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domingo, 16 de diciembre de 2012

7D, 7 días después… De Alguna Manera...


7 días después…

Ley de medios: su aprobación y desaprobación cambia en proporción a la valoración de la Presidenta. Fuente:Carlos Fara & Asociados.

El gráfico que acompaña esta columna muestra una encuesta donde después de dos años de que hubiese más argentinos que aprobaban la Ley de Medios, de septiembre de 2010 al mismo mes de 2012, en noviembre comenzaron a ser mayoría quienes la desaprueban. La encuesta tiene cuarenta días y es anterior al fallo de la ampliación de la cautelar a favor de Clarín, producida por la Cámara Civil y Comercial el 6 de diciembre, al rechazo de la Corte Suprema del per saltum promovido por el Gobierno cuatro días después y al fallo de ayer del juez Alfonso declarando constitucional la Ley de Medios. Cuarenta días en la Argentina es una eternidad, por eso la empresa que realizó la encuesta, Carlos Fara & Asociados, deseaba no difundirla porque podría haber cambiado el ánimo de la sociedad. 

Pero igual resulta útil para comprender cómo la predisposición de la sociedad a determinadas medidas guarda una relación directa con la aprobación que tienen los gobernantes que las aplican. Así como la ponderación de una opinión o un análisis depende de la credibilidad del periodista o del medio que la difunde, y no pocas veces también la credibilidad de una información, para la opinión pública una iniciativa es buena o mala si el político que la promueve goza de su simpatía y valoración.

El efecto tijera de doble cruce de las líneas de aprobación y desaprobación de la Ley de Medios coincide en mucho con los índices de popularidad de la Presidenta publicado en la contratapa de PERFIL el domingo 18 de noviembre último. Fue en agosto de 2010 cuando Cristina Kirchner logró que la vuelva a aprobar mayor cantidad de personas que las que la desaprobaban. Y en agosto de 2012 fue cuando esas líneas se vuelven a invertir, siendo mayoría los que la desaprobaban, todo muy similar en los tiempos y las proporciones que muestran este gráfico respecto de estar de acuerdo o en desacuerdo con la Ley de Medios.

Obviamente, cuando las medidas se aplican, el ciudadano puede comprobar sus reales consecuencias y allí su valoración comienza a independizarse de su autor. Si la Ley de Medios termina afectando sólo a Clarín, y todos o casi todos los demás grupos de medios se adecuan dividiendo formalmente sus empresas entre familiares o distintas empresas del mismo grupo, la ley perderá legitimidad y la sensación de fraude irá creciendo.

Es evidente que aunque su diagnóstico haya podido ser razonablemente acertado, y valioso su espíritu pluralista, la Ley de Medios nació anacrónica y desprolija. Los problemas para dividir la red de Fibertel proveyendo conexión de internet y la de Cablevisión de televisión por cable, demuestra lo arcaico que resulta regular el mercado de medios sin hacer lo mismo con las telecomunicaciones.

Otro defecto de la ley, que precisará corrección en el futuro, es la imposibilidad de venta de los medios audiovisuales. Simplificando, se podría decir que quien es dueño de una casa, que no puede vender, esa propiedad valdrá mucho menos. Y los medios son empresas que requieren inversiones costosas más difíciles de realizar con esas limitaciones.

Queda pendiente, también, resolver las contradicciones que genera la prohibición a que un extranjero tenga más del 30% de una empresa de medios. Esta disposición ya constaba en la Ley de Preservación de Bienes Culturales sancionada en 2003 y después fue reafirmada en la Ley de Medios. Pero al haber exceptuado a las empresas de países donde no haya limitación a extranjeros de ser propietarios de medios, y dado que es posible mudar a cualquier país el domicilio de un holding de un grupo empresario, esa limitación es en la práctica abstracta.

Un próximo gobierno, con una legitimidad que incluya a todas las fuerzas políticas y ya sin el ánimo específico anti-Clarín, deberá modificar esta ley haciendo más restrictivo y más permisivo lo que la práctica ya comienza a demostrar que es inconsistente con lo funcional o con su espíritu.

