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En el sube y baja…  

Gentilhombre presentando renuncia. Alberto Abad. Dibujo: Pablo Temes

El verano mostró un zigzag en la agenda presidencial. El lento adiós de Abad en AFIP.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 04/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Argentina polarizada por la movilización del 21F parece haber sucedido un año atrás. Eso que asomaba como el preludio de un comienzo de año complicado, con un humor social inestable y un sector de la sociedad reactivo a una economía que no encuentra su buen camino quedó desdibujado por debates que despiertan alto voltaje pasional. ¿Despenalización del aborto, sí o no? ¿Corresponde que con nuestros  impuestos  –que tanto nos cuestan– se les costee la salud a personas que no viven aquí? 

Estos temas ocuparon la agenda del oficialismo la semana en la que Mauricio Macri realizó la apertura de las sesiones en la Asamblea Legislativa. Después del caótico diciembre de 2017 y el humor social y político con el que la votación exprés de la reforma previsional cerró la actividad del Parlamento, los debates que busca instalar el oficialismo en la reapertura de la discusión legislativa son bien diferentes.

Evidentemente el Gobierno aprendió la lección en la que el logro de la reforma previsional tuvo tal costo político y social  que no se podía repetir. Imposible ir por la reforma laboral como la había planeado, y por eso puso en discusión una agenda alternativa. La parte más débil del discurso presidencial tuvo que ver con lo económico. La situación socioeconómica sigue siendo mala porque es difícil atacar los problemas de fondo. Cuando el Presidente habla de cosas invisibles está implícita la imposibilidad de mostrar resultados visibles para la gente. 

Hoy el Gobierno tiene una profunda caída de imagen, y para mucha gente lo peor no pasó, circunstancia de la que el oficialismo debería notificarse. Compró una idea de optimismo enorme que la realidad no muestra. Por eso vemos en discusión hoy en día temas, por supuesto importantes, pero que no son los que afectan de fondo a la realidad de nuestro país.

Debates.

Al hablar sobre el proyecto de despenalización del aborto, el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, dijo: “Vamos a profundizar el debate por el camino de las comisiones, escuchando las voces, respetando a todos, sin ningún tipo de fanatismo, lo que hace a una sociedad democrática”. Sin embargo, en la oposición hay malestar: “Van a estirar el debate del aborto hasta al menos junio, para que pasemos de distraernos con el aborto a distraernos con el Mundial”, se quejan en los pasillos del Congreso. 

La otra discusión que ocupó la agenda fue la posibilidad de cobrarles a los extranjeros por el acceso a la salud pública. Si bien sectores de la oposición critican que este debate también sea usado para desviar la atención, la situación interna en Cambiemos es otra. Hay malestar en el bloque con un sector del radicalismo que, de la mano del diputado por Cambiemos Luis Petri, e impulsado por el gobernador radical Gerardo Morales, presentó un proyecto para cobrarles a los extranjeros no residentes por los servicios de salud y educación universitaria. Fueron los diputados Nicolás Massot, jefe del bloque Pro en Diputados, y el propio radical Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, quienes manifestaron malestar por la decisión unilateral de un sector del bloque de presentar el proyecto e instalar el debate en la agenda política y mediática. “Hubo una diferencia en los tiempos en los que se presentó la iniciativa y la consulta previa dentro del interbloque, que por ahí no fue lo profunda que algunos esperaban”, sostuvo Massot en declaraciones radiales. En el interior del Congreso no esperan que este proyecto prospere.

Salida.

El pasado viernes Alberto Abad presentó su renuncia, luego de reunirse en la residencia presidencial de Olivos con el presidente Mauricio Macri y miembros del gabinete, y el 31 de marzo será el último día ante la Administración General de Ingresos Públicos. Si bien esta noticia irrumpió en los medios, la renuncia del titular de la AFIP ya se venía gestando desde finales del año pasado y no sorprendió a sus más cercanos. Al respecto, Abad sostuvo que la decisión fue acordada con el Presidente y dijo: “Yo cumplí cincuenta años de trabajo y 35 años en el sector público. Que quede claro, esto no es una renuncia, es un retiro”. Quiso acallar así los rumores de conflictividad con el Gobierno. Sin embargo, la relación de Abad con el Presidente tuvo en el último tiempo varios cortocircuitos.

