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domingo, 30 de junio de 2013

Doble apriete… De Alguna Manera...


Doble apriete…

El regreso de 'SUPERTIGER' Sergio Massa. Dibujo: Pablo Temes.

Con Massa y el jefe de la Corte en la mira, el kirchnerismo sube la apuesta. La decisión de Sergio Massa de presentar su candidatura a diputado nacional por fuera del Frente para la Victoria pegó fuerte dentro del Gobierno y despertó la ira de Cristina Fernández de Kirchner, estado de ánimo del que hace gala cada vez con mayor frecuencia para sufrimiento de varios de sus funcionarios. 

Según narran quienes conocen al dedillo la trama de esta historia, hasta el sábado 22 por la tarde –es decir, a pocas horas del vencimiento del plazo para presentar las listas de candidatos–, la Presidenta estaba convencida de que Massa no competiría. 

No eran pocos los colaboradores que le informaban que intendentes, diputados de diversos colores políticos, actores y varios nombres conocidos dentro y fuera del kirchnerismo se estaban pasando al bando del intendente de Tigre. 

Sin embargo, en todos los casos la respuesta de la jefa de Estado a sus allegados fue tajante y contundente: “Terminen de preocuparse por Massa; yo les digo que no va a jugar; eso es lo que me confirmó la SIDE”. Por eso, horas más tarde, cuando la candidatura del intendente de Tigre se hizo realidad, el desconcierto y la furia de Fernández de Kirchner fueron mayúsculos.

Entre los operadores políticos del kirchnerismo, las preguntas fueron recurrentes: ¿cómo es que Cristina no se dio cuenta de que Massa nos iba a traicionar? ¿Cómo es que dejamos escapar a este hombre que hoy tiene tan buena imagen en las encuestas creíbles?

Las fuentes que saben los detalles de la negociación señalan que el intendente de Tigre recibió un llamado sobre el cierre de los plazos para presentar las listas, de uno de los armadores políticos del kirchnerismo –todos señalan a Carlos Zannini– con un mensaje muy claro: si jugaba en estas elecciones por fuera del oficialismo, desde el Gobierno se encargarían de comenzar con los carpetazos referidos a algunas presuntas irregularidades cometidas por Massa durante su gestión al frente de la Anses. Lejos de amilanarse, el ahora candidato a diputado respondió con firmeza: “Hagan lo que quieran, pero no se olviden de que yo fui jefe de Gabinete y me tocó viajar con Néstor en varias oportunidades”. 

No hizo falta agregar nada más. Massa dejó mudos y preocupados a quienes intentaron apretarlo sin éxito.

“No va a pasar nada. Tan sólo habrá un poco de aspaviento por unos días y después la tormenta amainará.” Palabras más, palabras menos, éstas fueron las expresiones con las que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, buscó llevar calma a los miembros del cuerpo preocupados por la virulenta reacción que el Gobierno mostró ante el fallo que declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones al Consejo de la Magistratura. 

Los ministros, que lo escucharon con atención, no coincidieron con esa apreciación. “Los ataques de la Presidenta van a seguir”, dijo uno de ellos, que no imaginaba cuán pronto los hechos le darían la razón para disgusto particular, en este caso, del mismísimo Lorenzetti. De eso fue de lo que se habló en la dramática reunión –acordada– de la Corte que tuvo lugar el martes pasado. Ese día, el presidente del alto tribunal dio detalles sobre la investigación que está realizando la AFIP –verdadera Gestafip– contra su persona y contra su hijo. Si ese momento produjo impacto, lo que ocurrió el jueves por la noche ahondó la convicción existente de que el Gobierno no cejará en su objetivo de vaciar de poder a la Corte. Ese es el objetivo del proyecto que reflotaron Diana Conti y Carlos Kunkel para retirarle el manejo de los fondos.

“Un poder sin manejo de los fondos que necesita para funcionar casi deja de ser poder”, confiesa un ministro del cuerpo que viene advirtiendo con creciente preocupación esta voluntad del Poder Ejecutivo de quedarse con la suma del poder público. “Si tiene todo en orden, no tiene nada que temer”, se apresuró a señalar el flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, al referirse al apriete a Lorenzetti. Curiosa afirmación del funcionario de un gobierno que, en una de sus tantas contradicciones, acaba de premiar a evasores con un blanqueo escandaloso. “Es evidente que vienen por nosotros”, siguió diciendo ese ministro, cuyas expresiones, a esa altura, eran compartidas por todos sus colegas presentes. 

El único ausente era Eugenio Zaffaroni, ocupado por uno de sus frecuentes viajes al exterior. En tren de especular, una fuente inobjetable que conoce el pensamiento de varios de los integrantes de la Corte señalaba: “Es poco probable que la Presidenta intente forzar el desplazamiento de los ministros Carlos Fayt o Enrique Petracchi, quienes han superado el límite de los 75 años. ¿Pero qué pasaría si, en cambio, le solicitara la renuncia a Zaffaroni a fin de nombrar en su lugar a la actual procuradora general de la Nación, Magdalena Gils Carbó, una militante furiosa del kirchnerismo?”.

