jueves, 6 de diciembre de 2012

“Las mentiras de Alak”... De Alguna Manera...


“Las mentiras de Alak”: dura respuesta de Clarín al Ministro de Justicia...

Con un comunicado, el grupo intenta refutar al kirchnerismo. Luego de la conferencia brindada por Julio Alak, donde acusó al grupo Clarín de presionar a la Justicia en torno a la Ley de Medios, el multimedios salió a responder a través de un duro comunicado. 

Dice el documento:

Una vez más, el Ministro de Justicia volvió a usar los micrófonos para amenazar descaradamente al Poder Judicial y para lanzar falsedades que involucran al Grupo Clarín.

Aquí se detallan algunas de las más groseras:

1) El ministro dijo que el gobierno estaba sufriendo "denegación de justicia". Resulta escandaloso que el responsable de que hace 3 meses la Justicia no se expida en ninguna de sus instancias, pretenda dar vuelta los argumentos y erigirse en víctima. La única denegación de justicia, reconocida expresamente por la Corte Suprema, es la que está viviendo el Grupo Clarín, que tiene derecho a una sentencia de fondo o una prórroga de cautelar de manera urgente, tal como lo estableció el Máximo Tribunal. Y quien provocó este estado es el Gobierno, que intentó desmantelar un fuero completo para evitar cualquier fallo judicial, y que ahora quiere repetir desvergonzadamente la maniobra, desafiando la orden de la Corte.

2) Alak volvió a insistir en que el fuero Civil y Comercial Federal no es competente para tratar la ley de medios. Y volvió a desconocer que la competencia de este fuero fue ratificada en varias oportunidades por la Justicia, incluyendo la Corte Suprema. Mal que le pese al Gobierno, la competencia de los jueces la determina el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo.

3) Insólitamente, Alak pretendió adjudicarle responsabilidad en la demora de la causa al Grupo Clarín y al Poder Judicial. Está absolutamente acreditado en el expediente que las únicas dilaciones fueron atribuibles a conductas del Poder Ejecutivo. En 2010, por maniobras procesales (planteos de incompetencias y caducidades), el Gobierno logró paralizar el expediente durante casi 8 meses. Luego, se tomó 4 meses en contestar la demanda. Luego demoró varios meses en contestar oficios al AFSCA. Este año, impugnó o buscó anular todas las pruebas, porque no eran funcionales a sus intereses. Y desde el 27 de septiembre, cuando la causa estuvo lista para sentencia, llevó adelante interminables presiones y amenazas para que ningún juez se anime a fallar.

4) El ministro volvió a mentir respecto de la relación del Grupo Clarín con una entidad internacional, de la que participan jueces, especialistas, reguladores e investigadores de más 15 países, y que es auspiciada por numerosas instituciones públicas, intermedias y privadas.

5) También volvió a mentir respecto de una supuesta relación profesional de un abogado con el Grupo Clarín, relación que nunca existió.

6) Otra de sus falacias fue decir que "la Corte sostuvo que el 7/12 vencía inexorablemente la cautelar" o que "la misma no podía extenderse". Jamás la Corte dijo eso. Por el contrario, en su fallo del 22/5/12, dijo expresamente que la cautelar podía prorrogarse.

7) El ministro intentó sembrar dudas respecto de las resoluciones conocidas esta semana por su pronto diligenciamiento. Pero omite mencionar, a sabiendas, que esta fue una orden expresa de la Corte Suprema, para evitar, justamente la "denegación de justicia" denunciada por el Grupo Clarín. Además, los camaristas que comenzaron a desatar el nudo creado por el Gobierno fueron miembros de otro fuero, el Contencioso Administrativo, cuya intervención había pedido el mismo Gobierno.

8) La razón por la que Alak no quiere ninguna resolución –ni de fondo ni cautelar- antes del 7 de diciembre es muy simple. Porque el Gobierno quiere avanzar de facto, desconociendo abiertamente el fallo de la Corte y la propia ley de medios. La prueba más clara de su intención de atropellar el estado de derecho es el cambio de reglamentos que hizo la AFSCA en las últimas horas, donde eliminó el plazo de 30 días para la presentación de planes y habilitó al Estado a confiscar no sólo las licencias sino los bienes de los medios.

9) Finalmente, la amenaza de un ministro del Poder Ejecutivo de que un fallo distinto al que el Gobierno quiere sería un "alzamiento contra la ley, la división de poderes, la Corte y el pueblo", es sin dudas de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina. El desafío a la división de poderes, base misma del sistema republicano, pocas veces ha llegado tan lejos.

 © Escrito en la Redacción de Tribuna dePeriodistas el miércoles 5 de Diciembre de 2012. 


 

No todo lo que brilla es oro... De Alguna Manera...


Relato engañoso…

 CLARINBOXING. Dibujo: Pablo Temes.

