—Ahí es entonces donde comienza tu lucha… terrible lucha. ¿Estabas sola o acompañada?

—Sobre todo en los inicios, yo me acerqué al grupo de los familiares de las víctimas, y a Memoria Activa a principios del año ’95. Nos acompañamos todos porque nos encontrábamos en la misma situación. Incluso, una de las primeras cosas que recuerdo era tratar de establecer el número real de muertos. Aún hoy es una cifra que lleva un signo de interrogación. Todo el mundo habla de 85 muertos, pero resulta que uno de ellos reapareció con vida muchos años después. Incluso ésta es toda una historia en sí misma, y es muy reveladora de lo difícil que resulta en este país contar a los muertos.

—Ese hombre que apareció, ¿había perdido la memoria, o qué?
—No. Apareció cuando su mujer reclamó, si mal no recuerdo, la indemnización. Este hombre estaba con vida. Trabajaba como cocinero en el ejército paraguayo. Era efectivamente una víctima de nacionalidad paraguaya, así que resulta impresionante pensar que tanto desde la Embajada como desde la AMIA pasó mucho tiempo, y el Estado no nos puede decir realmente cuántos muertos hubo. Y recuerdo que una de las primeras cosas que discutíamos era cuántos muertos había realmente. Aparecieron muertos que no pertenecían a estos atentados. El propio Estado blanqueaba gente que no había fallecido allí. En aquel momento no lo veíamos, pero marcaba toda una impunidad que llega hasta hoy. Así, entonces, en el grupo de familiares de las víctimas llegamos al acto de 1997 y, a partir de allí, comenzamos a padecer los quiebres y las rupturas que propiciaban tanto la dirección judía como el gobierno de Menem.

—¿El gobierno de Menem quería propiciar la fractura tanto dentro de la dirección judía como dentro de su propio gobierno?
—Siempre dio la sensación, es cierto, de que Menem deseaba favorecer esta fractura no solamente dentro de la colectividad, sino que tenía en la mira la necesidad de dividir y fracturar un movimiento de familiares de víctimas de la AMIA que mostraba una posición independiente, opositora al gobierno de Menem e independiente de la dirección judía. Ni lerdo ni perezoso, el gobierno de Menem advirtió que eso se estaba transformando en un problema, y más después de 1997. Con lo cual comenzaron una campaña en paralelo, tanto el gobierno nacional como la dirección judía, para quebrar el movimiento de familiares. Esto fue lo que ocurrió. Después se fortaleció nuestra intervención como familiares con una postura más crítica durante muchos años hasta que, finalmente, yo fui separada de Memoria Activa en 2001; me quitaron su representatividad con un comunicado de prensa fechado el 14 de enero de 2002.

—Pero ¿por qué?
—Porque yo denuncié quién era nuestro abogado patrocinante en la causa, el doctor Alberto Zuppi, con quien hacía poco tiempo habíamos logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptara una denuncia contra el Estado argentino. ¿Me preguntás por qué lo denuncio? Pues porque él se incorpora como ministro de Justicia del gobierno de Rodríguez Saá. Renuncié entonces a su patrocinio y lo denuncié públicamente, porque para mí era inconcebible que quien era nuestro abogado, patrocinándonos en toda esta lucha, pasara (directamente, sin escalas) a trabajar como ministro de Justicia para el Estado.

—Y vos, que has sido una víctima directa, ¿cómo ves el comportamiento de los partidos políticos? Y te lo pregunto porque a quien mencionaste en primer término fue a Menem.
—El tema es que, desde 1994 hasta hoy, ha habido una continuidad política en lo que se refiere al atentado, a la criminalidad perpetrada por el Estado y al encubrimiento mismo. Te explico: ¿una continuidad política en qué sentido? Todos los gobiernos que siguieron al de Menem (Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Néstor Kirchner y, ahora, Cristina Fernández de Kirchner) se han puesto de acuerdo de alguna manera en sostener este crimen en la más absoluta impunidad. Y esto es así porque, de alguna manera, los hechos confirman la acusación que nosotros sostenemos desde hace tantos años. El Estado argentino sabía que el crimen se iba a cometer porque contaba con los informes de servicios de inteligencia de otros países y también propios. Puso entonces todas sus fuerzas de seguridad y sus servicios de inteligencia al servicio del hecho del atentado, encubriéndolo durante 19 años.

—Según tu pensamiento, ¿cuál sería el motivo para obrar así?
—Porque el Estado argentino es el responsable del atentado. Y hoy estamos frente a una situación en la que el Gobierno nos pone y nos pretende llevar al terreno de la discusión de cómo involucrar la conexión iraní cuando, en realidad, todavía, 19 años después, no hay certezas. Nosotros, por lo menos, no las tenemos. No tenemos certeza de que hayan sido los iraníes o los sirios o una conexión local. Pero sí tenemos certezas de lo que ocurrió aquí con nuestras fuerzas de seguridad, con la sustanciación de una instrucción judicial en manos de funcionarios, jueces y fiscales corruptos que han cometido delitos. Que han armado una construcción que luego se elevó a juicio y que, después de tres años, terminó liberando a todos. A Telleldín, a los Ribelli. A los primeros eslabones de la conexión local. De manera tal que nosotros ya calificábamos esto como un juicio totalmente fraudulento.

—¿Vos decís “nosotros” desde Apemia?
—Es decir, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA. Nosotros teníamos muy claro lo que estaba pasando porque además seguíamos el juicio prácticamente de manera cotidiana y teníamos la claridad de que el resultado no iba a ir en el sentido del esclarecimiento del crimen, y que estaban todos al borde de ser liberados. Y así fue. A partir de que el gobierno de Kirchner empieza a percibir (y no porque sea ajeno sino porque ayudó a construir esa impunidad) el resultado del juicio. Y, por eso, desde 2003 empieza a abonar la necesidad de liquidar, de terminar la conexión local; no hablar más de las conexiones locales y abonar, en ese sentido, la conexión iraní. Poner la culpa afuera. Y el primero que comienza a trabajar en eso es el propio ex canciller Bielsa, con quien también estuvimos reunidos.