“Nos equivocamos con la Corte”, es lo que se escucha en la Babel de Olivos. Es la expresión más acabada de un gobierno que no acepta que su poder tiene un límite. Ese límite es la Constitución a la que la Presidenta juró observar, algo que hoy demuestra haber olvidado.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

©Escrito por Nelson Castro el sábado 30/06/2013y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


miércoles, 8 de mayo de 2013

Las cajas de seguridad, ¿en la mira?... De Alguna Manera...


Las cajas de seguridad, ¿en la mira?... 
 

Un globo de ensayo llamado CEDIM. El gobierno lanzo los CEDIM, bonos públicos en dólares, y todo apunta a que están pensados para blanquear capitales a raíz de las denuncias de lavado de dinero que salpican al corazón del poder, esto no puede ser así, pues la investigación penal ya está en marcha y una ley de blanqueo de capitales no haría desaparecer el delito. Hay que recordar que es una ley de blanqueo, no de amnistía. Por tal motivo habrá que buscar otra explicación a la medida.

Para ese análisis hace falta tener en cuenta lo siguiente:

En 2004, en el fallo Bustos que convalidó la pesificación de 2001, la Corte Suprema con esta composición afirmó “reconocer que a los depositantes en dólares se les devuelva sin más demora el mismo importe de la moneda extranjera en que se registraron sus depósitos implicaría la creación de una clase privilegiada, que no sólo se habría beneficiado durante un tiempo más o menos largo con intereses en dólares a una tasa inconcebible en el resto del planeta sino que ahora percibiría cantidades que, traducidas a la moneda argentina, tendrían un poder adquisitivo en el mercado interno considerablemente mayor al de lo originariamente depositado.”

En 2009, el gobierno lanzó un blanqueo de capitales mucho más atractivo que este —ya que solo se trataba de traer el dinero al país, declararlo y luego usarlo como se quisiera— y en una mejor situación económica y ya en aquel entonces no tuvo el éxito esperado, logrando blanquear solamente 4.000 millones de dólares.


Ya sabemos que tenemos un gobierno que literalmente va por todo y que posee graves problemas económicos que afrontar en el corto y mediano plazo, que no puede pedir dinero afuera y que ya depredó todas las cajas a las que echó mano.

En la reforma judicial, introducida mediante el pomposo nombre de “democratización de la justicia”, y en la cual toda la oposición centró sus ojos en la integración del Consejo de la Magistratura, se sancionó la Ley 26.854 mediante la cual las medidas cautelares contra injerencias estatales de carácter patrimonial contra individuos ya no corren más.

Con todos estos datos, no resulta descabellado pensar que los CEDIM están pensados para que sean incorporados al mercado (como la Argentina no puede emitir dólares, ahora emite bonos “símil” dólares) y una vez que el mercado se encuentre habituados a ellos, dar el zarpazo a las cajas de seguridad bajo el argumento de combatir la evasión fiscal, abrir dichas cajas y cambiar su contenido por los CEDIM.

Adoptar tal medida bajo la premisa de que se combate la evasión fiscal de la clase alta, pese a que se le dio la oportunidad de blanquearlo, sería bien receptado por los llamados “sectores populares” de la población y encontraría su sustento jurídico en el mencionado precedente “Bustos” de la Corte Suprema de Justicia.

Además, el perjudicado con dicha medida carece a la fecha de toda protección inmediata contra ese acto de gobierno.

Lo medular de la reforma judicial no es el Consejo de la Magistratura, sino la eliminación de las cautelares.

La ingeniería jurídica ya estaba lista y, con los nuevos bonos, ahora tienen el papelito para llevarse tus dólares y dejar algo a cambio.

© Escrito por Pablo Torres el miércoles 08/05/2013 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

viernes, 26 de abril de 2013

Un azar no tan azaroso... De Alguna Manera...


Un azar no tan azaroso...


Los árabes dicen que cuando Dios no quiere firmar sus obras, busca un atajo al que llaman azar.