Uno de ellos consistió en la decisión de la AFIP de ir tras uno de los empresarios favoritos del Gobierno, Marcos Galperín, al exigirle a la empresa Mercado Libre un pago millonario al Estado (aproximadamente $ 500 millones mensuales) por concluir que no la encontraba beneficiaria de una exención de impuestos a través del Régimen de Promoción de la Industria del Software. Fue otra entidad del Gobierno, el Ministerio de Producción con Francisco Cabrera a la cabeza, la que salió en defensa de la empresa garantizando el acceso a este beneficio tributario. En su momento, está decisión despertó suspicacias respecto de la interna entre las dos entidades.

Otro tema pujante para la AFIP fue la negociación de la entidad con el empresario Cristóbal López, por la deuda de más de $ 17 mil millones que mantiene el ex Grupo Indalo por la retención del Impuesto a la Transferencia de Combustibles por parte de la empresa Oil Combustibles. Cuando el grupo inversor OP Investment, encabezado por Ignacio Rosner, tuvo la intención de comprar la empresa, acusó a Abad de impedirle el pago de la deuda millonaria y como consecuencia de no poder efectuarles el pago a los más de 4 mil empleados. Al día de hoy, la operación de venta ya fue rechazada dos veces por la AFIP y por los veedores judiciales. En su momento, especialistas en finanzas cuestionaron la rigidez del titular de la AFIP: “La venta podría haberse efectuado a través de la ley de quiebras; luego de la resolución del juez Cosentino por los créditos posconcursales se podría pedir la quiebra y realizar la venta por los valores de los activos. Yo me pregunto si le dejan hacer lo que tiene que hacer o trabaja bajo ciertas presiones”.

La financiación de la deuda de la empresa postal OCA fue otro de los cortocircuitos que pusieron a la AFIP y al Gobierno en los titulares de las noticias. La empresa de correo tiene una deuda con la AFIP de $ 1.700 millones, y en plena negociación se acusó al ente regulador de considerar un plan a medida de la empresa por presiones del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. “La Rosada nunca pidió un procedimiento especial, y si hubiese existido no lo habríamos hecho”, declaró Alberto Abad en su momento: “Es una operación periodística”.

El golpe de gracia que, según el entorno, le dolió muchísimo al mismo jefe de la AFIP fue la filtración de datos del blanqueo que sufrió la institución, y que culminó en la imputación por parte del juez Canicoba Corral de siete personas acusadas de integrar una banda que vendía datos protegidos, información confidencial del organismo. Debido a estas filtraciones quedaron expuestos familiares del Presidente y gente cercana al Gobierno que adhirieron al blanqueo, mencionados en una nota publicada en Página/12 por el periodista Horacio Verbitsky.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

¿Se vá Don Alberto Abad?... ¿Porqué?... @dealgunamanera...

Tras la filtración del blanqueo y el caso Indalo, Abad prepara su salida…

Simbolo. Abad cuenta con una valorada reputación. Foto: Cedoc- Perfil

El titular de la AFIP encargó informes de cierre de gestión a todas las subdirecciones, para preparar el traspaso. Podrían darse a conocer más nombres del sinceramiento fiscal.

© Escrito por Paola Quain el sábado 21/010/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), prepara su salida al frente del organismo recaudador para después de las elecciones legislativas de este domingo –según fuentes consultadas por este medio que pertenecen a la entidad– que aseguran que el máximo responsable del fisco nacional pidió a todas las subdirecciones generales un “cierre de gestión”, después del cimbronazo ocasionado por la difusión de datos del blanqueo de capitales.