—¿Cuál era el pensamiento de Bielsa?
—El propiciaba la investigación, digamos, y el juicio a la conexión iraní y un tercer país. Llegó incluso a presentarnos papers en relación con eso. Los leímos atentamente y le respondimos por escrito al entonces canciller Bielsa, y con él también mantuvimos una reunión en la que le dijimos que lo que estaba proponiendo era totalmente inviable; que no había ninguna legislación internacional que avalara semejante aventura, y que estaban poniendo la causa a miles de kilómetros de distancia, alejándola así de quienes somos las partes más interesadas en intervenir y en ponerla cerca. De manera tal que, como en aquel entonces la condición era que “todos estén de acuerdo con llevar adelante la propuesta del tercer país”, y como nosotros no estuvimos de acuerdo (de hecho salió publicado que Apemia le dobló el brazo al canciller), la propuesta no prosperó. Pero lo que sí prosperó después fue, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la entrega (producto de una decisión política) de la causa en sí misma creándole un fiscal especial a partir del año 2004/2005.

—¿Te referís al fiscal Nisman, hoy terriblemente amenazado?
—Claro. Nosotros le expresamos nuestra solidaridad al fiscal Nisman, pero no perdemos de vista que esa fiscalía fue creada precisamente para terminar de cerrar este tema AMIA acusando a los iraníes basándose en diferencias. Nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad (y seguimos sosteniéndolo). Los documentos que produjo la fiscalía, y a los cuales nosotros tuvimos acceso, se basan en diferencias: nosotros no acusamos a Irán porque defendamos el régimen iraní ni mucho menos, sino sencillamente porque entendemos que la única manera de avanzar en este terreno (pero más especialmente poniendo en evidencia las responsabilidades locales) es que se pongan los archivos secretos sobre la mesa. Y podamos así tener acceso a aquello que ahora quieren poner en manos de esta Comisión de la Verdad que nosotros consideramos que, otra vez, va a ser sólo una comisión encubridora. Vamos a estar en presencia de una comisión que va a ayudar al encubrimiento, y ahora con el acuerdo del régimen iraní.

—¿Creés que Irán va a aceptar la detención de los acusados si así lo ordena el juez Canicoba Corral? No hay que olvidar que el actual ministro Ahmad Vahidi tiene pedido de captura internacional con grado rojo. ¿Aceptarían esa detención?

—Hay un antecedente al respecto: en 2003, cuando el gobierno de Kirchner apunta en esta dirección (sacar las responsabilidades afuera), lo que estaba ocurriendo era que habían detenido en Gran Bretaña a Soleimanpour (uno de los que eran justamente acusados de ser parte de la conexión internacional). Y cuando Argentina envía la evidencia (la documentación) que supuestamente iba a lograr que esa acusación terminara en una extradición, en Gran Bretaña dicen que la evidencia no es formal, que no es suficiente; tuvieron que liberar a Soleimanpour y finalmente la Argentina tuvo que pagar. Después de ese episodio, ocurrido hace tantos años, no tenemos ninguna acusación concreta con evidencias concretas. Y el tema es el siguiente: antes de que Canicoba Corral pueda hacer nada (de hecho, desde que lo nombraron derivó todo a Nisman), pero antes de que eventualmente pudiera hacer algo, reunieron a esta Comisión de la Verdad, que va a tener que analizar la evidencia que la Argentina envíe. ¿Y si la evidencia no es suficiente, como en 2003? ¿Qué va a decir Timerman? “¿Nosotros hicimos lo que pudimos?” “¿Lo lamento?”.

—¿Cómo evalúan ustedes el comportamiento del canciller Timerman?
—Hay que entender el comportamiento del canciller en el marco de una decisión política de gobierno que, en algún sentido, es la continuidad de lo que ya se había implementado (o se intentaba) en 2003. Dejando de lado sus características personales y su actitud patoteril, me parece que lo que hay que poner de relieve es lo siguiente: tal como lo reconoció en la sesión primaria de la Comisión en el Senado, en la que estuve presente, Timerman viene negociando con el régimen iraní desde hace por lo menos dos años en el sentido siguiente: “Vamos a una negociación”. 

Porque, hasta ayer, el gobierno de los Kirchner iba a cada una de las sesiones de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas a decir “los iraníes son los responsables”; “tienen que venir a la Argentina”; “tienen que someterse a la Justicia argentina”; “tienen que declarar”. Producto de un giro político, de pronto, en la última reunión la Presidenta dice: “Vamos a negociar con Irán”, y nosotros observamos que esto no es un capricho de la Presidenta. Esto va en sintonía con un cuadro internacional donde el Departamento de Estado y el gobierno de Obama están buscando un terreno de diálogo con Irán para superar los problemas que no han podido superar hasta ahora. 

Son problemas relacionados con energía nuclear, con la salida de las tropas norteamericanas de Irak y de Afganistán. El cuadro más general es el de negociar con Irán. Un cuadro donde, hoy en día, aún sin saber cómo va a terminar desarrollándose este acuerdo, lo cierto es que no es un cuadro para hacer intervenciones bélicas. Por lo menos en este contexto. En este sentido, el gobierno argentino sigue disciplinándose con los lineamientos políticos que marca el gobierno de los Estados Unidos. Hasta ayer, la causa AMIA estaba puesta al servicio de la guerra cuando Irán constituía el Eje del Mal. Hoy está puesta al servicio de un supuesto cuadro de “paz” (así, entre comillas), de “diálogo”. En ninguno de los dos casos al servicio del esclarecimiento ni del juicio y el castigo para todos los culpables, que es lo que nosotros reclamamos. Entonces, de este modo el Gobierno argentino resuelve dos problemas: el primero (que es el más importante para ellos) es poner un punto final al tema AMIA. 

