Recuperar el Estado... De Alguna Manera...

Recuperar el Estado...

El escenario preelectoral muestra una creciente disposición al diálogo por parte de partidos políticos, organizaciones sociales y cámaras empresarias, dando lugar a voces que hablan de posibles acuerdos sobre medidas destinadas a resolver los muchos y graves problemas del país. Sin embargo, esos diálogos no hacen suficiente hincapié en la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo encargado de que aquellas medidas se hagan realidad: sin un Estado ágil, austero, transparente, eficiente y eficaz, no hay posibilidad de llevar a buen término políticas de Estado.

Hace tiempo que este organismo ha dejado de ser una herramienta al servicio de la comunidad para convertirse en un instrumento de conservación y acumulación de poder al servicio de intereses particulares. Esa apropiación del Estado ha dado lugar a diferentes formas de corrupción: apropiación directa de fondos públicos; negociados con grupos empresarios amigos; acuerdos espurios con sindicatos que comprometen la prestación de servicios básicos, así como el nombramiento de funcionarios públicos atendiendo sólo a objetivos personales o partidarios. Todo lo cual repercute sobre la eficiencia y eficacia de ese Estado.

Estos problemas tienen mucho que ver con la deformación institucional por la cual una sola persona, el presidente de la Nación, al mejor estilo monárquico y acorde con nuestra tradición caudillista, decide por sí y ante sí cómo se utilizan los recursos que se recaudan; aunque esa discrecionalidad también puede observarse en el Legislativo con menor significación relativa.

Urge poner límites a esos abusos a través de una suerte de “Pacto por Argentina” cuyo primer capítulo debe ocuparse de la recuperación del Estado para que funcione como herramienta para la concreción de las políticas sustantivas que se acuerden. Existen ya propuestas que apuntan a terminar con muchos de esos abusos, pero hacen faltan medidas específicas para evitar el daño que produce sobre la eficiencia del Estado la forma en que se reclutan los funcionarios encargados de ponerlo en acción: me refiero a la discrecionalidad en cuanto al número y calidad de los empleados públicos que se nombran sin tener en cuenta las verdaderas necesidades del Estado; distorsión que ha alcanzado niveles alarmantes en años recientes.

Para una recuperación completa del Estado es imprescindible una revisión exhaustiva de la planta de la administración pública a los efectos de determinar el número y las categorías de servidores que efectivamente son necesarios para que cumpla con sus varias funciones. Revisión que deberá ser hecha por una comisión especial, y de la cual surgirá una nómina que será cubierta por concurso público, del que participarán tanto los actuales servidores de la administración como nuevos postulantes; teniendo los antiguos prioridad a igualdad de méritos. Los servidores así elegidos gozarán de estabilidad en el empleo cualesquiera sean sus ideas, pero podrán cesar en sus funciones en razón de que las mismas dejaron de ser parte de los programas de gobierno, o por deficiencias en su desempeño.

Para alcanzar ese objetivo una ley deberá declarar la prescindibilidad de los empleados públicos (como ya ocurrió durante el gobierno de Frondizi y más recientemente en Río Negro), así como modificar el Estatuto del Empleado Público para hacer de ellos verdaderos servidores del Estado y no meros beneficiarios. La misma ley arbitrará los medios para resarcir económicamente a los servidores que deban dejar sus cargos.

Con el mismo espíritu de racionalizar el funcionamiento del Estado otras leyes deberán: 

a) Establecer que las empresas públicas sean manejadas por técnicos nombrados con acuerdo del Congreso por un período de tiempo razonable, pudiendo ser apartados de sus cargos sólo con acuerdo del mismo Congreso; 

b) Evitar los abusos que se cometen con los nombramientos temporarios de funcionarios; 

c) Suprimir las facultades auto-otorgadas por los legisladores para conceder becas y otros beneficios en pago de favores o para hacer proselitismo, así como establecer mecanismos de control en la fijación de sus dietas y gastos abusivos.