De acuerdo con fuentes de tres áreas consultadas por Perfil, la solicitud de Abad a las diez subdirecciones de Coordinación Técnico Institucional, Servicios al Contribuyente, Administración Financiera, Fiscalización, Recursos Humanos, Sistemas y Telecomunicaciones, Asuntos Jurídicos, Planificación, Recaudación y Auditoría Interna, “sólo se realiza cuando hay un cambio de administrador y lleva un tiempo completarlo”, muchas veces se hizo después de que dejara el cargo un titular. Consiste en “hacer los números finales, por ejemplo, objetivos alcanzados desde el inicio de la gestión, tener los números en orden para el traspaso”.

“Hasta ya suenan nombres de posibles reemplazantes, quizás alguien de la Aduana”, dijeron las fuentes, que además revelaron que Abad habría dicho a allegados que “siempre pensó en estar dos años” en el cargo.

Dentro de la AFIP, sus funcionarios atribuyen el pedido de cierre a la crisis que causó la publicación en Página/12 de Horacio Verbitsky sobre los multimillonarios montos sincerados por Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri, y Alejandro Jaime Peña Braun, primo del jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña.

Perfil consultó a la AFIP sobre los planes de retirada de Alberto Abad. Desde la entidad negaron rotundamente que el titular evalúe retirarse y aseguraron que todos los años el fisco, al menos durante la gestión de Abad, rinde un plan de gestión que se presenta a la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, las fuentes de diversas áreas ratificaron que el pedido de semanas atrás no forma parte de la rutina anual. Puertas adentro, los empleados del fisco esperan que Abad finalmente se quede aunque interpretan que, por su carácter, “si pidió un cierre de gestión es porque la decisión está tomada”.

Cruces. Todo esto se suma a la tensión que produjeron en el organismo recaudador los expedientes de Cristóbal López y el correo privado OCA en los últimos meses.

En el primer caso, el ente fiscal se presentó ante la Justicia para informar que López y su socio Fabián De Sousa no pueden avanzar con una venta de C5N por la crítica situación en la que se encuentran tras retener los impuestos indebidamente en Oil Combustibles. Un comunicado del 3 de octubre de la AFIP apunta que: “Cristóbal López y Fabián De Sousa se encuentran impedidos de disponer libremente de la participación que posean en esas sociedades en virtud de la inhibición que alcanza a todas las partes que intervendrían en la operación”. Con esas palabras el fisco se presentó los primeros días del mes ante el Juzgado Federal Nº 10 del Dr. Ercolini ante los rumores de venta del canal C5N y Radio 10. La intención del recaudador era ejecutar toda la deuda que le reclama por un total de $ 8 mil millones, mientras empresarios allegados a la Casa Rosada intentan desembarcar en el holding.

Así, tras la filtración de datos del blanqueo, la tensión en torno al titular de la AFIP fue en aumento, pero la campaña para las legislativas obligó a evitar ruidos.

Esto se debe a que la revelación de los datos del sinceramiento fue un duro golpe, y que además, podría ser sólo el comienzo. Verbitsky aseguró esta semana que no sólo posee datos de los cinco casos publicados sino que tiene la lista completa, una declaración que estremeció a los pisos superiores de Hipólito Yrigoyen 370.

En el caso del mayor correo privado, Abad se opuso a hacer un plan de pagos a medida por una deuda de $ 1.700 millones tal como esperaba el coordinador del gabinete económico Mario Quintana en Balcarce 50. Todos negaron el conflicto en medio de acusaciones de un plan oficial para quedarse con la mayor empresa postal privada del país. “La Rosada nunca pidió un procedimiento especial y si hubiese existido, no lo habríamos hecho”, aseguró el recaudador ante la consulta de este medio el 1º de septiembre.

Para los empleados de AFIP, Abad comenzó un proceso de retirada, que se propone ser silencioso y ordenado y dejar los papeles listos para la próxima gestión. Terminaría así su segundo tránsito por el organismo. Antes había estado entre los años 2002 y 2008.

