sábado, 15 de diciembre de 2012

Néstor Kirchner, legados y desafíos... De Alguna Manera...


Néstor Kirchner, legados y desafíos...

Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Es indiscutible que la inesperada y prematura desaparición de Néstor Kirchner tendrá un enorme impacto sobre la vida política argentina. Sucintamente podría decirse, primero, que con él desaparece el político más influyente de la Argentina, el que marcaba la agenda de la discusión pública y el ritmo de la vida política nacional.

Segundo, que durante su gestión como presidente cambió el rumbo por el que venía transitando la Argentina -muy especialmente en materia de derechos humanos y política internacional, pero también con una ejemplar renovación de la Corte Suprema, reparando las vejaciones que en este rubro, como en tantos otros, había cometido el menemismo.

Tercero: desaparece con su muerte el único que reunía las condiciones requeridas para contener, como ningún otro, la compleja y turbulenta realidad del peronismo, cuyas pugnas internas en épocas pasadas sumieron al país en gravísimas crisis institucionales. Éste tal vez sea el más serio desafío con el que tendrá que lidiar la presidenta.

Cuarto, su muerte la priva de una compañía irreemplazable: durante décadas Néstor Kirchner no sólo militó codo a codo con ella, sino que también fue su consejero, aliado y confidente. Su desaparición deja un vacío muy grande en la Casa Rosada. Pero, contrariamente a muchas malintencionadas especulaciones expresadas en estas horas, la presidenta es una política hecha y derecha y, además, una mujer de mucho temple y carácter y que seguramente sabrá sobreponerse a su inmenso dolor y honrar la memoria del ex presidente manteniendo con firmeza en sus manos el timón del Estado y evitando que al interior del PJ se desencadene una feroz pelea por la sucesión.

Nada autoriza a pensar en un paralelismo entre su situación y la de Isabel Martínez de Perón ante la muerte de su esposo, en 1974. Ésta no reunía las menores condiciones para gobernar la Argentina, no tenía trayectoria política alguna y el país se hallaba en una situación incomparablemente distinta a la actual, donde la presencia de militares fascistas era el dato más significativo de aquella coyuntura. La de hoy es completamente distinta en todas y cada una de aquellas dimensiones. De todos modos, para responder a los desafíos del momento Cristina Fernández tendrá que contar con mucho apoyo, reforzar su articulación con las clases y capas populares mediante la rápida implementación de políticas sociales y económicas más efectivas (y, en algunos casos, largamente demoradas) y, sobre todo, mantener a raya a los aparatos que se arrogan una representación popular que en realidad no tienen y que pueden interferir negativamente en el crucial último año de su mandato y en sus perspectivas electorales. La Argentina se asoma a una nueva etapa signada por la ausencia del ex presidente: el asesinato de Mariano Ferreyra ya había iniciado este proceso; la muerte de Néstor Kirchner lo acelera y profundiza aún más. 

Escrito por Atlio Borón y publicado en http://www.atilioboron.com el jueves 28 de Octubre de 2010. 

De Alguna Manera ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

jueves, 13 de diciembre de 2012

Club Atlético Huracán… Sigue Juan Manuel Llop…


Sigue Juan Manuel Llop…

 Juan Manuel "Chocho" Llop

El director técnico Juan Manuel Llop finalmente seguirá a cargo del plantel profesional del club Atlético Huracán, luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia y algunos miembros del plantel, en una reunión que se produjo ayer.

Cuando la calma comenzaba a aparecer por Parque Patricios y la primera rueda de la temporada 2012/13 del Nacional B llegaba a su fin, el ex entrenador de Banfield y Racing puso en duda su continuidad por algunas discusiones que surgieron en el entretiempo del partido frente a Defensa y Justicia.

Pero con el pasar de los días, el altercado se fue disminuyendo, se limaron asperezas y la discusión quedó en el paso, de hecho, ayer a la mañana Eduardo Domínguez se comunicó con Llop, para mostrarle su respaldo, pedirle su continuidad como entrenador del conjunto de Parque Patricios y poner su capitanía a disposición del director técnico de Huracán.

Con el inconveniente finalizado y la continuidad de Llop garantizada, el exentrenador de Santiago Wanders y Barcelona de Ecuador comenzará a organizar la pretemporada, que se realizará del 6 al 18 de enero en el predio Banco Provincia de Mar del Plata, y empezará a buscar el o los refuerzos para la segunda mitad del certamen (en caso de seguir utilizando a Rodrigo Erramuspe y Walter Ferrero, la entidad de Parque Patricios sólo podrá traer un jugador).