Pensamos que el Gobierno está decidido a ponerle un punto final al tema AMIA. Y por dos motivos: primero, sacarse sus propias responsabilidades como Estado argentino en la criminalidad y el encubrimiento. Que no es un tema menor. En ese aspecto, Irán viene a tenderle una mano. Y el segundo motivo es que está otra vez poniendo la causa al servicio de un cuadro internacional que entiendo que es de una complejidad muy grande pero que, probablemente, va en un camino de acuerdo y negociación con Irán. En cualquier caso, insisto, nada de esto tiene que ver con lo que nosotros venimos exigiendo desde hace tanto tiempo, y de ninguna manera vamos a conformarnos con algunas opiniones que hemos escuchado tanto por parte del Gobierno como de otros familiares que dicen: “Bueno, por lo menos esto es algo”, “tal vez tengamos un poco de verdad” y “en todo caso, si esto no resulta todo quedará igual”. 

Esto no es cierto. En primer lugar, la verdad no viene en dosis. Sabemos la verdad o no la sabemos. Es lo que está ocurriendo hasta ahora. No sabemos la verdad porque el Gobierno la oculta. Y en segundo lugar, no es cierto lo que dice Timerman cuando, apretado por las circunstancias, el otro día en el Senado dijo: “Bueno, en el peor de los casos, si esto no progresa no habrá pasado nada”.  Sí pasa. No es que no pasa nada. Pasa que retrocedemos otra vez en el sentido de lo que significa la obligación del Estado por perseguir justicia. Nosotros somos conscientes de que esto se abandonó hace rato pero, formalmente, ¿qué va a decir el Gobierno? “Nosotros hicimos lo que pudimos”; “si Irán no responde...”; “si las pruebas no son suficientes...”; “si los iraníes no quieren declarar, están en su derecho”, dijo Timerman en el Senado. Entonces, ¿adónde nos está llevando el Gobierno? 

Lo presentan como si fuera un gesto de buena voluntad y una maniobra inocente. No. Es una maniobra perversa, elaborada y pergeñada consciente y deliberadamente para el Punto Final.

© Escrito por Magdalena Ruiz Guiñazú el domingo 24/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reportaje a Hermes Binner... De Alguna Manera...

"La oposición está en deuda con la gente"...

La acusación de “narcosocialistas” vociferada por el diputado kirchnerista Andrés “El Cuervo” Larroque logró desencadenar la indignación de la oposición que, la semana pasada, se retiró del recinto.

La alusión al reciente descubrimiento de posibles nexos con el narcotráfico del desplazado jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, ha provocado una terrible preocupación, pero el claro sentido político de las afirmaciones de Larroque están sin duda dirigidas a enturbiar una figura señera como es la de Hermes Binner.

Efectivamente, a las pocas horas, Binner publicaba una solicitada en los principales diarios del país en la que, entre otras cosas, afirmaba que el comisario Tognoli debía someterse a la Justicia.

—Creo que la gente ha perdido el miedo y comienza a expresar todo lo que ve alrededor de la violencia vinculada al narcotráfico. La seguridad ocupa el primer lugar en la preocupación de la población sobre todo cuando se vincula con la violencia. Es nuestra obligación atender ese reclamo y trabajar en función de salvar las dificultades que tiene la población para expresar sus denuncias y poder, también, rectificar supuestos errores que se están desarrollando en el seno de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe. A partir de una denuncia que aparece en los diarios (y esto no debiera ser así, sino fruto de una comunicación del Gobierno nacional al Gobierno provincial) se conoce (como ahora sabemos) a partir de una escucha del año 2009 una referencia a vinculaciones del ex jefe de Policía Tognoli con el narcotráfico. 

Estas cosas no significan una novedad ya que Santa Fe es una provincia de paso de la droga y la triste experiencia nos demuestra que las provincias “de paso” terminan “siendo” y quedándose con parte de la misma. Creo, también, que no se había tomado la correspondiente dimensión de la gravedad que esto representa. En ese sentido es positivo que la gente hoy se atreva a hablar y a denunciar. Esta es la parte fundamental para que comencemos a revertir el flagelo del narcotráfico. Fíjese que cuando vemos en la República Argentina que hay un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan la pregunta es: ¿de qué viven? Y la economía del delito es una economía que viene a suplantar los trabajos formales. Hay que erradicarla.

—Y recordando también la valentía de los que se han presentado a declarar, es importante que la Justicia tome las medidas correspondientes y los proteja. Que un testigo protegido no desaparezca como Julio López.
—Por supuesto. Casualmente nosotros tenemos un decreto que firmé cuando era gobernador y que se ocupa de la protección de los testigos. No pudo salir por ley. No me aprobaron en la Cámara, pero un decreto tiene la posibilidad de ser optativo. Nos parece que hay que proteger a aquellos testigos que tienen la valentía de informar todo lo que saben. La situación entonces, hoy se encuadra en que esto es un delito federal. Con lo cual necesitamos el apoyo de las fuerzas de seguridad federales y de la Justicia Federal ratificando, una vez más, el contenido de nuestro programa que viene ya de las elecciones anteriores y que está dirigido justamente a la necesidad de integrar a todas las fuerzas de seguridad del país. Me refiero a las policías provinciales, la Policía Metropolitana y la Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, para construir un mapa del delito en nuestro país. Es necesario saber dónde es preciso actuar, ejercer una mayor prevención y creo que en este camino (siendo un delito federal) debe ser el Gobierno nacional quien lo convoque.