Como se gestó el 2 x 1. Los complotados… @dealgunamanera...

Los complotados…

El fallo para liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad es producto de un acuerdo secreto entre el gobierno nacional y la Iglesia Católica. Las movidas previas de Bergoglio y de la Corte que prepararon el terreno. Las negociaciones con Elena Highton para que siga en su cargo luego del límite constitucional de 75 años. El voto de la nueva mayoría oficialista y el operativo de autoabsolución del episcopado, dos monumentos a la hipocresía. 

Gobierno, Iglesia y Corte Suprema: cómo se gestó el fallo destinado a liberar el mayor número posible de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Las movidas que prepararon el terreno, las negociaciones con Elena Highton y el voto de la nueva mayoría en el Tribunal.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 07/05/2017 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los esfuerzos del gobierno por simular que está molesto con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó reducir la pena a un condenado por crímenes de lesa humanidad porque perturba su política de Derechos Humanos chocan con los datos duros que rodean el fallo del miércoles pasado.

El 20 de marzo el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, interesó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, en la situación de los militares detenidos por esos delitos, en una gestión impulsada una vez más por la infatigable Iglesia Católica Apostólica Romana, hoy presidida por un argentino. El gestor de la presentación a favor de los represores fue Siro de Martini, asesor jurídico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Avruj pidió que la CIDH recibiera a las organizaciones de familiares de esos militares y a una delegación eclesiástica que encabezaría el propio delegado del papa Francisco en la Argentina, el nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. Los nexos habituales de Avruj con Bergoglio fueron el sacerdote Guillermo Marcó; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Berman, y el tesorero de la DAIA cuando Avruj era su director ejecutivo, Alberto Zimerman. A través de Marcó, que era el vocero de Bergoglio, el entonces arzobispo de Buenos Aires se reunía con Avruj.

La nueva mayoría

La decisión fue firmada por los tres jueces que deben su cargo al presidente Maurizio Macrì: los dos que designó por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y aquella que permanecerá en su cargo más allá del límite de 75 años que marca la Constitución Nacional, por voluntad tácita del Poder Ejecutivo. El gobierno nacional estaba en negociaciones con Elena Highton de Nolasco para solicitar el nuevo acuerdo que establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, pero el senador transgénero Miguel Pichetto hizo saber que su bancada no la votaría. Highton consiguió entonces la medida cautelar de uno de los jueces más políticos del fuero contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico. Mientras Avruj volaba a Washington para realizar la gestión ante la CIDH, el diario La Nación en su editorial del 16 de marzo consideró “incomprensible” que el Estado nacional no haya apelado esa decisión. Esto sólo fue una sorpresa para quienes desconocían la negociación previa. Highton es desde entonces tan deudora de Macrì como Rosenkrantz y Rosatti, y a menor costo porque no hubo escrutinio público, como hubiera ocurrido de seguirse el procedimiento del decreto 222/03.

Este fallo debe considerarse en conjunto con otros tres que en los últimos meses marcaron el perfil de la nueva Corte:

Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.

Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes: tres veces Highton, dos Rosatti y Lorenzetti, una Maqueda.

Esto sugiere un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín es el hombre fuerte del tribunal.

Los documentos secretos desclasificados por Estados Unidos muestran que tanto el nuncio apostólico de aquellos años, Pío Laghi, como la dirigencia de la DAIA pedían al gobierno de Jimmy Carter que no presionara a la dictadura por las violaciones a los derechos humanos porque podría ser contraproducente. Para Laghi, el dictador Jorge Videla era “un buen cristiano”; los líderes judíos opinaban que el gobierno no era antisemita y que Jacobo Timerman estaba detenido por manejar dinero del terrorismo, cosa que ni la llamada justicia militar pudo establecer.