No todo lo que brilla es oro. La prudencia oficial evitó el default. Pero la guerra por el 7D nubla la mirada del Gobierno.

La situación fue dramática. Por suerte, ante tanto dramatismo, la Presidenta por una vez escuchó; finalmente  comprendió lo imprescindible de actuar con prudencia, de dejar de lado los gestos tribuneros y de evitar expresiones más propias de patoteros que de un estadista. Todo ello, agregado a un cambio de 180 grados en las proposiciones hacia los fondos buitre, constituyó los ingredientes fundamentales que permitieron obtener un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York que dispuso dejar en suspenso hasta el 27 de febrero de 2013 el fallo del juez Thomas Griesa. De no haber ocurrido eso, lo que hubiera sucedido habría puesto al país en una situación de default técnico de consecuencias catastróficas para nuestra economía. 

La decrepitud moral de los fondos buitre está fuera de toda discusión. Sin embargo, el problema no es la calificación moral de lo que representan sino los fundamentos legales sobre los que asientan sus reclamos. Pues es sobre ellos que fundan sus demandas en las cortes en las que se ventilan este y otros casos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha creído hasta aquí que la mejor manera de pulverizar esas demandas era ignorándolas. Ese fue un grueso error, como también lo fue creer que gritando aquí y allá que nunca les pagarían un solo dólar los obligarían a un destino de resignación, sin darse cuenta de que al decir eso lo que se estaba anunciando, en verdad, era que se desoiría un fallo de un juez.

La Presidenta está mal acostumbrada a que esto sea posible en este presente por el que atraviesa nuestro país. Lo que no advirtió es que Nueva York no pertenece a la Argentina y que allí las cosas son diferentes. El fallo de la Corte de Apelaciones de ese distrito le ha dado tiempo al Gobierno para reiniciar las negociaciones con esos fondos. Por lo tanto, la reapertura del canje habrá de ser un hecho. Eso es lo que debió haberse planteado hace mucho tiempo. Como señaló Roberto Lavagna, todo esto sucedió porque la Presidenta no cumplió con los pasos que se habían establecido en el canje de 2005. Hay ahora una nueva oportunidad para el país que el Gobierno no debe desaprovechar. ¿Habrá aprendido la lección?

Con todo, el episodio de mayor gravedad institucional en la semana fue la presentación formalizada por los camaristas del fuero Civil y Comercial –algunos de los cuales tienen una conocida afinidad con el Gobierno– en la que denunciaron, ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Corte Suprema, las presiones a las que vienen siendo sometidos por el Gobierno a través de la larga serie de recusaciones que ha paralizado a esa rama del sistema judicial. 

Esta denuncia, inédita en los casi treinta años transcurridos desde la recuperación de la democracia, se ve agravada por el documento anexo que la acompaña, en el que se lee un memorándum del ministro de Justicia, Julio Alak, con un instructivo destinado a señalarles a los magistrados cómo deben fallar. Esta es la concreción de uno de los actos de avasallamiento de la independencia de los jueces más escandaloso de los que se tenga memoria. Ello ha dado origen a una situación de denegatoria de Justicia que la Corte ha reconocido, que es consecuencia de la guerra del Gobierno contra Clarín, y que tiene implicancias ominosas que van más allá de este caso. Sin una Justicia independiente no hay República. 

Este es el contexo en el cual se entra a la semana decisiva que lleva al 7D, a la que el Gobierno ha presentado como una fecha en la que se refundaría la Argentina. En la Corte hay quienes esperan que el juez Horacio Alfonso emita su veredicto esta semana. Otros lo ven dudoso y piensan que eso ocurrirá después de la feria judicial. De todas maneras, los que conocen lo que se dice en los pasillos ubican al juez como cercano al Gobierno y, por lo tanto, descuentan que su fallo será adverso a Clarín. 

Ese fallo, sea cual fuere su contenido, no será firme y, por ende, dará pie a una apelación que llegará inexorablemente a la Corte. Por lo tanto, el 7D nada debería suceder. Sin embargo, en la Corte hay quienes creen que el Gobierno no respetará esta premisa elemental de cualquier Estado de derecho y actuará de oficio, procediendo a dar comienzo al desguace del Grupo Clarín. De ser así, la Presidenta habrá visto concretado su anhelado sueño de destruir TN, uno de los objetivos clave de la Ley de Medios. Será ése, además, el momento en el que el Gobierno habrá dado un paso más en su cruzada por hacer de la Argentina un país lo más parecido posible a la Venezuela de Chávez.