—Cuando usted mencionaba recién a ese millón de chicos que no estudian ni trabajan, recordaba a las Madres del Paco que se enfrentan con la magnitud de la fuerza de la droga, y lo inquietante que resulta también saber que esos mismos chicos van a votar desde los 16 años. No sé qué piensa usted de esto.
—Bueno, usted sabe que hay países como Brasil donde votan desde los 16 años y tienen problemas resueltos y no resueltos. Brasil tiene leyes que combaten el narcotráfico como, por ejemplo, “la ley de derribe”.

—¿Qué significa?
—Es una ley por la cual, por ejemplo, un avión de matrícula desconocida puede ser apareado por aviones de la Fuerza Aérea que lo obliguen a aterrizar. Si no lo hace, tienen autorización para derribarlo.

—¿Esto no se acopla, entre nosotros, al tema de la falta de radares?
—Claro. Y, sobre todo, radares que puedan captar el negocio oscuro. Porque los radares que se están construyendo en el Invap y que son de última generación, en teoría son radares para detectar las señales que emiten con ultrasonido los aviones que se quiere identificar. Cuando este equipamiento no se pone en funcionamiento se requiere otro tipo de radares que Argentina no tiene y que no vemos mucha motivación por adquirir. Lo ideal sería tener al menos el 80% de la superficie nacional controlada.

—Nos reiteran que la mayor parte de la droga entra a través de estos aviones, que aterrizan en estancias desde las cuales parten los envíos.
—Sí, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado en Santa Fe decomisar un avión (de matrícula paraguaya) que venía cargado con marihuana. Rápidamente el juez federal nos conminó a devolver el avión porque, al ser de otro país, era necesario devolverlo. Esto, por supuesto, significó el cierre de la investigación. Con lo cual se convirtió en uno de los tantos casos que en nuestro país, pasan a la impunidad que es para una sociedad, la peor de las enseñanzas. Por ejemplo, si usted comete un hecho delictivo, y luego consigue autorización para demostrar que ese hecho no fue delictivo, sino lícito, esto se convierte en una de las cuestiones más graves que tenemos que superar y tampoco tolerar como sociedad.

—Volvemos entonces al tema de la Justicia. Usted recordará que la semana pasada la renuncia de los jueves Farrell y Kiernan tuvo gran repercusión por la terrible presión que se ejerce sobre la Justicia.
—Desde ya esto atenta contra la independencia de los tres poderes. Nosotros estamos recolectando firmas hasta llegar a un millón y no estamos pidiendo nada extraño, sino que se respete la Constitución en tres aspectos fundamentales: uno, la independencia de los tres poderes; el otro radica en la necesidad de respetar el federalismo porque las provincias son prescindentes de la Nación (y esto lo reconoce la Constitución de 1853) y, finalmente, los derechos sociales. Me refiero al derecho a la educación; a la salud; a la vivienda; al trabajo; a la jubilación… Por lo tanto, la base fundamental de reconstruir la República pasa, en primer término, por respetar la Constitución y las leyes. Luego, vienen los Derechos de Tercera Generación que fueron incorporados en la reforma del año 1994. Creo que son elementos fundamentales como plantearle a la población que ayude a gobernar. Y si la gente tiene capacidad de formular propuestas y esas propuestas son tomadas por la sociedad, esto nos coloca en una situación positiva que permite doblegar todos los dolores que hoy tenemos en función de encontrar la integración de la ciudadanía con sus gobernantes.

—Estamos viviendo tiempos extraños. Creo que es la primera vez que escuchamos a la Corte pedir que no la presione el gobierno de turno. ¿Recuerda algún antecedente, Binner?
—No lo recuerdo. Salvo, probablemente, en regímenes militares donde esos jueces fueron reemplazados por otros que eran adictos a aquel régimen lo cual no es un ejemplo válido. Nos toca rescatar a uno de los valores fundamentales de la República. Esto lo inauguró la Gran Revolución, me refiero a la Revolución Francesa de 1789 donde se estableció justamente el respeto hacia los tres poderes.

—Es cierto, nos tocan tiempos especiales. Por ejemplo, tampoco hemos tenido nunca una fecha de calendario que se apode 7D y de la que está pendiente gran parte de la ciudadanía.
—Creo que la ley tiene que ser respetada y si no sirve para una determinada realidad hay que cambiarla. Pero la ley debe ser respetada. Para eso es ley. Tiene esa categoría. Así es que respetar la Constitución y aplicar las leyes es la base de un país democrático. Debemos aspirar a construir valores en la sociedad. Si no, ¿con qué cara les enseñamos a los niños el Preámbulo de la Constitución? De no ser así es sólo una letra que está allí y nadie respeta. Creo que al debilitarse la estructura fundamental de la República también se debilitan todos los espacios a llenar en esa estructura. Me refiero a la educación, la salud, el derecho a la vivienda, derechos que pide todo ciudadano por estar integrado en una Nación.

—Volvemos entonces al tema candente del millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Cuál era la necesidad urgente de otorgarles el voto a los 16 años? Yo sé que usted militó desde muy joven.
—Como dice la Constitución de 1994, la reforma reconoce el primer escalón de la democracia, de gobierno, en las ciudades. Entonces, lo lógico, sería que los jóvenes puedan votar en las ciudades porque, además, es donde ellos tienen conflictos. Con la droga, con la seguridad, con el transporte, con la noche. A partir, entonces, de esas situaciones ellos podrían aportar experiencias vivenciales y, a mi modo de ver, ése sería un camino muy adecuado para, luego, integrar a los jóvenes. Comencemos entonces por ese escalón: los jóvenes de las ciudades a quienes les estamos dando un interés para que emitan su voto, que puedan discernir dónde están sus conflictos. Participar así sería entonces también formar parte de la construcción de una sociedad mucho más integrada. Nosotros hemos hecho muchas experiencias con los niños y, por ejemplo, cuando los Consejos de Niños se reúnen para plantear temas vinculados a una ciudad más segura, amigable y donde se respeten las leyes de tránsito y al vecino es sorprendente la cantidad de aportes que hacen estos chicos. Con esto no quiero decir que los niños tienen que votar, pero sí que si les damos la palabra a los jóvenes, también podemos ayudar a solucionar los problemas que vivencian todos los días.