Bella palabra asociada a ese misterio que suele juntar lo que vive separado. Tal como sucedió con el calendario: el 18A, la cita con día marcado, coincidió con otra fecha menos anticipada ni programada, como fue la sesión en el Senado para convalidar con la mayoría una de las leyes más resistidas y polémicas, la limitación de las cautelares, como parte de esa propuesta tan pomposa como engañosa: “la democratización de la Justicia”. Un enunciado falso que revela la concepción de poder que reduce la democracia a las elecciones y se arroga la gracia de conceder la democracia como si fuera generosidad de los gobernantes y no la consagración constitucional de un sistema basado en la división de poderes cuyo corazón jurídico filosófico son los derechos humanos, la participación y la transparencia. Principios ajenos a nuestra cultura política y ciudadana ya que aún no los incorporamos como valores compartidos. En parte, esto explica que se construyan sin pudor lemas marketineros y por eso vacíos de sustancia: ¿Cómo se puede ofrecer la democratización de uno de los tres poderes del Estado, cancelando otro de los poderes de la democracia, el Parlamento, corazón y caja de resonancia de la relación de los ciudadanos con sus representantes?

Por eso, tiene sentido analizar el cambio de la dirección de la protesta. La multitud que había llenado la Plaza de Mayo giró sobre sí misma y se dirigió hacia el Congreso, intuyendo que más que votar un proyecto de ley se estaba debilitando la democracia al consagrar una concepción de poder electoralista que se hace poderosa a expensas de tornar al Parlamento superfluo, domesticar a la Justicia y condicionar a la opinión pública con un relato ideológico que ha hecho de la intervención del Estado su propaganda más eficaz.

Habituado a los golpes de efecto de la propaganda con los que se instalan los temas sobre los que gira el simulacro del debate público, las aguas de la inundación liberaron la verdad escondida bajo el barro, la ausencia del Estado. Fue esa la razón escondida por la que se canceló la sesión ordinaria en la que debíamos tratar proyectos para paliar las carencias de los damnificados, como puede ser que se destine parte de los dineros de la pauta oficial o del fútbol para todos para los inundados.

En su lugar, para ocultar el desenmascaramiento se impuso “la democratización de la Justicia” como otra nueva batalla contra el mal corporativo.

Así ingresó en el Senado a las apuradas, sin debate, el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y la limitación de las cautelares.

Fue ese apuro el que hizo que sesionáramos excepcionalmente el jueves, lo que no sólo coincidió con la protesta sino que le dio una demanda ética de libertad y justicia, sin las cuales la democracia pierde legitimidad aunque se siga votando.

En mi caso personal, caminé a contramano del Senado a la Avenida de Mayo. Y sí prefiero la indignación a tiempo para evitar las furias tardías que como en 2001 terminaron destruyéndonos a todos, pude reconocer en la calle el enojo y la demanda angustiada por ver a la oposición unida, sin que se entienda totalmente que cuando se trata de defender valores en juego como la democracia, la libertad y la justicia no entran las diferencias.

Sin embargo, la unanimidad es incompatible con la pluralidad inherente a una auténtica democracia. La cultura de convivencia que nos falta construir.

Por eso, en honor a la coincidencia que juntó en el mismo a los ciudadanos ejerciendo su derecho a reclamar, con los representantes políticos legislando de espaldas a esas demandas, vale la simbología escondida en ese gesto intuitivo de cambiar la dirección de la protesta: como la democracia no se proclama, se ejerce y el Congreso es el lugar físico donde se escenifica la soberanía popular, los reflectores de la ciudadanía deben posarse sobre esas bancas que cada cuatro años deben vaciarse para que sea la ciudadanía la que ponga allí a quienes elija para representarla.

Sólo así se irá democratizando la cultura legislativa, sin cambio de votos por favores. Y sobre todo, tal como lo hizo la gente el 18A, se mire menos a la Casa Rosada que a la ciudadanía que demanda en la calle. La única fuente de la soberanía popular que tanto se invoca para gobernar.
© Escrito por Norma Morandini el viernes 26/04/2013 y publicado en:
  


 

domingo, 14 de octubre de 2012

¿Todos complotan?... De Alguna Manera...


Los complots que ve el Gobierno en su contra...


La política se enfrasca y se aleja de los problemas reales. Hay momentos en los que la dirigencia política se enfrasca en su propia lógica, que por cierto no suele ser aplicable a los problemas reales de los ciudadanos. Éste parece ser, justamente, uno de esos pasajes de la historia argentina en los que se materializa la existencia de "mundos paralelos".

Las ásperas discusiones que se desarrollan en el Consejo de la Magistratura, un organismo desconocido por la gran mayoría de los argentinos, son tal vez el ejemplo más claro de que la política comenzó a transitar por un carril que se va bifurcando de las cuestiones cotidianas de las personas que habitan este país.

Sin embargo, en ese ámbito reducido se está incubando un escenario político que incidirá en la vida social en un plazo no demasiado extenso. Y que desembocará en una polarización no sólo en torno a la figura de Cristina Kirchner, algo que ya existe, sino que también dividirá las aguas ante una concepción más amplia vinculada con la forma de ejercer el poder.