El fallo de ayer de Alfonso es un hecho importante pero todo terminará en la Corte Suprema, donde algunos jueces no están hoy con el mismo ánimo hacia el Gobierno que hace algunos meses. Es probable que aún confirmando la constitucionalidad de la Ley de Medios, compensen a favor de Clarín otros aspectos (plazo de la desinversión y resarcimientos patrimoniales), lo que le impida al Gobierno utilizar electoralmente el resultado de su guerra contra Clarín.

Faltan algunas batallas más, pero siete días después del 7D, el Gobierno volvió a sonreír.

© Escrito por Jorge Fontevecchia y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 15 de Diciembre de 2012.



martes, 11 de diciembre de 2012

El poder detiene al poder... De Alguna Manera...


El poder detiene al poder...

SANATELLA Martín Sabbatella DIBUJO: PABLO TEMES.

Se concretó para el Gobierno la peor de sus pesadillas. Visiones oficiales distorsionadas y patológicas. El rol clave de la Justicia.

El 7D terminó siendo para el Gobierno la concreción de su peor pesadilla. Nada de lo que la Presidenta soñó para ese día en que, según la fantasía del “relato” oficial debía refundarse la República, se concretó; en cambio, todo lo que ella temió, sí. Ello fue producto de que el día antes la Justicia, no sólo dictaminó la extensión de la cautelar que, ante la ausencia de un fallo, impide la aplicación de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios con los que el Gobierno busca el desguace y destrucción del Grupo Clarín sino que, además, le asestó un duro golpe al intento del Poder Ejecutivo de lograr la suma de los poderes públicos, una grave amenaza para el concepto republicano que consagra la Constitución Nacional que Cristina Fernández de Kirchner prometió observar y hacer observar de cuanto ella dependiera.

La evolución de los hechos acaecidos en la semana terminó transformando la disputa legal entre el Gobierno y Clarín en una fenomenal confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial. Y eso es lo que estuvo en juego el jueves hasta que, en un hecho inédito en la historia de la democracia argentina, todas las organizaciones judiciales del país emitieron el durísimo comunicado que puso freno a las acciones de avasallamiento que el Poder Ejecutivo intentó concretar en esas horas llenas de dramatismo. 

Las cosas que, respecto del Poder Judicial, se dijeron desde el oficialismo fueron terribles e incompatibles con el concepto de la división de poderes sobre el que descansa la estructura institucional del país. En ese marco lo que consagra la Constitución es una relación de una interdependencia de los tres poderes. A cada uno de ellos le corresponde una tarea: en lo concerniente al Poder Judicial, lo que le está asignado es no sólo velar por el cumplimiento de las leyes sino también ejercer el control de constitucionalidad de las normas legales que aprueba el Congreso. 

Esta última función que le compete a la Justicia de ninguna manera significa menoscabar al Poder Legislativo. Lo que sucede es que en ocasiones, presionado por razones políticas que se ejercen desde el Poder Ejecutivo, sanciona leyes que violan el espíritu de la Constitución. Un solo ejemplo basta para ilustrar la importancia de esta potestad que tiene el Poder Judicial. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron dos leyes horribles aprobadas por el Congreso de la Nación. Eran dos normas que contrariaban claramente el espíritu de la Constitución Nacional ya que consagraban la impunidad, al impedirle acceder a la Justicia a familiares de la víctimas del terrorismo de Estado impuesto durante la última dictadura militar y buena parte del Gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

En el año 2002, el entonces juez federal Gabriel Cavallo dictaminó la inconstitucionalidad de esas leyes, fallo que fue fundamental para que luego, en el Gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso aprobara la derogación de esas dos normas. A nadie se le ocurrió en esos días decir que, al declarar inconstitucional una ley votada por el Congreso, el juez Cavallo se estaba alzando contra la institucionalidad del país o que, por fallar contra el Estado debería haber sido sometido a juicio político.

Es ese tema –el de la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios– sobre el que gira el reclamo hecho por Clarín y que ha dado origen a esta controversia que el Gobierno vive como si se tratara de la guerra del fin del mundo. Sólo esa visión distorsionada y patológica de la realidad ha llevado a darle a esa disputa la dimensión que hoy tiene y según la cual, la extensión de la cautelar, equivale, al estar de las disparatadas expresiones del ministro de Justicia Julio Alak, a un alzamiento contra el Gobierno. 