—En una de nuestras últimas conversaciones, yo me permití insistir en que pensemos “ya” en 2015 y usted me dijo: “¡Falta mucho para 2015!”, ¿sigue pensando lo mismo?
—Bueno, depende. En algunas cosas falta mucho y en otras, no. Nosotros queremos realmente ser gobierno y todo momento debe ser aprovechado para construir dos cosas: programa y equipo. Si usted gana una elección (no es fácil ganarla, pero es una posibilidad) tiene que comenzar a gobernar a los dos meses. Y en esos dos meses no puede hacerse lo que no se ha hecho anteriormente. Por eso nosotros, ahora, el próximo 24 de noviembre vamos a realizar un acto en Costa Salguero donde se van a integrar todos aquellos que hemos reunido en las regiones que hemos transitado. Hemos estado en todos lados; hemos hablado con los productores, los trabajadores, con las fábricas recuperadas, con las economías regionales en general y hemos visto que hay un común denominador de Argentina que necesita salir adelante y que es el tema de la competitividad. También hemos visto, a nivel social, que hay muchos deberes que no se cumplen con la población.

—¿Por ejemplo?
—La jubilación. Usted sabe que tenemos jubilaciones de las que podría decirse que son “una ayudita.”Mire, ¡el jubilado no cree que se pueda comer con seis pesos por día. Vamos a presentar un plan estratégico de largo alcance que está sintetizado en veinte ideas para veinte años. Debe haber una política de Estado que nos organice de manera tal de ir reconstruyendo desde las bases los valores de nuestro país. Son valores riquísimos y creo que allí está el nuevo plan de gobierno en el que, seguramente, continuaremos trabajando el año que viene.

—¿Y las alianzas, Binner?
—Y las alianzas también van de la mano. Nosotros hoy, tenemos el Frente Amplio Progresista (FAP). Pero sabemos que con el Frente solo no alcanza y que hay que construir otra mayoría. Y estamos en ese camino.

—Pero en las alianzas tiene que haber una base de entendimiento común. No sé si esto es factible.
—Es necesario. Tiene que haber un programa común. Usted no puede tener un ministro que tenga un criterio sobre educación vinculado a la sociedad y un ministro de Salud que opine lo contrario. Debe haber una política común; señalar el punto en el que estamos, lo que tenemos y cómo construimos aquellos aspectos que hoy estamos esperando que se desarrollen.

—¿Se acuerda cuando se hablaba de la soja como del “yuyo”? Qué bien nos ha venido “el yuyo” ¿no? Por ejemplo, frente al enorme gasto del Estado.
—Bueno, esto es parte de la situación económica y social que estamos viviendo. Por supuesto nosotros no la compartimos. Creemos que el problema principal está vinculado a la inflación. Aquí se consideró, en alguna oportunidad, que la inflación era parte del modelo, como si fuera una virtud. No debemos olvidar que el país, en democracia, ha vivido situaciones extremas. No se trataba de gobiernos dictatoriales y salir de esa situación significó mucho esfuerzo, pérdidas y trabajo para, luego, poder reconstruir una economía y una sociedad. La inflación es el impuesto más injusto que existe. Por un lado se impone sobre los ingresos fijos (los que menos tienen son los que más sufren) y, por otro, le quita competitividad a las empresas al marcar el valor del dólar. Con lo cual ésta es una situación a dos puntas que muestra su deterioro. Hoy Argentina conserva dos flotadores que le permiten avanzar o por lo menos mantenerse: la soja y el comercio con Brasil. Si Brasil no devalúa, Argentina tiene oxígeno como para seguir respirando. Pero si lo hace, nos vamos a encontrar con una seria preocupación. Lo mismo con la soja: mientras siga manteniendo el valor que tiene hay que revertir esa riqueza en más energía eléctrica; más rutas; más caminos y más bienestar.

—Volviendo al presente: ¿usted anoche no integraba la Marcha del 8N, pero estuvo en la calle hablando con la gente, no es cierto?
— Sí, en Diagonal Norte y Esmeralda. Era impresionante observar la marea humana que venía desde el Obelisco rumbo a la Plaza de Mayo y creo que es importante que escuchemos a la gente. Hay muchas demandas concretas. Diría que la más sensible es la de la inseguridad por la que la gente manifestaba con mucha fuerza, pero también hay otra que está relacionada con los valores: no robar. Creo que esto es lo que la población le está exigiendo a sus gobernantes. Por eso me parece que es muy importante, tanto para el oficialismo como para la oposición (aún cuando las responsabilidades sean diferentes) abordar este tema.

—Algo para destacar: la gran cantidad de banderas argentinas y su presencia constante en la Marcha aunque (como suele ocurrir) también aparecían carteles con menciones agraviantes sin el respeto que siempre merece en democracia la investidura presidencial. También un lamentable episodio hacia un periodista de C5N a quien un tal González Ayuso agredió cobardemente por la espalda. Pero, en líneas generales, usted concuerda en que fue una manifestación con mucho espíritu patriótico y un gran entusiasmo ¿no?
—Siempre hay algún inadaptado, pero la gente, en efecto, es muy respetuosa de los valores esenciales y de la figura presidencial. Anoche hubo reclamos de valores y también reclamos concretos.
En cuanto a valores: el respeto a la Constitución; el respeto a las leyes; la identificación con los problemas básicos de la gente. Luego, como le decía, aparecen las demandas concretas: los jubilados con el 82%. Pero lo que dominaba, insisto, era la demanda por la falta de seguridad.