El último Aló Presidente debería ser motivo de un análisis profundo por parte del numeroso equipo de burócratas que manejan la comunicación presidencial. Algo raro, difícil de definir, le está sucediendo a la Presidenta. Llama la atención la falta de conciencia del real significado de algunas cosas que allí dijo. Básicamente dos, relacionadas con su embate contra los jubilados que reclaman que se les pague ni más ni menos que lo que les corresponde. La primera, cuando Fernández de Kirchner señaló que “es muy fácil hacer justicia social con la plata del Estado”. Pregunta: ¿Y con qué plata, si no la del Estado, hace justicia social la jefa de Estado? 

En realidad habría que decir que el Gobierno lleva adelante una política de injusticia social cuando, en lugar de destinar la plata de la Anses a pagar las sentencias favorables a los jubilados, desvía esos fondos a propósitos de propaganda política como, por ejemplo, el Fútbol para Todos. La segunda, cuando equiparó esos reclamos justos de los jubilados a los de los fondos buitre. ¿Considerará, pues, que su madre, Ofelia Wilhelm, actuó como un fondo buitre cuando demandó a la Anses por las deudas que el organismo tenía con ella, demanda que tuvo un fallo favorable que, además, se pagó sin demoras?

Uno de los rasgos de la enfermedad de poder es que quien lo padece cree que puede hacer o decir cualquier cosa sin que ello tenga consecuencia alguna. Esa es la idea que subyace en el “relato” en el cual sustenta la Presidenta buena parte de su gestión. Hay que reconocer que hasta aquí la ha acompañado el éxito. Sin embargo, debería tener en cuenta la famosa frase de Abraham Lincoln que dice: “Se puede engañar a todos durante algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo.”

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

 © Publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 1º de Diciembre de 2012.


miércoles, 5 de diciembre de 2012

Mario Pergolini y la Ley de Medios… De Alguna Manera...

Fuerte crítica de Mario Pergolini a la Ley de Medios…
 

Esta mañana, Reynaldo Sietecase y su equipo comenzaron un debate sobre la Ley de Medios en su programa Getap, en Vorterix Rock, al que se sumó Mario Pergolini, director de la radio.

Ácido, el ex Rock & Pop marcó su escepticismo a la normativa, y dejó entrever que, en su opinión, el mapa de medios no se va a desconcentrar.

“Vendo el auto, lo pongo a nombre de mi mamá y todo el mundo va a decir: ‘Ah no, está bien, el auto ya no es más de Mario’. Es ridículo pensar que esto es sensato”, lanzó el conductor y locutor en el aire de la 103.1.

“Esto es de tal, esto es de tal y esto es de tal, y un beso para todos. Todos sabemos quién está poniendo a nombre de quién, del primo, del hermano, de los amigos”, polemizó.

“¿Alguno cree que los grandes grupos se están desarmando? ¿Pensamos que Cristóbal López va a atomizar todas las radios que compró, que el Grupo Vila-Manzano se las va a pasar a gente que le haga competencia, que cualquier otro grupo lo va a hacer?”, cuestionó.

“¿Para qué hicieron todo esto? Para el espacio de publicidad, un gran detalle. Se olvidaron de Internet. Hay que ver en la historia cómo va a quedar. Lo que pasa ahora es una anécdota. ¿Vos creés que el mapa de medios se va a desconcentrar?“, se preguntó.

Lo insólito del caso, más allá de las críticas, es que Sergio Szpolski, empresario vinculado al oficialismo y vicepresidente ejecutivo del Grupo Veintitrés, grupo que edita la revista Veintitrés y los diarios El Argentino y Tiempo Argentino, además de poseer Vorterix, dejó un comentario en la noticia publicada en Clarin.com.

“Eso es lo que se dice verdadera pluralidad de voces dentro de un mismo grupo. Para los que no lo sabían Vorterix Rock es la FM del Grupo Veintitrés”, escribió el empresario.  

© Publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el martes 4 de Diciembre de 2012.


Mentirocracia... De Alguna Manera...


Mentirocracia...

Pepe Eliaschev

Prevalece en la Argentina una mezcla letal de mentira y chapucería. Farsantes, mitómanos y brutos mienten por diferentes razones, pero juntos son dinamita. Se ve todos los días en una sociedad delirante y turbo-recargada, ebria de fintas, plagada de imposturas y descompuesta de excesos. Los aparatos sindicales de docentes y empleados del subte son ejemplos vivientes. Son y actúan como lo hacen, gracias al marco político nacional que les permite hacerlo. Su casi total impunidad es avalada por el Gobierno. Docentes bonaerenses y empleados del subte porteño son funcionales a la Casa Rosada mientras les hagan daño a Daniel Scioli y a Mauricio Macri. En esa batalla, el Gobierno nacional se vale de lo que hay.

