Paradojas y excesos…
Papá Cruel. Claudio Bonadio. Dibujo: Pablo Temes
Detalles poco conocidos de la decisión
judicial más controvertida de los últimos tiempos. Enojo de Macri.
© Escrito
por Nelson Castro el domingo 10/12/2017 y publicado por el Diario Perfil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nadie
sabe a ciencia cierta qué motivó el giro copernicano que tuvo la trama política
que llevó a la entonces presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, a dar semejante golpe de timón, pero lo cierto es que un
día los argentinos nos despertamos con la novedad de que había en marcha un
memorándum de acuerdo con Irán que cambiaba radicalmente el curso de la
investigación del cruel atentado terrorista contra la AMIA. Fue Pepe Eliaschev quien, desde las páginas de Perfil, nos anotició sobre esta increíble novedad que dejó atónitos
a todos. Entre los integrantes de ese todo había mucha gente del gobierno K que
se resistía a creer lo que el artículo decía. Pepe describía con todo detalle
las características de la reunión secreta entre Héctor Timerman –entonces canciller– y su par iraní, Alí Akbar Salehí,
en la ciudad siria de Aleppo.
Como ocurría en aquellos días del
kirchnerato, Eliaschev debió soportar el escarnio que bajaba de las altas
esferas de aquel gobierno. El mismísimo fiscal Alberto Nisman tuvo un trato
despectivo con nuestro querido e inolvidable colega, actitud de la cual luego
se arrepintió. Más allá de todas las desmentidas que ensayaron tanto CFK como
Timerman, el transcurrir del tiempo demostró que lo único que perseguía Teherán
era el cese de las alertas rojas que pesaban sobre sus funcionarios y ex
funcionarios.
Cuando finalmente el tratado fue aprobado por la Cámara
de Senadores –el 13 de febrero de 2013– y una semana después por la Cámara de
Diputados, Nisman cayó pues en la cuenta de que lo denunciado por Eliaschev era
absolutamente cierto y dio comienzo a su investigación, la que lo llevaría a su
muerte.
En el decurso de los hechos, hay un dato significativo
que da idea del propósito de impunidad que buscaba Irán: cuando su Parlamento
se dio cuenta de que el cese de las alertas rojas no era aceptado por la Justicia
argentina, se negó a aprobarlo.
Hay un famoso artículo del periódico Teheran Times que ilustra la
absoluta falta de disposición que tenía el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad para
cooperar con el juez de la causa, Rodolfo
Canicoba Corral. Eso es lo que afirma
el párrafo en que se lee lo siguiente: “Como los
interrogatorios serán tomados en Irán, prevalecerá la ley iraní, y
un juez iraní será quien presida la reunión. (...) Según la ley y la
Constitución, los iraníes sólo pueden ser citados e interrogados por un
tribunal iraní sobre la base de pruebas firmes. Los acusados no estarán
obligados a ir a la reunión”.
Este texto clausuraba cualquier posibilidad del
magistrado argentino de someter a interrogatorio indagatorio a los sospechados
de haber participado en las distintas fases del atentado contra la AMIA.
Los que saben lo que pasó en aquellos febriles días de
enero de 2015 señalan que la denuncia hecha por Nisman contra CFK por el delito
de traición a la patria la perturbó seriamente. Esa fue la razón por la que,
tras la muerte del fiscal, buscó afanosamente ser exculpada. Cuando el juez
federal Daniel Rafecas dictaminó que no había razones para
investigar la denuncia de Nisman, la ex presidenta se sintió aliviada y blandió
ese fallo por doquier como muestra de su inocencia. Eran días en que ni
siquiera imaginaba que el kirchnerato estuviera cercano a su fin. Fueron varios
–entre ellos, esta columna– los que señalaron entonces lo endeble de esta
circunstancia ya que, al no haberse producido la investigación, la causa quedaba abierta a una reapertura ante
un eventual nuevo tiempo político que liberara a la Justicia del yugo del
kirchnerismo.
Lo que al final
ocurrió.
El controvertido juez federal Claudio
Bonadio no es un lobo solitario. Es un hombre astuto (de quien, en 2010, la
entonces diputada K Diana Conti dijo: “Claudio es para mí un ejemplo de juez
independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre. Desde que
Carlos Kunkel y yo estamos en el Consejo él nunca tuvo que presentarse a
declarar”), y no ha hecho esto sin tener realizado al menos un mínimo chequeo
de cómo actuará luego la Sala II de la Cámara Federal en lo Penal integrada por
Martín Irurzun, Carlos Farah y Horacio Cattani, quien enfrenta problemas de
salud. Por ello, es altamente probable que el tribunal de alzada ratifique sus
medidas y luego la pelota quede en manos del Congreso, pero eso ya no importa.
El juez ya habrá realizado su parte.
El fiscal Gerardo
Pollicita no le ve sustentabilidad a la
acusación por el delito de traición a la patria. Desde el punto de vista
jurídico-constitucional debería haber casi un acto de guerra, y en la fiscalía
no se considera el atentado contra la AMIA como tal. Pollicita determinó
claramente que para él se trataba de encubrimiento
agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público
para los implicados cuando a mediados de septiembre pidió la indagatoria de los
procesados por Bonadio. Para el fiscal, el tipo penal por el que debe declarar
la ex mandataria es agravado por tratarse de encubrimiento, de un hecho
precedente que es un delito de lesa humanidad, y por tratarse de funcionarios
públicos que estaban en actividad. Además, contaron con la colaboración de la
ex procuradora del Tesoro, Alejandra Abbona, del ex jefe de Gabinete del
Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena, y del diputado Andrés “Cuervo”
Larroque, entre otros. Para los canales no oficiales de este andamiaje habrían
intervenido Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y
Alejandro Khalil.
Molestia.
La prisión preventiva es una medida no compartida por el fiscal. Durante
todo el jueves, en el Gobierno hubo enojo con Bonadio. El Presidente estaba
molesto con la decisión del juez, que, políticamente, perjudicaba al Gobierno.
“Ganamos las elecciones sin ninguno de estos ex funcionarios presos”, señalaba
una de las voces que conocen el pensamiento de Macri.
Tan paradojal es todo,
que en el Gobierno se está pensando en enviar un proyecto de ley para regular
la prisión preventiva. Esta figura está contemplada en el Código de
Procedimiento Penal. Sin embargo, su aplicación debe ser muy claramente
fundamentada. Lo ordenado por Bonadio constituye un exceso por donde se lo
mire. Téngase en cuenta que una interpretación amplia de la hoy llamada
“doctrina Irurzun” –que ordena la prisión preventiva de quienes desde una
posición de poder tengan la posibilidad de obstruir una investigación judicial–
habría podido dar vía libre a la detención del entonces jefe de Gobierno
Mauricio Macri cuando, en la causa por las escuchas ilegales, fue procesado por
el ex juez Norberto Oyarbide, procesamiento luego confirmado por la Sala I de
la Cámara Federal.
La Argentina: un país de paradojas, excesos
y ausente sosiego.
Producción periodística: Santiago Serra.