© Escrito por Omar Argüello, Domingo 11/05/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No hay década ganada para la Educación Pública… De Alguna Manera...

No hay década ganada para la Educación Pública…

A mayor pobreza, en estos momentos, le corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando debiera ser absolutamente lo contrario.

La Ley Nacional de Educación (N º 26.206/2006) fue un paso adelante con respecto a la Ley Federal (Nº 24.521), sancionada en 1994 de acuerdo a las necesidades de la economía de la época, el neoliberalismo o ”capitalismo salvaje”, que profundizó el retroceso de la educación pública que había comenzado en 1976 con la dictadura militar.

La Ley Federal basada en las recomendaciones emanadas del FMI y del BM para América Latina tuvo como verdadera intención desinvertir en los sectores populares, que resultaban “inviables” para el nuevo orden mundial y destinar la mayor cantidad de recursos al pago de la deuda externa (contraída con los organismos de crédito mencionados)

Esta norma considera a la educación con criterio mercantilista, es decir como un servicio y no como un derecho abriendo la puerta para subsidios del tipo voucher o chárter, encuadrados dentro del concepto de “equidad”.

Por medio de la Ley de Transferencia, de 1992, por la cual se transfirieron las escuelas de todas las ramas a las provincias se dio el primer paso.

Esta descentralización fue una de las herramientas para la reducción de gastos ya que las provincias debieron hacerse cargo de los mismos sin recibir los fondos correspondientes.

Aquellas cuyos recursos no lograban cubrirlos tuvieron largos conflictos gremiales por no poder pagar los sueldos además del colapso de la infraestructura.

Se produjo así una migración de los sectores más pudientes hacia la enseñanza privada.

Otra consecuencia nefasta fue la desestructuración del sistema a nivel nacional ya que cada jurisdicción organizó los ciclos de acuerdo a su criterio, desarticulándose en 24 subsistemas.

Es bueno recordar que este engendro fue votado por unanimidad en el Congreso Nacional y que casi todos los que ahora dicen preocuparse tanto por el pueblo la sostuvieron y aplicaron en sus provincias con todo rigor, por ej. en Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Buenos Aires, etc.

Entonces, bienvenida resultó la Ley Nacional que, si bien no fue la solución integral al desastre producido por las políticas de los 90, representó, al menos en la letra, un avance.

Pero muy poco se ha cumplido de esta Ley, aún con las limitaciones que presenta ya que mantiene el núcleo duro de la transferencia y propone dos estructuras vigentes, además de obviar la palabra “laica”, lo que permite que, por ej., en Salta se de educación católica en el contra turno de las escuelas estatales, y muchas otras perlitas más que resultaría muy tedioso analizarlas en esta nota.

En lo positivo la Ley en el Título 1 Disposiciones Generales Art. 2 reconoce a la educación como un derecho social y en el 10 el Estado se compromete a no suscribir tratados que impliquen concebirla como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la misma.

En su artículo 28 establece la jornada completa o extendida en todo el territorio nacional pero a 6 años y medio de su promulgación según el Ministerio de Educación de la Nación, en 2012 sólo el 8,4% de los alumnos de primaria asisten a escuelas de jornada completa o extendida.

¿Cuál es el motivo de este incumplimiento del art. 28? Muy simple es necesaria una inversión importante en refacción y construcción de edificios y su correspondiente equipamiento y en sueldos docentes.

La importancia de que la población escolar primaria pueda concurrir a estas escuelas es fundamental, sobre todo, para los sectores más desfavorecidos ya que aumenta el tiempo que los/as niños/as están en contacto con el aprendizaje, los aleja de conflictos y violencia familiar (muchas veces estos problemas son detectados porque hay una vínculo más estrecho con los docentes), reciben tres comidas en el colegio y tienen más estímulos al contar con más horas de materias como plástica, música, tecnología, idioma y educación física.