A esas expresiones hay que sumarles las pronunciadas por el senador ultra K por Corrientes Marcelo Fuentes –quien señaló que los jueces que fallaran en contra del Estado podrían ser sometidos a juicio político– y las del titular de la Anses, Diego Bossio, –que al referirse al fallo de la Corte Suprema que ordena el pago de los reajustes correspondientes a diez mil jubilados dijo que, a pesar del fallo, “vamos a seguir actuando igual”– encendieron las luces rojas en la Justicia. En el Poder Judicial todos –aun aquellos que tienen una legítima afinidad con el kirchnerismo– fueron conscientes de que, si tales expresiones se dejaban pasar, el sistema republicano que rige en el país entraba en zona de riesgo. 

De ahí al durísimo documento que al mediodía del jueves produjo la Comisión de Protección de la Independencia del Poder Judicial y al que apoyaron todas las organizaciones de jueces del país, hubo sólo un paso. Hasta ese momento, hay que decirlo, el Gobierno venía siendo exitoso en su tarea sistemática orientada a intervenir el quehacer de la Justicia a través de recusaciones, de denuncias mal fundamentadas y de meter miedo a los magistrados que, por su independencia, pusieran en riesgo los intentos de dominación –el vamos por todo y por todos– que despliega el Gobierno en forma permanente.

Si alguien esperaba que la Presidenta tomara nota de la real significación de este pronunciamiento, se equivocó. Por el contrario, ordenó a sus funcionarios no sólo criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la cautelar hasta que no haya una “sentencia definitiva” –la crítica de un fallo es algo absolutamente legítimo que hace a la definición de cualquier contienda judicial; el que pierde siempre está disconforme– sino también usar la parafernalia de medios oficiales y paraoficiales con el objetivo de descalificar y degradar a los jueces que firmaron el veredicto. Ya le había pasado algo similar a la jueza María José Sarmiento cuando en marzo de 2010 había impedido, a través de una cautelar, que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia se usaran reservas del Banco Central para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Una célebre frase de Montesquieu dice que “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Eso es lo que, para bien de la República, la Justicia argentina ha hecho realidad en estas horas.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 8 de Diciembre de 2012.


viernes, 7 de diciembre de 2012

"7D" - Ley de medios… De Alguna Manera...


"7D" - Ley de medios…


El diputado Claudio Lozano, presidente del bloque Unidad Popular, sostuvo que “la actitud del Gobierno Nacional y la resistencia del Grupo Clarín al contenido desmonopolizador del art. 161, producen un único resultado: incumplimiento y tergiversación del mandato democratizador de la ley de medios.”

Para Lozano, “el camino es uno solo:

Primero, la justicia debe resolver de una vez por todas, la controversia planteada por el Grupo Clarín respecto al art. 161. 

Segundo, el Gobierno debe acatar los fallos judiciales. 

Tercero, el AFSCA debe avanzar seriamente en todos los aspectos no judicializados de la ley de medios. 

Cuarto, el AFSCA debe revisar el carácter sesgado de sus intervenciones que conllevan una expresa tergiversación de la ley votada por el Parlamento Nacional.Es inadmisible que se pretenda ocultar el papel dominante del Grupo Telefónica en el Sistema de Medios, así como también resulta absurdo validar que los Grupos Empresarios puedan adecuarse a la ley por la vía de transformarse en empresas independientes controladas por amigos, parientes, testaferros o funcionarios históricos de los mismos grupos empresarios. Esta política termina por anular el efecto democratizador de la ley.

Quinto, el AFSCA debe concentrarse en la tarea de:
a)presentar el plan técnico,  
b)realizar el censo de emisoras,  
c)promover el uso del 33% del espectro por parte de las organizaciones de la comunidad,  
d)promover el desarrollo de un verdadero multimedios público (y no gubernamental) que coadyuve a la efectiva democratización de la información.”




7D y la Sociedad Interamericana de Prensa...


Nelson Castro: "La idea del Gobierno es terminar con el periodismo"... 


Habló ante el Congreso junto a colegas y la SIP. Su opinión de las denuncias de Echegaray.

"La esencia que hay aquí, es que el intento del Gobierno y de quienes acompañan esta visión del gobierno desde la sociedad (porque este es un elemento también preocupante, hay acompañamiento de sectores de la sociedad a esta idea del gobierno), es que hay que terminar con el periodismo. De que el periodismo está en el centro de todos los males", afirmó Nelson Castro.