Por eso las fuerzas políticas ya se lanzaron al debate en temas abarcativos como la vigencia de la Constitución. Claro que cada uno echa luz donde más le conviene: la oposición advierte que el kirchnerismo buscará forzarla para mantenerse en el gobierno más tiempo que el debido. Y el oficialismo acusa a grupos económicos de no tener empacho en violarla para mantener sus privilegios.

La semana que termina estuvo dominada por esta lógica irreductible, que dinamita cualquier puente que se pueda tender entre ambos sectores y multiplica pronósticos agoreros para la convivencia política. Aunque el Gobierno recuperó algo de aire con la victoria de Hugo Chávez en Venezuela y la descompresión del conflicto salarial de las fuerzas de seguridad.

El kichnerismo se siente acosado

Un funcionario de perfil bajo pero muy influyente en la mesa chica de la Casa Rosada, Carlos Zannini, acaba de resumir en dos comentarios el estado de ánimo que invade al kirchnerismo: dijo que la reelección de Chávez resultó un alivio frente a cierto reverdecer "neoliberal". Y sostuvo que el Grupo Clarín "tratará de voltear al Gobierno antes que cumplir con la ley".

Se refirió, así, a la instrumentación de la Ley de Medios sancionada hace tres años por el Congreso y cuyo artículo más polémico, el que establece la desinversión de las empresas que excedan la normativa antimonopólica, es motivo de una virulenta guerra judicial que deja al desnudo las peores prácticas para conseguir que los magistrados fallen en un sentido determinado.

Tanto importa al Gobierno que Clarín tenga que desprenderse de unos cuantos medios —sobre todo de la señal de cable TN—, que la Presidenta reapareció esta semana luego de varios días de ausencia en actos públicos y utilizó la cadena nacional tras casi un mes de que sus asesores decidieran desactivarla en medio de una ola de protestas que incluyó escraches y cacerolazos.

Junto a la Presidenta estuvo Martín Sabbatella, el diputado —ahora en uso de licencia— que fue elegido por el Gobierno para llevar adelante la instrumentación de la Ley de Medios, con la mira puesta en el 7 de diciembre, tras la caída en desgracia de Gabriel Mariotto, el impulsor de la normativa que a esta altura no parece ser absolutamente confiable para el kirchnerismo.

Menos, luego de que elogiara la decisión del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, de cancelar en pesos argentinos un bono de deuda provincial, lo que provocó intranquilidad en los mercados ante la posibilidad de que una provincia de la importancia de Buenos Aires tuviera problemas para afrontar el pago de sus vencimientos dadas las restricciones para conseguir dólares.

Cuando el Gabinete de Daniel Scioli ya evaluaba la necesidad de aclarar los dichos de Mariotto, el Banco Central emitió un comunicado en el que sostuvo que todo aquel acreedor que recibió bonos en dólares, recibirá su pago en la misma moneda. Pero quedó flotando en el ambiente la sensación de que la Argentina aún sigue pagando los costos de aquel aciago default de 2001.

Vuelven los fondos buitre

Tanto es así que la tripulación de la emblemática Fragata Libertad se encuentra varada desde hace muchos días en un puerto de la remota Ghana por acción de los llamados "fondos buitre", que lograron que un juez de aquella nación africana la retuviera al acceder a una demanda por más de 370 millones de dólares.

Hasta allí llegarán en las próximas horas enviados del Ministerio de Defensa y la Cancillería, que deberán dejar a un lado sus habituales rencillas internas para intentar destrabar la causa y lograr que la Fragata pueda abandonar el puerto ghanés.

El episodio no contribuye, por cierto, a mejorar el clima que predomina en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pese a que el Gobierno logró descomprimir el conflicto de los prefectos y gendarmes, para lo cual la ministra Nilda Garré debió entregar la cabeza de su hermano Raúl Garré, a quien atribuyeron la autoría del decreto que provocó la inédita escalada de tensión.

Es que a la cartera de Defensa se destina nada menos que la mitad de la grilla salarial de 8.000 millones de pesos anuales "en negro" que paga el Estado nacional, por sumas no remunerativas que luego no cuentan a la hora de la jubilación. Por eso el ministro Arturo Puricelli tuvo que manejarse con precaución para lograr que la situación no se le desmadrara como a su colega Garré.

Menos nervios hubo esta semana en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto para 2013. Y donde el titular del cuerpo, Julián Domínguez, recompuso el entredicho con el radicalismo al reconocer a Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación, un puesto que le corresponde al principal partido de oposición.

El Senado, por su parte, avanzará con la aprobación del voto optativo desde los 16 años, justo cuando se festejará un nuevo aniversario del 17 de Octubre de 1945, en un escenario en el que el kirchnerismo muta a cristinismo y en el que el peronismo se encuentra tanto en las filas del oficialismo como de la oposición, a la espera del momento adecuado para la renovación.

© Escrito por Mariano Spezzapria y publicado por Tribuna de Periodistas  el sábado 14 de Octubre de 2012.