Otra dificultad encontramos en el cumplimiento de la universalización de las salas de cuatro años, consagrada en los artículos 19, 20 y 21 (recordemos que la sala de 5 años es obligatoria).

En este caso, tomando datos de la Fundación Arcor y Siteal, en su informe “La situación de la primera infancia en Argentina”, del corriente año, podemos observar que entre 0 y 2 años concurren al Jardín de Infantes 10% de los niños, de 3 años concurre el 40%, de 4 años el 75% y de 5 años la concurrencia es mayor al 80%.

El problema principal es que la no inclusión se incrementa en los estratos sociales más bajos y una de las razones es la falta de establecimientos.

Quedarían así, según el propio M.E.N 1.000.000 de chicos fuera del sistema de educación inicial.

Que, en los casos de sectores postergados es de gran importancia porque, además de todo lo expuesto para el nivel primario, permite un desarrollo cognitivo superior y previene el fracaso escolar.

Ninguna jurisdicción del país cumple con las necesidades del nivel inicial, por lo cual todos los años vemos quedarse sin vacante a una enorme cantidad de pequeñitos desde 45 días a 5 años.

Podemos afirmar que a mayor pobreza, en estos momentos, le corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando debiera ser absolutamente lo contrario.

En cuanto a la cantidad de docentes por alumnos, un dato fundamental ya que depende de esta variable la posibilidad de una buena llegada de los maestros a sus clases, en primaria tenemos un promedio nacional de 25,2 alumnos por docente, pero debemos tener en cuenta que se consideran a todos los docentes, aún aquellos que están en tareas pasivas, comisiones de servicio o cargos directivos o sea que no atienden cursos. Por lo tanto es muy común que nos encontremos con aulas superpobladas, lo que redunda en una baja calidad de la enseñanza.

En cuanto a las políticas para promover la igualdad de oportunidades, éstas no dejan de ser asistencialistas ya que no vemos por lo expuesto, que se refuerce la calidad educativa en los lugares donde es más necesario.

Aunque podría seguir analizando mucho más me interesa señalar que de la mentada inversión educativa del 6,47% la Nación aportó, en 2012, el 2,2% y el resto las provincias, cuando la Ley prevé que el Estado Nacional aporte el 40% y las provincias el 60%.Además el 30% de esta inversión está destinada a las escuelas privadas (Eduardo Lucita 10/ 05/ 2013).

Con respecto a las propuestas para encarar una verdadera instrumentación de la educación igualadora, inclusiva de verdad, y no para figurar en las estadísticas internacionales como un país que cumple con las metas cuando en realidad miente con un discurso que va quedando cada vez más al descubierto me he explayado muy largamente en mis notas anteriores.

Lo que hemos visto es apenas un recorte de todo lo que no se ha hecho y no se hace en materia educativa, por eso puedo asegurar que, como en muchos otros aspectos salud, energía, bienestar, la década está muy lejos de ser “ganada” para la educación pública.

© Escrito por Maria Elena Benso, Directora del Área de Educación del ISEPCi, el miércoles 03/07/2013 y publicado por http://www.isepci.org.ar

 

 

Como entender la crisis actual... De Alguna Manera...

Impunidad y pobreza…

ICONOGRAFÍA DEL EXPOLIO. Dibujo: Pablo Temes.

La mezcla da un cóctel explosivo, con el Gobierno como gran responsable. Los desatinos. Longobardi, otro caso de censura.