En sincronía con el fallo de la Corte Suprema, el episcopado católico puso en marcha su enésima tentativa por la denominada reconciliación y una vez más dijo y se desdijo ante la reacción que provocó el obsceno show montado en La Montonera, que es la quinta de Pilar donde se reúnen. Uno de los objetivos de la desclasificación de documentos del Vaticano es mejorar la imagen de Laghi, como dieron a entender el monseñor de la secretaría de Estado, Giuseppe Laterza, y los obispos argentinos Mario Poli y José María Arancedo. El acuerdo del gobierno con la Iglesia incluyó la designación de un nuevo obispo castrense, luego de una vacancia de doce años. El nuevo titular de esa diócesis personal, Santiago Olivera, dijo que “los derechos humanos hay que vivirlos para todos. Que la Justicia cumpla su labor, que tiene que ser en todos los tiempos y para todas las personas. No una justicia selectiva, solo para algunos, y más mala para otros. La Justicia no puede ser ni mala ni buena, tiene que ser Justicia”, argumento especioso que retomó en su voto el juez Horacio Rosatti, de buena relación con el Opus Dei.

Hipocresía permanente

En el voto de la nueva mayoría de la Corte Suprema es sorprendente la primacía de su intención política por encima de la calidad del razonamiento jurídico. Los tres sostienen que la ley penal más benigna no puede excluir a los autores de ningún delito, aunque fueran crímenes de lesa humanidad, como si alguna vez las víctimas o el Estado hubieran pretendido excepciones. Por el contrario, todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia se realizó siguiendo los procedimientos y leyes ordinarios y con las mayores garantías para los imputados. Por ejemplo, ni querellantes ni fiscalías pidieron nunca que se aplicara el agravamiento de las penas contenido en el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional, que fue incorporado aquí por la ley 26.200/06. Y cuando se aumentaron las penas para casos de privación ilegal de la libertad y alteración de estado civil de los chicos robados, tanto las querellas como el ministerio público fiscal solicitaron la aplicación de la ley vigente en el momento del hecho, cuyas penas eran menores. Esto se puede verificar incluso en la condena a Muiña, que ya se benefició durante el proceso con la ley penal más benigna. La extensión indebida de los procesos se debe a las demoras causadas por las leyes de impunidad y por la desidia judicial para avanzar con los procesos, reproche que le cabe en primer lugar a la propia Corte Suprema de Justicia, que ha sido el tapón que permitió que muchos represores murieran impunes, porque no llegó a confirmar las condenas impuestas por los tribunales de juicio. 

Como la Corte demora el tratamiento de estas causas terminadas, la prisión preventiva se extiende y luego el mismo tribunal alega su desidia como justificación para devolver a las calles antes de tiempo a los autores de gravísimos delitos. Si el criterio de la nueva mayoría se aplicara a los casos de apropiación de chicos reduciría la escala penal a su formulación originaria (de 3 a 10 años y no de 5 a 15 según se modificó después) con lo cual todos los condenados o procesados futuros por ese delito recuperarían la libertad. Esto angustia a sus víctimas, jóvenes de entre 34 y 41 años que hace poco dejaron de sufrir esa opresión y recuperaron su identidad y que ahora viven con terror la posibilidad de cruzarse en la calle con sus apropiadores.

Lo que las víctimas sí han exigido siempre es celeridad del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes y de los jueces para realizar los juicios en plazos razonables. Un aspecto asombroso del fallo es que buena parte de su razonamiento se refiere a los delitos permanentes, pero en ninguna parte del texto se explica qué tiene que ver con el caso del represor Luis Muiña, que pidió la aplicación del 2x1. La mayoría afirma que la desaparición forzada de personas es un delito continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Pero Muiña no fue condenado por desaparición forzada (en cuyo caso la pena no hubiera sido de 13 años) sino por privación ilegal de la libertad de cinco personas cuyo destino o paradero sí fue establecido, cosa que los jueces pasan alegremente por alto. Las cinco víctimas estuvieron privadas de su libertad entre noviembre de 1976 y enero de 1977.