—También un reclamo muy fuerte de no reformar la Constitución Nacional…
—Sí, esto aparecía en numerosas pancartas: “Respetar la Constitución”; “respetar el Federalismo”; “Respetar los derechos sociales incluidos en el artículo 14 bis”… En fin, todos estos reclamos estuvieron anoche muy presentes. También en la ciudad de Santa Fe hubo una concentración muy grande en la plaza frente a la Gobernación y, en Rosario, frente al Monumento a la Bandera la manifestación fue muy importante.

—Uno de los argumentos que usa el Gobierno para desacreditar este tipo de protestas es que la gente que participa de estas manifestaciones no tiene ningún referente claro de la oposición…Mejor dicho, un líder.
—Bueno, sí. Creo que esta es una deuda que tiene la oposición. Hay que reconocer que el Gobierno tiene un gran porcentaje de responsabilidad en esto y debe dar respuestas inmediatas. Pero a la vez es útil y necesario que la oposición vaya conformando una propuesta que tienda a superar estos elementos que son de alta preocupación para la población. Creo que estamos en un tiempo de cambio: hay un Gobierno que va a cumplir con su mandato: doce años de gestión; que ha demostrado sus fortalezas y sus debilidades. Pero tambien la democracia es renovación; es pensar en nuevas alternativas y en que hay otras respuestas para problemas no resueltos y allí nos encontramos, también, con una gran responsabilidad como es formular una propuesta donde se simplifique la oferta política pero, además, se profundice en cuanto a la respuesta concreta que hoy está reclamando la población.

© Escrito por Magdalena Ruiz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 11 de Noviembre de 2012.

Reportaje a Leandro Despouy... De Alguna Manera...

"El Gobierno ha aniquilado los organismos de control"…

Opinión. "Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y también la actitud epidérmica del gobierno respecto de todo lo que signifique control".

Reportaje a Leandro Despouy. El abogado y dirigente radical explica por qué el oficialismo quiere destituirlo de la presidencia de la Auditoría General de la Nación (AGN), y recuerda que desde la gestión de Néstor Kirchner se ignoran los informes del organismo, como el que advertía sobre los riesgos de que se produjera un accidente como el de Once.

Un hombre de carácter (de los primeros que volvieron del exilio cuando la democracia y, luego, en los 90 permaneciendo en soledad en Haití como cabeza de la delegación de la OEA, pese a la revolución que azotaba la isla) hoy recibe los intentos kirchneristas de echarlo de la Auditoría General de la Nación.

—Hace pocas horas usted tuvo un apoyo masivo de la oposición –recordamos–. Esto no es frecuente, ¿por qué piensa que se ha desencadenado ese ataque masivo del Gobierno contra su permanencia en la Auditoría? ¿Es acaso porque la catástrofe del Sarmiento, en febrero, ha puesto al desnudo el destino de cuantiosos subsidios que usted ha investigado?

—Yo creo que hay razones coyunturales, estructurales y, también, la actitud epidérmica del Gobierno respecto de todo lo que signifique control y, sobre todo, control creíble. Porque aquí no se trata de que haya solamente informes de la Auditoría. Hoy los informes de la Auditoría son comentados, transmitidos y comunicados y, al mismo tiempo, fuente de una actuación importante de la Justicia. Entonces, responder a la pregunta de si es meramente epidérmico o es un brote propio de un Gobierno que no acepta el control corrobora el hecho de que ha aniquilado ¡a todos los organismos de control! Los ha destruido. Los ha adormecido y podríamos hablar de ejemplos muy concretos. Pero, también, yo creo que hay situaciones muy específicas. Ahora bien, saber si esta actitud obedece a las auditorías que hemos aprobado, significaría que estamos hablando de la gota que rebalsa el vaso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque fue realmente intempestivo el comportamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas después de haberme reconocido siempre. Hace de esto más de diez años… Y, un día, ¡de golpe, me dice que no soy más auditor general desde los dos últimos años! Bueno, esto es un acto destitutivo infundado y no tiene ninguna solvencia ni siquiera como explicación lógica. Más allá de la ausencia de competencia jurídica. Pero son auditorías que están marchando; que han servido de fundamento a muchas decisiones.

—Pero también ustedes han presentado otras auditorías.

—Sí. Y la Comisión Parlamentaria Mixta las ha enviado al Congreso, las ha aprobado. Por ejemplo, hay un informe sobre la Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) que es realmente muy importante. Es todo un estudio que hemos hecho sobre la ejecución presupuestaria. La forma con la que se manejaban, por ejemplo, con apuntes, ¡miles de millones de pesos! Sin embargo, no logramos que el Congreso lo pueda tratar. Seguramente ellos, la Comisión Parlamentaria Mixta, sabían que yo plantearía este tema. Y otra de las cosas que no tiene explicación es que no traten la cuenta de inversión. Es cierto que hay observaciones muy serias de parte de la Auditoría en la cuenta de inversión. Pero es irracional que no lo traten teniendo ellos mayoría como para un debate. Ahí hay algo difícil de entender porque eso daña mucho al Ejecutivo. Imagínese, no tratar los informes.

— ¿Desde cuándo no se tratan los informes?

—Prácticamente desde la gestión de Néstor Kirchner. Tampoco en la de Cristina.

— ¿Cuáles son los informes que no se trataron en la gestión de Néstor?