Fue como una pesadilla. Las imágenes de los saqueos que se extendieron a varios puntos del país nos trajeron los peores recuerdos de aquellos dramáticos momentos que la Argentina padeció a fines de 2001. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes estuvieron detrás de estas acciones que, en muchos casos, demostraron responder a algo organizado. Lo cierto es que en Bariloche, por ejemplo, el intendente advirtió al gobernador de Río Negro que algo de esto podía pasar si no apuraban el envío de bolsones con comida para atender a los sectores más postergados de ese lugar. El reclamo no fue atendido y allí estuvo la excusa para generar hechos que siempre deben ser condenados, pero a los que hay que analizar en superficie y en profundidad. No todos robaban comida. Muchos se llevaron electrodomésticos. Lo hicieron con total desparpajo y hasta con cierta tranquilidad, a la vista de todos. En Villa Gobernador Gálvez los que saqueaban y los empleados y propietarios de los comercios que eran saqueados se conocían. Robar para comer puede responder a una circunstancia de necesidad extrema. Robar electrodomésticos es, lisa y llanamente, un delito. Surgen dos realidades que dieron marco a estos hechos: una es la pobreza; la otra, la falta de respeto a la ley.

La pobreza y la exclusión siguen siendo parte de un paisaje social que está muy lejos del ámbito bucólico que el Gobierno pretende dibujar de la Argentina. Por eso las palabras del jefe de Gabinete, Juan Abal Medina –cuando el viernes dijo que “quieren frenar el gran momento que vive la Argentina”– exhiben la desconexión que existe entre el “relato” del Gobierno y la realidad.

El crecimiento de las villas de emergencia es un dato incontrovertible que es visible a la mirada del ciudadano de a pie. En Bariloche, por tomar el suceso originario de estas revueltas, es el caso del asentamiento de el Alto. Viven allí 30 mil almas sobre un total de 130 mil que habitan la ciudad. Es decir que casi el 25% de la población se nuclea en ese caserío que se ha transformado en tierra de nadie. La ausencia del Estado allí es estrepitosa y ha convertido el lugar en guarida de delincuentes que complican la vida de la mayoría de gente honesta que reside allí. Lo peor es que, lejos de disminuir, el Alto crece en forma imparable. Es lo que pasa en otros asentamientos en el resto del país. En Capital, el ejemplo más relevante es el de la Villa 31. No es el único; los otros, menos visibles, como la Villa 1-11-14, la Rodrigo Bueno y Ciudad Oculta, son lugares en los que la ecuación se repite. En Rosario están los asentamientos del Gran Rosario, en continua expansión.

En esos ámbitos, el reinado de los planes asistenciales del Gobierno es absoluto. Y éste será uno de los “grandes legados” que dejará el kirchnerismo para el futuro. Es una de las contradicciones más flagrantes que exhibe el oficialismo que, tras una década de permanencia en el poder con un fenomenal crecimiento económico, no ha logrado erradicar estos nichos crecientes de pobreza.

Esto constituye un ejemplo claro de populismo y no de progresismo. Y sobre esto debería anoticiarse también la oposición, si algún día quiere llegar a gobernar el país con logros mejores. En el populismo, los pobres tienen más cosas y reciben asistencia permanente por parte del Estado, pero ninguna de ellas les permite superar su condición de pobres. En el progresismo, en cambio, es la movilidad social ascendente la que impera, esencial para hacer realidad el objetivo de que las personas sean dueñas de su destino.

Los hechos de estas horas le muestran al Gobierno que su insistencia en dibujar los índices de inflación y de pobreza que padece el país constituye una porfía sin destino, ya que un día todo ese castillo de arena es demolido por la realidad. En la Babel de Olivos no hay idea del deterioro que la inflación está causando en el bolsillo de los que menos tienen.

Lo que también hubo fue una desatención de informes de inteligencia y de autoridades municipales que alertaron sobre la factibilidad de estos hechos. ¿En el Ejecutivo esto se ignoró o directamente no interesó?

Los que se llevaron electrodomésticos a la vista de todos actuaron como si estuvieran haciendo la apología de la impunidad. Alguien los empujó a actuar así. Mucha de la gente que vive condenada a la pobreza eterna ve cómo, en esos lugares de miseria, se comercia políticamente con sus necesidades. Ve cómo el puntero político y su entorno lucran con la carencia del otro. Esa corruptela devastadora se palpa por doquier. Y, por supuesto, está la corrupción impune del Gobierno que también ahí se ve. Dado que las fuerzas policiales no saben bien qué hacer ni cómo actuar, todo se hace más fácil para los agitadores del caos y el desorden.