Con independencia del delito de que se trate, del robo de gallinas al homicidio, sea o no de lesa humanidad, carece de razonabilidad aplicar a un detenido una ley sancionada después de que cometió el crimen y derogada antes de que fuera privado de su libertad, salvo que por la naturaleza de esa ley, implique un cambio de la valoración social sobre la gravedad de ese delito. Por ejemplo, el avenimiento, que hasta 2012 liberaba de pena a un violador si la víctima lo aceptaba como esposo. Con la nueva sensibilidad hacia los derechos de la mujer, eso es inimaginable. Ésa era una ley penal más benigna que la sancionada hace cinco años. En cambio la ley que entre 1994 y 2001 dispuso el cómputo doble por cualquier delito del tiempo transcurrido en prisión preventiva más allá de los tres años, fue un dispositivo de excepción dirigido a descomprimir una situación explosiva en los penales de todo el país por la morosidad de los procedimientos judiciales. Por su naturaleza era una ley transitoria, que no implicaba ninguna evolución o involución social respecto de la gravedad de un delito determinado.

Superada la excepción (al menos así lo entendió el legislador al derogarla) es disparatado aplicarla como ley penal más benigna a delitos cometidos antes de su vigencia y juzgados después de su caducidad. Por otra parte, las reiteradas alusiones a la igualdad jurídica y a la moral constituyen la forma más perversa de ocultar la desigualdad real y de falsear los hechos. Esto es típico de las clases dominantes argentas, que en la Constitución de 1957 codificaron todos los derechos sociales que los golpistas de 1955 suprimieron. La cumbre se alcanza en el voto de Rosatti, quien no se metió como sus colegas en el berenjenal del delito permanente, cuando expone un supuesto dilema moral. Los delitos de lesa humanidad expresan el estadio más degradado en que ha caído la naturaleza humana y el régimen durante el cual se perpetraron descendió a niveles de inhumanidad nunca vistos, dice. Pero un Estado de Derecho “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes” ya que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”, agrega, creando una falsa dicotomía.

No es cierto que este beneficio deba concederse a los autores de crímenes de lesa humanidad porque también beneficia a los de delitos comunes, sino todo lo contrario. Debido a las leyes de impunidad y a la reticencia judicial para avanzar contra agentes civiles o militares de la dictadura, la ley del 2x1 ya no es aplicable a ningún autor de delitos comunes. No quedan ni siquiera homicidas sin condena firme, que hayan estado privados de la libertad más de tres años en aquella época, ni hablar de procesados. De modo que en realidad este fallo crea una categoría especial de detenidos, a los que se beneficia por encima del resto.Esa es la intención política, una vez despejada la hojarasca leguleya de segunda marca. Ojalá esta decisión no desate una nueva ola de motines carcelarios en demanda de iguales beneficios.

También es llamativo que la Corte Suprema se reduzca a un análisis de leyes penales y procesales, sin la menor referencia a la dimensión constitucional del caso, que es el terreno en el que se esperaría su aporte. En ese sentido parece más un fallo de Casación que de Corte Suprema. Por falta de análisis constitucional omiten la armonización de la ley penal más benigna con el principio de proporcionalidad  “de manera que  no se haga ilusoria la justicia penal”, como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de la Rochela cometida en Colombia. Ese fallo fue mencionado en una declaración del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, quien antes fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cantón se declaró de acuerdo con el voto minoritario de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “se debe cumplir con los estándares específicos definidos por el derecho internacional de los derechos humanos. La sanción y su cumplimiento también deben responder a esa obligación. 

La gravedad de los delitos de lesa humanidad requiere de una sanción proporcional, e igualar la sanción en estas violaciones con los delitos comunes, como decidió la mayoría de la Corte Suprema, ignora el carácter de lesa humanidad del delito y puede llevar a que no se cumpla con el principio de proporcionalidad”, dijo. El mismo fallo de la Corte IDH fue invocado por la fiscal Angeles Ramos para pedir que el 2x1 no se aplique al militar Víctor Alejandro Gallo, condenado a 15 años por la apropiación de Francisco Madariaga, hijo del dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo Abel Madariaga. Y el fiscal general Pablo Parenti solicitó que tampoco se aplique al apropiador Salvador Norberto Girbone, porque a diferencia de Muiña continuó cometiendo el delito después de derogada la ley del 2x1. 