© Escrito por Matias Basconcello y publicado por Patria Quemera el miércoles 13 de Diciembre de 2012.

martes, 11 de diciembre de 2012

El poder detiene al poder... De Alguna Manera...


El poder detiene al poder...

SANATELLA Martín Sabbatella DIBUJO: PABLO TEMES.

Se concretó para el Gobierno la peor de sus pesadillas. Visiones oficiales distorsionadas y patológicas. El rol clave de la Justicia.

El 7D terminó siendo para el Gobierno la concreción de su peor pesadilla. Nada de lo que la Presidenta soñó para ese día en que, según la fantasía del “relato” oficial debía refundarse la República, se concretó; en cambio, todo lo que ella temió, sí. Ello fue producto de que el día antes la Justicia, no sólo dictaminó la extensión de la cautelar que, ante la ausencia de un fallo, impide la aplicación de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios con los que el Gobierno busca el desguace y destrucción del Grupo Clarín sino que, además, le asestó un duro golpe al intento del Poder Ejecutivo de lograr la suma de los poderes públicos, una grave amenaza para el concepto republicano que consagra la Constitución Nacional que Cristina Fernández de Kirchner prometió observar y hacer observar de cuanto ella dependiera.

La evolución de los hechos acaecidos en la semana terminó transformando la disputa legal entre el Gobierno y Clarín en una fenomenal confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial. Y eso es lo que estuvo en juego el jueves hasta que, en un hecho inédito en la historia de la democracia argentina, todas las organizaciones judiciales del país emitieron el durísimo comunicado que puso freno a las acciones de avasallamiento que el Poder Ejecutivo intentó concretar en esas horas llenas de dramatismo. 

Las cosas que, respecto del Poder Judicial, se dijeron desde el oficialismo fueron terribles e incompatibles con el concepto de la división de poderes sobre el que descansa la estructura institucional del país. En ese marco lo que consagra la Constitución es una relación de una interdependencia de los tres poderes. A cada uno de ellos le corresponde una tarea: en lo concerniente al Poder Judicial, lo que le está asignado es no sólo velar por el cumplimiento de las leyes sino también ejercer el control de constitucionalidad de las normas legales que aprueba el Congreso. 

Esta última función que le compete a la Justicia de ninguna manera significa menoscabar al Poder Legislativo. Lo que sucede es que en ocasiones, presionado por razones políticas que se ejercen desde el Poder Ejecutivo, sanciona leyes que violan el espíritu de la Constitución. Un solo ejemplo basta para ilustrar la importancia de esta potestad que tiene el Poder Judicial. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron dos leyes horribles aprobadas por el Congreso de la Nación. Eran dos normas que contrariaban claramente el espíritu de la Constitución Nacional ya que consagraban la impunidad, al impedirle acceder a la Justicia a familiares de la víctimas del terrorismo de Estado impuesto durante la última dictadura militar y buena parte del Gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

En el año 2002, el entonces juez federal Gabriel Cavallo dictaminó la inconstitucionalidad de esas leyes, fallo que fue fundamental para que luego, en el Gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso aprobara la derogación de esas dos normas. A nadie se le ocurrió en esos días decir que, al declarar inconstitucional una ley votada por el Congreso, el juez Cavallo se estaba alzando contra la institucionalidad del país o que, por fallar contra el Estado debería haber sido sometido a juicio político.

Es ese tema –el de la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios– sobre el que gira el reclamo hecho por Clarín y que ha dado origen a esta controversia que el Gobierno vive como si se tratara de la guerra del fin del mundo. Sólo esa visión distorsionada y patológica de la realidad ha llevado a darle a esa disputa la dimensión que hoy tiene y según la cual, la extensión de la cautelar, equivale, al estar de las disparatadas expresiones del ministro de Justicia Julio Alak, a un alzamiento contra el Gobierno. 