En la Capital, por ejemplo, el proyecto de ley elevado por Macri para hacerse cargo del subterráneo plantea que en caso de medidas de fuerza, los gremios deben garantizar el 90% de viajes en horas pico y 60% en horas normales. Para el ministro de Hacienda del GCBA, Néstor Grindetti, “no se pueden hacer cortes intempestivos sin avisar, sin dar tiempo para negociar. Cuando el transporte público se denomina esencial tiene algunos requisitos, que no eliminan el derecho de huelga. Hay que respetar y mantener bajo responsabilidad del concesionario y trabajadores un cierto nivel del servicio, sin cortarlo”. De inmediato, la réplica oficial no se hizo esperar. Expeditivo al servicio del Gobierno en el que resiste hace casi diez años, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó de “amedrentamiento” antiobrero la iniciativa, porque “claramente es una intención de impedir el ejercicio de una huelga”. Para el jerarca, el subte “no es un servicio esencial en el sentido técnico que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, porque hay otros medios alternativos para desplazarse”.

Por supuesto, no es así. España articuló en la reciente huelga general del 17 de septiembre, como en la previa del 29 de marzo, importantes servicios mínimos para metro (subte), tren y autobuses, garantizando entre 50% y 75% de los viajes en las horas punta y 20% el resto del día, con personal necesario para asegurar servicios mínimos y garantizar información y venta de pasajes. Nada del otro mundo; el trabajador tiene derecho a la huelga, pero el pueblo tiene derecho a viajar. El derecho a la huelga se garantiza en paralelo al derecho popular de circular y vivir. Los servicios de transporte son esenciales y no pueden ser dinamitados por reclamos sindicales.

Lo mismo sucede con la educación. Los paros eternos del gremio en la provincia de Buenos Aires ya son una plaga. Esencialmente castigan al pueblo, porque la educación estatal es la agredida y devaluada. Actúan con tanto cinismo como para armarse un obsceno puente turístico de cinco días. Pararon jueves y viernes, descansaron del paro sábado y domingo, y siguieron de largo el lunes, cuando –para peor– el país entero se paralizó para recordar una fecha histórica de seis días antes. ¿Estos argumentos son neoliberalismo puro y duro? ¿Tesis reaccionarias, gorilas y antiobreras? Buenas preguntas. Responderlas permite impugnar la mentirocracia asfixiante en que vivimos.

La nueva Constitución Nacional del Ecuador, de inspiración claramente socialista, fue aprobada con el 64% de los votos en el referendo del 28 de septiembre de 2008 y entró en vigor en octubre de ese año. El texto constitucional promovido por el presidente Rafael Correa fue redactado por una asamblea constituyente controlada por el oficialismo. En sus 444 artículos, la Constitución ecuatoriana sancionó reformas económicas socialistas y habilitó la reelección inmediata de Correa, reforzando el control estatal sobre la economía y otorgando más poderes al presidente. Correa ganó las elecciones de 2006 con casi el 57% de los votos y asumió en enero de 2007, proponiendo luchar “por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente”. Fue reelecto en las elecciones de 2009, en las que recogió en la primera vuelta el 52% de los votos (porcentaje más alto de la historia ecuatoriana). Asumió su segundo mandato en agosto de 2009, flanqueado por Cristina Fernández, Evo Morales, Raúl Castro y Hugo Chávez.

En su Constitución, el Ecuador revolucionario proclama que el gobierno de Correa es “heredero de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo” y declara su decisión de construir “un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana –sueño de Bolívar y Alfaro–, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra”. Pero en la Sección IIIª (Formas de trabajo y su retribución), el artículo 326 de la vanguardista Constitución ecuatoriana estipula explícitamente (numeral 15) que “se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios”. Tienen prohibido hacer huelga médicos, enfermeros, recolectores de basura, maestros, personal judicial, bomberos, trabajadores de la energía eléctrica, agua y alcantarillado, petroleros, camioneros que distribuyen combustible, operarios del transporte público, y empleados de correo y telecomunicaciones.

Subrayo el verbo al que apelan los revolucionarios ecuatorianos: “se prohíbe”. Pero la Argentina cristinista está a la izquierda de todo eso: la Casa Rosada pregona huelga para todos y para todas, todo el tiempo, sin servicios mínimos de ningún tipo. Clasismo hiperburgués de la peor calaña: el “huelguismo” serial, ideología a la que adhieren estas conducciones sindicales de vanguardia avaladas por el Gobierno, sólo castiga a los chicos que se quedan sin clase y a sus padres. Es una praxis eminentemente reaccionaria y corporativa, al servicio de causas inconfundiblemente antipopulares. Dirán que el marco en el que se ejerce el derecho de huelga en España es posible porque a la derecha de Mariano Rajoy sólo está la pared. Vale, pero ¿y el Ecuador de Correa? Aliado principal de Chávez, no dudó en prohibir paralizaciones de tareas que en la asombrosa Argentina son rutina cotidiana. Chapoteamos en mentiras.

© Escrito por Pepe Eliaschev y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 1º de Diciembre de 2012.