Pero además porque la ley del 2x1 es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad, según varias convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y contra las Desapariciones Forzadas. Para la Corte interamericana, las penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. La fiscal Ramos cita otros fallos sobre casos de Guatemala, Venezuela y El Salvador, donde la Corte Interamericana dice que las penas para las más graves violaciones a los derechos humanos deben ser “adecuadas” y no constituir “una forma de impunidad de facto”. 

Al solicitar la inconstitucionalidad de la aplicación ultraactiva del 2x1, Ramos propicia que la Corte Suprema vuelva a pronunciarse sobre el punto, esta vez con mayor seriedad. La Corte Interamericana también dijo en el caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, que “la respuesta de un Estado a la conducta ilícita de un agente debe guardar proporcionalidad con los bienes jurídicos afectados” y que “los Estados tienen una obligación general, a la luz de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, de garantizar el respeto de los derechos humanos protegidos por la Convención” y de perseguir conductas ilícitas que contravengan esos derechos. En dicha persecución “es necesario evitar medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. En este sentido, la regla de proporcionalidad requiere que los Estados impongan penas que verdaderamente contribuyan a prevenir la impunidad”. El Tribunal Oral Federal 5 se tomó pocas horas para rechazar el pedido de Girbone.

Dada la indiferencia de la nueva mayoría por el derecho constitucional y las convenciones internacionales, tal vez se podría invitar a los firmantes del fallo a un viaje en el mismo ascensor que trasladó a Carlos Mahiques hasta la Cámara Federal de Casación Penal. En este caso hasta un piso más abajo.

Acto de repudio por las agresiones de prefectos a dos jóvenes de la villa 21-24… @dealgunamanera...

Acto de repudio por las agresiones de prefectos a dos jóvenes de la villa 21-24…

Dos chicos de 15 y 18 años que integran la organización "La Garganta Poderosa" fueron golpeados en un control de la Prefectura. Luego de denunciar las torturas de los efectivos de seguridad, los volvieron a amenazar de muerte. Los agentes de seguridad involucrados fueron dados de baja.

© Publicado el viernes 07/10/2016 por la Agencia Telam de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un encuentro organizada por La Garganta Poderosa, hoy por la tarde se realizó un “Acto de repudio contra los grupos de tareas 2016”, en la villa 21-24. Ezequiel e Iván, los jóvenes torturados por efectivos de las fuerzas de seguridad brindaron su testimonio ante centenares de personas, acompañados por Ignacio Levy, Nora Cortiñas, Horacio Verbitsky, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el asesor tutelar, Gustavo Moreno.

En el acto, Levy -que es uno de los referentes de la revista- leyó un comunicado emitido el mismo día por Prefectura Naval, en el que se informa que los siete efectivos fueron dados de baja de la fuerza. En ese sentido declaró: “Los prefectos que están enjaulados en Marcos Paz gracias a los gritos de Iván y de Ezequiel. La lucha y la organización popular los dio de baja”. 

El sábado 24 de septiembre, Ezequiel Villanueva Moya, un menor de 15 años, se disponía a saludar a Iván Navarro de 18, en los pasillos de la villa 21 de Barracas, cuando –según se relata en el Facebook de La Garganta Poderosa–  fueron abordados por efectivos de Policía Federal. ¿El motivo de la requisa? Pedirles documentos.

Luego de chequearlos, intimadarlos y dejarlos ir, efectivos de Prefectura Naval los pararon unos metros más adelante, y según denunciaron los chicos, los oficiales “nos tiraron adentro de un coche” para luego llevarlos hasta un descampado lindero al Riachuelo y “cagarnos a palos”.

“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”.