A esas expresiones hay que sumarles las pronunciadas por el senador ultra K por Corrientes Marcelo Fuentes –quien señaló que los jueces que fallaran en contra del Estado podrían ser sometidos a juicio político– y las del titular de la Anses, Diego Bossio, –que al referirse al fallo de la Corte Suprema que ordena el pago de los reajustes correspondientes a diez mil jubilados dijo que, a pesar del fallo, “vamos a seguir actuando igual”– encendieron las luces rojas en la Justicia. En el Poder Judicial todos –aun aquellos que tienen una legítima afinidad con el kirchnerismo– fueron conscientes de que, si tales expresiones se dejaban pasar, el sistema republicano que rige en el país entraba en zona de riesgo. 

De ahí al durísimo documento que al mediodía del jueves produjo la Comisión de Protección de la Independencia del Poder Judicial y al que apoyaron todas las organizaciones de jueces del país, hubo sólo un paso. Hasta ese momento, hay que decirlo, el Gobierno venía siendo exitoso en su tarea sistemática orientada a intervenir el quehacer de la Justicia a través de recusaciones, de denuncias mal fundamentadas y de meter miedo a los magistrados que, por su independencia, pusieran en riesgo los intentos de dominación –el vamos por todo y por todos– que despliega el Gobierno en forma permanente.

Si alguien esperaba que la Presidenta tomara nota de la real significación de este pronunciamiento, se equivocó. Por el contrario, ordenó a sus funcionarios no sólo criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la cautelar hasta que no haya una “sentencia definitiva” –la crítica de un fallo es algo absolutamente legítimo que hace a la definición de cualquier contienda judicial; el que pierde siempre está disconforme– sino también usar la parafernalia de medios oficiales y paraoficiales con el objetivo de descalificar y degradar a los jueces que firmaron el veredicto. Ya le había pasado algo similar a la jueza María José Sarmiento cuando en marzo de 2010 había impedido, a través de una cautelar, que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia se usaran reservas del Banco Central para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Una célebre frase de Montesquieu dice que “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Eso es lo que, para bien de la República, la Justicia argentina ha hecho realidad en estas horas.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 8 de Diciembre de 2012.


La Demagógia Punitiva y el Peligrosismo Penal... De Alguna Manera...


Dura advertencia del CELS a Cristina por sus críticas a la Justicia...
Contra los dichos de la Presidenta, el CELS opinó que "el verdadero problema es la cantidad de pobres encarcelados sin condena" que viven en penales "indignos". Foto: DyN.

El organismo cuestionó los dichos de la Presidenta en Plaza de Mayo. "Legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal", acusaron.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionó hoy a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de sus críticas al sistema judicial, y advirtió que su discurso "legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal". Ayer, la mandataria aseveró que "la gente está cansada, quiere que la Justicia sea menos corporativa", frente a lo cual tomó como ejemplo algunos fallos en los que se liberaba a condenados a violaciones que luego protagonizaron nuevos hechos delictivos. Para la Presidenta, se trata de "jueces sin responsabilidad dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir, a matar o a violar".

En un comunicado titulado "Más prisión preventiva no es más seguridad", la entidad salió a diferenciarse hoy de las palabras de la jefa de Estado en torno a la facilidad para excarcelar a sospechados de graves crímenes y le advirtió que "el verdadero problema es la cantidad de pobres encarcelados sin condena" que viven en penales "indignos".

"Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", opinó el CELS, entidad conducida por el periodista Horacio Verbitsky.

En el texto, el organismo argumenta que "por estremecedores que sean, los pocos casos en que personas sometidas a proceso han matado o violado no justifican el cuestionamiento genérico a los magistrados que aplican las leyes, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de Derechos Humanos". El comunicado del CELS marcó así un claro distanciamiento de las palabras de la jefa de Estado.

No obstante, remarcó que comparte los dichos de la mandataria "sobre la democratización de los tres poderes del Estado, los métodos transparentes y participativos para la designación de los jueces y la necesidad de que 'la independencia sea no sólo en el poder político, sino también del poder económico de las corporaciones'".

"El CELS, que participó en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y acompaña el reclamo por su completa vigencia, objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales", aclaró. "Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse", sostuvo.

La entidad recalcó que "el ordenamiento jurídico argentino no autoriza, sin debido proceso y condena judicial, a privar a nadie de la libertad por su peligrosidad".

"El verdadero problema es la enorme cantidad de personas, pobres en su gran mayoría, encarceladas sin condena, que en todo el país promedian alrededor del 60 por ciento de quienes habitan cárceles indignas del mandato constitucional", añadió.

© Publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 10 de Diciembre de 2012.