El periodista estuvo en el Congreso de la Nación junto a colegas como Alfredo Leuco; el titular de la Sociedad Interamericana de Prensa, Javier Matilla Anderson; y las senadoras Norma Morandini (FAP), Laura Montero (UCR) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-ARI).


"Por eso estaba esta idea de que si no hubiera pasado lo que pasó, más allá de la suerte de Clarín, hoy habría nacido una nueva nación", agregó Castro en el encuentro sobre libertad de expresión desarrollado en el Salón Illia del Congreso de la Nación.

"Lo que hay aquí en juego es una metodología que no va a cesar -junto con la difamación, la utilización de los medios públicos para difamarnos, este método claramente goebbeliano- es la utilización del Estado para llevar adelante fenómenos de intimidación del trabajo de los periodistas. A esto debemos oponernos claramente y debemos señalarlo", sostuvo el periodista.

"Y debemos señalarlo para todos, como en días pasados cuando Clarín cometió un garrafal error al utilizar estos mismos métodos que criticamos para querer enjuiciar a periodistas. Y cuando ayer lo hemos visto con la denuncia del titular de la AFIP a dos colegas, Luis Majul y Matías Longoni, por sus investigaciones", completó Castro.

© Publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el vienes 7 de Diciembre de 2012.

El Dr. Nelson Castro, certeramente habló del método goebbeliano utilizado por el Estado para llevar adelante el fenómeno de intimidación.

Éstos son:

1- ) Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único Símbolo; Individualizar al adversario en un único enemigo.

2- ) Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3- ) Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4- ) Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5- ) Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

6- ) Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite mil veces, acaba por convertirse en verdad”.

7- ) Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8 Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9- ) Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10- ) Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea un mito nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11- ) Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando una impresión de unanimidad.



Leuco: "Vivimos el momento de menor libertad de expresión en democracia"...


El periodista habló en el Congreso, junto a otros colegas de la SIP, de los mecanismos "novedosos" de los Kirchner para coartar la libertad de prensa.

“Desde el 2006 hasta ahora, el gobierno no ha hecho otra cosa que perfección los mecanismos de persecución”. Así se refirió el periodista Alfredo Leuco a lo que considera el período de “menor libertad de prensa” desde el regreso a la democracia en 1983.

Las declaraciones de Leuco se realizaron en el Congreso, donde asistió como uno de los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) junto a otros periodistas como Jorge Lanata, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá y Pepe Eliaschev, y al presidente del organismo, Javier Matilla Anderson.

“Han sido muy originales los Kirchner para perseguir a los periodistas: no sólo han presionado con la pauta oficial, sino que ha sido muy novedoso el apriete sobre empresarios privados para que dejaran de auspiciar en medios de comunicación o en periodistas que no eran de su gusto o no se domesticaban”, señaló Leuco.

Y denunció: “En los últimos días, los grandes anunciantes que son casas de artículos del hogar, han sido presionadas brutal y ferozmente para que no publiquen sus avisos en diarios de circulación nacional”.

Para Leuco, ese es uno de los mecanismos “novedosos” del gobierno para coartar la libertad de expresión. El otro, aseguró, es “un ataque a los periodistas en forma personal desde los canales públicos”, al que calificó de “realmente feroz”.

“Ha tenido como objetivo dinamitar el prestigio, la honestidad y el buen nombre de cada uno de los periodistas y a sus familias”, agregó el periodista en la audiencia en la que también hablaron sus colegas.

Las senadoras Norma Morandini (FAP), Laura Montero (UCR) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica-ARI) fueron quienes encabezaron la audiencia, en la que advirtieron que "la Argentina camina peligrosamente hacia el control del Estado de los medios de comunicación".

Durante un encuentro desarrollado en el Salón Illia del Congreso de la Nación, las legisladoras expresaron su preocupación" por la "falta de libertad de expresión" que dijeron observar en el país y difundieron una declaración de principios sobre la situación de los medios a nivel nacional.

"El Congreso de la Nación debe frenar los avances de un Ejecutivo que violenta derechos consagrados en nuestra Constitución", subrayó Morandini, al leer el pronunciamiento ante la delegación de la SIP.

© Publicado en el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el vienes 7 de Diciembre de 2012.