Posterior a las torturas, los jóvenes fueron dejados en libertad, donde al otro día denunciaron a los efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval en la fiscalía de Pompeya. Al escuchar su relato, y comprobar los golpes, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que participaron del episodio. 

A la mañana siguiente, Iván Navarro acusó que una camioneta de Prefectura se paró donde estaba junto a un amigo y efectivos les dijeron en tono amenazante: “Esta noche terminamos lo que empezamos, esta noche hay toque de queda”.

Iván Navarro no quiso quedarse de brazos cruzados. Fue hasta el programa de Gustavo Sylvestre en C5N y relató otra vez los hechos, pero al volver a la villa fue nuevamente agredido por las mismas fuerzas a modo de revancha por haberlos “escrachado en los medios”. Según cuenta en el Facebook de La Garganta Poderosa, dos prefectos lo corrieron con un arma al reconocerlo como el “hijo de puta” que los denunció.

Numerosas voces repudiaron el hecho ayer. Entre ellos, Dilma Rousseff, el Indio Solari, el Padre Pepe, Nora Cortiñas y Estela de Carlotto. 

Desde La Garganta Poderosa aseguran que ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni otro funcionario se comunicó con ellos para interiorizarse de lo sucedido.

Desde su cuenta oficial de Twitter, el CELS también se sumó a las críticas por “el silencio inexplicable del Ministerio de Seguridad”.

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"… @dealgunamanera

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"…

El titular del CELS escribió una columna en Página 12, donde cuestionó a Gregorio Dalbón, letrado de la expresidenta.

© Publicado el lunes 01/08/2016 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicó en el diario Página 12 del domingo, una columna donde opinó sobre Gregorio Dalbón, letrado que representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa civil contra la diputada Margarita Stolbizer: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial" le advirtió.

En su escrito, el periodista explica que "un dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó contraría la pretensión de CFK de iniciar una demanda por daños contra Margarita Stolbizer, quien la acusó de duplicar su patrimonio". 

Y detalla que en dicha resolución firmada el 11 de diciembre de 2015, fue Gils Carbó quien "recomendó desestimar una denuncia presentada por Manuel Garrido contra el ex Procurador General Esteban Righi. En 2009, al renunciar como Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Garrido adujo que Righi había recortado sus facultades para investigar actos de corrupción, cosa que el Procurador negó. Electo diputado por la UCR en 2011, reiteró esos conceptos en 2012, cuando Righi renunció como Procurador".

"Garrido se amparó en las inmunidades funcionales que protegen a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y a los legisladores nacionales", ante esto, la Procuradora "le dio la razón ya que según el artículo 68 de la Constitución Nacional 'ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador', prerrogativa cuyo objetivo es garantizar que “ejerzan sus funciones en forma libre e independiente", agregó el escritor.

"Con una cita de la Corte Suprema de Justicia dijo que 'esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente, éste se emplearía con frecuencia por los que intentan coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones'. Para la Corte 'la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones […] contraría la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución'", sentenció.

"Si tuviera un abogado idóneo que la representara la ex mandataria se ahorraría el porrazo judicial, que los medios hostiles amplificarán en su contra", concluyó Verbitsky.

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La extorsión…

La Procuraduría contra la violencia institucional dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión. También apuntan contra Cristina.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Gerardo Morales. 

El ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña. 

La ofensiva oficial también se cierne sobre CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. 

La intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más.

La peor violencia

El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales.

Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima. 

Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad jurídica”. 

Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos 269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen de la PROCUVIN.

Las ilegalidades

La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis Paz:

- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.

- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno provincial.

- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero.

- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.

- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR.

- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.

- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.

- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.

- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23 de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.

- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales.

- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San Salvador ahora.

- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.

- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.

- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones, competencias ni formalidades.

- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).

- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les avisó que de este modo se autoincriminaban?

- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada 213 su turno había terminado el 15 de enero.

- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.

- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La identidad de domicilio aún no es un tipo penal.

- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían iniciado.

- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.

- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.

- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e ilegalidad.