Cristina Fernández de Kirchner, que se quejaba en su último Aló Presidenta de la desprotección que padecen los efectivos policiales, debería reflexionar sobre cuánta es su responsabilidad para haber llegado a esto. En la Argentina pendular vamos de las policías brutales a las policías ineficaces.

En este marco, Cristóbal López, una de las luminarias del empresariado K, echó a Marcelo Longobardi de Radio 10 y de C5N. Marcelo, líder de la primera mañana radial, tenía un contrato vigente hasta el año 2016. En un verdadero “sincericidio”, el señor López hizo saber que la decisión de echarlo tenía que ver con “visiones diferentes” (sic) de la realidad. La brutal medida tiene dos objetivos: sacarse de encima la voz de un periodista que molesta al Gobierno y dejarlo sin aire para 2013, un año electoral. 

Es la réplica exacta de lo que me sucedió a mí en 2009 cuando Electroingeniería le compró Radio del Plata a Marcelo Tinelli. Lo ocurrido con Longobardi deja al descubierto dos situaciones: una, la intolerancia del Gobierno hacia los periodistas que ejercen su profesión con una visión crítica de la realidad; la otra, el propósito final de la Ley de Medios que no es otro que la destrucción del Grupo Clarín y la conformación de un multimedios K en el cual sólo haya lugar para las voces afines al oficialismo. Así pues, el caso de Longobardi, a quien hago llegar mi absoluta solidaridad, es un paso más en pos del “vamos por todos y por todo”, operativo que Fernández de Kirchner puso en marcha en el mismo momento que reasumió el poder, el 10 de diciembre de 2011.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 23 de Diciembre de 2012.

 

Empleo en Argentina... De Alguna Manera...

Se acentúa la caída de empleos: en tres meses se perdieron 72.780 puestos...

  

Construcción. Uno de los sectores afectados por la caída de empleo.

Son datos del INDEC en base a lo que declaran las empresas. Cuál fue el sector más perjudicado. Detalle por actividad.

La desaceleración económica, las restricciones a las importaciones y el cepo cambiario, produjeron una caída en los puestos laborales en blanco. Durante el segundo trimestre del año se perdieron 72.780 puestos en blanco, según datos declarados por empresas ante la AFIP y difundidos por INDEC.

El sector que pica en punta es el de las actividades inmobiliarias, empresariales y servicios eventuales con 20.581 empleos. Dentro de ese rubro, las inmobiliarias pasaron de 62.396 a 61.155, con una pérdida de 1.241 puestos. Le siguieron los Hoteles y Restaurantes.

Vale recordar que en toda la Argentina, el total de los puestos de trabajo privados declarados suma 6.245.638.

La información señala que casi todas las actividades tuvieron alguna caída en el empleo, con excepción de la enseñanza privada y en menor medida del sector financiero.

En tanto, según consigna esta mañana Clarín, las Provincias más afectadas fueron Córdoba, Río Negro y Jujuy. En la Ciudad de Buenos Aires se perdieron 13.388 empleos y en el Gran Buenos Aires hay ahora 37.327 puestos de trabajo menos. En total en la región metropolitana son unos 50.000 puestos de trabajo menos.

La industria también se contrajo y produjo una pérdida de 14.072 empleos. Los sectores que registraron mayores caídas fueron el del calzado y cervecero.

La construcción también registró una pérdida de 5.316 puestos de trabajo.

El comercio también sintió los efectos del menor consumo con unos 9.000 ocupados menos.

Por último, el sector agrícola y ganadero declaró 6.621 empleos menos.

© Publicado por la Revista Fortuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el viernes 28 de Septiembre de 2012.