—Por ejemplo, los que corresponden a sus tres últimos años. Y todos los de Cristina Kirchner… entonces, yo me pregunto, ¿acaso la Presidenta no suele decir “a mí me interesa que me indiquen cuándo hay alguna situación y no que me anden criticando”? Bueno, lo que indico yo, como auditor general, es decirle que “no hay explicación de que, teniendo usted la mayoría, no trate los informes y los dictámenes acerca de cómo han ejecutado el presupuesto”. Es cierto que hay observaciones porque aparece muy probado que hay un presupuesto que se aprueba y un presupuesto que se ejecuta. Pero, bueno, le estoy dando un ejemplo claro de algo que no tiene explicación. Creo que habría un interés mayúsculo de parte del Ejecutivo para que se trate mientras Cristina cumple las funciones de Presidenta. Pero, si no lo hace, si alguien desconoce que su propia mayoría no impulsa el tratamiento de esas cuestiones. ¿Será también por algunas auditorías que vienen? ¿Por qué no pensar en eso?

— ¿Cuáles son las que vienen?

—Le explico: de las que ya hemos hecho, la auditoría que acabamos de realizar y que he mandado a la Comisión Parlamentaria Mixta. De ésas, una sola fue aprobada por la Comisión y enviada al Congreso. Otras son las que nosotros enviamos y que la Mixta no trata. Por ejemplo, la cuenta de inversión, y otras, como acabamos de enviar recientemente, acerca de la Asociación Tupac Amaru de Milagro Sala. Allí aparecen las mismas desviaciones que en todos los programas de vivienda.

— ¿Tipo los programas de vivienda de Hebe de Bonafini?

—En el caso de Sueños Compartidos, allí todavía estamos auditando. Pero en los otros, en los que ya hemos concluido, como Tupac Amaru no solamente hay un problema en la calidad de las viviendas, sino que vemos esencialmente una ausencia de rendición de cuentas, un manejo discrecional de los fondos y una forma de ejecución dentro de la cual se manejan con cheques diríamos… privados… Cheques de 50 mil pesos, por ejemplo, lo que permite que los reciba la Tupac Amaru y pueda distribuir todos los fondos de acuerdo a un manejo no registral ni contable y ni siquiera de acuerdo al nivel de administración financiera que establece criterios muy concretos de ajustes contables de rendición de cuentas propios de fondos públicos. Y estamos hablando de sumas muy importantes. Lo otro que se verifica es que la gente vive, efectivamente, en la vivienda, pero no tiene la propiedad.

— ¿Cómo…?

—Es decir que, misteriosamente, nos encontramos con una situación muy extraña.

—Pero, ¿no hay escrituras?

—No. No hay escrituras. Han hecho las cosas de manera de mantener una especie de dominio. Un dominio –reitera Despouy–… y esto es de enorme gravedad porque falta un control de todo tipo. Se trata de propiedad privada. Son viviendas. Son fondos del Estado. Entonces, ¿será que estos informes avanzan y que la Comisión Parlamentaria Mixta no quiere recibir más informes de esta naturaleza? ¿Serán los que vienen? Nosotros, en las próximas horas, tenemos en examen, en el Colegio de Auditores Generales, varios informes.

— ¿Por ejemplo?

—Son informes elaborados por los técnicos y los científicos. Están debidamente procesados y se encontrarían ya en condiciones de aprobación. Hay situaciones de manejo de fondos; venta de títulos. Nosotros hacemos una auditoría del Estado muy intensa y muy concreta, pero tenemos también sobre el Servicio de Superintendencia de Salud que habla muy claramente de la situación de cómo, en 2009, el Estado recibió 2.400 millones y solamente distribuyó (entre APE y las obras sociales) 128.400 millones. La mitad quedó entonces en propiedad del Estado cuando, en este país, más de la mitad de las obras sociales están al borde de llegar a una situación de emergencia. Hay comportamientos estatales muy graves con respecto a… y eso habilita a nuevos reclamos. Supongo que las obras sociales van a tener, a partir de eso, un fin muy claro para plantearse. Estamos por aprobar ese informe que ya está en condiciones. No lo pude hacer en la última reunión, pero lo haremos cuando haya quórum.

Por ejemplo, tenemos todos los informes sobre Acumar.

—Explíqueme, por favor.

—Acumar es toda la cuenca del Riachuelo. Nosotros hemos hecho una auditoría ambiental muy completa. Hemos auditado también la ejecución de los fondos a través de los préstamos internacionales. También, antes, hemos auditado a Aguas Argentinas etc., y ahora se le obligó al Gobierno a establecer un plan único, que es el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Ahí tenemos más de 100 mil millones de pesos. Ya están en ejecución cerca de cuatro a cinco mil millones. Nosotros, por la sentencia de la Corte, tenemos la competencia para auditar cómo se ejecutan los fondos en el Saneamiento Ambiental. Bueno, todos estos son informes que tenemos que presentar a la Corte Suprema de Justicia por ser parte de la sentencia de la Auditoría. Hemos elevado también una solicitud muy importante de la Corte con respecto a la situación particular de las empresas que podrían haber tenido relación con una empresa familiar del juez interviniente y designado por la Corte para la ejecución de la sentencia… Nosotros ya tenemos todo ese material producido. Es muy importante para el país, para la Corte. Y hago toda esta reflexión porque tenemos también algunas cuestiones vinculadas a tarifas telefónicas.

—Mire, doctor Despouy, visto de afuera, periodísticamente, ¿podríamos decir que lo que ha reforzado esta ofensiva contra usted es el hecho de que hubo en la catástrofe del Sarmiento 51 muertos y 700 heridos? ¿Y subsidios cuantiosos que no se sabe adónde han ido? Todo esto es para que usted no avance. ¿O no?

—Yo creo que sí. Pensando en las auditorías que hemos hecho, ésta, la del Sarmiento, debe ser probablemente la más emblemática porque tiene la particularidad de ser una auditoría que, en principio, preanuncia que las prestaciones del servicio de trenes son deplorables, que la situación de inseguridad es alarmante. Y eso la auditoría lo prueba. Lo señala. Incluso advierte sobre cuestiones como la ausencia de frenos justamente en el lugar donde se va a producir el accidente. O sea que estamos hablando no sólo de la debilidad de los frenos, ¡sino también de todos los sucedáneos del freno! Me explico: cuando no funciona un freno hay otras alarmas, otros mecanismos. Está el freno de seguridad, la forma de contención que hace que un accidente ¡no se transforme en una tragedia! Cuando desaparecen todos esos elementos hay algo premonitorio que ya parece estar dicho. Cuando realizamos la auditoría hemos hecho este tipo de verificaciones en este tema y hemos tomado fotografías en nuestra página web y, de pronto, me he encontrado con que me llama un periodista y me dice que acaba de saber que ha ocurrido un accidente en tal lugar y me dice “… en el informe de ustedes, en la auditoría, hay una foto que justamente señala que allí hay condiciones pésimas, ¡y acaba de producirse un accidente en tal lugar!..”. Es decir que el periodista me contaba una historia que nosotros ya habíamos preanunciado.

— ¿Se trataba de la tragedia del Sarmiento?

—En este caso, del Mitre. Pero vuelvo a la tragedia de Once y a esa auditoría que habíamos hecho con anterioridad. En ella se mostraba que había un manejo de fondos completamente discrecional. Con desvíos, con posibilidades de corrupción. En fin, una serie de situaciones. Y ¿por qué lo decíamos? Simplemente porque no iban al destino correspondiente. Por ejemplo, los fondos no se aplicaban a las tareas de reparación o de mantenimiento. Tampoco a la inversión, cuando la propia empresa debía haberlo hecho. Un comportamiento del Estado en el que decíamos que se había formado ¡una especie de cultura del incumplimiento! Como que el Estado cultivaba el comportamiento de los incumplimientos de los empresarios. ¿Y de qué manera? Mire, cuando uno hablaba con los empresarios ellos argumentaban: “¡Nosotros no recibimos todos esos fondos que se dicen que recibimos!”. Y nosotros: “¡Pero ustedes dicen recibirlos!”.

—Perdóneme, Despouy, ¿acaso esos fondos no se entregan contra un recibo?

—En el caso de los subsidios, el gran problema (y lo hemos dicho desde el principio) es que no hay rendición de cuentas. Por lo menos no las ha habido en las gestiones anteriores. Este nuevo ministro ha tomado algunas disposiciones que podrían indicar lo contrario, pero en todo caso, nosotros les decíamos: “No puede ser que el Estado siga invirtiendo tantos fondos públicos sin rendición de cuentas. Sin examinar si se aplicaron o no a su destino y sin comprobar el impacto, que teóricamente, deberían tener por su naturaleza de subsidio.” Se transformaban entonces en una especie de pago para los operadores para que no aumentaran las tarifas, pero en todo caso, las empresas no cumplían porque si cumplían perdían el subsidio. Había entonces allí una actitud propia del Estado, pero además, nosotros veíamos que muchas veces los grandes liberales en la entrega de subsidios son los gobiernos.

—Bueno, como el caso de Aerolíneas.

—… Veíamos una gran liberalidad en la entrega de subsidios por parte de Jaime, de Schiavi, pero al mismo tiempo, Jaime se beneficiaba de prebendas de las propias empresas que él favorecía. Con lo cual ahí vemos claramente una actitud que debería ser examinada por la Justicia y encuadrada dentro de lo que puede ser una conducta delictiva. Quizás le estoy dando demasiados detalles, pero después de la catástrofe de Once, hicimos otro informe con el cual ya tuvimos dificultades para que se aprobara. Recuerdo, por ejemplo, que los auditores del oficialismo me proponían que lo aprobáramos después etc., etc. A pesar de eso, lo sacamos. Pero allí aparece claramente que las observaciones que habíamos hecho en 2009/2010 se mantenían intactas porque la conducta no había cambiado. Y es importante saber que son estos informes de auditoría los que sirvieron en primer término para que el juez, después del accidente, decretara que nadie podía salir del país. Lo que se está examinando es el procesamiento de Jaime, de Schiavi y de Cirigliano. Y ahí voy a su pregunta inicial: ¿por qué este ataque? Bueno, puede ser un intento para que yo no avance o para invalidarme. Y le diré más: si yo fui un auditor ilegal entonces soy un auditor trucho. Y si soy un auditor trucho todo lo que he firmado no es válido y, por lo tanto, tengo que devolver los salarios que he cobrado (tal como plantea Aníbal Fernández) y cae la virtualidad jurídica. ¿Se imagina usted, si esto fuera cierto, a todos los abogados defensores de los principales personajes de este país acusados de corrupción, presentándose en Tribunales diciendo: “Que caiga ese informe de auditoría en el cual alguien está siendo procesado porque el presidente de la Auditoría era un presidente trucho”?

Como usted comprenderá, el tema es de enorme gravedad.

Tan grave que, horas más tarde de haber mantenido esta conversación, los auditores del Frente para la Victoria se negaron a dar quórum a la convocatoria del doctor Despouy porque recibieron órdenes de desconocer al presidente de la Auditoría General de la Nación. Tenazmente, éste convocó a otra reunión.

En el ínterin la Suprema Corte de Justicia convocó a la Audiencia Pública sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo de la que, en este momento, está participando el presidente Leandro Despouy, a quien ciertamente no le ha tocado un país fácil.

© Escrito por Magdalena Ruíz Guiñazú y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  el domingo 14 de Octubre de 2012.